Aspectos generales

El estado comunista unipartidista de Cuba proscribe el pluralismo político, prohíbe los medios independientes, inhibe el disenso y limita considerablemente las libertades civiles básicas. El gobierno sigue dominando la economía a pesar de las recientes reformas que permiten algunas actividades del sector privado. La transición generacional en el liderazgo político del periodo 2018-2019 que incluyó la introducción de una nueva Constitución dejó intacto el carácter no democrático del sistema.

Hechos clave en 2020

• El gobierno logró un cierto nivel de éxito en el control de la pandemia de COVID-19. Si bien para finales de año Cuba había informado a la Organización Mundial de la Salud que solamente se habían producido 145 muertes, la economía se vio gravemente afectada por la crisis internacional. En parte en respuesta a esta realidad el gobierno anunció en julio que liberaría las normas regulatorias del pequeñísimo sector privado de la isla, incluidas las autorizaciones para que los comercios privados operen con mayor libertad y logren ser reconocidos jurídicamente como empresas, la eliminación de la lista restrictiva de profesiones cuentapropistas y la ampliación de las experiencias de cooperativas no agrícolas.
• En ocasiones el gobierno utilizó la pandemia para justificar la represión de las reuniones de disidentes. En noviembre, cuando miembros del colectivo de artistas Movimiento San Isidro (MSI) se reunieron y realizaron una huelga de hambre en protesta por la detención del rapero Denis Solís, la policía los detuvo violentamente con el pretexto controlar la propagación del coronavirus. Esta situación hizo que numerosos artistas e intelectuales realizaran una sentada ante el Ministerio de Cultura. Si bien inicialmente el gobierno aceptó negociar con el grupo, ulteriormente los manifestantes informaron haber sido objeto de acoso policiaco, intimidaciones y acusaciones de vulneración de las restricciones sanitarias.
• Durante el transcurso del año el gobierno siguió ampliando la lista de regulados en la que constan los más de 200 ciudadanos a quienes no se les permite viajar al exterior debido a sus actividades políticas de disidencia, de defensa de los derechos humanos o de ejercicio del periodismo independiente. El gobierno ha intensificado los interrogatorios, las amenazas, las detenciones, las razias y las multas exorbitantes que se aplican a activistas y a periodistas independientes que publican notas críticas en medios sociales o sitios web extranjeros.

DERECHOS POLÍTICOS: 1 / 40

A. PROCESO ELECTORAL: 0 / 12

A1.      ¿El actual jefe de Estado u otro jefe de gobierno fueron elegidos mediante comicios libres y justos? 0 / 4

La Constitución de 2019 dispone que la Asamblea Nacional elige al Presidente y al Vicepresidente de la República, que podrán desempeñar hasta dos mandatos quinquenales. La Asamblea Nacional designa al Primer Ministro y a los demás integrantes del Consejo de Ministros propuestos por el Presidente. En la práctica estos procesos ratifican candidatos preseleccionados por el Partido Comunista de Cuba (PCC), que es el partido gobernante.

Miguel Díaz-Canel fue elegido Presidente de la República en octubre de 2019 con el voto casi unánime de la Asamblea Nacional en el marco del nuevo sistema constitucional. En diciembre de dicho año Díaz-Canel designó a Manuel Marrero como Primer Ministro. Desde 2018 Díaz-Canel había presidido el Consejo de Estado, el cargo ejecutivo más alto que preveía la antigua Constitución, tras hacer sucedido a Raúl Castro en una transferencia de poder sumamente controlada. No obstante, en 2020 Castro (que había sucedido a su hermano Fidel en 2008) seguía ejerciendo un poder considerable desde su puesto de primer secretario del PCC.

A2.      ¿Los actuales representantes legislativos nacionales fueron elegidos mediante procesos electorales libres y justos? 0 / 4

Si bien los miembros de la Asamblea Nacional, que es unicameral, son elegidos en forma directa por mandatos quinquenales, una comisión controlada por el PCC designa a todos los postulantes y presenta a los votantes un candidato único para cada escaño. Quienes reciben más del 50 por ciento de los votos válidamente emitidos se consideran electos. A su vez la Asamblea Nacional elige a los 21 integrantes del Consejo de Estado, órgano que ejerce el poder legislativo entre las dos breves sesiones anuales de la asamblea.

