Un Legado de Violencia Política: la Prisión Política en América Latina y el Caribe

Casi 25 años desde que los líderes de más de 30 países de las Américas se comprometieron con los principios de la democracia y las libertades fundamentales mediante la Carta Democrática Interamericana, las instituciones democráticas de muchos países siguen siendo frágiles y la violencia política ha aumentado significativamente en la región. En varios países de América Latina y el Caribe, las instituciones cooptadas, las desapariciones forzadas, la persecución política y los abusos de derechos humanos no son recuerdos lejanos, sino que siguen acechando a los ciudadanos y amenazando su libertad. Las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento político persisten como rasgos oscuros del autoritarismo en la región, y los regímenes autoritarios a menudo toman medidas que constituyen crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional, como el uso generalizado o sistemático de la tortura y la desaparición forzada contra civiles. Estos regímenes utilizan el encarcelamiento como herramienta para reprimir a la disidencia, y sus estrategias para mantener el poder a menudo implican graves violaciones de derechos humanos, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, además de métodos de control ciudadano como la intimidación y la censura.

Una historia regional de gobiernos autoritarios

En el siglo XX, América Latina y el Caribe se vieron plagados de regímenes autoritarios, con líderes antidemocráticos que impusieron una represión severa y utilizaron la prisión política para silenciar a la oposición. Entre otros, los regímenes autoritarios de Argentina, Brasil, Chile y República Dominicana utilizaron el encarcelamiento contra la población en general como una herramienta de control político, económico y social. En Argentina, la junta militar que controló el país entre 1976 y 1983 encarceló y desapareció a miles de presuntos disidentes en lo que se conoció como terrorismo de estado o “guerra sucia”. La dictadura militar de Brasil utilizó tácticas similares, deteniendo y torturando a opositores políticos entre 1964 y 1985.

Bajo el general Augusto Pinochet, que llegó al poder mediante un golpe militar y gobernó Chile entre 1973 y 1990, el régimen militar llevó a cabo detenciones masivas, desapariciones forzadas y torturas a opositores políticos. De la misma manera, en República Dominicana, el régimen autoritario liderado por el dictador Rafael Trujillo entre 1930 y 1961 utilizó el encarcelamiento y la violencia para mantener el control del poder durante más de 30 años.

Las brutales tácticas que emplearon estos regímenes para tomar y mantener el poder tuvieron un profundo impacto en la población que vivió bajo su poder, infundiendo un miedo generalizado y dejando cicatrices sociales profundas y duraderas en toda la región. El encarcelamiento político no sólo sirvió para silenciar a figuras de la oposición prodemocrática y suprimir la participación política, sino también para enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de la disidencia.

En la actualidad, Argentina, Brasil y Chile son consideradas libres, según el informe Freedom in the World 2024 de Freedom House, mientras que la República Dominicana se considera parcialmente libre. Sin embargo, varios países de la región están actualmente controlados por regímenes autoritarios que utilizan el encarcelamiento político para silenciar a la oposición y a la disidencia. Los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela (clasificados como no libres según Freedom in the World 2024) violan sistemáticamente el debido proceso, lo que incluye arrestar a presuntos disidentes sin órdenes judiciales o con base en acusaciones falsas, negar a los detenidos el acceso a la defensa legal, retrasar arbitrariamente las investigaciones y audiencias y someter a los detenidos a una prisión preventiva prolongada.

Patrones contemporáneos de represión política

Como en el pasado, los gobiernos corruptos y autocráticos utilizan hoy el encarcelamiento político para reprimir a la disidencia y socavar la labor de quienes se oponen a sus regímenes antidemocráticos. Los presos políticos son sometidos sistemáticamente a un trato cruel e inhumano, incluyendo torturas físicas y psicológicas, y a menudo se les niega la atención médica adecuada. Las familias de presos políticos frecuentemente evitan realizar denuncias públicas debido a la amenaza de prisión y al temor de que sus acciones puedan ocasionar que sus familiares detenidos sufran de más abusos. Este silencio envalentona a los regímenes autoritarios y dificulta que los presos políticos obtengan justicia. La prisión política, junto con otros tipos de represión violenta, sirve para limitar a la sociedad civil y hacer que la defensa de los derechos humanos sea una actividad especialmente peligrosa en los países gobernados por regímenes autoritarios.

