Población: 11.500.000

Capital: La Paz (administrativa), Sucre (judicial)

Condición de libertad:                 Parcialmente libre

Democracia electoral:              Sí

 

Aspectos Generales

Si bien Bolivia es una democracia en la que se han celebrado elecciones creíbles con regularidad, la manipulación electoral de 2019 generó violencia y protestas masivas que llevaron a la renuncia del presidente Evo Morales, quien gobernó durante 14 años. Se prevé que en 2020 se realizarán nuevas elecciones generales. El trabajo infantil y la violencia contra la mujer son problemas persistentes. Los periodistas independientes y de investigación son objeto de acoso. El Poder Judicial se halla politizado y obstaculizado por la corrupción.

Hechos Clave en 2019

• Los primeros resultados de la elección presidencial de octubre sugerían una probable segunda vuelta entre el presidente Evo Morales y el principal candidato de la oposición, el expresidente Carlos Mesa. Poco tiempo después funcionarios electorales dieron a conocer una actualización del recuento de votos que indicaba que Morales había logrado una victoria absoluta, lo cual dio lugar a masivas protestas y contraprotestas, confrontaciones civiles violentas y una letal represión policíaca. Los disturbios, que causaron al menos 30 muertos, provocaron la renuncia obligada del presidente Evo Morales tras haber perdido el apoyo de la policía y de las fuerzas armadas.
• Producida la renuncia de Morales y de varios otros altos funcionarios, la senadora Jeanine Áñez Chávez, quien era la funcionaria de mayor jerarquía en la línea sucesoria que no había dimitido, anunció que asumiría interinamente la presidencia, hecho que fue confirmado rápidamente por el Tribunal Constitucional. Áñez expresó que ocuparía el cargo únicamente hasta que pudieran celebrarse nuevas elecciones.
• Debido a las irregularidades registradas en las elecciones de octubre, también se consideraron carentes de validez los resultados de los comicios para representantes legislativos. En noviembre, la legislatura aprobó una medida legal que permite la celebración de nuevas elecciones legislativas junto con la elección presidencial prevista para 2020.
• La Organización de los Estados Americanos (OEA), que había sido invitada a auditar las elecciones, publicó en diciembre un informe final que concluía que los resultados generales no eran verificables debido a la “manipulación dolosa” facilitada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

DERECHOS POLÍTICOS: 25 / 40 (−3)

A. Proceso Electoral: 8 / 12 (−2)

A1.  ¿El actual jefe de Estado u otro jefe de gobierno han sido elegidos mediante elecciones libres y justas?

3 / 4 (−1)

En Bolivia, el Presidente es a la vez jefe de estado y de gobierno. Se lo elige en forma directa y ejerce su mandato por cinco años. Evo Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS), fue reelecto como presidente en las elecciones generales de 2014 con el 61 por ciento de los votos. Una misión de observación de la OEA indicó que el resultado de los comicios reflejó la voluntad popular. Una sentencia de 2017 del Tribunal Constitucional, confirmada por el TSE en diciembre de 2018, le permitió a Morales postularse a un cuarto mandato. Los polémicos fallos judiciales se dictaron tras un fracasado referendo celebrado en 2016 sobre la modificación de los límites para la reelección.

Los resultados preliminares de la elección presidencial de 2019 parecían indicar la probabilidad de una segunda vuelta entre Morales y el principal candidato de la oposición, el expresidente Carlos Mesa. Poco después, funcionarios electorales dieron a conocer una actualización del recuento de votos que indicaba que Morales había logrado una clara victoria, lo cual dio lugar a masivas protestas. Inmediatamente después de la votación y sus secuelas, una misión de observación de la OEA expresó una dura crítica al escrutinio por el cual Morales había logrado la victoria absoluta, señalando que contradecía recuentos independientes y que debería procederse con la segunda vuelta. Si bien Morales sostenía que su victoria era legítima, invitó a la OEA a auditar las elecciones, y dicha organización envió una delegación de expertos para hacerlo.

