Aspectos generales

Colombia es una de las democracias latinoamericanas de más larga data, aunque presenta un historial de violencia generalizada y graves abusos a los derechos humanos. Las instituciones públicas han demostrado ser capaces de ponerle coto al Poder Ejecutivo y de hacer valer el estado de derecho. La transición hacia el acuerdo de paz celebrado entre el gobierno y el principal grupo guerrillero de izquierda marcó una disminución en los actos de violencia. No obstante, Colombia tiene todavía ante sí enormes retos relativos a la consolidación de la paz, así como a las garantías de respeto de los derechos políticos y de las libertades civiles fuera de las principales zonas urbanas.

Hechos clave en 2020

• Colombia se vio gravemente afectada por la pandemia de COVID-19: según informes del gobierno hubo más de 1.600.000 casos y 40.000 muertes. Si bien inicialmente el brote se concentró en la región de la costa atlántica, también incidió en Bogotá y en otras grandes ciudades. En las zonas rurales hubo grupos armados que mediante la violencia aplicaron cuarentenas extraoficiales.
• En diciembre el presidente Iván Duque anunció que aproximadamente un millón de venezolanos que no contaban con condición inmigratoria legal quedarían excluidos del programa colombiano de vacunación contra el coronavirus. Cerca de 1.700.000 venezolanos, muchos enfermos o alcanzados por la pobreza, se asentaron en Colombia en los últimos años huyendo de la devastadora crisis económica en su país. Algunos regresaron durante el año, incluso con el cierre de la frontera entre ambas naciones que impedía el paso en condiciones legales.
• El acuerdo de paz suscrito en 2016 entre el gobierno y el grupo rebelde izquierdista denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se mantuvo intacto durante el año, aunque las demoras en su instrumentación (exacerbadas por las restricciones impuestas a fin de controlar la pandemia del coronavirus) y el constante rearmamento de algunos exrebeldes generaron inquietudes en cuanto a la durabilidad del pacto.
• En agosto el poderoso expresidente Álvaro Uribe fue objeto de una orden de detención en el marco de una investigación de alegaciones de intimidación y manipulación de testigos.
• Hechos de abuso a manos de las fuerzas de seguridad estatales causaron reiteradas protestas públicas. En febrero ciertos medios de noticias expusieron una operación de vigilancia ilegal operada por las fuerzas armadas colombianas; en junio surgieron revelaciones de soldados que participaron en una serie de presuntos actos de agresión sexual. En septiembre un asesinato perpetrado por la policía en Bogotá dio lugar a violentas manifestaciones que cobraron la vida de 13 personas.
• La ola de atentados mortales contra defensores de derechos humanos y demás activistas sociales, que ya lleva varios años, continuó en 2020. Fueron asesinadas decenas de activistas y las víctimas se concentraron en las marginalizadas comunidades afrocolombianas e indígenas; en términos generales los autores de esos delitos quedaron impunes.                  

 

DERECHOS POLITICOS: 29 / 40

A. PROCESO ELECTORAL: 10 / 12

A1.      ¿El actual jefe de Estado u otro jefe de gobierno fueron elegidos mediante comicios libres y justos? 4 / 4

El presidente se elige en forma directa por un periodo de cuatro años. La serie de reformas constitucionales de 2015 eliminó la posibilidad de reelección presidencial.

El acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC fue uno de los temas de importancia en las elecciones de 2018. Durante su campaña el presidente Duque, protegido de Álvaro Uribe (el expresidente y principal crítico del acuerdo de paz) prometió modificar las condiciones del pacto que calificó de extremadamente magnánimo para los guerrilleros. En la primera ronda ninguno de los candidatos logró una mayoría llana. Tras una polarizada campaña para la segunda vuelta Duque derrotó a Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá de extracción izquierdista, al obtener el 54% de los votos. Los comicios se consideraron competitivos y fiables, aunque algunos observadores electorales registraron instancias esporádicas de compra de votos y de otras violaciones a la normativa tanto en la primera como en la segunda vuelta.

