Nicaragua: El Régimen de Ortega Debe Organizar Elecciones Libres y Justas y Reabrir el Espacio Cívico para Todos

Freedom House emitió el siguiente comunicado en respuesta a los resultados de la elección en Nicaragua, mismos que estaban afectados por vicios sistémicos, el cierre del espacio cívico y falta de libertad política. 

“Rechazamos el asalto a la democracia por el gobierno nicaragüense, dado que  el  presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo llevaron a cabo las elecciones después de apresar a los candidatos de oposición e impedir que compitieran en la misma. Nos sumamos al rechazo de la comunidad internacional de lo que serán los resultados electorales esperados. Estamos preocupados por este retroceso en el proceso democrático y las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen de Ortega. Este día debería hacer sido una celebración de la democracia para todos los nicaragüenses. En cambio, Ortega ha demostrado su desdén a la voluntad popular manteniendo encarcelados a los candidatos de oposición y a más de 149 presos políticos solo por ejercer sus derechos democráticos”, dijo Gerardo Berthin, director para Programas en Latinoamérica y el Caribe de Freedom House. 

“El resultado de la elección no será una sorpresa dado que todo el proceso fue organizado para predeterminar el triunfo de Ortega. Es la culminación de una campaña de represión sistémica, marcada por la detención de los candidatos de oposición, la prohibición de las organizaciones de la sociedad civil y la supresión de la prensa independiente del país. El gobierno comenzó a desmantelas las instituciones democráticas antes de su violenta campaña de represión de abril de 2018, eliminando los controles legales que permitirían una elección libre y justa. Para tal fin, no permitió la presencia de observadores internacionales imparciales, responsabilizando el monitoreo a políticos vinculados con los sandinistas en el gobierno y con los aliados internacionales del régimen. 

“Freedom House invita al gobierno nicaragüense a que libere a los prisioneros políticos que mantiene detenidos y celebre nuevas elecciones una vez que las acusaciones en su contra se hayan anulado. Además, invitamos a la comunidad internacional a que utilicen todas las herramientas a su disposición para responsabilizar al gobierno de Nicaragua y restaurar la democracia.” 

Antecedentes 

En abril de 2018, el régimen de Ortega inició reformas en materia de seguridad social que incrementaron las contribuciones impositivas y redujeron los beneficios. Esto resultó en protestas pacíficas generalizadas, lidereadas por personas mayores, estudiantes y miembros de la sociedad civil. El régimen de Ortega respondió con una violenta campaña de represión, matando a más de 300 personas, algunas de ellas acribilladas por francotiradores apostados en edificios gubernamentales. 

Entre octubre de 2020 y febrero de 2021, el gobierno promulgó una ley sobre agentes extranjeros, la Ley Especial Sobre Delitos Electrónicos, una ley sobre “soberanía y autodeterminación” y reformas al código penal. 

A partir de mayo de 2021, el gobierno ha detenido arbitrariamente a decenas de líderes de la sociedad civil y a siete potenciales candidatos presidenciales sin respetar el debido proceso, inventando cargos falsos —incluyendo el de traición— en contra de los candidatos para removerlos de la contienda electoral. El gobierno también ha violado los derechos de libre expresión de sus ciudadanos al criminalizar el trabajo de los periodistas, las organizaciones de la sociedad civil y a los artistas, entre otros. Además, la ley de agentes extranjeros ha sido utilizada para encarcelar y acusar falsamente a nicaragüenses como criminales por ejercer sus derechos políticos. 

En julio y agosto, se canceló el registro de 45 OSC conforme a la ley de agentes extranjeros. El miedo ha permeado la sociedad civil, causando que la población nicaragüense evite las demostraciones públicas y exprese su opinión solamente en privado. Los simpatizantes del gobierno intimidan a la población acusando a los no votantes de traición. Este miedo se ha extendido a los familiares de los detenidos, cuyos pasaportes han sido confiscados, violando su derecho de libre movimiento.  

La crisis política ha creado un desplazamiento masivo, con un gran número de nicaragüenses huyendo de su país hacia los Estados Unidos y Costa Rica, lo cual es un resultado directo de la campaña de represión que se aceleró en mayo. La opinión popular de Ortega es baja, con una reciente encuesta por CID-Gallup mostrando que cualquiera de los siete candidatos encarcelados lo vencería fácilmente: 65 por ciento de quienes respondieron a la encuesta respondieron que votarían por cualquier candidato de oposición en lugar de Ortega. 

El régimen de Ortega también ha sido incapaz de administrar la pandemia del COVID-19, y sin cumplir con lineamientos preventivos de salud pública básicos e inclusive convocar a reuniones públicas sin prácticas de distanciamiento social. Casi 8,000 nicaragüenses han tenido que viajar a Honduras para recibir vacunas contra el COVID-19 en semanas recientes. La administración de la pandemia por el gobierno ha sido tanto irresponsable como represiva, forzando al exilio a muchos doctores y reporteros que han sufrido amenazas por cuestionar la respuesta oficial al COVID-19. 

Nicaragua está calificada como No Libre en Freedom in the World 2021 y Parcialmente Libre en Freedom on the Net 2021.