Cuba

Not Free
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100
PR Political Rights 1 40
CL Civil Liberties 11 60
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Población:                            11 200 000

Capital:                                 La Habana

Estatus:                                 No libre

Democracia electoral:      No

Aspectos generales

El estado comunista unipartidista de Cuba proscribe el pluralismo político, prohíbe los medios independientes, inhibe el disenso y limita considerablemente las libertades civiles básicas. El gobierno sigue dominando la economía a pesar de las recientes reformas que permiten algunas actividades del sector privado. La transición generacional en el liderazgo político del periodo 2018-2021 que incluyó la introducción de una nueva Constitución dejó intacto el carácter no democrático del sistema.

Hechos clave en 2021

  • El 11 de julio se produjeron en Cuba las mayores protestas en más de veinte años: en todo el país se concentraron manifestantes para protestar por la escasez de productos, las dificultades económicas, la respuesta del gobierno al COVID-19, y la falta de libertades fundamentales. Las fuerzas de seguridad respondieron con violencia y utilizaron fuego real, gas lacrimógeno y porras contra los manifestantes. Los detenidos fueron sometidos a tortura y a tratos degradantes mientras estaban privados de la libertad y fueron objeto de violaciones al debido proceso en el transcurso de los juicios posteriores.  
  • En el transcurso del año el gobierno continuó focalizándose en el Movimiento San Isidro (MSI) de la disidencia cubana y en el colectivo de artistas 27N. Luis Manuel Otero Alcántra, integrante del MSI, fue hospitalizado por la fuerza a principios de mayo. obligándosele a poner fin a una huelga de hambre. Se lo detuvo el 11 de julio. El cofundador del MSI, Maykel Castillo Pérez, fue detenido a mediados de mayo. Hacia el final del año, Otero y Castillo continuaban detenidos.
  • En agosto, el gobierno publicó en la Gaceta Oficial los Decretos Leyes 35 y 42. Ambas normas se dirigen a la difusión de información considerada falsa o perjudicial para el “orden público”. En el mismo mes el gobierno publicó la Resolución 105, que regula las “noticias falsas”.
  • En enero La Habana retiró el peso convertible (CUC) y puso fin al tipo de cambio dual vigente en el país hasta entonces. En el transcurso del año el peso cubano (CUP), única moneda de curso legal en el país a partir de la reforma, perdió valor frente al dólar estadounidense en el mercado negro.

DERECHOS POLÍTICOS: 1 / 40

A. PROCESO ELECTORAL: 0 / 12

A1.  ¿El actual jefe de Estado u otro jefe de gobierno fueron elegidos mediante comicios libres y justos? 0 / 4

La Constitución de 2019 dispone que la Asamblea Nacional elige al presidente y al vicepresidente de la República, que podrán desempeñar hasta dos mandatos quinquenales. La Asamblea Nacional designa al primer ministro y al Consejo de Ministros propuestos por el presidente. En la práctica estos procesos ratifican candidatos preseleccionados por el Partido Comunista de Cuba (PCC).

Miguel Díaz-Canel Bermúdez fue elegido presidente de la República en octubre de 2019 con el voto casi unánime de la Asamblea Nacional en el marco del nuevo sistema constitucional. En diciembre de dicho año, Díaz-Canel designó a Manuel Marrero Cruz como primer ministro. En octubre de 2019 el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Esteban Lazo Hernández, ocupó la presidencia del Consejo de Estado, el más alto cargo ejecutivo en Cuba según la antigua Constitución. Lazo Hernández sucedió a Díaz-Canel en dicho puesto.

Raúl Castro Ruz, que precedió a Díaz-Canel como presidente del Consejo de Estado, siguió ejerciendo gran poder en su calidad de primer secretario del PCC. Sin embargo, Castro renunció a ese puesto durante el congreso del partido en abril de 2021 y fue sucedido por Díaz-Canel. A pesar de su retiro, Castro continúa ejerciendo gran influencia.