En comparación con los comicios nacionales las elecciones locales y regionales generalmente se caracterizan por ser más opacas, además de registrar actos de violencia más frecuentes, tales como más de 100 atentados y siete asesinatos en los periodos previos a la votación de octubre de 2019. En la contienda más prominente para la alcaldía de Bogotá resultó ganadora Claudia López, la candidata de la Alianza Verde, transformándose así en la primera mujer y en la primera persona abiertamente homosexual en ocupar dicho cargo. Los candidatos alineados con la oposición lograron hacerse de la gobernación de Antioquia, orbe de Uribe y del Centro Democrático (CD), y de las alcaldías de Medellín y de Cali.

A2.      ¿Los actuales representantes legislativos nacionales fueron elegidos mediante procesos electorales libres y justos? 3 / 4

El Congreso está compuesto por un Senado y una Cámara de Representantes. Todos los escaños se renuevan cada cuatro años. La nación en su conjunto elige a 100 senadores mediante un sistema de representación proporcional. Las comunidades indígenas eligen a otros dos legisladores. Se le confiere un escaño a quien obtuvo el segundo lugar en las elecciones presidenciales. En 2018 y 2022 se reservaron otros cinco para los integrantes de las FARC en el marco del acuerdo de paz. La Cámara de Representantes cuenta con 172 miembros; 161 se eligen mediante un mecanismo de representación proporcional en los distritos que cuentan con varios miembros, dos son elegidos por las comunidades afrocolombianas, uno por los votantes indígenas, uno por los expatriados y se reserva un puesto para quien obtuvo el segundo lugar en las elecciones para vicepresidente, reservándose asimismo cinco puestos para las FARC como sucede en el Senado.

Las elecciones legislativas de marzo de 2018 resultaron relativamente pacíficas, aunque los observadores registraron acusaciones de fraude y de compra de votos, así como conexiones entre candidatos y figuras de la delincuencia organizada. Las bancas en el Senado quedaron dispersas: seis partidos ganaron 10 escaños o más y el CD de Duque lideró con 19. En la Cámara de Representantes cinco partidos lograron 21 puestos o más. El Partido Liberal obtuvo el mayor número al hacerse de 35 escaños, en tanto que el CD ganó 32. En sus primeros comicios como partido en la legalidad las FARC no lo lograron ninguna banca, a excepción de las cinco que se le garantizaron en cada una de las cámaras.

A3.      ¿El marco jurídico y la legislación en materia electoral son justos y los correspondientes órganos eleccionarios los aplican de manera imparcial? 3 / 4

En general en la práctica el marco jurídico permite comicios competitivos, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE), que es el órgano de nueve miembros que fiscaliza la realización de las elecciones del país, el financiamiento de las campañas políticas y el conteo de votos, ha sido criticado por su ineficaz aplicación de la legislación electoral, debida en parte al mecanismo de selección partidista de sus integrantes.

B. PLURALISMO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA: 11 / 16

B1.      ¿La persona tiene derecho a organizarse en diferentes partidos o en otras agrupaciones políticas que participan en la contienda electoral? ¿El sistema carece de obstáculos indebidos que afecten el ascenso y caída de dichos partidos y agrupaciones? 3 / 4

En los últimos años el sistema bipartidista colombiano, históricamente rígido, ha sufrido un prolongado proceso de realineación y diversificación. Las elecciones de 2018 aportaron a la legislatura una combinación de partidos de izquierda, derecha y de centro. Este equilibrio, acompañado de escisiones dentro de los partidos, dejó a Duque con una coalición gobernante inestable en las dos cámaras legislativas aunque el gobierno mantuvo una mayoría operativa durante la mayor parte de 2020. Las FARC, cuya sigla actualmente significa Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, se reorganizaron como partido político en 2017. Las bancas del Congreso que recibieron según el acuerdo de paz les confirieron una representación muy superior que la que habrían logrado mediante la votación normal.

B2.      ¿La oposición tiene realmente la oportunidad de aumentar su apoyo o lograr el poder mediante elecciones? 3 / 4

Si bien los traspasos democráticos del poder entre partidos rivales son de rutina en el ámbito nacional y en las regiones hay grandes zonas que desde hace mucho tiempo se encuentran controladas por clanes que operan como maquinarias políticas y están vinculados a la delincuencia organizada. El desempeño de Petro en los comicios de 2018 marcó la participación más fuerte de la izquierda política en una campaña presidencial de la época moderna. En 2019 varios candidatos que no pertenecían a los partidos políticos tradicionales lograron la victoria en contiendas regionales. Diversos políticos prominentes ocupan el espacio político que existe entre las facciones de Petro y del CD. En 2020 comenzó la pugna entre los posibles candidatos en previsión de los comicios de 2022.