En las elecciones de 2018 para la Asamblea Nacional los 605 candidatos aprobados se consideraron electos.

A3.      ¿El marco jurídico y la legislación en materia electoral son justos y los correspondientes órganos eleccionarios los aplican de manera imparcial? 0 / 4

En Cuba las únicas elecciones que ofrecen la opción de más de un candidato por cargo son las de las asambleas municipales, aunque no se permiten las campañas. Esta situación no se modificó con la nueva legislación electoral aprobada en forma unánime en 2019 tras la ratificación de la nueva Constitución, que mantuvo el régimen por el cual el PCC controla las comisiones electorales y de candidaturas. No obstante, la nueva ley eliminó las asambleas provinciales y dispuso que fueran las municipales las que aprobaran a los gobernadores provinciales propuestos por el Presidente, además de reducir a 474 el número de delegados de la Asamblea Nacional a partir de las elecciones de 2023.

B. PLURALISMO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA: 0 / 16

B1.      ¿La ciudadanía tiene derecho a organizarse en diferentes partidos o en otras agrupaciones políticas que participan en la contienda electoral? ¿El sistema carece de obstáculos indebidos que afecten el ascenso y caída de dichos partidos y agrupaciones? 0 / 4

La Constitución designa al PCC como “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”. Todo otro partido político es ilegal. El disenso político constituye un delito punible. Los disidentes son sistemáticamente acosados, detenidos, agredidos físicamente y encarcelados por infracciones menores. Presuntamente se suscitan atentados por turbas, conocidos como “actos de repudio” que se realizan con frecuencia para silenciar a los disidentes políticos.

Según informes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), una organización no gubernamental con sede en Madrid, en 2020 se produjeron 1.800 detenciones arbitrarias de disidentes pacíficos. Como ya es habitual en los últimos años, generalmente este tipo de detenciones se efectuaron sin fiscalización jurídica alguna y estuvieron acompañadas de razias domiciliarias, multas, confiscación de bienes, golpizas y amenazas. Dichas breves detenciones de disidentes y periodistas independientes por motivos políticos constituyeron una táctica represiva clave durante el gobierno de Raúl Castro, y continúan de modo similar en el de Díaz-Canel.

B2.      ¿La oposición tiene realmente la oportunidad de aumentar su apoyo o lograr el poder mediante elecciones? 0 / 4

Desde mediados de la década de 1960 el PCC ha monopolizado el gobierno y la política de Cuba al no permitir la contienda electoral e impedir que toda otra fuerza alternativa lo suceda en una transferencia democrática del poder. Aunque las agrupaciones disidentes realizaron un intento sin precedentes dirigido a colocar candidatos independientes en las elecciones municipales de 2017, las autoridades lograron obstaculizarlo asegurándose de que ninguno de ellos constara en las papeletas. De igual modo se movilizaron las fuerzas de seguridad a fin de reprimir toda actividad de la oposición durante el referendo constitucional de febrero de 2019 y los comicios de octubre de dicho año en los que la Asamblea Nacional elegiría al Presidente.

B3.      ¿Las opciones políticas de la ciudadanía no se encuentran dominadas por fuerzas ajenas a la política o por fuerzas políticas que recurren a métodos que están más allá del ámbito político? 0 / 4

En términos generales el sistema unipartidista y autoritario de Cuba excluye al pueblo de toda participación política genuina y autónoma. Los organismos militares y de inteligencia desempeñan una función importante en la supresión del disenso, además de ejercer una profunda influencia en prácticamente todos los aspectos del estado. Los integrantes de los grupos disidentes e incluso los actores independientes del entorno artístico y periodístico, entre otros, son objeto de vigilancias sistemáticas y de frecuentes interrogatorios dirigidos a intimidarlos o a convertirlos en informantes.

Los empleados estatales que expresan su disenso político o desavenencias con las autoridades suelen ser acosados o despedidos sumariamente. A los profesionales que fueron separados de sus cargos en el sector público se les hace difícil continuar con sus carreras, dado que las licencias para el ejercicio profesional no se encuentran disponibles en la esfera privada.

