Población:                            50 900 000

Capital:                                 Bogotá

Estatus:                                 Parcialmente libre

Democracia electoral:      Sí

Aspectos generales

Colombia es una de las democracias latinoamericanas de más larga data, aunque presenta un historial de violencia generalizada y graves abusos a los derechos humanos. Las instituciones públicas han demostrado ser capaces de ponerle coto al Poder Ejecutivo, y el principal grupo guerrillero de izquierda firmó un acuerdo de paz en 2016. No obstante, Colombia tiene todavía ante sí enormes retos relativos a la consolidación de la paz, así como a las garantías de respeto de los derechos políticos y de las libertades civiles fuera de las principales zonas urbanas.

Hechos clave en 2021

• La pandemia de COVID-19 siguió afectando gravemente a Colombia: según informes del gobierno, a fines de 2021, se registraron más de 5 000 000 de casos y 130 000 muertes, en tanto que el pico de contagios y fallecimientos se produjo a mediados de ese año.
• El acuerdo de paz suscrito en 2016 entre el gobierno y el grupo rebelde izquierdista denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se mantuvo intacto durante el año, aunque las demoras en su instrumentación por falta de recursos y voluntad política, junto con el constante rearmamento de algunos exrebeldes, generaron inquietudes en cuanto a la durabilidad del pacto.
• Se produjo una ola de protestas a raíz de diversos reclamos contra el gobierno en todo el territorio del país entre abril y junio, que tuvo como resultado decenas de manifestantes fallecidos, numerosos daños patrimoniales y varias denuncias por abusos de derechos humanos, incluso a manos de las autoridades.
• La ola de atentados mortales contra defensores de derechos humanos y demás activistas sociales, que ya lleva varios años, continuó en 2021. Decenas de activistas fueron asesinados, muchos de ellos provenientes de las marginalizadas comunidades afrocolombianas e indígenas. En general, los autores de esos delitos quedaron impunes.

DERECHOS POLÍTICOS: 29 / 40

A. PROCESO ELECTORAL: 10 / 12

A1.  ¿El actual jefe de Estado u otro jefe de gobierno fueron elegidos mediante comicios libres y justos? 4 / 4

El presidente se elige en forma directa por un periodo de cuatro años. La serie de reformas constitucionales de 2015 eliminó la posibilidad de reelección presidencial.

Ninguno de los candidatos logró una mayoría llana en la primera ronda electoral de 2018. Tras una polarizada campaña para la segunda vuelta, el presidente Iván Duque, del partido de derecha Centro Democrático, derrotó a Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá de extracción izquierdista, al obtener el 54 % de los votos. Los comicios se consideraron competitivos y fiables, aunque algunos observadores electorales registraron instancias esporádicas de compra de votos y de otras violaciones a la normativa tanto en la primera como en la segunda vuelta.

A2.  ¿Los actuales representantes legislativos nacionales fueron elegidos mediante procesos electorales libres y justos? 3 / 4

El Congreso está compuesto por un Senado y una Cámara de Representantes. Todos los escaños se renuevan cada cuatro años. La nación en su conjunto elige a 100 senadores mediante un sistema de representación proporcional. Las comunidades indígenas eligen a otros 2 legisladores. Se le confiere un escaño a quien obtuvo el segundo lugar en las elecciones presidenciales. En 2018 y en 2022 se reservaron otros 5 escaños para los integrantes de las FARC en el marco del acuerdo de paz. Para las elecciones de 2022 la Cámara de Representantes contará con 188 miembros: 161 se eligen mediante un mecanismo de representación proporcional en los distritos que cuentan con varios miembros, 2 son elegidos por las comunidades afrocolombianas, 1 por los votantes indígenas, 1 por los expatriados y se reserva un puesto para quien obtuvo el segundo lugar en las elecciones para vicepresidente, otorgándose asimismo 5 puestos para las FARC, y 16 para los representantes de las víctimas del conflicto interno en Colombia. Estas últimas bancas se implementaron a partir de una ley de agosto de 2021 que incluye una disposición del acuerdo de paz.