B3.      ¿Las opciones políticas de la ciudadanía no se encuentran dominadas por fuerzas ajenas a la política o por fuerzas políticas que recurren a métodos que están más allá del ámbito político? 2 / 4

Aunque se firmó el acuerdo de paz con las FARC las actividades del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo guerrillero de izquierda, de los sucesores de los ya desbandados grupos paramilitares derechistas y de pandillas delictivas siguen afectando en ciertas zonas la capacidad de la ciudadanía de participar libremente en el proceso político, conforme lo evidencian los atentados perpetrados en el marco de las campañas regionales de 2019. En marzo de 2020 surgió el audio de un estanciero asesinado afiliado al narcotráfico en el que se hablaba de arreglos en 2018 en zonas de la costa caribeña para distribuir dinero en efectivo a los votantes a fin de que apoyaran la campaña de Duque en la segunda vuelta; la investigación seguía en curso a finales del año.

B4.      ¿Los diversos segmentos de la población (étnicos, religiosos, de género, LGBT+ y demás grupos pertinentes) cuentan con derechos políticos y oportunidades electorales plenas? 3 / 4

Los colombianos de tez más clara tienen una participación desproporcionada en los cargos públicos. Si bien el progreso sigue siendo lento, en los últimos años el gobierno ha tomado una serie de medidas para incorporar las voces de los indígenas y de los afrocolombianos en el debate político nacional. El acuerdo de paz de 2016 incluía disposiciones dirigidas a mejorar los mecanismos de consulta con los grupos marginalizados, aunque los temas que afectan a los indígenas y a los afrocolombianos rara vez son prioridad en los regímenes de formulación de la normativa nacional. Feliciano Valencia, senador indígena, fue víctima de un intento de asesinato en octubre de 2020.

Las mujeres gozan de igualdad de derechos políticos: al menos un 30 por ciento de las candidatas de las listas partidarias deben ser mujeres. Cerca del 20 por ciento de los escaños de cada una de las cámaras del Congreso está ocupado por legisladoras. Colombia cuenta con una vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez.

En octubre de 2019 Claudia López, candidata de la Alianza Verde, ganó la alcaldía de Bogotá. Se transformó en la primera mujer alcaldesa y en la primera abiertamente homosexual.

C. FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO: 8 / 12

C1.      ¿Las políticas de gobierno son determinadas por el jefe de gobierno y por los representantes legislativos nacionales elegidos libremente? 3 / 4

En términos generales los funcionarios elegidos por los votantes determinan las políticas públicas sin interferencia alguna. No obstante, desde hace ya mucho tiempo el Estado colombiano lucha por establecer una presencia estable en todo su territorio, lo que implica que las amenazas de grupos guerrilleros y de pandillas delictivas pueden perturbar la formulación e implementación de políticas en determinadas regiones y localidades. En 2020 las facultades de dictado de decretos de emergencia conferidas al presidente en el marco de la pandemia de coronavirus generaron inquietud entre algunos observadores que pensaban que la función del Congreso se estaba circunvalando de modo indebido.

C2.      ¿Son sólidas y eficaces las protecciones en contra de la corrupción oficial? 2 / 4

En la administración pública la corrupción se presenta en diversos niveles. Aunque en los últimos años han surgido escándalos por sobornos en el seno de una serie de organismos federales, las investigaciones han generado condenas incluso en el caso de acciones incoadas contra altos funcionarios. Varios integrantes de los dos gobiernos de Uribe (2002 a 2010) fueron condenados por corrupción, por intercambio de favores y por espionaje de opositores políticos.

En 2017 y 2018 el escándalo multinacional de cohecho centrado en la empresa constructora brasileña Odebrecht dio lugar a acusaciones contra dos senadores, varios exlegisladores y burócratas. En 2020 se abrieron diversas investigaciones por fraude relativas al gasto de emergencia por COVID-19, en especial a nivel local. En diciembre de dicho año el director de la Policía Nacional fue obligado a renunciar en el marco de una investigación por conflicto de intereses dirigida por el inspector general. No obstante, los denunciantes no cuentan con una protección jurídica suficiente: en octubre de 2020, por ejemplo, se presentaron cargos penales en contra de un empleado de una entidad mediática estatal después de que proporcionara a un grupo de vigilancia pruebas de censura interna en ella.