B4.      ¿Los diversos segmentos de la población (étnicos, religiosos, de género, LGBT+ y demás grupos pertinentes) cuentan con derechos políticos y oportunidades electorales plenas? 0 / 4

En los últimos años el liderazgo del PCC ha demostrado una mayor diversidad racial y de género. No obstante, en vista de que se niegan los derechos políticos de todos los ciudadanos de la isla, las mujeres, los afrocubanos y los integrantes de otros grupos demográficos no pueden elegir a sus representantes ni organizarse independientemente para hacer valer sus intereses políticos.

En el congreso del partido de 2016 se registró un aumento en el porcentaje de mujeres en el Comité Central del PCC: de 41,7 por ciento en 2011 ascendió a 44,4 por ciento. Los afrocubanos representaron un 35,9 por ciento en comparación con el 31,3 por ciento que habían alcanzado en 2011. En la actualidad más de la mitad de los 605 escaños de la Asamblea Nacional se encuentran ocupados por mujeres. Los cubanos de descendencia africana y mestiza representan aproximadamente la mitad de la asamblea. Esteban Lazo, afrocubano incondicional del PCC, ocupa simultáneamente los poderosos puestos de presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado.

Los intereses políticos de las personas LGBT+ no se hallan bien representados. Se permite un cierto grado promoción pública de sus causas, pero únicamente con la autorización del PCC. Luis Ángel Adán Roble, el único miembro de la Asamblea Nacional abiertamente homosexual, dejó su puesto en 2019 tras desavenencias con el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), institución liderada por la hija de Fidel Castro que procura controlar y dirigir las actividades de promoción de causas LGBT+.

C. FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO: 1 / 12

C1.      ¿Las políticas de gobierno son determinadas por el jefe de gobierno y por los representantes legislativos nacionales elegidos libremente? 0 / 4

En Cuba ninguno de los funcionarios elegidos nominalmente llegó a su cargo mediante contiendas electorales libres y justas. En la práctica las decisiones normativas importantes se reservan para los líderes del PCC. La Asamblea Nacional, que según la Constitución es “el “órgano supremo del poder del Estado” posee muy poca influencia independiente, se reúne en breves sesiones dos veces por año y emite votos unánimes respecto de casi todas las cuestiones que se le presentan. 

C2.      ¿Son sólidas y eficaces las protecciones en contra de la corrupción oficial? 1 / 4

En Cuba la corrupción sigue constituyendo un problema grave; la ilegalidad generalizada se halla presente en la vida cotidiana. El estado tiene el monopolio de la mayoría de las grandes operaciones comerciales y no existen mecanismos independientes de rendición de cuentas aplicables a los funcionarios en casos de comisión de ilícitos.

En ocasiones el gobierno ha realizado campañas de anticorrupción y se han impuesto largas condenas de prisión a altos funcionarios cubanos y a empresarios extranjeros declarados culpables de actos de corrupción. No obstante se han rechazado las reformas internas que harían que el sistema fuera más transparente y menos proclive al abuso. Las autoridades no toleran a agrupaciones de la sociedad civil ni a los periodistas o tribunales independientes que puedan funcionar como frenos externos a los ilícitos gubernamentales.

En 2020, mientras que la pandemia de COVID-19 exacerbaba las dificultades económicas, los medios estatales publicitaban la represión oficial de actividades comerciales ilegales, la cual puso de relieve la clara falta de debido proceso.

C3.      ¿El gobierno funciona de forma abierta y transparente? 0 / 4

Cuba no cuenta con legislación eficaz en materia de libertad de información ni de acceso a expedientes oficiales. Los acontecimientos estatales de importancia suelen realizarse a puertas cerradas y hay muchos datos estadísticos que el gobierno no pone a disposición del público. En 2020 la mayoría de las decisiones relativas a la respuesta oficial a la pandemia se tomaron e instrumentaron sin transparencia ni consulta.