A2.  ¿Los actuales representantes legislativos nacionales fueron elegidos mediante procesos electorales libres y justos? 0 / 4

Si bien los miembros de la Asamblea Nacional, que es unicameral, son elegidos en forma directa por mandatos quinquenales, una comisión controlada por el PCC designa a todos los postulantes y presenta a los votantes un candidato único para cada escaño. Quienes reciben más del 50 % de los votos válidamente emitidos se consideran electos. A su vez la Asamblea Nacional elige los integrantes del Consejo de Estado, órgano que ejerce el poder legislativo entre las dos breves sesiones anuales de la asamblea. En las elecciones de 2018 para la Asamblea Nacional, los 605 candidatos aprobados se consideraron electos.

A3.  ¿El marco jurídico y la legislación en materia electoral son justos y los correspondientes órganos eleccionarios los aplican de manera imparcial? 0 / 4

En Cuba las únicas elecciones que ofrecen la opción de más de un candidato por cargo son las de las asambleas municipales, aunque no se permiten las campañas. Esta situación no se modificó con la nueva legislación electoral aprobada en forma unánime en 2019 tras la ratificación de la nueva Constitución, que mantuvo el régimen por el cual el PCC controla las comisiones electorales y de candidaturas. No obstante, la nueva ley eliminó las asambleas provinciales y dispuso que fueran las municipales las que aprobaran a los gobernadores provinciales propuestos por el presidente, además de reducir a 474 el número de delegados de la Asamblea Nacional a partir de las elecciones de 2023.

B. PLURALISMO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA: 0 / 16

B1.  ¿La ciudadanía tiene derecho a organizarse en diferentes partidos o en otras agrupaciones políticas que participan en la contienda electoral? ¿El sistema carece de obstáculos indebidos que afecten el ascenso y caída de dichos partidos y agrupaciones? 0 / 4

La Constitución designa al PCC como “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”. Todo otro partido político es ilegal.

El disenso político constituye un delito punible. Los disidentes son sistemáticamente acosados, detenidos, agredidos físicamente y encarcelados por infracciones menores. Presuntamente se suscitan atentados por turbas, conocidos como “actos de repudio”, que se realizan con frecuencia para silenciar a los disidentes políticos. La organización no gubernamental (ONG) Prisoners Defenders, con sede en Madrid, denunció que en septiembre de 2021 se registraban 251 presos políticos detenidos por las autoridades cubanas.

B2.  ¿La oposición tiene realmente la oportunidad de aumentar su apoyo o lograr el poder mediante elecciones? 0 / 4

Desde mediados de la década de 1960, el PCC ha monopolizado el gobierno y la política cuabans al no permitir la contienda electoral e impedir que cualquier fuerza alternativa lo suceda en una transferencia democrática del poder. En las elecciones municipales de 2017 no se permitió que las agrupaciones disidentes presenten candidatos independientes, en tanto que las fuerzas de seguridad reprimieron toda actividad de la oposición durante el referendo constitucional de febrero de 2019 y en la elección de Díaz-Canel en octubre de dicho año.

B3.  ¿Las opciones políticas de la ciudadanía no se encuentran dominadas por fuerzas ajenas a la política o por fuerzas políticas que recurren a métodos que están más allá del ámbito político? 0 / 4

El sistema unipartidista y autoritario de Cuba excluye al pueblo de toda participación política genuina y autónoma. Los organismos de inteligencia desempeñan una función importante en la supresión del disenso, además de ejercer una profunda influencia en prácticamente todos los aspectos del Estado. Los integrantes de los grupos disidentes e incluso los actores independientes del entorno artístico y periodístico, entre otros, son objeto de vigilancias sistemáticas y de frecuentes interrogatorios dirigidos a silenciarlos o a convertirlos en informantes.