C3.      ¿El gobierno funciona de forma abierta y transparente? 3 / 4

En general la información del gobierno se encuentra disponible para el público, aunque la relativa a asuntos militares y de seguridad puede ser más difícil de obtener. En 2018 se hizo un referéndum en torno a una propuesta por la que se comprometía a los legisladores a promulgar una serie de reformas dirigidas a una amplia profundización de la transparencia gubernamental. Si bien el apoyo a las medidas fue prácticamente unánime, por un margen muy pequeño el índice de participación no logró superar el nivel fijado para que el resultado fuera vinculante.

LIBERTADES CIVILES: 36 / 60 (−1)

D. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE CREENCIA: 12 / 16

D1.      ¿Existen medios de comunicación libres e independientes? 2 / 4

La Constitución garantiza la libertad de expresión y es habitual que las opiniones de la oposición se presenten en los medios. No obstante, los periodistas son objeto de intimidación, secuestro y violencia en el curso de sus actividades mediáticas y como represalia por su labor. Aunque en los últimos años el gobierno ha judicializado varias causas notorias de periodistas asesinados, las condenas son poco comunes. En 2020 la organización colombiana de vigilancia Fundación para la Libertad de Prensa registró 445 atentados en contra de la libertad de prensa, uno de los cuales dio lugar a un asesinato que está siendo investigado debido a la participación de efectivos militares. En mayo el semanario noticioso Semana publicó un informe explosivo que detallaba operaciones de vigilancia militar dirigidas a decenas de periodistas nacionales y extranjeros, así como a políticos, jueces y activistas lo que llevó al despido de 11 soldados; las investigaciones seguían en curso a fin de año.

La autocensura es común. Las calumnias y la difamación siguen siendo delitos penales. En julio de 2020 la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez denunció penalmente a un periodista de InSight Crime por un artículo que mencionaba vínculos entre su marido y un narcotraficante acusado, aunque unos días más tarde la retiró. El gobierno no restringe el acceso a internet ni censura sitios web. Si bien Twitter y otros medios sociales han pasado a ser entornos importantes para el discurso político, hay grandes zonas del país que continúan sin contar con cobertura noticiosa local.

D2.      ¿Hay libertad para practicar y expresar en privado y en público la fe religiosa o el ateísmo? 4 / 4

La Constitución prevé la libertad religiosa y generalmente el gobierno respeta ese derecho en la práctica.

D3.      ¿Hay libertad académica y el sistema educativo no es objeto de adoctrinamientos políticos? 3 / 4

En términos generales se respeta la libertad académica. Es usual que los debates universitarios sean vigorosos, aunque hay grupos armados que mantienen una presencia en ciertos complejos universitarios para generar apoyo político e intimidad a los opositores. Los estudiantes se encontraron entre los manifestantes más activos durante las movilizaciones a gran escala de noviembre y diciembre de 2019 en las que los manifestantes expresaron una larga lista de reclamos por las políticas del gobierno.

D4.      ¿Hay libertad para expresar opiniones personales u otros temas sensibles sin temor de ser objeto de vigilancia o de represalias? 3 / 4

En los principales centros urbanos la expresión individual se halla generalmente protegida, aunque continúa inhibiéndosela en zonas remotas en las que se disputan el control el estado, los insurgentes y los delincuentes.

E. DERECHOS A LA ASOCIACIÓN Y A LA ORGANIZACIÓN: 6 / 12

E1.      ¿Hay libertad de reunión? 2 / 4

Aunque se encuentra prevista en la Constitución, en la práctica la libertad de reunión se halla restringida debido a la violencia. En parte por la necesidad de mantener la distancia social ninguna de las protestas programadas alcanzó las dimensiones de la dramática ola que azotó a Bogotá y a otras ciudades a fines de 2019. No obstante, la difusión de imágenes de un asesinato a manos de la policía en Bogotá en septiembre generó una enorme reacción. Los manifestantes destruyeron decenas de puestos policiacos y las fuerzas del orden respondieron con disparos de armas de fuego, lo que arrojó un saldo de 13 muertos y cientos de heridos. El gobierno culpó a los subversivos por los disturbios y propuso nuevas restricciones para las manifestaciones, en tanto que los funcionarios de la oposición, entre los que se encontraba la alcaldesa López, criticaron duramente la respuesta de la policía. En septiembre la Corte Suprema ordenó que las instituciones estatales respetaran el derecho a la protesta y establecieran protocolos para evitar abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.