LIBERTADES CIVILES: 12 / 60 (−1)

D. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE CREENCIA: 4 / 16 (−1)

D1.      ¿Existen medios de comunicación libres e independientes? 0 / 4 (−1)

El ámbito mediático cubano es uno de los más restrictivos del mundo. El sector formal de medios es de propiedad del estado y se halla controlado por él. La Constitución prohíbe la propiedad privada de medios. La prensa independiente de la isla funciona ilegalmente; sus publicaciones se consideran “propaganda enemiga” y sus periodistas son constantemente asediados, detenidos, interrogados y difamados en la prensa oficial, además de negárseles la posibilidad de viajar al extranjero. Es frecuente que los agentes del gobierno los acusen de mercenarios o incluso de terroristas; muchos deben enfrentarse a denuncias de “usurpación de la capacidad jurídica”, “difusión de noticias falsas” y de comisión de otros delitos vagamente definidos. A título ilustrativo señalamos que en septiembre de 2020 el periodista Roberto Quiñones cumplió una condena de un año de prisión por haberse negado a pagar una multa por “resistencia” y “desobediencia” a la autoridad. Inicialmente se lo había detenido y golpeado por su cobertura de un juicio para el sitio web noticioso CubaNet.

El Decreto-Ley 370, sancionado en 2019, prohíbe que los ciudadanos cubanos coloquen sus escritos en servidores extranjeros, incluidas las plataformas de medios sociales como Facebook, y que difundan “información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. En 2020 las autoridades intensificaron la aplicación de esa norma en contra del periodismo independiente: decenas de personas fueron objeto de detenciones arbitrarias, multas o confiscaciones de dispositivos. Con frecuencia los actos represivos incluyeron amenazas a las familias de los periodistas y presión para la eliminación o interrupción de las notas en las que criticaban al gobierno.

Además de controlar a los periodistas independientes el gobierno persigue y sigue de cerca a quienes percibe como disidentes en la comunidad artística. Ha intensificado su atención a los artistas y figuras mediáticas reconocidas que expresan opiniones independientes o críticas. En 2020 integrantes del colectivo artístico MSI, constituido como respuesta al Decreto-Ley 349 de 2018 que exige que el Ministerio de Cultura apruebe toda actividad cultural pública y privada, además de prohibir los contenidos artísticos basándose en criterios pobremente definidos como el perjuicio a los “valores éticos y culturales”, fueron objeto de reiterados actos de acoso e intimidación. Después de que en noviembre el rapero Denis Solís fuera detenido, juzgado y condenado a ocho meses de prisión por “desacato”, sus compañeros del MSI organizaron protestas y una huelga de hambre. Las autoridades sitiaron la sede del movimiento, ubicada en La Habana en el domicilio del artista Luis Manuel Otero Alcántara, y tras hacer una redada de la casa detuvieron a 14 personas aduciendo violaciones a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia. Al día siguiente, el 27 de noviembre, un grupo más grande de artistas, escritores y simpatizantes hizo una sentada ante el Ministerio de Cultura, lo que llevó al gobierno a ofrecer negociaciones. Pronto los funcionarios incumplieron sus promesas: en diciembre el régimen lanzó una ola de detenciones domiciliarias ilegales y de arrestos arbitrarios, así como una turba violenta en contra de prominentes periodistas y artistas independientes asociados al movimiento. Algunos de ellos sufrieron cortes en sus servicios de telefonía y de internet; además los medios estatales efectuaron campañas de difamación contra importantes periodistas y medios.

En 2020 la intensificación de la represión se debió en parte a que en los últimos años se realizó una ampliación de los servicios de internet móvil, dado que muchos cubanos utilizan su acceso para difundir noticias e información independientes, criticar el desempeño del gobierno y publicar etiquetas populares relativas a protestas y disidentes. Es de notar que Solís fue detenido después de que publicó un video en los medios sociales que lo mostraba confrontando a un oficial de policía que había ingresado a su domicilio.

Cambio en la calificación. La calificación se redujo de 1 a 0 debido a que el gobierno intensificó las detenciones, arrestos domiciliarios, multas, acosos y demás actos de represalias para reprimir la cobertura periodística independiente y las expresiones de disenso de artistas y escritores.

D2.      ¿Hay libertad para practicar y expresar en privado y en público la fe religiosa o el ateísmo? 3 / 4

En la última década se han registrado mejoras en la libertad religiosa, aunque existen obstáculos oficiales que dificultan que las iglesias funcionen sin interferencias. Ciertos grupos confesionales han luchado para lograr su inscripción; la afiliación a un grupo no registrado constituye un delito penal. La Iglesia Católica Romana se ha beneficiado de una ampliación de sus derechos pastorales, tales como el acceso periódico a los medios estatales y a espacios públicos, así como la posibilidad de construir nuevos templos y distribuir sus propias publicaciones. Las agrupaciones protestantes y evangélicas suelen enfrentarse a mayores restricciones, aunque en los últimos años han gozado de una mejora en las condiciones. 