Las elecciones legislativas de marzo de 2018 resultaron relativamente pacíficas, aunque los observadores registraron acusaciones de fraude y de compra de votos, así como conexiones entre candidatos y figuras de la delincuencia organizada. Las bancas en el Senado quedaron dispersas: seis partidos ganaron diez escaños o más, y el CD de Duque lideró con diecinueve. En la Cámara de Representantes, cinco partidos lograron veintiún puestos o más. El Partido Liberal obtuvo el mayor número al hacerse de 35 escaños, en tanto que el CD ganó 32. En sus primeros comicios como partido en la legalidad, las FARC no lograron ninguna banca, a excepción de las cinco que se le garantizaron en cada una de las cámaras.

A3.  ¿El marco jurídico y la legislación en materia electoral son justos y los correspondientes órganos eleccionarios los aplican de manera imparcial? 3 / 4

En general, en la práctica, el marco jurídico permite comicios competitivos, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE), que es el órgano de nueve miembros que fiscaliza la realización de las elecciones del país, el financiamiento de las campañas políticas y el conteo de votos, ha sido criticado por su ineficaz aplicación de la legislación electoral, debida en parte al mecanismo de selección partidista de sus integrantes. Adelantándose a los comicios de 2022, el Congreso votó en octubre de 2021 la suspensión de una ley que limita la contratación pública durante períodos electorales, lo cual generó preocupación respecto del desvío de recursos del Estado con fines electorales.

B. PLURALISMO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA: 11 / 16

B1.  ¿La persona tiene derecho a organizarse en diferentes partidos o en otras agrupaciones políticas que participan en la contienda electoral? ¿El sistema carece de obstáculos indebidos que afecten el ascenso y caída de dichos partidos y agrupaciones? 3 / 4

En los últimos años, el sistema bipartidista colombiano, históricamente rígido, ha sufrido un prolongado proceso de realineación y diversificación. Las elecciones de 2018 aportaron a la legislatura una combinación de partidos de izquierda, de derecha y de centro. Este equilibrio, acompañado de escisiones dentro de los partidos, dejó a Duque con una coalición gobernante inestable en las dos cámaras legislativas, aunque el gobierno mantuvo una frágil mayoría operativa durante la mayor parte de su mandato. Las FARC, cuyos líderes cambiaron el nombre del partido por Comunes en enero de 2021, se reorganizaron como partido político en 2017; no obstante, han logrado pocos avances electorales.

B2.  ¿La oposición tiene realmente la oportunidad de aumentar su apoyo o lograr el poder mediante elecciones? 3 / 4

Los traspasos democráticos del poder entre partidos rivales son habituales en el ámbito nacional y en muchas regiones, aunque hay grandes zonas que desde hace mucho tiempo se encuentran controladas por clanes que operan como maquinarias políticas y están vinculados a la delincuencia organizada. El desempeño de Petro en las elecciones presidenciales de 2018 marcó la participación más fuerte de la izquierda política en una campaña presidencial de la época moderna. En 2019 varios candidatos que no pertenecían a los partidos políticos tradicionales lograron la victoria en contiendas regionales. Diversos políticos destacados ocupan el espacio político que existe entre las facciones de Petro y del CD. En 2021 comenzó la pugna entre los varios candidatos para los comicios de 2022, la mayoría de los cuales se sumó a coaliciones que representan a la derecha, a la izquierda o al centro.

B3.  ¿Las opciones políticas de la ciudadanía no se encuentran dominadas por fuerzas ajenas a la política o por fuerzas políticas que recurren a métodos que están más allá del ámbito político? 2 / 4

Aunque se firmó el acuerdo de paz con las FARC, las actividades del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo guerrillero de izquierda más pequeño, de los sucesores de los ya desbandados grupos paramilitares derechistas, de los llamados miembros “disidentes” de las FARC,  y de pandillas delictivas siguen afectando en ciertas zonas la capacidad de la ciudadanía de participar libremente en el proceso político.

