Cuba en un punto de inflexión: ¿Por qué mantenerse firmes en la defensa de los derechos humanos?

Por Katie Turner, Gerente de Programa, América Latina y el Caribe

Cuba ha atravesado crisis económicas anteriormente. Esta vez es diferente.

Durante los últimos cinco años, aproximadamente una cuarta parte de la población cubana ha abandonado el país, reflejando una profunda pérdida de confianza en su futuro. Quienes permanecen enfrentan graves escasez de alimentos, medicinas, combustible y electricidad. Los apagones son habituales. Los hospitales carecen de suministros y satisfacer las necesidades básicas requiere una constante improvisación.

No se trata de una desaceleración temporal. Es el reflejo de décadas de control estatal centralizado y de una gobernanza represiva, incluidas sofocantes restricciones a la vida política, cívica y económica bajo el régimen autoritario cubano que no es sujeto a rendir cuentas.  Durante crisis anteriores, el régimen pudo aliviar la presión mediante apoyo externo, incluyendo a los gobiernos de Rusia, Venezuela y China. Ese modelo ahora se ha reducido.

Las medidas impuestas por Estados Unidos contra el régimen cubano en 2026 endurecieron las restricciones sobre las importaciones de combustible y el acceso a divisas, acelerando la escasez de suministros básicos en todo el país y las interrupciones en sectores clave, entre ellos la generación eléctrica y el turismo. Al mismo tiempo, han quedado al descubierto las ineficiencias de larga data en la producción y distribución, combinadas con profundos problemas de mala gestión económica. El Estado ya no puede proteger a la población de las consecuencias de su gobernanza corrupta, dado que los aliados externos tradicionales del régimen han reducido su apoyo o han reorientado sus prioridades, dejando a La Habana con menos vías de respaldo y menores perspectivas de recibir el alivio que tanto necesita.

Las condiciones actuales no son únicamente el resultado de las dificultades económicas. Reflejan un sistema profundamente arraigado, diseñado para controlar estrictamente la manera en que los ciudadanos cubanos responden a las crisis. Durante décadas, el régimen ha restringido la acción cívica independiente, limitando la capacidad de las personas y las comunidades para organizar ayuda, informar sobre carencias o movilizar apoyo en tiempos de necesidad. En medio de la crisis actual, estas restricciones se han vuelto aún más severas: las fuerzas de seguridad, la vigilancia generalizada y las sanciones contra la disidencia disuaden a la población de compartir información o coordinar asistencia, incluso cuando las carencias se profundizan. A medida que aumentan las necesidades, las oportunidades para atenderlas continúan limitadas y el sufrimiento humano se intensifica.

Este es un momento para que los aliados democráticos del pueblo cubano se mantengan firmes y actúen con decisión y sin demora. Aunque algunos gobiernos internacionales han comenzado a recalibrar sus políticas hacia Cuba, sin una presión sostenida para mejorar los derechos humanos y la rendición de cuentas, el régimen volverá a adaptarse sin generar mejoras significativas.

Manteniendo el control

El poder en Cuba está distribuido entre la dirigencia del Partido Comunista, los servicios de seguridad, las estructuras económicas vinculadas al ejército y Raúl Castro junto con su círculo más cercano. Los conglomerados empresariales asociados a las fuerzas armadas, especialmente el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), dominan sectores económicos clave con una transparencia mínima, concentrando ingresos y desviando miles de millones en ganancias en divisas hacia canales que no se traducen en servicios públicos ni en infraestructura crítica. Esta concentración del poder económico también permite al régimen apropiarse de los beneficios de la inversión extranjera, las remesas, los ingresos del turismo y la ayuda humanitaria, reforzando su estricto control político y económico.

La represión continúa siendo un elemento central. A junio de 2026, más de 1.280 presos políticos permanecen encarcelados en Cuba, pese a diversos anuncios de liberaciones, incluidos algunos realizados en 2026 coincidiendo con negociaciones con Estados Unidos. Estos hechos no constituyen señales de reforma, sino que forman parte de un patrón en el que los presos políticos son utilizados como instrumentos de negociación mientras el sistema en sí y las condiciones humanitarias que enfrentan los cubanos comunes permanecen inalterados.

Mientras tanto, el descontento público sigue creciendo. Quienes expresan sus quejas enfrentan detenciones arbitrarias, vigilancia, intimidación, encarcelamiento y exilio forzado. Organizaciones independientes como Cubalex, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Justicia 11J continúan documentando estas prácticas. La represión también se extiende al exterior, donde activistas y periodistas enfrentan actos de hostigamiento más allá de las fronteras cubanas, incluso presuntamente dentro de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, la falta de transparencia gubernamental facilita la continuidad de vínculos con adversarios de Estados Unidos, como los gobiernos de Rusia y China, con implicaciones más amplias para la estabilidad geopolítica y la seguridad del hemisferio.

Estas dinámicas demuestran que la política exterior de los gobiernos democráticos hacia Cuba ya sea basada en la presión o en el compromiso con el objetivo de promover mejores condiciones económicas y mejoras para los derechos humanos, ya no puede apoyarse en supuestos de reformas graduales. Sin exigencias previas de rendición de cuentas, transparencia y respeto de los derechos fundamentales, las políticas corren el riesgo de reforzar el sistema represivo cubano.