D3.      ¿Hay libertad académica y el sistema educativo no es objeto de adoctrinamientos políticos? 0 / 4

En Cuba la libertad académica se encuentra restringida. Las escuelas y universidades privadas están prohibidas desde la década de 1960. El material didáctico suele ser tener contenido ideológico y es habitual que los docentes deban estar afiliados al PCC para poder avanzar en sus carreras. Los estudiantes universitarios son expulsados por conductas disidentes. A pesar de que las visas de salida se eliminaron en 2013 los profesores universitarios deben obtener autorización para viajar a conferencias académicas celebradas en el extranjero y es común que los funcionarios oficiales impidan que los intelectuales disidentes asistan a ese tipo de reuniones. Los funcionarios prohíben el ingreso de intelectuales prominentes que han sido críticos del régimen. En los últimos años se han registrado varios casos de académicos separados de sus cargos como represalia por sus opiniones o actividades políticas.

D4.      ¿Hay libertad para expresar opiniones personales u otros temas sensibles sin temor de ser objeto de vigilancia o de represalias? 1 / 4

Si bien en privado los cubanos suelen enfrascarse en candentes debates sobre temas cotidianos como la economía, el precio de los alimentos, los viajes al exterior y las dificultades para obtener acceso a internet, tienden a evitar hablar de cuestiones políticas más sensibles como los derechos humanos y las libertades civiles. Los Comités para la Defensa de la Revolución, que operan a nivel barrial, colaboran con los órganos de seguridad al fiscalizar, comunicar y reprimir el disenso.

Las autoridades también hacen un seguimiento de las expresiones de disenso en los medios sociales y en las comunicaciones electrónicas e imponen a los usuarios cargos penales u otros mecanismos de represalia. El Decreto-Ley 389, aprobado en 2019, permite que los investigadores realicen actividades de vigilancia electrónica sin homologación judicial previa y utilicen la información recabada como prueba en causas penales. Las tecnologías de anonimidad y encriptado se hallan legalmente prohibidas, aunque muchos cubanos con acceso al internet móvil utilizan servicios cifrados como WhatsApp y Telegram para comunicarse en forma privada con amigos de su confianza.

E. DERECHOS A LA ASOCIACIÓN Y A LA ORGANIZACIÓN: 0 / 12

E1.      ¿Hay libertad de reunión? 0 / 4

Las restricciones a la libertad de reunión siguen siendo un mecanismo clave de control político. Las fuerzas de seguridad y los agresores apoyados por el gobierno suelen dispersar protestas o reuniones pacíficas de disidentes políticos y activistas cívicos.

En 2020 el gobierno aprovechó la pandemia para ampliar su control de las reuniones públicas al ejercer poderes de emergencia sin limitaciones legales y, en algunas instancias, al recurrir a la amenaza del contagio para justificar razias durante protestas y reuniones de disidentes, como sucedió a fines de noviembre cuando realizó una redada de los integrantes del MSI que se encontraban realizando una huelga de hambre. Si bien ese acto provocó una sentada de solidaridad sin precedentes de un día de duración frente al Ministerio de Cultura a la que asistieron más de 150 artistas e intelectuales reconocidos, varios de los principales participantes (y periodistas independientes que cubrieron la protesta) fueron objeto de diversos actos de acoso e intimidación perpetrados por las autoridades.

E2.      ¿Hay libertad para las organizaciones no gubernamentales, en particular para las que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y en temas de gobernanza? 0 / 4

El gobierno cita la Ley de Asociaciones de 1985 para rehusarse a inscribir nuevas organizaciones que no cuenten con la supervisión del estado. En los últimos años casi todas las detenciones breves por motivos políticos se han dirigido a integrantes de asociaciones independientes, laboratorios de ideas, agrupaciones de derechos humanos, partidos políticos o sindicatos.

