Freedom of the Press

Mexico (español)

Freedom of the Press 2016
Press Freedom Status: 
No Libre
Political Environment: 
31 / 40
(0=BEST, 40=WORST)
Economic Environment: 
14 / 30
(0=BEST, 30=WORST)
Press Freedom Score: 
64 / 100 (↓1)
(0=BEST, 100=WORST)

Quick Facts

Population: 
127,017,000
Net Freedom Status: 
Parcialmente Libre
Freedom in the World Status: 
Parcialmente Libre
Internet Penetration Rate: 
57.4%

México es uno de los países más peligrosos del mundo para periodistas y trabajadores de los medios y la libertad de prensa enfrenta amenazas persistentes. Frecuentemente, tanto periodistas como medios sufren acoso, intimidación y agresiones físicas y la autocensura sigue siendo generalizada en áreas muy afectadas por la violencia relacionada con las drogas. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, conocida como la “Ley Telecom”, firmada por el Presidente Enrique Peña Nieto en julio de 2014, continuó siendo objeto de críticas por amenazar la libertad de expresión.

 

Acontecimientos clave

  • Por lo menos cuatro reporteros fueron asesinados por cuestiones relacionadas con su labor en 2015 y las instalaciones de organizaciones de medios sufrieron repetidos ataques con armas de fuego y explosivos.
  • Reporteros que formaban parte de un equipo de investigación fueron despedidos en marzo, pocos meses después de que hubieran publicado información sobre un aparente conflicto de interés en el cual la esposa del presidente había comprado una lujosa residencia a un contratista favorecido por el gobierno.
  • Los sitios web de varios medios y de organizaciones que defienden la libertad de prensa fueron deshabilitados temporalmente como resultado de ataques cibernéticos ocurridos durante el año y por lo menos una periodista fue víctima de una campaña de desprestigio en los medios sociales en respuesta a sus reportajes.

 

Entorno jurídico: 19 / 30 (↓1)

Los Artículos 6 y 7 de la Constitución consagran la libertad de expresión, y otros mecanismos jurídicos garantizan la seguridad y libertad de los periodistas para realizar su labor.  A pesar de la legislación de 2013 que otorgó a la federación la facultad de atracción para los casos de delitos contra profesionales de la prensa, la impunidad por tales delitos siguió siendo la norma en 2015 ya que los funcionarios federales han demostrado falta de disposición o de capacidad para detener o sancionar el creciente número de homicidios. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), cuando debe imponer su jurisdicción sobre los mencionados delitos, titubea si no cuenta con la aprobación de los funcionarios del Estado. Muchos servidores gubernamentales descartan con cuestionable premura la posibilidad de que las agresiones y amenazas se deriven de asuntos relacionados con la labor periodística, alegando con frecuencia que la vida personal de los periodistas fue el motivo de su muerte, a pesar de existir evidencia de lo contrario. Debido a la magnitud de la continua impunidad, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) colocó a México en el octavo lugar de su Índice Global de Impunidad de 2015.

En 2007, México despenalizó la difamación a nivel federal y varios estados del país han eliminado sus propios estatutos de difamación penal, incluido el Estado de México —  la entidad con mayor población— en 2012. Sin embargo, las leyes sobre difamación penal permanecen en 12 de las 32 entidades federativas y los códigos civiles y penales se siguen utilizando para intimidar a los periodistas.

En 2002, se aprobó en México la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en 2007 una enmienda al Artículo 6º constitucional estableció que todos los niveles de gobierno debían poner su información a disposición del público. Sin embargo, se puede retener la información temporalmente si se considera que con  ello se favorece el interés público y a menudo en la práctica, acceder a ella resulta una tarea muy prolongada y complicada.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, conocida como la “Ley Telecom”, firmada por el Presidente Enrique Peña Nieto en julio de 2014, continuó siendo objeto de críticas por amenazar la libertad de expresión. Si bien, dicha ley, promovió mayor competencia entre las televisoras  y los proveedores de telecomunicaciones, algunas de sus disposiciones otorgaron al gobierno mayor poder de vigilancia sin supervisión judicial.