B4.  ¿Los diversos segmentos de la población (étnicos, religiosos, de género, LGBT+ y demás grupos pertinentes) cuentan con derechos políticos y oportunidades electorales plenas? 3 / 4

Los colombianos de tez más clara tienen una participación desproporcionada en los cargos públicos. Si bien el progreso sigue siendo lento, en los últimos años el gobierno ha tomado una serie de medidas para incorporar las voces de los indígenas y de los afrocolombianos en el debate político nacional. El acuerdo de paz de 2016 incluía disposiciones dirigidas a mejorar los mecanismos de consulta con los grupos marginalizados, aunque los temas que afectan a los indígenas y a los afrocolombianos rara vez son prioridad en los regímenes de formulación de la normativa nacional.

Las mujeres gozan de igualdad de derechos políticos, y al menos un 30 % de las candidatas de las listas partidarias deben ser mujeres. Cerca del 20 % de los escaños de cada una de las cámaras del Congreso está ocupado por legisladoras. Colombia cuenta con una vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez. Aunque históricamente el Congreso colombiano ha ignorado los asuntos que afectan a las mujeres, en 2021 los legisladores sancionaron distintas leyes destinadas a mejorar las condiciones sociales y económicas de la mujer, tales como la violencia familiar y las oportunidades laborales.

En octubre de 2019, Claudia López, candidata del partido Alianza Verde y exsenadora, ganó la alcaldía de Bogotá. Se transformó en la primera mujer alcaldesa de la ciudad y en la primera abiertamente homosexual.

C. FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO: 8 / 12

C1.  ¿Las políticas de gobierno son determinadas por el jefe de gobierno y por los representantes legislativos nacionales elegidos libremente? 3 / 4

En términos generales los funcionarios elegidos por los votantes determinan las políticas públicas sin interferencia alguna. No obstante, desde hace ya mucho tiempo, el Estado colombiano lucha por establecer una presencia estable en todo su territorio, lo que implica que las amenazas de grupos guerrilleros y de pandillas delictivas pueden perturbar la formulación e implementación de políticas en determinadas regiones y localidades. Aunque los acuerdos de paz pusieron fin al control de grandes zonas por las FARC, desde 2017 actores armados no estatales han ocupado el vacío en muchas regiones: disidentes de las FARC y sucesores paramilitares se han expandido en el territorio en el cual la autoridad estatal está ausente o principalmente limitada a acciones de erradicación de la coca.

C2.  ¿Son sólidas y eficaces las protecciones en contra de la corrupción oficial? 2 / 4

En la administración pública la corrupción se presenta en diversos niveles. Aunque en los últimos años han surgido escándalos por sobornos en el seno de una serie de organismos federales, las investigaciones han generado condenas incluso en el caso de acciones incoadas contra altos funcionarios.

En 2017 y 2018 el escándalo multinacional de cohecho centrado en la empresa constructora brasileña Odebrecht dio lugar a acusaciones contra dos senadores y varios exlegisladores y burócratas, además de poner de relieve los actos de corrupción en la financiación de las campañas. Los denunciantes no cuentan con protección legal suficiente: en 2021, por ejemplo, un proyecto de ley para la protección de denunciantes no recibió aprobación suficiente en el Congreso. Luego de conocerse un esquema de sobornos a gran escala por contratos relacionados con la instalación de centros para el acceso a internet en zonas rurales Karen Abudinen, asesora del entorno de Duque y ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, presentó la renuncia en septiembre de 2021, iniciándose asimismo la investigación de varios congresistas.

C3.  ¿El gobierno funciona de forma abierta y transparente? 3 / 4

En general la información del gobierno se encuentra disponible para el público, aunque la relativa a asuntos militares y de seguridad, así como a los procesos judiciales penales, puede ser más difícil de obtener. En 2021 organizaciones de vigilancia continuaron señalando deficiencias en los datos del gobierno respecto de los desembolsos y la supervisión del gasto de emergencia por COVID-19, que ya habían generado numerosas acusaciones de sobornos en 2020.