Con la intensificación de las protestas y contraprotestas, así como de la violencia concomitante, Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y una serie de altos funcionarios presentaron sus renuncias en noviembre, después de que el primer mandatario perdiera el apoyo de la policía y de las fuerzas armadas. Dos días más tarde, la senadora Jeanine Áñez Chávez, quien era la funcionaria de mayor jerarquía en la línea sucesoria que no había dimitido, anunció que había asumido interinamente la presidencia, hecho que fue confirmado rápidamente por el Tribunal Constitucional. Áñez expresó que ocuparía el cargo únicamente hasta que pudieran celebrarse nuevas elecciones.

La misión de la OEA, en su informe final publicado en diciembre, indicó que había encontrado “abrumadora evidencia” de la existencia de “una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas”, tales como la falsificación de firmas de jurados de mesas, resultados electrónicos manipulados tras haber sido reencaminados a servidores ocultos y complicidad de las autoridades electorales. A finales de año se preveía que las nuevas elecciones se celebrarían en 2020.

Cambio en la calificación. La calificación se redujo de 4 a 3 debido a que las elecciones presidenciales se vieron viciadas por intentos de manipulación, y a que diversas renuncias llevaron a que una senadora debiera ocupar el cargo de presidenta interina hasta que se volvieran a celebrarse elecciones.

A2.  ¿Los actuales representantes legislativos nacionales fueron elegidos mediante procesos electorales libres y justos?

4 / 4

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) está compuesta de una Cámara de Diputados, con 130 miembros, y de un Senado de 36 legisladores. Los mandatos legislativos duran cinco años.

En términos generales las elecciones legislativas de 2014 fueron libres y justas. No obstante, dadas las irregularidades de los comicios generales de 2019, los resultados de la votación correspondiente a representantes legislativos se consideraron inválidos. En noviembre, la ALP promulgó una ley que permite la celebración de nuevas elecciones legislativas junto con la elección presidencial prevista para 2020.

A3.  ¿El marco jurídico y la legislación en materia electoral son justos y los correspondientes órganos eleccionarios los aplican de manera imparcial?

1 / 4 (−1)

Durante años, la política boliviana se caracterizó por las acciones del MAS de Morales dirigidas a la abolición de los límites a los mandatos presidenciales. En 2015, la legislatura votó a favor de la convocatoria a un referendo para una modificación constitucional mediante la cual se le permitiría a Morales postularse a un tercer mandato consecutivo al amparo de la Constitución de 2009 lo cual, en efecto, le daría la posibilidad de candidatearse a un cuarto periodo. En 2016, los votantes rechazaron dicha modificación. En 2017, legisladores del MAS activaron un proceso de consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (el TCP, cuyos magistrados fueron elegidos por la legislatura dominada por el MAS) con el fin de declarar la inconstitucionalidad de los artículos que prohibían la reelección. El Tribunal asintió en 2017, lo que en efecto revocó el resultado del referendo del año anterior y despejó el camino para que Morales se postulara a un cuarto mandato en 2019.

El informe final de la OEA relativo al proceso electoral de 2019 describe considerable evidencia de que los resultados generales de las elecciones no eran verificables debido a una “manipulación dolosa” apoyada por un TSE sesgado. En particular, el informe execró a los vocales del TSE por permitir que los resultados de la votación electrónica se desviaran a servidores externos clandestinos, “destruyendo toda confianza en el proceso electoral” y “haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas” de escrutinio. En diciembre, se designó un nuevo TSE independiente, lo que aumenta las probabilidades de que las elecciones de 2020 sean libres y justas.

Cambio en la calificación. La calificación se redujo de 2 a 1 debido a la evidencia de que hubo funcionarios electorales que desempeñaron una función clave en la manipulación de los resultados de la elección presidencial.

B. Pluralismo Y Participación Política: 10 / 16 (−1) 

B1.  ¿El ciudadano tiene derecho a organizarse en diferentes partidos políticos o en otras agrupaciones políticas que participan en la contienda electoral? ¿El sistema carece de obstáculos indebidos que afecten el ascenso y caída de dichos partidos y agrupaciones?