De conformidad con dicha ley, el gobierno puede exigir a proveedores de servicios de Internet y de telefonía móvil que almacenen los datos de los usuarios por lo menos por dos años y que entreguen registros de comunicación detallados a los organismos de seguridad (incluida la policía, servicios de inteligencia y entidades militares) sin requerir para ello una orden judicial. En teoría, tales registros permitirían a las autoridades identificar o monitorear a informantes, fuentes de periodistas y a todo individuo que participe en expresiones políticas. Por otra parte, el Artículo 190 de la Ley Telecom autoriza a las “autoridades competentes” del gobierno mexicano a solicitar la suspensión de servicios de telecomunicación para así “detener la comisión de delitos”. Distintos grupos de la sociedad civil han expresado su preocupación por la posibilidad de que las autoridades abusen de las disposiciones de la ley para limitar la expresión en momentos cruciales.

Las críticas se intensificaron cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo regulatorio creado por la Ley Telecom, publicara el reglamento de la ley en diciembre de 2015. Artículo 19, organización dedicada a la defensa de la libertad de prensa, observó que los lineamientos aumentaban aún más la capacidad gubernamental de vigilancia sin incluir un sistema de supervisión. Mientras tanto, informes publicados durante el año sobre contratos celebrados entre el gobierno mexicano y proveedores locales de servicios de seguridad privada y la compañía italiana de vigilancia Hacking Team sugerían la existencia generalizada de supervisión gubernamental tanto a nivel federal como estatal.

Dichos acontecimientos llevaron a crear una coalición de organizaciones de la sociedad civil para impugnar la constitucionalidad de la Ley Telecom. Aunque un tribunal federal denegó el argumento de la coalición de que la ley viola derechos humanos y de privacidad consagrados en la Constitución, una corte de apelación aceptó el caso y lo turnó a la Suprema Corte de Justicia para su revisión en agosto de 2015. Al finalizar el año, todavía no se había emitido una decisión definitiva.

Los componentes sobre competencia contenidos en la Ley Telecom, fundamentados en enmiendas constitucionales relacionadas, adoptadas en 2013, facultan al Instituto Federal de Telecomunicaciones a forzar a compañías de telecomunicaciones y a cadenas televisivas consideradas dominantes en sus mercados respectivos a otorgar concesiones. Por ejemplo, los actores dominantes se verían obligados a otorgar a pequeños competidores acceso a su infraestructura y sistemas de distribución. Los defensores de estaciones de radio comunitarias, que tienden a servir a comunidades marginadas política y económicamente y que periódicamente son objeto de clausuras por incurrir en transmisiones ilegales, calificaron a la ley en un principio como regresiva, pero en mayo de 2015 vieron con agrado el otorgamiento de licencias a varias estaciones comunitarias.

Cualquier persona puede convertirse en periodista y practicar esa profesión en México. No se requiere contar para ello con permisos o licencias y la duración de su carrera profesional depende de factores coyunturales, tales como el estado de la industria, la salud de las finanzas de los medios y las agresiones de actores del Estado y de otro tipo.

En México existen asociaciones de periodistas y varias organizaciones dedicadas a defender la libertad de prensa pero en años recientes, han enfrentado una creciente ola  de intimidaciones. En febrero de 2015, tres de los sitios web de Artículo 19 fueron blanco de ataques cibernéticos que los dejaron fuera de operación durante toda una semana. En junio, las oficinas de un  grupo de monitoreo de  medios llamado Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) fueron allanadas  y saqueadas.

 

Entorno político: 31 / 40

Los medios y sus empleados enfrentan presiones de diversos actores interesados en manipular u obstruir el contenido noticioso, entre ellos los propietarios que persiguen agendas políticas o de negocios, importantes anunciantes en busca de cobertura positiva o neutral, funcionarios de gobierno y organizaciones delictivas.