E2.      ¿Hay libertad para las organizaciones no gubernamentales, en particular para las que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y en temas de gobernanza? 2 / 4

En términos generales el marco jurídico apoya a las organizaciones no gubernamentales. Aunque la sociedad civil es diversa y activa, la amenaza de las represalias violentas representa un importante obstáculo a la libertad de asociación. Si bien el gobierno proporciona protección a miles de trabajadores de derechos humanos amenazados, la confianza en el servicio varía ampliamente y la pandemia de COVID-19 ha impuesto dificultades adicionales para una protección eficaz. En los últimos años fueron asesinados cientos de activistas, en su mayoría por insurgentes o por las organizaciones delictivas sucesoras de los grupos paramilitares de derecha que se desmovilizaron a mediados de la década de 2000. La impunidad es generalizada, aunque en algunos casos ha habido resoluciones de acusación y condenas.

Si bien el gobierno de Duque ha reiterado su respeto por los grupos de la sociedad civil y se ha comprometido repetidas veces a elaborar políticas de protección más eficaces, las violaciones de los derechos de los activistas han continuado a grandes niveles. A mediados de diciembre de 2020 las Naciones Unidas habían registrado 120 asesinatos de líderes sociales y de defensores de derechos humanos durante el transcurso del año. Los defensores de los derechos a la tierra, de los derechos de las víctimas y de los de los indígenas son quienes más frecuentemente pierden la vida a manos de grupos armados ilegales y de otros intereses poderosos que procuran controlar las economías locales ilícitas o detener la implementación de planes de desarrollo rural, especialmente los programas de sustitución de la coca.

E3.      ¿Hay libertad para los sindicatos y para asociaciones profesionales o laborales similares? 2 / 4

Los trabajadores pueden constituir sindicatos y afiliarse a ellos, negociar en forma colectiva y hacer huelgas. La discriminación antisindical está prohibida. En las últimas dos décadas los grupos armados ilegales del país asesinaron a más de 2.600 líderes y activistas sindicales. Aunque se ha registrado una considerable reducción en ese tipo de muertes desde que alcanzaran su ápice a principios de la década de 2000, según la Confederación Sindical Internacional entre enero de 2019 y marzo de 2020 hubo 14 homicidios de sindicalistas. En 2007 se constituyó una unidad fiscal especial que ha generado un importante aumento en la judicialización de dichos asesinatos, aunque pocas investigaciones se focalizaron en quienes los habían ordenado.

F. RULE OF LAW: 9 / 16

F1.       ¿Existe un poder judicial independiente? 3 / 4

El sistema de justicia continúa afectado por la corrupción y la extorsión. La Corte Constitucional y la Corte Suprema han demostrado una constante independencia del Poder Ejecutivo, aunque en los últimos años las alegaciones de corrupción en contra de los integrantes de ambos tribunales han dañado su credibilidad.

En reiteradas ocasiones se ha solicitado a la Corte Constitucional que medie en polarizadoras controversias políticas, particularmente en las relativas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una estructura judicial paralela que representa el seno del sistema de justicia transicional del acuerdo de paz de 2016. En 2020 los detractores de dicho acuerdo, liderados por el expresidente Uribe, continuaron clamando por el desmantelamiento de la JEP. En agosto la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Uribe en el marco de una investigación por soborno y manipulación de testigos. Tras ello se produjo su renuncia al Senado, lo que llevó al traslado de la causa a la Procuraduría General, y en octubre se le otorgó la libertad condicional.