3 / 4

La ciudadanía tiene derecho a constituir partidos políticos. El MAS ha dominado la escena política desde la elección de Morales en 2005 con el apoyo de movimientos sociales, sindicatos y actores de la sociedad civil. Las maniobras de Morales para lograr la reelección fueron uno de los temas centrales de la tormentosa campaña de 2019. Comunidad Ciudadana, el partido opositor más prominente, atrajo a quienes estaban en contra de sus persistentes acciones para ampliar el término del mandato presidencial.

En septiembre de 2018 la ALP, dominada por el MAS, promulgó la Ley de Organizaciones Políticas, que dispone que deben celebrarse primarias partidarias. Los dirigentes de la oposición indicaron que la disposición legal coarta la posibilidad de que los partidos opositores formen coaliciones para enfrentarse al MAS, ya que establece que deben crear las meses antes de la realización de las primarias. A fines de 2018 y en 2019, esa disposición de la ley fue un tema controvertido entre la ALP y el TSE, lo que motivó la renuncia de funcionarios de ese tribunal en dichos años.  

B2.  ¿La oposición tiene realmente la oportunidad de aumentar su apoyo o lograr el poder mediante elecciones?

2 / 4

No existen barreras institucionales formales que impiden la participación de los partidos de la oposición en los procesos electorales. No obstante, la abrumadora supremacía del MAS –facilitada por su uso de recursos públicos para sus campañas– ha dificultado el acceso al poder de los partidos de la oposición mediante elecciones. En las elecciones presidenciales de 2019, la manipulación de los resultados imposibilitó una segunda vuelta entre Morales y Mesa, el candidato que quedó en segundo lugar.

B3.  ¿Las opciones políticas de la ciudadanía no se encuentran dominadas por fuerzas ajenas a la política o por fuerzas políticas que recurren a métodos que están más allá del ámbito político?

2 / 4 (−1)

Si bien en términos generales el pueblo es libre de tomar decisiones políticas sin incidencias indebidas de las fuerzas armadas, de potencias extranjeras ni de otros grupos de influencia, miembros de la oposición han alegado que durante la época de Morales se coaccionó a empleados públicos para que asistieran a mítines progubernamentales.

En las etapas previas a las elecciones de 2019, algunos simpatizantes y miembros del partido gobernante declararon que impedirían las campañas de candidatos de la oposición en jurisdicciones controladas por organizaciones alineadas con el MAS. Tiempo después, con el aumento de las manifestaciones postelectorales, los partidarios de Morales (con su aprobación) bloquearon barrios, rutas y otras instalaciones para evitar la movilización de la oposición. En una instancia, manifestantes y funcionarios aeroportuarios impidieron que un dirigente opositor que había programado una marcha de protesta en La Paz saliera del aeropuerto de dicha ciudad. Se vio obligado a regresar en avión a Santa Cruz, debido a que no pudo trasladarse por tierra más allá del perímetro del aeropuerto.

En algunas ciudades, quienes se manifestaban en contra de Morales organizaron bloqueos de rutas que los simpatizantes del MAS intentaron desmantelar por la fuerza o contrarrestar mediante otros bloqueos dirigidos a limitar el suministro de alimentos a las metrópolis.

Los partidarios de la oposición también llevaron a cabo algunos actos de intimidación. La alcaldesa de Vinto, miembro del MAS, fue atacada por manifestantes antigubernamentales. Fue obligada a marchar por las calles y a firmar una carta de renuncia elaborada precipitadamente. También se ejerció violencia en contra de partidarios de Morales y de funcionarios del gobierno: entre otros hechos, se produjo el incendio de viviendas de alcaldes y legisladores del MAS e incluso el saqueo de la casa de Morales en Cochabamba.

Cambio en la calificación. La calificación se redujo de 3 a 2 debido a que actores no estatales bloquearon barrios y cometieron actos de violencia dirigidos a impedir la movilización política durante la crisis del año.

B4.  ¿Los diversos segmentos de la población (étnicos, religiosos, de género, LGBT y demás grupos pertinentes) cuentan con derechos políticos y oportunidades electorales plenas?

3 / 4

La Constitución reconoce 36 nacionalidades indígenas dentro del Estado Plurinacional, además de formalizar la autonomía política en sus territorios. Todo ciudadano adulto goza del derecho al sufragio igualitario y universal. Aunque los grupos indígenas se encuentran bien representados en el gobierno, los políticos suelen pasar por alto sus intereses.

