Joint statement

Venezuela: Maduro debería implementar las recomendaciones de la ONU sobre la protección de los derechos humanos

En respuesta a la actualización oral sobre el cumplimiento del Memorando de Entendimiento entre Venezuela y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos durante el 46° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Freedom House lanza el siguiente pronunciamiento:

“Agradecemos la actualización de la Alta Comisionada, Sra. Bachelet, sobre los avances en materia de cooperación con Venezuela, que hoy en día sólo revela un balance paupérrimo para abordar el grave entorno de violación sistemática y generalizada de derechos humanos en el país. La cooperación de Venezuela con el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos y particularmente con la ACNUDH, debe enfocarse en un cambio real de comportamiento por parte del Estado, empezando por el cumplimiento de importantes recomendaciones que al menos desde 2017 han emanado de ese órgano para evitar la persistencia en la comisión de graves violaciones y contrarrestar la impunidad estructural que vive el país”, señaló Gerardo Berthin, director de programas para América Latina y el Caribe.

“Actos de cooperación que evidencien voluntad sincera por parte Venezuela, se reflejarían en la liberación plena de todos los presos políticos y no bajo medidas cautelares como ha ocurrido recientemente con indígenas pemones excarcelados el pasado 13 de febrero, así como una investigación exhaustiva sobre la muerte del indígena Pemón, Salvador Franco, quien falleció en pésimas condiciones de salud durante su prisión. De igual manera, cooperación significaría el ingreso de los oficiales de ACNUDH sin restricción a las prisiones militares y los centros de detención manejados por los cuerpos de inteligencia del Estado, la adopción del protocolo propuesto en octubre a Venezuela para observación de audiencias judiciales, según refirió la Alta Comisionada y el ingreso de al menos nueve procedimientos especiales de Naciones Unidas, para constatar la situación en el terreno. Finalmente, esperaríamos que la cooperación se tradujese en el cese inmediato de ataques contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, trabajadores de los medios independientes y particularmente contra organizaciones del sector humanitario, quiénes procuran aliviar el sufrimiento de la población en medio de la profunda Emergencia Humanitaria que atraviesa Venezuela.”

Background

En septiembre de 2020, el ACNUDH renovó un año de un Memorando de Entendimiento sobre derechos humanos firmado con Venezuela en septiembre de 2019, a pesar de que el régimen de Maduro no logró avances significativos para abordar la crisis de derechos humanos. El acuerdo estableció un calendario durante el cual las autoridades venezolanas deberían haber permitido que al menos 10 Procedimientos Especiales de la ONU observaran de primera mano la situación de los derechos humanos en el país. Sin embargo, para febrero de 2021, Venezuela sólo ha permitido una, la de la relatora especial sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales. Hasta la fecha, no se han planificado visitas adicionales. Paralelamente, en octubre de 2020, la ONU renovó el mandato de una Misión Especial de Investigación para Venezuela, que continuará investigando graves abusos a los derechos humanos hasta al menos 2022.

Mientras tanto, el régimen de Maduro ha acelerado los ataques contra la sociedad civil, los medios de comunicación y los defensores de derechos humanos, cerrando y sancionando medios de comunicación, deteniendo arbitrariamente a trabajadores humanitarios. Las Fuerzas de Acción Especial (FAES) ha llevado a cabo ataques mortales contra ciudadanos, incluyendo uno en enero en Caracas que dejó un saldo de 23 fallecidos.

Venezuela está categorizado como país No libre en el informe Libertad en el Mundo 2020, No libre en el informe Libertad en internet 2020 y No libre en el informe Libertad en el Mundo 2021.