F2.       ¿En las causas civiles y penales prima el debido proceso? 2 / 4

En términos relativos el servicio de fiscalía colombiano se encuentra profesionalizado. Las protecciones del debido proceso han mejorado, aunque en general siguen siendo deficientes. Los procesos judiciales avanzan muy lentamente. Los dos principales órganos de justicia transicional, la JEP y la Comisión de la Verdad, comenzaron a operar en 2018. Para 2020 habían recabado enormes cantidades de prueba y tomado declaraciones testimoniales a miles de personas. Si bien en 2020 sus funciones se vieron ralentizadas por la pandemia de coronavirus, continuaron las investigaciones y las testificales, como el reconocimiento público por parte de excombatientes de las FARC de que los guerrilleros habían reclutado a menores, cometido secuestros y actos de agresión sexual, además de varios asesinatos de prominencia. No obstante, todavía hay incertidumbre en cuanto a en qué medida los cuerpos podrán brindar un relato histórico y judicial integral del conflicto colombiano.

F3.       Hay protecciones contra el uso ilegítimo de la fuerza física, así como ausencia de guerra e insurgencias? 2 / 4

Muchos soldados operan con una fiscalización civil limitada, aunque en los últimos años el gobierno ha profundizado la capacitación en materia de derechos humanos e investigado las transgresiones cometidas por las fuerzas de seguridad. Ha disminuido la colaboración entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados ilegales, aunque las agrupaciones de defensa de derechos informan que en algunas regiones se registra una tolerancia oficial para con los sucesores de los paramilitares. Si bien la policía es más profesional que en varios de los países vecinos, carece de los recursos necesarios, en ocasiones actúa de modo abusivo y se halla generalmente ausente en muchas de las zonas rurales en las actúan los grupos más peligrosos.

Las relaciones cívico-militares han generado tensiones considerables en los últimos años. Una facción de las fuerzas armadas se opuso al proceso de paz. La posibilidad prevista en el sistema de justicia transicional de que los militares acusados de violaciones a los derechos humanos reciban beneficios es uno de los aspectos más polémicos del proceso. Entre 2002 y 2008 los asesinatos sistemáticos de civiles para inflar fraudulentamente las bajas guerrilleras representaron al menos 3.000 muertes a manos de militares. Ese tipo de muertes se redujo drásticamente después de que el escándalo se hizo público, aunque en 2019 el New York Times informó que las fuerzas armadas nuevamente estaban haciendo hincapié en el recuento de cuerpos, con el correspondiente aumento en las ejecuciones extrajudiciales. En 2019 las fuerzas castrenses se vieron azotadas por otros escándalos de corrupción y de violaciones de los derechos humanos, lo que en noviembre dio lugar a la renuncia forzada del ministro de defensa Guillermo Botero y, en diciembre, a la del jefe del ejército Nicacio Martínez. En 2020 la imagen de las fuerzas militares continuó deteriorándose debido a nuevas revelaciones, en particular en mayo por la exposición de una operación de vigilancia a gran escala y en junio por varios casos de soldados que violaron a menores indígenas. La respuesta del estado a la ola de escándalos fue la destitución de algunos soldados y comandantes, así como la constitución de varias comisiones de investigación, aunque hasta noviembre aún no habían producido reforma institucional alguna. De igual modo los actos de violencia policiaca en septiembre en Bogotá, junto con la dilatada impunidad por presuntos actos de brutalidad, generaron pedidos de eliminación de la policía del Ministerio de Defensa que fueron rechazados por el gobierno de Duque.

Ciertas regiones del país, en especial las ricas en recursos y las de las vías del narcotráfico, siguen siendo sumamente inseguras. Es frecuente que las fuerzas guerrilleras remanentes del ELN y de las facciones disidentes de las FARC, así como los grupos sucesores de los paramilitares, maltraten a la población civil, especialmente en las áreas cocaleras. En 2020 el estricto confinamiento decretado en el marco de la pandemia de COVID-19 dio lugar a numerosos delitos contra la población cometidos por grupos armados con el pretexto de la aplicación de la cuarentena. Estas circunstancias reflejan una intensificación y una fragmentación general del conflicto en algunas zonas, ilustradas por un drástico aumento en la cantidad de masacres (definidas como incidentes de homicidio de tres o más personas): Indepaz, una ONG local, registró más de 91 masacres. Si bien la superficie cultivada se ha estabilizado, en los últimos años el cultivo de la coca ha alcanzado máximos históricos. En cuanto a la comisión de delitos, en términos generales la impunidad se halla desenfrenada. La mayoría de las masacres que se suscitaron durante el conflicto han quedado impunes. Las condiciones carcelarias siguen siendo duras. En marzo de 2020 veinticuatro reclusos perdieron la vida en un amotinamiento en una cárcel de Bogotá que comenzó como una protesta por las deficientes protecciones contra el coronavirus.  