En términos formales, Bolivia cuenta con una legislación progresiva que garantiza la representación política igualitaria de la mujer y que procura protegerla de la violencia política. Si bien las mujeres se hallan bien representadas en el ámbito político, el sexismo y las actitudes patriarcales menoscaban su labor, especialmente en los niveles locales.

C. Funcionamiento Del Gobierno: 7 / 12

C1.  ¿Las políticas de gobierno son determinadas por el jefe de gobierno y por los representantes legislativos nacionales elegidos libremente?

3 / 4

Los funcionarios elegidos tienen la libertad de establecer e implementar las políticas del gobierno sin incidencias indebidas de actores no estatales. No obstante, los miembros de la oposición alegan que los años de la mayoría del MAS en la legislatura y la poderosa presidencia de Morales permitieron una importante influencia del ejecutivo en los procesos legislativos.

C2.  ¿Son sólidas y eficaces las protecciones en contra de la corrupción oficial?

2 / 4

La aplicación de la normativa legal de lucha contra la corrupción es deficiente. La corrupción afecta a una serie de entidades y sectores económicos oficiales, tales como las fuerzas del orden público y las industrias extractivas. Los procesos de adquisiciones públicas suelen verse comprometidos por actos de soborno.

C3.  ¿El gobierno funciona de forma abierta y transparente?

2 / 4

Bolivia carece de legislación que garantice el acceso a la información pública. Si bien la ley impone a los funcionarios elegidos la obligación de realizar declaraciones patrimoniales, no se las hace públicas.

LIBERTADES CIVILES: 38 / 60 (−1)

D. Libertad De Expresión Y De Creencia: 14 / 16 

D1.  ¿Existen medios de comunicación libres e independientes?

2 / 4

Aunque la Constitución garantiza la libertad de expresión, en la práctica los periodistas suelen ser acosados por sus trabajos de carácter investigativo o crítico. En ocasiones, el acoso a los medios de comunicación que expresan opiniones críticas provino de funcionarios gubernamentales del MAS, quienes tildaron a los periodistas de mentirosos y expresaron que eran partícipes de una conspiración internacional en contra de Morales. Se ha negado el acceso a los contratos de publicidad pública a los medios con posturas editoriales que el gobierno de Morales percibía como hostiles. En las etapas previas a las elecciones de 2019, el TSE prohibió la publicación de una encuesta de opinión elaborada por una universidad en colaboración con una fundación de investigación y varios grupos de medios. El TSE alegó que la encuesta vulneraba criterios técnicos y de fuentes de financiamiento previstos en la legislación electoral. Las organizaciones de la sociedad civil argumentaron que la prohibición se debió a que la encuesta daba a entender que el partido gobernante estaba perdiendo apoyo. El TSE advirtió que podrían imponerse sanciones a los medios que publicaran la encuesta, por lo que la mayoría optó por no hacerlo.

Tras las elecciones de 2019, hubo periodistas e integrantes de medios de comunicación que fueron agredidos físicamente por partidarios de Morales y de la oposición, así como por efectivos de las fuerzas de seguridad. Después de la renuncia de Morales los periodistas y medios críticos del gobierno interino fueron objeto de acosos. En noviembre, Roxana Lizárraga, la nueva ministra de comunicaciones, amenazó a periodistas críticos del gobierno con que serían deportados y acusados de sedición.

D2.  ¿Hay libertad para practicar y expresar en privado y en público la fe religiosa o el ateísmo?

4 / 4

La libertad de religión se encuentra garantizada en la Constitución y, en términos generales, es respetada en la práctica. La Constitución de 2009 puso fin a la oficialidad de la Iglesia católica romana y creó un Estado secular. 

D3.  ¿Hay libertad académica y el sistema educativo no es objeto de adoctrinamientos políticos?

4 / 4

La libertad académica está garantizada por ley y se respeta en la práctica.

D4.  ¿Hay libertad para expresar opiniones personales u otros temas sensibles sin temor de ser objeto de vigilancia o de represalias?