Los servidores públicos y actores privados se valieron del acoso y la coacción económica para manipular el ambiente mediático en 2015. Un episodio  particularmente atroz ocurrió en marzo, cuando MVS, una estación de radio independiente, despidió  a todos los integrantes de Aristegui Noticias, equipo de periodistas de investigación conocido por sus bien documentados reportajes sobre diversos asuntos de interés público. La compañía acusó a miembros del equipo de usar la marca de MVS sin autorización para publicitar un nuevo sitio web, Méxicoleaks, que invita a informantes a proporcionar de manera anónima datos sobre actos ilícitos del gobierno. Los despidos tuvieron lugar justo unos meses después de que el equipo publicara un reportaje sobre una lujosa residencia ubicada en la ciudad de México que la esposa del Presidente Peña Nieta había adquirido con un importante contratista gubernamental, episodio que generó  un escándalo significativo sobre el aparente conflicto de interés. Ciudadanos, periodistas y medios expresaron sus sospechas sobre el papel ejercido por la presión gubernamental en la decisión de MVS. Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, declaró que la destitución de los periodistas podría tener visos de ser “una forma sutil de acallar una voz crítica”.

Las autoridades no aplican censura oficial ni bloquean formalmente los contenidos en línea pero los medios han sufrido ataques cibernéticos cuyo origen se desconoce. Lydia Cacho, conocida periodista crítica, que en septiembre de 2015 recibiera una nueva ronda de amenazas de muerte, condenó la violación y clausura temporal de un sitio web ocurridas mientras se le entrevistaba en vivo en Internet. Otros medios en línea dejaron de funcionar debido a agresiones cibernéticas en 2015. El sitio web de Aristegui Noticias sufrió una serie de ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS, por sus siglas en inglés) en el mes de abril. También sufrieron ataques similares Centronline.mx, La Jornada de Oriente y Diario Cambio en Puebla, así como AVC Noticias en Veracruz.

Cuando no basta la censura tecnológica ni la asociada al empleo, se recurre a métodos más coercitivos contra los periodistas. Las organizaciones de tráfico de drogas, a menudo con la cooperación de las autoridades locales, han creado aquello que el Washington Post ha llamado un “sistema institucionalizado de censura de cártel” que imponen a los medios, en particular a los que se encuentran a largo de la frontera con Estados Unidos. Para los editores de regiones sujetas a gran influencia de cárteles, la supervivencia puede exigir aceptar demandas delictivas explícitas en lo relativo a contenidos y a la práctica de la autocensura. En febrero de 2015, supuestos miembros de un cártel secuestraron a Enrique Juárez Torres, editor del diario El Mañana, en sus oficinas en Matamoros y amenazaron con asesinarlo si continuaba publicando reportajes de violencia relacionada con el tráfico de drogas.

La frecuencia de amenazas —y la impunidad de los perpetradores— ha profundizado y diseminado la práctica de la autocensura, misma que incluso se ha extendido a áreas que previamente no se consideraban como foco de violencia relacionada con el tráfico de drogas, como el estado de Zacatecas y los municipios que rodean a la Ciudad de México. Desde 2010, por lo menos tres periódicos han publicado editoriales en el sentido de que evitarían la cobertura noticiosa que seguramente provoque más ataques o amenazas de parte del crimen organizado. De acuerdo con una encuesta realizada a principios de 2015 por la Fundación MEPI, organización mexicana sin fines de lucro que promueve el periodismo de investigación, ocho de cada 10 informantes que viven en regiones de alta intensidad de tráfico de drogas declararon que sabían que los medios locales no reportarían delitos en su área de operación.

En la última década se ha observado una dramática manifestación de violencia política y delictiva combinadas, situación que frecuentemente refleja la colusión existente entre el crimen organizado y los funcionarios del Estado. Según CPJ, por lo menos 36 periodistas y 4 trabajadores de los medios han sido asesinados por cuestiones relacionadas con su labor desde 1992, incluidos 4 homicidios perpetrados en 2015. Otras organizaciones reportan cifras mucho más elevadas: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que 107 reporteros fueron asesinados entre enero del año 2000 y noviembre de 2015, mientras que Artículo 19 registró 7 homicidios de periodistas en 2015.