Se ha registrado un flujo pequeño pero constante de excombatientes de las FARC que regresan a la vida clandestina: se estima que la cantidad de “disidentes” asciende aproximadamente a 2.500. En 2019 varios oficiales de alto rango de las FARC anunciaron que volverían oficialmente a la insurgencia aduciendo que el gobierno no había cumplido las condiciones del acuerdo. Si bien los observadores han señalado que la reintegración de los excombatientes ha resultado parcialmente exitosa, a noviembre de 2020 la JEP informó que desde la firma del acuerdo de paz hubo 249 asesinatos de integrantes desmovilizados de las FARC. A pesar de que en abril de 2020 el ENL realizó un cese al fuego parcial por causa del coronavirus, durante el año las posibilidades de un pacto entre el gobierno y los rebeldes continuaron siendo escasas.

Incluso con estos inconvenientes, en general la violencia ha disminuido considerablemente desde principios de la década de 2000. En 2020 la tasa nacional de homicidios era aproximadamente de 24 cada 100.000 habitantes y otros delitos también parecieron disminuir en dicho año debido a los confinamientos por el coronavirus.

F4.       ¿La legislación, normativa y prácticas garantizan un trato igualitario de los diversos sectores de la población? 2 / 4

El marco jurídico prevé protecciones contra las diversas formas de discriminación por motivo de género, raza, etnia, orientación sexual, identidad de género y demás categorías. El gobierno toma algunas medidas para hacer valer dichas protecciones. No obstante, en la práctica varios grupos vulnerables se encuentran en graves situaciones de desventaja.

Los afrocolombianos, que comprenden el 25 por ciento de la población, representan el mayor segmento de los más de 7 millones de desplazados por la violencia. El 80 por ciento de los afrocolombianos vive por debajo de la línea de pobreza y las zonas en las que habitan en mayores concentraciones siguen registrando niveles desproporcionados de abuso a manos de la guerrilla, de las fuerzas de seguridad y de grupos delictivos. 

La mayoría de los colombianos indígenas, que representa más del 3 por ciento de la población, vive en los aproximadamente 34 millones de hectáreas que le otorgó el gobierno: en muchos casos se trata de regiones estratégicas y ricas en recursos muy disputadas por los grupos armados. Todas las partes de los diversos conflictos del país han arremetido contra los indígenas. En 2020 las comunidades indígenas de los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño fueron objeto de un aumento en los niveles de violencia y de desplazamientos causados por el ELN, por exintegrantes de las FARC y los grupos sucesores de los paramilitares, lo que en octubre dio lugar a una manifestación en Bogotá dirigida a solicitar más protección. La pandemia de coronavirus generó privaciones adicionales, en particular para los Wayúu que habitan cerca de la frontera con Venezuela.

Las mujeres se enfrentan a instancias de discriminación laboral, de abuso sexual en el empleo y de violencia de género. En 2020 se produjo un marcado aumento en los feminicidios. Asimismo, las mujeres se ven desproporcionadamente damnificadas por la desarticulación económica generada por los confinamientos debidos a la pandemia.

Las personas LGBT+ son objeto de maltrato y discriminación social. Se registran además altos niveles de impunidad por los delitos cometidos contra ellas. Según la defensoría del pueblo, entidad gubernamental, en los primeros 8 meses de 2020 fueron asesinadas 63 personas LGBT+.

En los últimos años ingresaron a Colombia al menos 1.700.000 migrantes venezolanos. El gobierno ha ofrecido permisos de trabajo, acceso a los servicios y demás prestaciones a quienes se registren. En 2020 el flujo migratorio profundizó las tensiones. Se produjo un recrudecimiento de la opinión pública hacia los inmigrantes. La disrupción económica causada por la pandemia de COVID-19 llevó a una migración inversa hacia Venezuela, incluso cuando los cierres fronterizos entre los dos países obstaculizaban los cruces legales. En diciembre el presidente Duque generó una polémica al anunciar que los casi un millón de venezolanos indocumentados quedarían excluidos del programa colombiano de vacunación contra el coronavirus.