En 2020 varias organizaciones de la sociedad civil independientes fueron objeto de represión. Algunos activistas fueron detenidos con acusaciones arbitrarias, encarcelados, impedidos de viajar al exterior u obligados a exiliarse. Además del MSI, entre los grupos de disientes más comúnmente perseguidos por el gobierno se encuentran las Damas de Blanco, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), el Movimiento Cristiano de Liberación (MCL), el Foro Antitotalitario Unido (FAU) y la Asociación Cubana de Observadores Electorales (ACOE).

E3.      ¿Hay libertad para los sindicatos y para asociaciones profesionales o laborales similares? 0 / 4

Los trabajadores cubanos no gozan del derecho a la huelga ni a la negociación colectiva. Los sindicatos independientes son ilegales.

F. ESTADO DE DERECHO: 2 / 16

F1.       ¿Existe un poder judicial independiente? 0 / 4

La Constitución dispone que la Asamblea Nacional es el órgano que controla las designaciones y suspensiones judiciales, en tanto que el Consejo de Estado es el que ejerce esos poderes cuando la asamblea no se encuentra en sesión. El Consejo de Estado está facultado para dictar “instrucciones de carácter general” a los tribunales que, en la práctica, generalmente fallan de conformidad con los intereses del PCC. Los jueces son los encargados de aplicar la legislación en materia de delitos vagamente definidos, como los de “desorden público”, “desacato”, “falta de respeto a la autoridad”, “peligrosidad predelictiva” y “agresión” utilizados para judicializar a los opositores políticos del régimen.

F2.       ¿En las causas civiles y penales prima el debido proceso? 0 / 4

Un ejemplo frecuente de que el régimen vulnera sistemáticamente el debido proceso lo presentan las causas penales espurias entabladas en contra de disidentes y periodistas independientes, muchas de las cuales se denunciaron durante 2020 o continuaron en el transcurso del año. Entre ellas se encuentran los casos en contra de José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, del artista Luis Manuel Otero Alcántara, del rapero Denis Solís, del periodista Roberto Quiñones y de Silverio Portal, un activista que en diciembre cumplió una condena de cuatro años de prisión por “desacato” y “desorden público”. Si bien varios detenidos políticos son privados de la libertad por periodos breves o finalmente liberados de su encarcelamiento, continúan siendo objeto de nuevas acusaciones, de confinamientos ilegales o de acoso a manos de las autoridades.

F3.       ¿Hay protecciones contra el uso ilegítimo de la fuerza física, así como ausencia de guerra e insurgencias? 1 / 4

Aunque se estima que el índice de delitos violentos es relativamente bajo, la seguridad física de la población se ve socavada por la violencia respaldada por el gobierno. Es frecuente que los activistas de la oposición, los defensores de derechos humanos y los demás enemigos que percibe el régimen sean sometidos a agresiones públicas, a usos excesivos de la fuerza policiaca en el marco de redadas y detenciones, así como a abusos durante los periodos de privación de la libertad.

El gobierno se ha negado reiteradamente a permitir una observación internacional de sus cárceles. Las condiciones carcelarias son deficientes; hay hacinamiento, trabajos forzados y abusos físicos, además de condiciones higiénicas y sanitarias inadecuadas.

F4.       ¿La legislación, normativa y prácticas garantizan un trato igualitario de los diversos sectores de la población? 1 / 4

El artículo 42 de la Constitución de 2019 amplió las protecciones contra la discriminación a una gama más amplia de grupos vulnerables y agregó expresamente ciertas categorías, como la de origen étnico, identidad de género, orientación sexual, edad y discapacidad, a las salvaguardas relativas a la raza, el sexo, el origen nacional y la religión. El hecho de que el PCC controla el gobierno y el sistema judicial restringe la capacidad que poseen esos órganos para hacer valer dichas garantías en forma efectiva o imparcial. Las exhortaciones independientes en pro de un trato igualitario pueden generar represalias del estado.

Las mujeres gozan de igualdad ante la ley y se encuentran bien representadas en la mayoría de las profesiones, aunque su índice de participación en la fuerza laboral es muy inferior al de los hombres, lo que sugiere una disparidad económica persistente y un doble rasero cultural.

Si bien la discriminación racial es ilegal desde hace ya mucho tiempo, los afrocubanos informan que son objeto de una discriminación generalizada y de instancias de perfilado racial por la policía. Muchos carecen de acceso a la economía del dólar. Un estudio de 2017 y 2018 determinó que más de tres cuartos de los beneficiarios de las esenciales remesas del exterior eran blancos, lo cual coloca a los afrocubanos en una situación de desventaja aún peor.