En 2015, el mayor número de ataques registrados tuvo lugar en los estados de Veracruz y Oaxaca. El periodista José Moisés Sánchez fue secuestrado en Veracruz en el mes de enero y su cuerpo decapitado y desmembrado fue encontrado semanas más tarde. Fue fundador y director del periódico La Unión; el diario usualmente criticaba a las autoridades por no responder a la delincuencia local, situación que propició amenazas de muerte de parte del alcalde de Medellín. En julio, Rubén Espinosa, activista y periodista de Veracruz que había informado haber sido objeto de numerosas amenazas, fue encontrado muerto en un departamento de la Ciudad de México. En Oaxaca, Armando Saldaña y Filadelfo Sánchez Sarmiento fueron asesinados en mayo y julio, respectivamente. A Sánchez se le conocía por reportar la corrupción local, mientras que Saldaña antagonizaba a bandas de delincuentes en sus artículos. En un episodio delictivo no incluido en el informe de CPJ, el director de una radio comunitaria de Oaxaca, Abel Bautista Raymundo, fue muerto en el mes de abril, tragedia que ilustra el frecuente acoso y la ausencia de protección para periodistas de ese sector.

Al igual que en años anteriores, a menudo los funcionarios hacen caso omiso de los aparentes vínculos existentes entre los delitos y el hecho de que las víctimas son trabajadores de los medios. Por ejemplo, las autoridades veracruzanas describen a José Moisés Sánchez como taxista y no como periodista y la Procuraduría General de la República ofreció la misma justificación para no intervenir en el caso. Los funcionarios del Distrito Federal, de igual manera, justificaron  rápidamente de la muerte de Espinosa a su supuesta presencia en una fiesta donde acudieron prostitutas y se utilizaron drogas. A finales de año, se había arrestado por lo menos a un sospechoso relacionado con el caso de Saldaña, mientras que en el de Espinosa, aunque se arrestó a varias personas, los defensores de la libertad de prensa criticaron duramente la investigación por no aclarar las numerosas preguntas sin respuesta asociadas al incidente.

Además de los homicidios, ocurren cientos de agresiones contra periodistas y los medios en México año con año,  muchos de los cuales son perpetrados por funcionarios gubernamentales corruptos o abusivos. Artículo 19 registró 397 ataques diversos, mientras que periodistasenriesgo.com, sitio web de seguimiento de incidentes de violencia contra periodistas, registró 90 casos de agresión. Asimismo, las instalaciones de distintos medios fueron blanco de ataques en 2015. En enero, asaltantes desconocidos lanzaron dispositivos explosivos a las oficinas de El Heraldo de Córdoba en Veracruz. Se reportó otro ataque armado contra un diario de la misma entidad en el mes de agosto, cuando individuos portando armas de fuego dispararon a las oficinas de Presente, semanario con sede en Poza Rica. Tanto en febrero como en marzo, grupos armados lanzaron granadas a las instalaciones de Televisa en Matamoros, Tamaulipas, en el contexto de conflictos en curso entre bandas de delincuentes y la policía. En general, 23 de los 90 ataques registrados por periodistasenriesgo.com tuvieron lugar en Veracruz y la Ciudad de México ocupó el segundo lugar con 14 incidentes, seguida por Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Puebla.

Algunos de los ataques contra periodistas buscan dañar su reputación. Por ejemplo, Cacho fue blanco de una campaña de desprestigio en las redes sociales, donde se le acusaba de haber aceptado dinero de políticos después de que publicara un reportaje sobre el bloguero y defensor de derechos humanos Pedro Canché. Defensores de la prensa han subrayado que frecuentemente las periodistas han sido victimizadas de formas específicas, incluido el uso de amenazas y violencia de carácter sexual.

Los profesionales del periodismo enfrentan obstáculos significativos al intentar recibir protección mediante el Mecanismo del gobierno federal creado en 2012 y diseñado para mantener a salvo a periodistas y a defensores de derechos humanos. Los escasos fondos y la poca voluntad política, así como las rivalidades burocráticas y la falta de capacitación son sólo algunos de los desafíos que afectan la capacidad del gobierno federal de proteger a dichos profesionales. Se ha informado que los periodistas y defensores de derechos humanos que solicitaron una evaluación de riesgos y medidas de protección tuvieron que lidiar con retrasos y salvaguardas inadecuadas, aunque algunos sí se beneficiaron del programa en 2015 y el número de casos no atendidos ha disminuido. Sin embargo, un estudio independiente efectuado en 2015 por Espacio OSC, coalición de organizaciones de la sociedad civil, resaltó la existencia de problemas no resueltos.