LIBERTADES CIVILES: 35 / 60 (−1)

D. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE CREENCIA: 12 / 16

D1.  ¿Existen medios de comunicación libres e independientes? 2 / 4

La Constitución garantiza la libertad de expresión, y es habitual que las opiniones de la oposición se presenten en los medios. No obstante, los periodistas son objeto de intimidación, secuestro y violencia en el curso de sus actividades mediáticas y como represalia por su labor. Aunque en los últimos años el gobierno ha judicializado varias causas notorias de periodistas asesinados, las condenas son poco comunes. La Fundación para la Libertad de Prensa, organización colombiana de vigilancia,  registró cientos de amenazas y atentados—más de la mitad atribuidos a la policía y a soldados—vinculados a la ola de protestas que comenzó en abril. Grupos defensores de la libertad de expresión, como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), criticaron duramente al gobierno por un intento en el mes de marzo de sabotear una causa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la responsabilidad del Estado por el secuestro, abuso sexual y tortura cometidos contra la periodista Jineth Bedoya en el año 2000. La Corte emitió su sentencia en octubre, en la que confirmó la responsabilidad del Estado.

La autocensura es común. Las calumnias y la difamación siguen siendo delitos penales. El gobierno no restringe el acceso a internet ni censura sitios web. Si bien Twitter y otros medios sociales han pasado a ser entornos importantes para el discurso político, hay grandes zonas del país que continúan sin contar con cobertura noticiosa local. En mayo de 2021, grupos defensores de la libertad de los medios de comunicación criticaron una campaña en línea de “ciberpatrullaje” organizada por el Ministerio de Defensa que identificaba y calificaba con etiquetas de “noticia falsa” y “terrorismo digital” las publicaciones en las redes sociales sobre el accionar de la policía durante el Paro Nacional.

D2.  ¿Hay libertad para practicar y expresar en privado y en público la fe religiosa o el ateísmo? 4 / 4

La Constitución prevé la libertad religiosa y generalmente el gobierno respeta ese derecho en la práctica.

D3.  ¿Hay libertad académica y el sistema educativo no es objeto de adoctrinamientos políticos? 3 / 4

En términos generales se respeta la libertad académica. Es usual que los debates universitarios sean vigorosos, aunque hay grupos armados que mantienen presencia en ciertos complejos universitarios para generar apoyo político e intimidar a los opositores.

D4.  ¿Hay libertad para expresar opiniones personales u otros temas sensibles sin temor de ser objeto de vigilancia o de represalias? 3 / 4

En los principales centros urbanos, la expresión individual se halla generalmente protegida, aunque continúa inhibiéndosela en zonas remotas en las que se disputan el control el Estado, los insurgentes y los delincuentes.

E. DERECHOS A LA ASOCIACIÓN Y A LA ORGANIZACIÓN: 5 / 12 (−1)

E1.  ¿Hay libertad de reunión? 1 / 4 (−1)

Aunque se encuentra prevista en la Constitución, en la práctica la libertad de reunión se halla restringida debido a la violencia. En los últimos años, han estallado diversas protestas de gran dimensión, como la ola de manifestaciones en todo el país que se registró entre abril y junio de 2021, conocida como el Paro Nacional. Si bien las protestas se desencadenaron a raíz de una reforma tributaria considerada regresiva, incorporaron gradualmente otros diversos reclamos, como la situación económica apremiante o la brutalidad policial. Aunque la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, en varias ciudades hubo participantes de las protestas que destruyeron bienes y realizaron obstrucciones al tránsito que interrumpieron el suministro de productos y servicios esenciales. La policía respondió con lo que organizaciones de defensa de derechos, tanto nacionales como internacionales, calificaron de graves abusos de derechos humanos, especialmente en Cali, epicentro de las protestas. La oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró un mínimo de 44 manifestantes que perdieron la vida: al menos 28 de esas muertes fueron atribuidas a la policía, en tanto la ONG Human Rights Watch (HRW) registró cientos de otros actos violatorios de derechos, tales como agresiones y violencia sexual, además de decenas de detenciones consideradas arbitrarias. También fallecieron dos oficiales de policía y cientos resultaron heridos. Si bien el gobierno reconoció abusos y los fiscales iniciaron diversas investigaciones de excesos cometidos por la policía, los funcionarios utilizaron en repetidas ocasiones términos como “terrorismo” para describir las protestas, culparon a infiltrados armados por los disturbios y restaron importancia a la gravedad de las vulneraciones de derechos. En diciembre de 2021 el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana que, en opinión de defensores de derechos humanos, podría exacerbar el trato injusto de los manifestantes.