4 / 4

El debate privado es fuerte y, en términos generales, no es objeto de interferencias ni de vigilancia.

E. Derechos a La Asociación Y a La Organización: 8 / 12 (−1)

E1.   ¿Hay libertad de reunión?

2 / 4 (−1)

Si bien la legislación boliviana protege el derecho a la reunión pacífica, muchas protestas se han visto signadas por enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, así como entre manifestantes y contramanifestantes, en torno a cuestiones controvertidas.

En 2019, el derecho a la libertad de reunión se vio deteriorado durante las violentas protestas y contraprotestas que se produjeron en torno a las elecciones y a la renuncia de Morales. Cuando en noviembre simpatizantes de Morales manifestaron en las ciudades de Cochabamba y El Alto, el gobierno interino desplegó a las fuerzas de seguridad a fin de dispersarlos por la fuerza. En Cochabamba, grupos de campesinos intentaron ingresar a la ciudad para organizar un mitin político: las protestas se tornaron violentas y nueve personas perdieron la vida en enfrentamientos con el ejército y la policía. En El Alto, los manifestantes bloquearon el camino a una planta de abastecimiento de carburantes que contenía la totalidad del suministro de La Paz. Cuando el ejército y la policía intentaron dispersarlos mediante una fuerza combinada los manifestantes trataron de ingresar a la planta utilizando explosivos. El enfrentamiento resultante con las fuerzas de seguridad causó la muerte de 10 manifestantes. Estos hechos fueron calificados como masacres en un informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los disturbios provocaron al menos 30 muertos y cientos de heridos.

Cambio en la calificación. La calificación se redujo de 3 a 2 debido a la violencia registrada durante las manifestaciones postelectorales.

E2.   ¿Hay libertad para las organizaciones no gubernamentales, en particular para las que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y en temas de gobernanza?

3 / 4 

Si bien muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) operan en el país, son objeto de ciertas restricciones legales. En 2016, el TCP desestimó una acción que alegaba que dos normas de la legislación boliviana en la materia le conferían al gobierno la facultad de disolver las ONG. Ha sucedido que funcionarios públicos han desprestigiado a grupos de defensa de derechos calificándolos de conspiradores antigubernamentales.

E3.   ¿Hay libertad para los sindicatos y para asociaciones profesionales o laborales similares?

3 / 4

Los sindicatos de trabajadores y de campesinos constituyen una fuerza activa que ejerce una considerable influencia política.

El código oficial del trabajo no está en consonancia con la legislación boliviana. A título ilustrativo puede indicarse que, si bien el código prohíbe la existencia de sindicatos del sector público, muchos empleados gubernamentales pueden sindicalizarse legalmente. Aunque Bolivia cuenta con una Corte Nacional del Trabajo que entiende en causas de discriminación antisindical, el dictado de sentencias tiende a realizarse de modo muy lento y las sanciones por ese tipo de discriminación no gozan de una aplicación sistemática.

 F. Estado DE Derecho: 6 / 16

F1.   ¿Existe un Poder Judicial independiente?

1 / 4

Si bien Bolivia es el único país que designa jueces mediante elecciones populares, los magistrados de la Corte Suprema, del TCP y de otras entidades deben ser nominados inicialmente con el voto de dos tercios de la legislatura. Este mecanismo permitió que el MAS dominara el proceso de selección de candidatos, lo que generó un Poder Judicial indulgente. La elección popular de jueces hizo que los nombramientos se encuentren politizados y divididos en facciones, lo cual da lugar a oportunidades de corrupción. Además de hallarse politizado, el Poder Judicial continúa sobrecargado y asediado por la corrupción.

F2.   ¿En las causas civiles y penales prima el debido proceso?

1 / 4

Muchos tienen dificultades para acceder a la justicia debido a la falta de recursos para desplazarse a los tribunales y a los demás despachos correspondientes. Asimismo, la prestación de servicios (cuando se realiza) suele ser insuficiente o ineficiente. En las causas penales suele suceder que los acusados de la comisión de delitos deben esperar años para sus juicios. Los sueldos de la policía son deficientes y su capacitación es inadecuada; la corrupción en su seno sigue constituyendo un problema. 