Los empleados estatales que expresan su disenso político o desavenencias con las autoridades suelen ser acosados o despedidos sumariamente. A los profesionales que fueron separados de sus cargos en el sector público se les hace difícil continuar con sus carreras.

B4.  ¿Los diversos segmentos de la población (étnicos, religiosos, de género, LGBT+ y demás grupos pertinentes) cuentan con derechos políticos y oportunidades electorales plenas? 0 / 4

En los últimos años el liderazgo del PCC ha demostrado una mayor diversidad racial y de género. No obstante, en vista de que se niegan los derechos políticos de todos los ciudadanos de la isla, las mujeres, los afrocubanos y los integrantes de otros grupos demográficos no pueden elegir a sus representantes ni organizarse independientemente para hacer valer sus intereses políticos.

Más de la mitad de los 605 escaños en la Asamblea Nacional están ocupados por mujeres, aunque durante el congreso del partido de abril de 2021 ocuparon únicamente  3 de los 12 escaños del Buró Político del Comité Central del PCC. Los cubanos de ascendencia africana y mestiza cuentan con buena representación en la legislatura. Lazo, afrocubano incondicional del PCC, ocupa simultáneamente los poderosos puestos de presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado.

Los intereses políticos de las personas LGBT+ no se hallan bien representados. Se permite un cierto grado promoción pública de sus causas, pero únicamente con la autorización del PCC.

C. FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO: 1 / 12

C1.  ¿Las políticas de gobierno son determinadas por el jefe de gobierno y por los representantes legislativos nacionales elegidos libremente? 0 / 4

En Cuba ninguno de los funcionarios elegidos nominalmente llegó a su cargo mediante contiendas electorales libres y justas. En la práctica las decisiones normativas importantes se reservan para los líderes del PCC. La Asamblea Nacional, que según la Constitución es “el órgano supremo del poder del Estado” posee muy poca influencia independiente, se reúne en breves sesiones dos veces por año y emite votos unánimes respecto de casi todas las cuestiones que se le presentan.

C2.  ¿Son sólidas y eficaces las protecciones en contra de la corrupción oficial? 1 / 4

En Cuba la corrupción sigue constituyendo un problema grave; la ilegalidad generalizada se halla presente en la vida cotidiana. El Estado tiene el monopolio de la mayoría de las grandes operaciones comerciales y no existen mecanismos independientes de rendición de cuentas aplicables a los funcionarios en casos de comisión de ilícitos.

En ocasiones el gobierno ha realizado campañas contra la corrupción y se han impuesto largas condenas de prisión a altos funcionarios cubanos y a empresarios extranjeros declarados culpables de actos de corrupción. No obstante, se han rechazado las reformas internas que harían que el sistema fuera más transparente y menos proclive al abuso. Las autoridades no toleran a agrupaciones de la sociedad civil ni a los periodistas o tribunales independientes que puedan funcionar como frenos externos a los ilícitos gubernamentales.

C3.  ¿El gobierno funciona de forma abierta y transparente? 0 / 4

Cuba no cuenta con legislación eficaz que garantice la libertad de información ni el acceso a expedientes oficiales. El Decreto Ley 6 de 2020 prevé la facultad de solicitar datos ante la Oficina Nacional de Estadísticas, aunque en la práctica los funcionarios pueden rechazar dichos pedidos.

LIBERTADES CIVILES: 11 / 60 (−1)

D. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE CREENCIA: 4 / 16

D1.  ¿Existen medios de comunicación libres e independientes? 0 / 4

El ámbito mediático cubano es uno de los más restrictivos del mundo. El sector formal de medios es de propiedad del Estado y se halla controlado por él. La Constitución prohíbe la propiedad privada de medios. La prensa independiente de la isla funciona ilegalmente; sus publicaciones se consideran “propaganda enemiga”, y sus periodistas son constantemente asediados, detenidos, interrogados, amenazados y difamados en la prensa oficial, además de negárseles la posibilidad de viajar al extranjero. Es frecuente que los agentes del gobierno los acusen de mercenarios o incluso de terroristas; muchos deben enfrentarse a denuncias de “usurpación de la capacidad jurídica”, “difusión de noticias falsas” y de comisión de otros delitos vagamente definidos. Los periodistas de los medios de comunicación estatales tienen discursos similares al momento de debatir los asuntos relativos a los disidentes. En abril de 2021 el presentador de televisión Humberto López instó a que se acusara a integrantes del MSI y del colectivo 27N de “traición a la patria”, un delito que se castiga con la pena capital.