Cambio en la calificación: La calificación se redujo de 2 a 1 porque las fuerzas de seguridad respondieron a las protestas que se registraron entre abril y junio con graves actos de violencia que generaron importantes vulneraciones a los derechos humanos, como muertes, abusos sexuales y numerosas detenciones arbitrarias.

E2.  ¿Hay libertad para las organizaciones no gubernamentales, en particular para las que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y en temas de gobernanza? 2 / 4

En términos generales el marco jurídico apoya a las organizaciones no gubernamentales. Aunque la sociedad civil es diversa y activa, la amenaza de las represalias violentas representa un importante obstáculo a la libertad de asociación. Si bien el gobierno proporciona protección a miles de trabajadores de derechos humanos amenazados, la confianza en el servicio varía ampliamente. En los últimos años fueron asesinados cientos de activistas, en su mayoría por insurgentes o por las organizaciones delictivas sucesoras de los grupos paramilitares de derecha desmovilizados. La impunidad es generalizada, con resoluciones de acusación y condenas en apenas una minoría de casos.

Si bien el gobierno de Duque ha reiterado su respeto por los grupos de la sociedad civil y se ha comprometido repetidas veces a elaborar políticas de protección más eficaces, las violaciones de los derechos de los activistas han continuado a grandes niveles. La organización local defensora de los derechos humanos Indepaz registró 171 asesinatos de líderes sociales y de defensores de derechos humanos durante el transcurso del año. Los defensores de los derechos a la tierra, de los derechos de las víctimas y de los de los indígenas son quienes más frecuentemente pierden la vida a manos de grupos armados ilegales y de otros intereses poderosos que procuran controlar las economías locales ilícitas o detener la implementación de planes de desarrollo rural, especialmente los programas de sustitución de la coca.

E3.  ¿Hay libertad para los sindicatos y para asociaciones profesionales o laborales similares? 2 / 4

Los trabajadores pueden constituir sindicatos y afiliarse a ellos, negociar en forma colectiva y hacer huelgas. La discriminación antisindical está prohibida. En las últimas tres décadas los grupos armados ilegales del país mataron a miles de líderes y activistas sindicales. Aunque se ha registrado una considerable reducción en ese tipo de muertes desde que alcanzaran su ápice a principios de la década de 2000, según la Confederación Sindical Internacional (CSI), entre abril de 2020 y marzo de 2021, hubo veintidós homicidios de sindicalistas. Desde 2007, una unidad fiscal especial ha generado un importante aumento en la judicialización de dichos asesinatos, aunque pocas investigaciones se focalizaron en quienes los habían ordenado.

F. ESTADO DE DERECHO: 9 / 16

F1.   ¿Existe un Poder Judicial independiente? 3 / 4

El sistema de justicia continúa afectado por la corrupción y la extorsión. La Corte Constitucional y la Corte Suprema han demostrado una constante independencia del Poder Ejecutivo, aunque en los últimos años las alegaciones de corrupción en contra de integrantes de ambos tribunales han dañado su credibilidad. En marzo de 2021, un expresidente de la Corte Suprema fue condenado a diecinueve años de prisión por corrupción.

En reiteradas ocasiones se ha solicitado a la Corte Constitucional que medie en polarizadoras controversias políticas, particularmente en las relativas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal judicial paralelo que representa el seno del sistema de justicia transicional del acuerdo de paz de 2016. Una y otra vez, los detractores de dicho acuerdo, liderados por el expresidente Álvaro Uribe, han clamado por el desmantelamiento de la JEP, aunque en agosto de 2021, Uribe cambió su posición y propuso una amnistía general para los delitos cometidos por actores estatales y no estatales. En agosto de 2020 la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Uribe en el marco de una investigación por soborno y manipulación de testigos. Tras ello se produjo su renuncia al Senado, lo que llevó al traslado de la causa a la Procuraduría General, y se le otorgó la libertad condicional. Este proceso continuó a lo largo de 2021.