 

Entorno económico: 14 / 30

México es sede de gran número de medios. Tan sólo en la Ciudad de México se encuentran alrededor de 30 periódicos y docenas de revistas. En cada uno de los 32 estados operan diversos diarios y la cantidad de medios noticiosos en línea aumenta rápidamente. Sin embargo, el número de publicaciones de los medios no es señal de diversidad robusta dentro del sector. Las bajas tasas de penetración de Internet en áreas rurales impiden el crecimiento de los círculos de lectores en línea y las publicaciones impresas son de circulación muy limitada, restringida principalmente a las áreas urbanas. En gran parte del país, las principales fuentes de información las constituyen los medios de difusión oligopólicos.

Dos cadenas, Televisa y TV Azteca, controlan la mayor parte del mercado televisivo. En marzo de 2014, el Instituto Federal de Telecomunicaciones declaró que el actor dominante de su industria era Televisa, que controla un 70 por ciento del mercado de televisión abierta y el mayor operador de televisión satelital y por cable. Tal designación implicaba que tendría que compartir infraestructura con sus competidores.

Un paso clave hacia la buscada diversificación de medios de radiodifusión fue la expedición de dos nuevas licencias de televisión. En marzo de 2015, el Instituto Federal de Telecomunicaciones anunció que dos compañías de medios previamente enfocadas a la radio y a los periódicos, Grupo Radio Centro y Cadena Tres, respectivamente, habían sometido licitaciones ganadoras para la obtención de las licencias, a pesar de que ninguna de las dos compañías se consideraba serio rival de Televisa o TV Azteca en el corto plazo. Posteriormente, los reguladores rescindieron la licitación de Grupo Radio Centro por no cumplir con los requisitos financieros y anunciaron que se llevaría a cabo un nuevo proceso en 2016.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones designó en marzo de 2014 al grupo América Móvil del millonario Carlos Slim como el actor dominante en telecomunicaciones, situación que propició la toma de decisiones similares para aumentar la competencia en esa industria. En ese momento, América Móvil controlaba alrededor del 80 por ciento del mercado de telecomunicaciones en el sector de líneas fijas y 70 por ciento de la telefonía móvil. A la fecha, los elevados costos y la falta de inversión han limitado el acceso a los servicios de telecomunicaciones.

De acuerdo con el Sindicato Internacional de Telecomunicaciones, 57 por ciento de la población tenía acceso  a Internet en 2015, y 82 por ciento tenía un teléfono móvil.  Las disparidades regionales son de carácter sustancial: las tasas de penetración de Internet más elevadas se registran en Nuevo León, Distrito Federal y Baja California y las más bajas en Chiapas y Oaxaca.

México tiene una alta concentración de publicidad oficial. Televisa y TV Azteca reciben 25 por ciento de la suma total de los recursos federales asignados a publicidad oficial, es decir, alrededor de $400 millones de dólares. En un informe de 2015 producido por un consorcio de organizaciones de vigilancia de los medios se calificó al uso discriminatorio de fondos públicos para publicidad de “censura sutil”. Asimismo, muchos estudios han encontrado sesgo en la cobertura de ciertos medios que buscan el otorgamiento de contratos de publicidad gubernamental más favorables.

Las personas o las empresas pueden constituir y operar legalmente medios privados pero resulta difícil encontrar modelos de negocio sostenibles y mantener al mismo tiempo la independencia periodística. Por ejemplo, La Unión, el periódico impreso y en línea del reportero asesinado José Moisés Sánchez, subsistía  con el apoyo de su trabajo como taxista. En general, los periodistas trabajan sin la protección de un contrato, con pocas o ninguna prestación y reciben un salario abismalmente bajo, situación que los torna vulnerables a las agresiones y a la explotación.

El soborno de periodistas se considera un fenómeno generalizado aunque no bien documentado. El cohecho parece ser común, en particular, en el contexto de los arreglos establecidos entre candidatos y medios durante los periodos electorales. Como se describió en un artículo de 2015 del prominente sitio web Animal Político, el crimen organizado también fuerza a los periodistas a aceptar sobornos y algunos grupos incluso tienen sus propios funcionarios de relaciones públicas para encargarse de ese tipo de asuntos.