En la comunidad artística el gobierno persigue y sigue de cerca a quienes percibe como disidentes, así como a figuras mediáticas y a artistas reconocidos que expresan opiniones independientes o críticas. En mayo de 2021 las autoridades ingresaron por la fuerza al domicilio Luis Manuel Otero Alcántra, integrante del MSI, quien había iniciado una huelga de hambre por la incautación y destrucción de obras de arte en abril, y lo trasladaron al hospital. Aunque Otero fue liberado a fines de mayo, se lo detuvo el 11 de julio en el marco de las protestas que se llevaban a cabo en todo el territorio de la isla. Otero realizó una nueva huelga de hambre entre fines de septiembre y mediados de octubre.

Hacia mediados de mayo de 2021, Maykel Castillo Pérez, cofundador del MSI, fue detenido por las autoridades y acusado de haber cometido delitos, tales como “resistencia” y “desacato”. Castillo, quien coprodujo y presentó el tema opositor al gobierno “Patria y Vida” junto con Otero, inició una huelga de hambre a fines de octubre mientras se encontraba detenido en la prisión de Pinar del Río. A fines de 2021, tanto Otero como Castillo permanecían presos.

Durante 2021, distintos periodistas y artistas fueron exiliados o se les prohibió regresar a Cuba. En marzo, se le negó el ingreso al país a la periodista opositora Karla Pérez González cuando regresaba desde Costa Rica. En agosto, Costa Rica otorgó a Pérez la condición de refugiada. En junio, Hamlet Lavastida, artista e integrante del colectivo 27N, fue arrestado y acusado de instigación a cometer delito por comunicarse con otros miembros del colectivo. Lavastida y su compañera, la poetisa Katherine Bisquet, fueron exiliados de Cuba en septiembre.

D2.  ¿Hay libertad para practicar y expresar en privado y en público la fe religiosa o el ateísmo? 3 / 4

Si bien los cubanos gozan de libertad religiosa, existen obstáculos oficiales que dificultan que las iglesias funcionen sin interferencias. Ciertos grupos confesionales han luchado para lograr su inscripción; la afiliación a un grupo no registrado constituye un delito penal. La Iglesia Católica Romana se ha beneficiado de una ampliación de sus derechos pastorales, tales como el acceso periódico a los medios estatales y a espacios públicos, así como la posibilidad de construir nuevos templos y distribuir sus propias publicaciones. Las agrupaciones protestantes y evangélicas suelen enfrentarse a mayores restricciones, aunque en los últimos años han gozado de una mejora en las condiciones.

D3.  ¿Hay libertad académica y el sistema educativo no es objeto de adoctrinamientos políticos? 0 / 4

En Cuba la libertad académica se encuentra restringida. Las escuelas y universidades privadas están prohibidas desde la década de 1960. El material didáctico suele tener contenido ideológico, y es habitual que los docentes deban estar afiliados al PCC para poder avanzar en sus carreras. Los estudiantes universitarios son expulsados por conductas disidentes. A pesar de que las visas de salida se eliminaron en 2013, los profesores universitarios deben obtener autorización para viajar a conferencias académicas celebradas en el extranjero, y es común que los funcionarios oficiales impidan que los intelectuales disidentes asistan a ese tipo de reuniones. Los funcionarios prohíben el ingreso de intelectuales prominentes que han sido críticos del régimen. En los últimos años se han registrado varios casos de académicos separados de sus cargos como represalia por sus opiniones o actividades políticas.