En los últimos años, los ataques contra defensores de derechos humanos y dirigentes de la sociedad civil se han intensificado en regímenes autocráticos de larga data, como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, especialmente después de períodos de agitación social y protestas o en el período previo a elecciones. Se estima que más de 2.768 presos políticos siguen encarcelados entre Cuba (1.119), Nicaragua (151) y Venezuela (1.500+).1  Sin embargo, es probable que el número de personas que están sujetas a prisión por motivos políticos en estos países sea mucho mayor debido al uso por parte de los regímenes de la estrategia de la “puerta giratoria”, en la que períodos de agitación social en los que las detenciones aumentan para sofocar a la disidencia, son seguidos por liberaciones temporales para aliviar el escrutinio internacional y se reanudan cuando la atención disminuye.

En otros países, como Bolivia, El Salvador y Guatemala, se han producido casos similares de detención arbitraria y encarcelamiento por motivos políticos durante períodos de agitación social y de reducción del espacio cívico. Grupos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil de estos países están documentando y denunciando aumentos alarmantes de detenciones arbitrarias y por motivos políticos de defensores de los derechos humanos, periodistas, profesionales del sistema judicial y dirigentes de la oposición, entre otros. Además, la criminalización injustificada de esos grupos suele ir acompañada de procedimientos judiciales irregulares, prácticas que reflejan aquellas bien establecidas en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

La necesidad de una respuesta internacional

A pesar de las transiciones democráticas que se han dado en países como Argentina y Chile, la democracia en América Latina y el Caribe sigue siendo bastante frágil y los regímenes autoritarios siguen arraigados en países de toda la región. Una respuesta coordinada y contundente a nivel internacional es fundamental para romper los ciclos de represión autoritaria y allanar el camino hacia un futuro en el que la libertad de expresión, la libertad de asociación y todos los demás derechos fundamentales estén verdaderamente protegidos y valorados.

Para combatir los problemas actuales de represión autoritaria y encarcelamiento político en América Latina y el Caribe, la comunidad internacional debe trabajar para ayudar a promover y salvaguardar la democracia en la región, apoyando a las organizaciones de la sociedad civil en esos países, promoviendo los derechos humanos y haciendo cumplir las leyes internacionales que protegen la libertad política. Los gobiernos democráticos, las Naciones Unidas y el sistema interamericano de derechos humanos deben coordinarse para aplicar presión diplomática sobre los regímenes autoritarios que siguen utilizando el encarcelamiento por motivos políticos como una forma de represión. Las democracias también deben tener en cuenta los derechos humanos cuando comercian con esos regímenes y negarse a permitir que los presos políticos sean utilizados como peones en las negociaciones diplomáticas. Adicionalmente, las democracias deben apoyar los esfuerzos internacionales de investigación, tanto política como financieramente, para establecer la verdad sobre estas violaciones de derechos humanos, ya que la justicia nacional a menudo es inalcanzable debido a la cooptación de las instituciones por parte de los regímenes autoritarios.

Los pueblos de América Latina y el Caribe no pueden aspirar a sociedades más equitativas, estables, prósperas y democráticas si se permite que los regímenes autoritarios ejerzan violencia política y repriman con impunidad violando los compromisos regionales y el derecho internacional. Las democracias de todo el mundo —así como las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y el sistema interamericano de derechos humanos— deben condenar a los regímenes autoritarios que cometen abusos y apoyar enérgicamente a los defensores de derechos humanos y a los presos políticos de la región.

• 1Las cifras de presos políticos están actualizadas al 19 de agosto de 2024.