F3.   ¿Hay protecciones contra el uso ilegítimo de la fuerza física, así como ausencia de guerra e insurgencias?

2 / 4

Tras las elecciones de 2019 y la renuncia de Morales, se produjeron en varias ciudades enfrentamientos violentos entre sus partidarios y opositores. Los simpatizantes y opositores de Morales tuvieron acceso a elementos explosivos, tales como dinamita, lanzacohetes, y cocteles Molotov, que utilizaban en ataques recíprocos y contra las fuerzas de seguridad. Según informes, los opositores de Morales recibieron disparos en las localidades de Montero y Vila. En La Paz, se incendiaron las viviendas de periodistas y de activistas críticos de Morales, así como una serie de autobuses públicos. A fines de año, comenzó un diálogo político facilitado por la Unión Europea (UE), las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, entre otros actores, lo cual generó una disminución de la violencia antes de que alcanzara niveles de guerra civil o insurgencia.

La impunidad por la comisión de delitos ha impulsado a algunas personas a participar en actividades de justicia por mano propia en contra de los presuntos delincuentes. Las agresiones en las cárceles siguen constituyendo un importante problema.

F4.   ¿La legislación, normativa y prácticas garantizan un trato igualitario de los diversos sectores de la población?

2 / 4

En 2012, se ratificó una ley antirracismo que dispone medidas para la lucha contra la discriminación e impone sanciones penales en el caso de actos discriminatorios. No obstante, el racismo y la discriminación asociada a él son comunes en el país, especialmente en contra de grupos indígenas.

Si bien Bolivia cuenta con leyes que prohíben la discriminación de personas LGBT+, raramente se las aplica. Los homosexuales, lesbianas, bisexuales y personas transgénero sufren una discriminación social generalizada. Chi Hyun Chung, el pastor presbiteriano que considera que la homosexualidad es una enfermedad que exige tratamientos psiquiátricos, se postuló a presidente en 2019 e incluyó en su plataforma una agenda contraria a los derechos LGBT+. Logró el tercer lugar en las elecciones de octubre.

G. Autonomía DE La Persona Y Derechos Individuales: 10 / 16

G1.  ¿La persona goza de libertad de circulación, incluida la capacidad de cambiar su lugar de residencia, de empleo o de educación?

3 / 4

Aunque no existen restricciones formales a la capacidad de la persona de cambiar su lugar de residencia, de empleo o de educación, las opciones pueden verse limitadas por las dificultades socioeconómicas. Las rutas suelen quedar bloqueadas por acciones de protesta, lo que impide la libertad de circulación.

G2.  ¿La persona goza de libertades personales sociales, tales como la elección de su pareja a efectos matrimoniales y el tamaño de su familia, la protección en casos de violencia doméstica y el control de su apariencia personal?

2 / 4

Si bien en términos formales las mujeres gozan de los mismos derechos de propiedad patrimonial que los hombres, la discriminación es común y provoca disparidades en materia de propiedad de bienes y de acceso a recursos.

El derecho de los indígenas a la consulta previa en los casos de extracción de recursos naturales y desarrollo de tierras no se respeta plenamente ni en la legislación ni en la práctica.

G3.  ¿La persona goza de libertades personales sociales, tales como la elección de su pareja a efectos matrimoniales y el tamaño de su familia, la protección en casos de violencia doméstica y el control de su apariencia personal?

3 / 4 

La Constitución dispone que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. No prevé las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

La violencia doméstica, que afecta principalmente a la mujer, constituye un problema serio. Las leyes que tipifican penalmente la violencia contra la mujer no se hacen cumplir adecuadamente. Muchas mujeres carecen de acceso a mecanismos anticonceptivos y a servicios de salud reproductiva. 

G4.  ¿La persona goza de igualdad de oportunidades y no es objeto de explotación económica?

2 / 4

Bolivia es un país de origen en materia de trata y tráfico de hombres, mujeres y niños para trabajos forzados y prostitución. En 2018, debió enfrentarse a una creciente crítica internacional debido a su permisiva legislación del trabajo infantil. En diciembre de dicho año, Morales firmó una ley modificatoria por la que la edad mínima laboral es de 14 años.