D4.  ¿Hay libertad para expresar opiniones personales u otros temas sensibles sin temor de ser objeto de vigilancia o de represalias? 1 / 4

Si bien en privado los cubanos suelen enfrascarse en debates sobre temas cotidianos como la economía, el precio de los alimentos, los viajes al exterior y el acceso a internet, tienden a evitar hablar de cuestiones políticas más sensibles. Los Comités para la Defensa de la Revolución, que operan a nivel barrial, colaboran con los órganos de seguridad al fiscalizar, comunicar y reprimir el disenso.

Las autoridades también hacen un seguimiento de las expresiones de disenso en los medios sociales y en las comunicaciones electrónicas e imponen a los usuarios cargos penales u otros mecanismos de represalia. El Decreto Ley 370 de 2019 prohíbe que los ciudadanos cubanos alojen artículos de su autoría en servidores ubicados en el extranjero—incluidas las plataformas de redes sociales, como Facebook—y no permite “difundir información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. El Decreto Ley 389, aprobado en 2019, permite a las autoridades llevar a cabo actividades de vigilancia electrónica sin homologación judicial previa y utilizar la información recabada como prueba en causas penales.

En agosto de 2021 se publicaron en la Gaceta Oficial diversas leyes y resoluciones que restringen el debate en privado. Ese mes el gobierno publicó el Decreto Ley 35 que permite a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A., de propiedad del Estado, cerrar cadenas que se utilicen para difundir información considerada falsa o perjudicial para el “orden público”. Asimismo, el gobierno promulgó el Decreto Ley 42 que exige que los proveedores de servicios de internet suspendan o interrumpan los servicios de usuarios que difundan dicho contenido. La Resolución 105, en tanto, se ocupa de la “divulgación de noticias falsas”.

Las tecnologías de anonimidad y encriptado se hallan legalmente prohibidas, aunque muchos cubanos con acceso al internet móvil utilizan servicios cifrados, como WhatsApp y Telegram, para comunicarse en forma privada con amigos de su confianza.

E. DERECHOS A LA ASOCIACIÓN Y A LA ORGANIZACIÓN: 0 / 12

E1.  ¿Hay libertad de reunión? 0 / 4

Las restricciones a la libertad de reunión siguen siendo un mecanismo clave de control político. Las fuerzas de seguridad y los agresores apoyados por el gobierno suelen dispersar protestas o reuniones pacíficas de disidentes políticos y activistas cívicos. El gobierno también ha utilizado las medidas contra el COVID-19 para dispersar las reuniones y asambleas.

Durante el año autoridades y funcionarios han interrumpido y dispersado por la fuerza numerosas protestas. En enero los defensores del 27N realizaron una manifestación frente a la sede del Ministerio de Cultura que terminó luego de que el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, abofeteara a un periodista.

El 11 de julio los cubanos participaron de las concentraciones más grandes de los últimos 20 años, con protestas en toda la isla contra la escasez de productos básicos, las dificultades económicas, la respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19, y la falta de libertades fundamentales. El presidente Díaz-Canel llamó a los defensores del gobierno a oponerse a las protestas y sostuvo, entre otros comentarios televisados, que “la orden de combate está dada”. Las autoridades actuaron con violencia a fin de dispersar las protestas; los agentes de seguridad usaron fuego real, gases lacrimógenos y gas pimienta; también fueron vistos con armas de descarga contra los manifestantes. Una persona perdió la vida y hubo unos mil trescientos detenidos, hacia fines de diciembre más de setecientos de ellos seguían aún privados de la libertad.