F2.   ¿En las causas civiles y penales prima el debido proceso? 2 / 4

En términos relativos el servicio de fiscalía colombiano se encuentra profesionalizado. No obstante, organizaciones de vigilancia sugieren que durante el gobierno de Duque instituciones de control claves, como la Procuraduría General de la Nación, han perdido independencia. La protección del debido proceso sigue siendo frágil y los procesos judiciales avanzan muy lentamente, si bien una reforma judicial aprobada en 2021 incluye disposiciones destinadas a acelerar los procesos legales. Los dos principales órganos de justicia transicional, la JEP y la Comisión de la Verdad, comenzaron a operar en 2018. Para fines de 2021, ambas habían recabado enormes cantidades de prueba y tomado declaraciones testimoniales a miles de personas. En 2021, la JEP dictó sus primeras resoluciones de acusación: en enero ocho exmiembros de las FARC fueron acusados de cometer secuestros y en julio diez soldados, incluidos varios oficiales de alto rango, fueron acusados de la comisión de ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, persiste la incertidumbre respecto de en qué medida estos órganos podrán lograr una rendición de cuentas histórica y judicial integral del conflicto en Colombia.

F3.   Hay protecciones contra el uso ilegítimo de la fuerza física, así como ausencia de guerra e insurgencias? 2 / 4

Muchos soldados operan con fiscalización civil limitada, aunque en los últimos años el gobierno ha profundizado la capacitación en materia de derechos humanos e investigado las transgresiones cometidas por las fuerzas de seguridad. Ha disminuido la colaboración entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados ilegales, aunque las agrupaciones de defensa de derechos informan que en algunas regiones se registra una tolerancia oficial para con los sucesores de los paramilitares. La policía carece de los recursos necesarios, se halla generalmente ausente en muchas de las zonas rurales en las que actúan los grupos más peligrosos, y algunas unidades tienden a cometer abusos. Las vulneraciones de derechos cometidos por la policía durante el Paro Nacional de 2021 generaron reclamos de cambios institucionales profundos, tales como la solicitud de que se realice una separación institucional entre la policía y el Ministerio de Defensa. En diciembre de 2021 el Congreso aprobó un paquete de reformas para el fortalecimiento de estructuras disciplinarias de la policía, aunque agrupaciones de defensa de derechos señalaron que los cambios son insuficientes.

Las relaciones cívico-militares han generado tensiones considerables en los últimos años. Una facción de las fuerzas armadas se opuso al proceso de paz. La posibilidad prevista en el sistema de justicia transicional de que los militares acusados de violaciones a los derechos humanos reciban beneficios es uno de los aspectos más polémicos del proceso. En febrero de 2021, la JEP emitió un informe en el que señala que entre 2002 y 2008 los asesinatos sistemáticos de civiles para inflar fraudulentamente las bajas guerrilleras representaron al menos 6.400 muertes a manos de militares, casi el triple de las cifras oficiales previas. Ese tipo de muertes se redujo drásticamente después de que el hecho se hizo público, aunque otros escándalos de corrupción y de violaciones de derechos continuaron azotando a las fuerzas castrenses, entre los que cabe mencionar el bombardeo de un campamento de disidentes de las FARC en marzo de 2021 en el que murieron varios menores.

Ciertas regiones del país, en especial las ricas en recursos y las de las vías del narcotráfico, siguen siendo sumamente inseguras. Es frecuente que las fuerzas guerrilleras remanentes—incluidos el ELN y las facciones disidentes de las FARC—y los grupos sucesores de los paramilitares maltraten a la población civil, especialmente en las áreas cocaleras. La intensificación y fragmentación general del conflicto ha afectado algunas zonas, y ello se observa por el considerable aumento en la cantidad afectados por el desplazamiento masivo: más de 64 000 víctimas en los primeros diez meses de 2021, según las Naciones Unidas. Las masacres, definidas como incidentes de homicidio de tres o más personas, también se han incrementado. Indepaz, la ONG local, registró 96 masacres durante el año. Si bien la superficie cultivada se ha estabilizado, en los últimos años la producción de la coca ha alcanzado máximos históricos. En octubre de 2021 las autoridades detuvieron al narcotraficante más conocido de Colombia, Dario Antonio Usuga, alias Otoniel, aunque muchos analistas sostienen que dicho arresto prácticamente no afectará la fuerte cadena de producción de cocaína. La impunidad ante los delitos en general es galopante; y las condiciones carcelarias siguen siendo duras.