G. AUTONOMÍA DE LA PERSONA Y DERECHOS INDIVIDUALES: 9 / 16 (−1)

G1.      ¿La persona goza de libertad de circulación, incluida la capacidad de cambiar su lugar de residencia, de empleo o de educación? 2 / 4 (−1)

La libertad de movimiento mejoró considerablemente con el proceso de paz, aunque sigue estando restringida por la violencia continua en determinadas regiones, en particular para los grupos minoritarios vulnerables. Los viajes a ciertas áreas remotas se encuentran aún más limitados debido a los retenes ilegales operados por grupos delictivos y guerrilleros. Estos problemas se vieron exacerbados por el estricto confinamiento oficial de marzo a agosto de 2020 y por el no oficial, aún más duro, impuesto por grupos armados ilegales y violentamente aplicado en al menos 11 departamentos.

Cambio en la calificación. La calificación se redujo de 3 a 2 debido a que grupos armados aplicaron ilegalmente estrictos confinamientos por la pandemia, cometieron asesinatos en retenes informales, obligaron a varias personas a huir de sus hogares y mantuvieron a defensores de derechos humanos y a líderes sociales atrapados en localidades en las que sufrían amenazas de actos de violencia. 

G2.      ¿La persona puede ejercer su derecho de propiedad y constituir emprendimientos privados sin la interferencia indebida de actores estatales y no estatales? 2 / 4

En algunas regiones los derechos de propiedad y de constitución de empresas se ven amenazados por la violencia y la inestabilidad. Resulta frecuente que la guerrilla, los grupos sucesores de los paramilitares y los delincuentes comunes soliciten pagos extorsivos a los propietarios de comercios. La corrupción y la presión indebida dirigida a fiscales y funcionarios judiciales pueden perturbar las actividades mercantiles legítimas.

La instrumentación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011 sigue avanzando en forma lenta. Esta norma que reconoce la legitimidad de las reclamaciones de las víctimas de abusos generados por los conflictos, incluidos los perpetrados por las fuerzas del gobierno. Si bien los ciudadanos afectados siguen siendo indemnizados, los trámites judiciales para la restitución de tierras se hallan sumamente rezagados. El proceso de reasentamiento de los desplazados durante el conflicto sigue siendo lento y el gobierno de Duque muestra poca voluntad para acelerarlo.

G3.      ¿La persona goza de libertades personales sociales, tales como la elección de su pareja a efectos matrimoniales y el tamaño de su familia, la protección en casos de violencia doméstica y el control de su apariencia personal? 3 / 4

En general se respetan las libertades personales sociales, como las correspondientes al matrimonio y al divorcio. En 2016, tras varios años de sentencias judiciales y administrativas contradictorias en materia de uniones de personas del mismo sexo, la Corte Constitucional votó a favor de su legalización. Aunque en octubre de 2018 dicha corte reafirmó un fallo de 2006 por el que se permitía el aborto en casos de violación, incesto, grave malformación del feto o peligro para la vida de la madre el Congreso se negó a sancionar las normas reglamentarias, lo cual generó confusión en el sector de la salud. A fines de 2020 aún se encontraba en etapa de revisión una causa relativa a la constitucionalidad de las sanciones penales en casos de aborto.

G4.      ¿La persona goza de igualdad de oportunidades y no es objeto de explotación económica? 2 / 4

El trabajo infantil, el reclutamiento de niños por grupos ilegales armados y el abuso sexual relacionado con esas situaciones constituyen graves problemas en Colombia. Tras el acuerdo de paz se registró una disminución en los niveles de reclutamiento, aunque volvieron a aumentar en 2020 en el marco de las perturbaciones y de la violencia generadas por la pandemia. Si bien en 2011 un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y un subsiguiente Plan de Acción Laboral instaron a la profundización de las investigaciones de prácticas laborales abusivas y vulneraciones de derechos, el avance sigue siendo lento en diversas áreas. En las zonas cocaleras hay grupos armados que coercen a los agricultores, presionándolos para que planten coca y rechacen los programas de sustitución de cultivos.