Las autoridades restringieron las actividades de Archipiélago, un grupo que pretendía organizar concentraciones en contra del gobierno en noviembre de 2021 y exigía la liberación de los detenidos en julio. En octubre se rechazó la solicitud del grupo para celebrar manifestaciones en noviembre. También en octubre los fiscales advirtieron a los líderes de la agrupación que no avanzaran con sus planes. El 15 de noviembre las fuerzas de seguridad se desplegaron para impedir las protestas que estaban planeadas, al tiempo que los organizadores y destacados opositores al gobierno fueron detenidos. El dramaturgo y líder de Archipiélago, Yunior García Aguilera, abandonó Cuba y huyó a España unos días después.

E2.  ¿Hay libertad para las organizaciones no gubernamentales, en particular para las que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y en temas de gobernanza? 0 / 4

El gobierno cita la Ley de Asociaciones de 1985 para rehusarse a inscribir nuevas organizaciones que no cuenten con la supervisión del Estado. En los últimos años, casi todas las detenciones breves por motivos políticos se han dirigido a integrantes de asociaciones independientes, laboratorios de ideas, agrupaciones de derechos humanos, partidos políticos o sindicatos.

Durante 2021 varias ONG fueron objeto de represión y sus miembros sufrieron arrestos, detenciones y exilio. Además del MSI, las autoridades fueron tras el colectivo 27N, Archipiélago, las Damas de Blanco, y la Unidad Patriótica de Cuba (UNPACU). José Daniel Ferrer García, líder de la UNPACU, fue detenido cuando intentaba incorporarse a las protestas del 11 de julio. En agosto el gobierno revocó una orden de arresto domiciliario dictada contra Ferrer en una condena anterior, enviándolo a prisión con una pena de cuatro años y catorce días. En noviembre de 2021 Berta Soler Fernández, líder de Damas de Blanco, y Guillermo Fariñas, integrante de la UNPACU, fueron arrestados y detenidos, junto con otras personas, cuando las autoridades pretendían dispersar las concentraciones planificadas para ese mes por Archipiélago.

E3.  ¿Hay libertad para los sindicatos y para asociaciones profesionales o laborales similares? 0 / 4

Los trabajadores cubanos no gozan del derecho a la huelga ni a la negociación colectiva. Los sindicatos independientes son ilegales.

F. ESTADO DE DERECHO: 1 / 16 (−1)

F1.   ¿Existe un Poder Judicial independiente? 0 / 4

La Constitución dispone que la Asamblea Nacional es el órgano que controla las designaciones y suspensiones judiciales, en tanto que el Consejo de Estado es el que ejerce esos poderes cuando la asamblea no se encuentra en sesión. El Consejo de Estado está facultado para dictar “instrucciones de carácter general” a los tribunales que, en la práctica, generalmente fallan de conformidad con los intereses del PCC. Los jueces son los encargados de aplicar la legislación en materia de delitos vagamente definidos, como los de “desorden público”, “desacato”, “falta de respeto a la autoridad” y “peligrosidad predelictiva”, todos ellos utilizados para judicializar a los opositores políticos del régimen.

F2.   ¿En las causas civiles y penales prima el debido proceso? 0 / 4

Un ejemplo frecuente de que el régimen vulnera sistemáticamente el debido proceso lo presentan las causas penales espurias entabladas en contra de disidentes y periodistas independientes.

Los detenidos el 11 de julio de 2021 sufrieron violaciones al debido proceso, y el Poder Judicial realizó juicios sumarios contra los acusados. A principios de agosto se dictaron condenas y sentencias judiciales contra cuarenta personas, aunque ninguna de ellas contó con representación legal. Se informa que en diciembre tuvo lugar una nueva ronda de juicios, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió que más de ciento cincuenta acusados fueron condenados a prisión durante esos procesos. Algunos de los que fueron condenados en diciembre recibieron penas de hasta treinta años.

La celeridad de los procesos judiciales no está garantizada para los cubanos judicializados. Se detuvo a Luis Robles Elizástigui luego de haber efectuado una protesta unipersonal en diciembre de 2020 y, aunque fue acusado de “desobediencia” y de difundir “propaganda enemiga”. Su proceso judicial recién se inició en diciembre de 2021 y los fiscales solicitaron una condena de seis años.