Se ha registrado un flujo pequeño, pero constante, de excombatientes de las FARC, entre los que se incluyen miembros de alto rango, que regresan a la vida clandestina aduciendo que el gobierno no cumplió las condiciones del acuerdo. En octubre de 2021 Indepaz estimó que había aproximadamente 2500 “disidentes”; muchos de los más renombrados murieron durante enfrentamientos internos en Venezuela a lo largo del año. Si bien los observadores han señalado que la reintegración de los excombatientes ha resultado parcialmente exitosa, en octubre de 2021, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas informó que desde la firma del acuerdo de paz hubo 296 asesinatos de integrantes desmovilizados de las FARC. En 2021 las perspectivas de acuerdo entre el gobierno y los rebeldes del ELN aún eran bajas, en medio de una violencia constante a ambos lados de la frontera entre Colombia y Venezuela.

Aunque en términos generales la violencia ha disminuido considerablemente desde que el conflicto interno alcanzó su pico a principios de la década de 2000, los analistas han señalado una tendencia al alza a partir de 2017. Durante los primeros nueve meses de 2021 la tasa nacional de homicidios subió cerca de un 20 %, con un pico especialmente elevado en Cali, el centro del Paro Nacional.

F4.   ¿La legislación, normativa y prácticas garantizan un trato igualitario de los diversos sectores de la población? 2 / 4

El marco jurídico prevé protecciones contra las diversas formas de discriminación por motivo de género, raza, etnia, orientación sexual, identidad de género y demás categorías. El gobierno toma algunas medidas para hacer valer dichas protecciones. No obstante, en la práctica varios grupos vulnerables se encuentran en graves situaciones de desventaja.

Los afrocolombianos, que comprenden el 25 % de la población, representan el mayor segmento de los más de 7 millones de desplazados por la violencia; los ingresos de este grupo disminuyeron considerablemente con la interrupción de las actividades económicas generada por la pandemia de COVID-19. Las zonas en las que habitan las mayores concentraciones de afrocolombianos siguen registrando niveles desproporcionados de abuso a manos de la guerrilla, de las fuerzas de seguridad y de grupos delictivos; en 2021, funcionarios de las Naciones Unidas denunciaron que los asesinos de excombatientes y líderes sociales afrocolombianos e indígenas gozan de impunidad casi absoluta.

La mayoría de los colombianos indígenas, que representan más del 3 % de la población, vive en los aproximadamente 34 millones de hectáreas que le otorgó el gobierno: en muchos casos se trata de regiones estratégicas y ricas en recursos muy disputadas por los grupos armados. Todas las partes de los diversos conflictos del país han arremetido contra los indígenas. En 2021 las comunidades indígenas de los departamentos de Chocó, Cauca, Valle de Cauca y Nariño fueron objeto de violencia generalizada y de desplazamientos cometidos por exintegrantes de las FARC, los grupos sucesores de los paramilitares y otras agrupaciones delictivas, además de sufrir actos de racismo y ataques violentos mientras participaban del Paro Nacional en Cali en el mes de mayo.

Las mujeres se enfrentan a instancias de discriminación laboral, de abuso sexual en el empleo y de violencia de género. En junio, la Corte Constitucional dispuso que las empresas deben tomar medidas para prevenir y castigar la violencia de género en el lugar de trabajo.

Las personas LGBT+ son objeto de maltrato y discriminación social. Se registran además altos niveles de impunidad por los delitos cometidos contra ellas. Según la defensoría del pueblo, entidad gubernamental, en los primeros cinco meses de 2021 fueron asesinadas 21 personas LGBT+.

En los últimos años, ingresaron a Colombia al menos 1 700 000 migrantes venezolanos. El gobierno ha ofrecido permisos de trabajo, acceso a los servicios y demás prestaciones a quienes se registren. En 2020, el flujo migratorio profundizó las tensiones a medida que se produjo un recrudecimiento de la opinión pública hacia los inmigrantes en medio de la disrupción económica causada por la pandemia de COVID-19. Las organizaciones internacionales de asistencia elogiaron el anuncio del gobierno de febrero 2021 mediante el cual se informó que los migrantes venezolanos recibirían protección temporaria a largo plazo. No obstante, durante el año persistieron los problemas de estigmatización y falta de acceso a servicios, tales como las vacunas contra el COVID-19.