Una respuesta internacional dividida

La crisis económica y política de Cuba ha provocado cambios en sus relaciones internacionales, pero las respuestas siguen estando divididas.

En mayo de 2026, citando avances limitados en materia de derechos humanos y gobernanza, la Unión Europea puso su acuerdo de cooperación con Cuba bajo revisión, amenazando con reducir el diálogo político y la cooperación para el desarrollo. En junio, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que exige sanciones, la liberación de los presos políticos y una reevaluación del compromiso con Cuba, en ausencia de avances concretos en derechos humanos. Estados Unidos ha mantenido su histórico embargo, pero ha incrementado significativamente la presión de formas nunca antes vistas: endureciendo sanciones, enfocándose en el suministro de combustible y restringiendo aún más los flujos financieros hacia el país.

En América Latina, las divisiones son cada vez más evidentes. Los gobiernos de Brasil y México enfatizan el diálogo y el compromiso humanitario, sosteniendo que la crisis cubana debe abordarse mediante la cooperación y el respeto a la soberanía del país. Otros gobiernos han recalibrado sus posiciones de manera más contundente. En marzo de 2026, las autoridades de Costa Rica suspendieron el reconocimiento diplomático del gobierno cubano y cerraron su embajada en La Habana, citando la represión y los abusos contra los derechos humanos.

Esta fragmentación crea una oportunidad que el gobierno cubano sabe aprovechar. Ha demostrado repetidamente que puede adaptarse y realizar concesiones selectivas para mantener el control. Sin objetivos claros y compartidos entre las democracias en materia de transparencia, rendición de cuentas y mejoras verificables en materia de derechos humanos, la participación internacional corre el riesgo de alimentar el ciclo de represión y mala gestión de las autoridades cubanas, en lugar de mejorar la vida cotidiana y aliviar el sufrimiento humanitario de la población.

Lo que debe suceder ahora

Las condiciones que sostuvieron el sistema cubano están quebrándose, pero las reformas no ocurrirán por sí solas.

Si bien la sociedad civil independiente cubana ya ha comenzado a formular propuestas para impulsar un cambio democrático, existen medidas concretas que Estados Unidos y otras democracias pueden adoptar para apoyar a estos actores, restaurar el estado de derecho y acompañar al pueblo cubano en su búsqueda de justicia, rendición de cuentas y la posibilidad de determinar su propio futuro. Como mínimo, al diseñar políticas, deberían priorizar los siguientes resultados, cuyo última medida de éxito debe ser si las políticas amplían las libertades fundamentales, abordan la crisis humanitaria inmediata y mejoran la vida cotidiana de los cubanos.

Garantizar la liberación de los presos políticos y la restitución de los derechos fundamentales. La liberación incondicional de todos los presos políticos cubanos y la restauración de la libertad de expresión y del espacio cívico deben ser una prioridad. Debe brindarse apoyo a los presos políticos y a sus familias tras su liberación, incluyendo asistencia para necesidades inmediatas y apoyo para la reintegración. Mas adelante, los actores internacionales deberían priorizar la restauración y protección de los derechos fundamentales y el fin de la represión, condicionando cualquier compromiso a la derogación de leyes que criminalizan la disidencia, al establecimiento de garantías jurídicas para la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y a la habilitación de mecanismos independientes de supervisión, lo que incluye permitir que organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) accedan a los centros de detención.

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas. El control centralizado del régimen cubano permite a las autoridades desviar recursos destinados al pueblo hacia intereses propios. En el corto plazo, cualquier ayuda humanitaria debería canalizarse por vías que lleguen directamente a las personas, incluyendo redes confiables de la sociedad civil, en lugar de sistemas controlados por el Estado. A más largo plazo, los donantes internacionales deberían exigir auditorías independientes e informes públicos de las entidades estatales para garantizar la transparencia. Con el tiempo, las políticas deberían promover la separación entre las instituciones militares y las actividades comerciales, una mayor supervisión civil y la redirección de la inversión hacia servicios esenciales como electricidad, agua, producción de alimentos, atención médica, transporte y vivienda.

Apoyar a la sociedad civil cubana y a los medios independientes. La sociedad civil independiente cubana debe ser incluida en las consultas, la implementación y la supervisión de las iniciativas internacionales. A largo plazo, el progreso sostenible dependerá del cambio estructural y de la reconstrucción social. Los medios independientes y las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales para la documentación de abusos y otros esfuerzos que fortalecen la rendición de cuentas y futuras reformas, por lo que los gobiernos democráticos deberían respaldarlos activamente.

Condicionar el compromiso con el régimen. Cualquier forma de compromiso con el régimen debe estar vinculada a indicadores medibles de derechos humanos, mientras que las sanciones selectivas deben reforzar la rendición de cuentas por actos de represión y corrupción.

Este no es el momento de retroceder

Algo irreversible está ocurriendo en Cuba. Las condiciones que antes permitían la supervivencia del sistema ya no existen.

El camino a seguir sigue siendo incierto, pero hay algo claro: este es un momento para mantenerse firmes en materia de derechos humanos y gobernanza. Retroceder ahora reduciría la presión sobre el régimen en un momento decisivo. Mantener un enfoque sostenido en la crisis humanitaria, así como en los derechos humanos y la rendición de cuentas, ofrece la vía más clara para lograr una mejora real de la vida cotidiana de los cubanos y la oportunidad de que puedan perseguir sus propias aspiraciones democráticas.