La discriminación por orientación sexual es ilegal en el empleo y en la vivienda. Mariela Castro Espín, hija de Raúl Castro y directora del CENESEX, la promovido las causas de las personas LGBT+. No obstante, las acciones de promoción realizadas por los grupos y activistas LGBT+ independientes no son tenidas en cuenta o son reprimidas.

G. AUTONOMÍA DE LA PERSONA Y DERECHOS INDIVIDUALES: 6 / 16

G1.      ¿La persona goza de libertad de circulación, incluida la capacidad de cambiar su lugar de residencia, de empleo o de educación? 1 / 4

La libertad de circulación y el derecho de cambiar el lugar de residencia y de empleo se encuentran restringidos. Los cubanos que se muden a La Habana sin la correspondiente autorización pueden ser expulsados. Los habitantes de la isla aún pagan altísimos aranceles para obtener sus pasaportes. Los médicos, diplomáticos y atletas que hayan “desertado” al exterior no pueden visitar el país por un periodo de ocho años. A pesar de que en 2013 se sancionó una ley que derogó el requisito de la visa de salida, ciertos disidentes y periodistas tienen prohibido viajar al extranjero: durante 2020 la cantidad de regulados, como se los denomina en la isla, aumentó considerablemente, y según algunas estimaciones superaban los 200 a fines de dicho año.

G2.      ¿La persona puede ejercer su derecho de propiedad y constituir emprendimientos privados sin la interferencia indebida de actores estatales y no estatales?? 1 / 4

La Constitución de 2019 reconoce que la propiedad privada es una forma de titularidad de los bienes, aunque las oportunidades de obtenerlos y de operar empresas privadas siguen estando restringidas. Si bien en general en 2020 las medidas del gobierno para contener el COVID-19 fueron exitosas, al combinárselas con el impacto de la pandemia en la economía internacional afectaron gravemente el frágil sector privado del país. En mayo casi el 40 por ciento de los más de 600.000 trabajadores autónomos autorizados habían cerrado temporariamente sus negocios a causa de las limitaciones impuestas por motivos de salud pública.  

En parte como respuesta a la crisis el gobierno anunció en julio que programaba una serie de reformas económicas, tales como la legalización de empresas pequeñas y medianas, la eliminación de la lista restrictiva de ocupaciones autónomas permitidas y la apertura de mercados mayoristas a los cuentapropistas, así como medidas para permitir que los comercios privados importaran materiales y exportaran sus productos a través de las empresas estatales. Indicó además que habilitaría la expansión de las cooperativas a los sectores no agrícolas.

G3.      ¿La persona goza de libertades personales sociales, tales como la elección de su pareja a efectos matrimoniales y el tamaño de su familia, la protección en casos de violencia doméstica y el control de su apariencia personal? 3 / 4

Los cubanos gozan de amplias libertades en sus relaciones interpersonales, románticas y sexuales. Aunque el divorcio es común, los hombres y las mujeres cuentan con igualdad de derechos en lo relativo a los bienes matrimoniales y a la guarda de los hijos. La Constitución de 2019 no contiene disposiciones que definen al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, lo que plantea la posibilidad de que a futuro pueda legalizarse el matrimonio igualitario. Una de las enmiendas constitucionales propuestas, que por último fue rechazada, propugnaba más explícitamente la legalización. El aborto es legal en Cuba.

El país no cuenta con legislación específica para abordar las diversas formas de violencia doméstica o de género y, según se informa, la policía no da respuesta a denuncias por ese tipo de abusos.

G4.      ¿La persona goza de igualdad de oportunidades y no es objeto de explotación económica? 1 / 4

El sueldo promedio oficial sigue siendo extremadamente bajo. La moneda nacional es sumamente débil, lo que alienta el éxodo del personal capacitado al sector privado y al turístico que utilizan el peso convertible (vinculado al dólar estadounidense). Los cubanos que trabajan para empresas extranjeras suelen tener remuneraciones mucho mejores que las de sus conciudadanos, aunque muchos de ellos son contratados mediante una agencia estatal de empleos que se queda con la mayor parte de sus sueldos y aplica criterios políticos al momento de seleccionar a los postulantes.