F3.   ¿Hay protecciones contra el uso ilegítimo de la fuerza física, así como ausencia de guerra e insurgencias? 0 / 4 (−1)

Aunque se estima que el índice de delitos violentos es relativamente bajo, la seguridad física de la población se ve socavada por la violencia respaldada por el gobierno. Es frecuente que los activistas de la oposición, los defensores de derechos humanos y los demás enemigos que percibe el régimen sean sometidos a agresiones públicas, a usos excesivos de la fuerza policiaca en el marco de redadas y detenciones, así como a abusos durante los periodos de privación de la libertad. El gobierno se ha negado reiteradamente a permitir una observación internacional de sus cárceles. Las condiciones carcelarias son deficientes; hay hacinamiento, trabajos forzados y abusos físicos, además de condiciones higiénicas y sanitarias inadecuadas.

Los cubanos sufrieron violencia a manos de las autoridades durante las protestas del 11 de julio y con posterioridad a ellas. Las fuerzas de seguridad utilizaron fuego real contra los manifestantes, además de someter a los detenidos a tratos violentos y degradantes, tales como torturas, privación del sueño y amenazas de represalia. Una adolescente detenida el 11 de julio contó que agentes de las fuerzas de seguridad le ordenaron quitarse la ropa e insinuaron que sería violada. El periodista opositor Orelvys Cabrera Sotolongo, detenido mientras cubría las protestas, también fue obligado a quitarse la ropa durante los interrogatorios que se le realizaron. Leonardo Romero Negrín, estudiante universitario detenido el 11 de julio, contó que tras su detención los agentes lo agredieron físicamente. La Fiscalía Militar cubana se negó a recoger una denuncia penal presentada por el padre de Romero en septiembre.

Cambio de calificación. La calificación se redujo de 1 a 0 debido a denuncias fiables de represión violenta contra manifestantes pacíficos durante las protestas del 11 de julio, así como al trato degradante y a las torturas de que fueran objeto algunos de los detenidos en los meses subsiguientes.

F4.   ¿La legislación, normativa y prácticas garantizan un trato igualitario de los diversos sectores de la población? 1 / 4

El artículo 42 de la Constitución de 2019 amplió las protecciones contra la discriminación a una gama más amplia de grupos vulnerables y agregó expresamente ciertas categorías, como la de origen étnico, identidad de género, orientación sexual, edad y discapacidad, a las salvaguardas relativas a la raza, el sexo, el origen nacional y la religión. El hecho de que el PCC controla el gobierno y el sistema judicial restringe la capacidad que poseen esos órganos para hacer valer dichas garantías en forma efectiva o imparcial. Las exhortaciones independientes en pro de un trato igualitario pueden generar represalias del Estado.

Las mujeres gozan de igualdad ante la ley y se encuentran bien representadas en la mayoría de las profesiones, aunque su índice de participación en la fuerza laboral es muy inferior al de los hombres, lo que sugiere una disparidad económica persistente y un doble rasero cultural. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2019 el índice de participación en la fuerza laboral de los hombres era de aproximadamente un 66,3 %, en tanto que el de las mujeres alcanzaba el 41 %.

Si bien la discriminación racial es ilegal desde hace ya mucho tiempo, los afrocubanos informan que son objeto de una discriminación generalizada y de instancias de perfilado racial por la policía. Muchos carecen de acceso a la economía del dólar y reciben menos remesas del exterior que los cubanos blancos.

La discriminación por orientación sexual es ilegal en el empleo y en la vivienda. Mariela Castro Espín, hija de Raúl Castro y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), que busca controlar y dirigir la defensa de la población LGBT+, ha promovido las causas de las personas LGBT+. No obstante, las acciones de promoción realizadas por los grupos y activistas LGBT+ independientes no son tenidas en cuenta o son reprimidas.