G. AUTONOMÍA DE LA PERSONA Y DERECHOS INDIVIDUALES: 9 / 16

G1.  ¿La persona goza de libertad de circulación, incluida la capacidad de cambiar su lugar de residencia, de empleo o de educación? 2 / 4

La libertad de movimiento mejoró considerablemente con el proceso de paz, aunque sigue estando restringida por la violencia continua en determinadas regiones, en particular para los grupos minoritarios vulnerables. Los viajes a ciertas áreas remotas se encuentran aún más limitados, debido a los retenes ilegales operados por grupos delictivos y guerrilleros. Estos problemas se vieron exacerbados en 2020 por el estricto confinamiento oficial y por el no oficial, aún más duro, impuesto por grupos armados ilegales. Si bien en 2021 se produjo una flexibilización de las restricciones, las Naciones Unidas informaron que grupos armados restringieron la circulación de decenas de miles de colombianos. Asimismo, los bloqueos producidos por el Paro Nacional generaron serias disrupciones a la movilidad en algunas zonas, especialmente en los alrededores de Cali.

G2.  ¿La persona puede ejercer su derecho de propiedad y constituir emprendimientos privados sin la interferencia indebida de actores estatales y no estatales? 2 / 4

En algunas regiones los derechos de propiedad y de constitución de empresas se ven amenazados por la violencia y la inestabilidad. Resulta frecuente que la guerrilla, los grupos sucesores de los paramilitares y los delincuentes comunes soliciten pagos extorsivos a los propietarios de comercios. La corrupción y la presión indebida dirigida a fiscales y funcionarios judiciales pueden perturbar las actividades mercantiles legítimas.

La instrumentación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011 sigue avanzando en forma lenta. Esta norma reconoce la legitimidad de las reclamaciones de las víctimas de abusos generados por los conflictos, incluidos los perpetrados por las fuerzas del gobierno. Si bien los ciudadanos afectados siguen siendo indemnizados, y si bien se ha logrado cierto avance en la entrega de los títulos de propiedad de terrenos, los trámites judiciales para la restitución de tierras se hallan sumamente rezagados. El proceso de reasentamiento de los desplazados durante el conflicto es aún lento, y el gobierno de Duque muestra poca voluntad para acelerarlo.

G3.  ¿La persona goza de libertades personales sociales, tales como la elección de su pareja a efectos matrimoniales y el tamaño de su familia, la protección en casos de violencia doméstica y el control de su apariencia personal? 3 / 4

En general se respetan las libertades personales sociales, como las correspondientes al matrimonio y al divorcio. En 2016, tras varios años de sentencias judiciales y administrativas contradictorias en materia de uniones de personas del mismo sexo, la Corte Constitucional votó a favor de su legalización. Aunque en octubre de 2018 dicha corte reafirmó un fallo de 2006 por el que se permitía el aborto en casos de violación, incesto, grave malformación del feto o peligro para la vida de la madre, las mujeres aún deben enfrentar acusaciones penales por aborto. A fines de 2021 aún se encontraba en etapa de revisión una conocida causa relativa a la constitucionalidad de las sanciones penales en casos de aborto.

G4.  ¿La persona goza de igualdad de oportunidades y no es objeto de explotación económica? 2 / 4

El trabajo infantil, el reclutamiento de niños por grupos ilegales armados y el abuso sexual relacionado con esas situaciones constituyen graves problemas en Colombia. Tras el acuerdo de paz se registró una disminución en los niveles de reclutamiento, aunque han aumentado desde 2020 en el marco de las perturbaciones y de la violencia generadas por la pandemia. Si bien en 2011 un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y un subsiguiente Plan de Acción Laboral instaron a la profundización de las investigaciones de prácticas laborales abusivas y vulneraciones de derechos, el avance sigue siendo lento en diversas áreas. En las zonas cocaleras, hay grupos armados que coercen a los agricultores, presionándolos para que planten coca y rechacen los programas de sustitución de cultivos.