G. AUTONOMÍA DE LA PERSONA Y DERECHOS INDIVIDUALES: 6 / 16

G1.  ¿La persona goza de libertad de circulación, incluida la capacidad de cambiar su lugar de residencia, de empleo o de educación? 1 / 4

La libertad de circulación y el derecho de cambiar el lugar de residencia y de empleo se encuentran restringidos. Los habitantes de la isla aún pagan altísimos aranceles para obtener sus pasaportes. Los médicos, diplomáticos y atletas cubanos que hayan “desertado” al exterior no pueden visitar el país por un periodo de ocho años. A pesar de que en 2013 se sancionó una ley que derogó el requisito de la visa de salida, ciertos disidentes y periodistas tienen prohibido viajar al extranjero: durante 2020 la cantidad de regulados, como se los denomina en la isla, aumentó considerablemente, y según algunas estimaciones superaban los doscientos a fines de dicho año.

G2.  ¿La persona puede ejercer su derecho de propiedad y constituir emprendimientos privados sin la interferencia indebida de actores estatales y no estatales? 1 / 4

La Constitución de 2019 reconoce que la propiedad privada es una forma de titularidad de los bienes, aunque las oportunidades de obtenerlos y de operar empresas privadas siguen estando restringidas. En julio de 2020, en un esfuerzo por dar respuesta a los efectos económicos de sus medidas contra el COVID-19, el gobierno anunció planes para una serie de reformas económicas, entre las que se incluía la legalización de pequeñas y medianas empresas. En junio de 2021 el gobierno anunció que permitiría la formación de pequeñas y medianas empresas, aunque sus actividades estarían limitadas a sectores que no son considerados estratégicos. Se mantuvieron las restricciones aplicables a los trabajadores autónomos, incluso con la política de empresas privadas actualizada del gobierno.

G3.  ¿La persona goza de libertades personales sociales, tales como la elección de su pareja a efectos matrimoniales y el tamaño de su familia, la protección en casos de violencia doméstica y el control de su apariencia personal? 3 / 4

Los cubanos gozan de amplias libertades en sus relaciones interpersonales, románticas y sexuales. Aunque el divorcio es común, los hombres y las mujeres cuentan con igualdad de derechos en lo relativo a los bienes matrimoniales y a la guarda de los hijos. La Constitución de 2019 no contiene disposiciones que definen al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Aunque el proyecto del código de las familias publicado en septiembre de 2021 permitiría a parejas del mismo sexo contraer matrimonio, antes de entrar en vigencia debe contar con aprobación legislativa y a través de un referéndum.

El aborto es legal en Cuba.

El país no cuenta con legislación específica en materia de violencia doméstica. Se informa que la policía no da respuesta a denuncias por ese tipo de abusos. En enero de 2021 Granma, portavoz del PCC, informó que el proyecto de código de familia se ocuparía de manera más explícita de la violencia doméstica.

G4.  ¿La persona goza de igualdad de oportunidades y no es objeto de explotación económica? 1 / 4

El sueldo promedio oficial sigue siendo extremadamente bajo. Los cubanos que trabajan para empresas extranjeras suelen tener remuneraciones mucho mejores que las de sus conciudadanos, aunque muchos de ellos son contratados mediante una agencia estatal de empleos que se queda con la mayor parte de sus sueldos y aplica criterios políticos al momento de seleccionar a los postulantes.

La debilidad histórica de la moneda nacional alentó el éxodo del personal capacitado hacia los sectores privados y del turismo, donde se utilizaba el CUC, que se hallaba en paridad con el dólar estadounidense. En enero de 2021 se sacó de circulación el CUC, que luego fue retirado definitivamente en junio cuando el CUP quedó como única moneda de curso legal del país. Los cubanos que usaron el CUP debieron hacer frente a la inflación que se registró en el transcurso del año debido a que en el mercado negro se redujo el valor de la moneda respecto del dólar estadounidense.

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