A1. ¿El actual jefe de gobierno y demás autoridades nacionales fueron elegidos mediante elecciones libres y justas? 2 / 4

La constitución estipula que el periodo presidencial es de cuatro años y prohíbe la reelección. En agosto de 2023, el candidato anticorrupción, Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, obtuvo el 58 por ciento del voto para la presidencia en segunda vuelta, con lo que derrotó a la ex primera dama, Sandra Torres, del partido de centroizquierda UNE. Si bien en términos generales los observadores internacionales consideraron que los resultados habían sido creíbles, el periodo electoral se vio ensombrecido por irregularidades significativas. Durante el período preelectoral, a varios candidatos presidenciales se les prohibió participar en las elecciones por razones evidentemente arbitrarias. Los observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) también resaltaron algunos incidentes violentos relacionados con las elecciones y los monitores de elecciones de la Unión Europea (UE) describieron el período inmediatamente anterior a la segunda vuelta como una época “caracterizada por repetidos ataques contra el estado de derecho” por parte de las autoridades en ejercicio que pretendían alterar el proceso electoral.  

Después de las elecciones generales de junio, los funcionarios del partido de gobierno y la Fiscalía General de la República hicieron varios intentos de socavar el proceso democrático. Entre ellos se cuentan tratar de utilizar las instituciones judiciales con el fin de ignorar, dilatar o reversar la certificación de los resultados, intimidar a las autoridades electorales y a los miembros y candidatos del Movimiento Semilla, además de arrojar un manto de duda sobre los resultados electorales. En el mes de julio, la Corte de Constitucionalidad suspendió brevemente los resultados de la primera vuelta electoral después de que un grupo de partidos conservadores derrotados se quejaran de presuntas irregularidades, aunque el recuento parcial realizado en respuesta a esta queja no cambió el resultado de la elección.  

Los esfuerzos por evitar que Arévalo asumiera su mandato no se detuvieron después de su triunfo en agosto. En diciembre, los fiscales solicitaron despojar a Arévalo de su inmunidad política—por tercera vez desde agosto—e hicieron un llamado a anular las elecciones. Posteriormente, la Corte de Constitucionalidad dictó un fallo en el que ordenaba a todos los funcionarios electos que asumieran su cargo en enero de 2024. En diciembre, el director del Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró públicamente que los resultados de la elección eran “válidos, oficiales e inalterables” y que Arévalo se posesionaría en 2024 según lo programado.

A2. ¿Los actuales representantes del poder legislativo nacional fueron elegidos mediante elecciones libres y justas? 2 / 4 (−1)

Los miembros del Congreso unicameral de 160 escaños se eligen por un período de cuatro años. Los Legisladores fueron elegidos en junio de 2023. El Movimiento Semilla ganó 23 escaños, el UNE obtuvo 28 escaños y el partido Vamos del presidente saliente, Alejandro Giammattei, ganó 39 escaños. El partido Cabal obtuvo 18 escaños y los 52 escaños restantes se dividieron entre 13 partidos. 

Los resultados de las elecciones del 2023 fueron calificados como creíbles, aunque algunos observadores apuntaron que hubo algunos actos de violencia política el día de las elecciones, lo que obligó a suspenderlas en dos municipios. 

Desde las elecciones legislativas de junio, el Movimiento Semilla y sus representantes han sido objeto de ataques, políticamente motivados, por parte del Ministerio Público y los legisladores en ejercicio. El partido fue suspendido en noviembre, al finalizar el período electoral, y así siguió hasta finales del año. Si bien la suspensión del Movimiento Semilla no invalida los escaños en el congreso, después de la suspensión del partido los legisladores fueron calificados como independientes, lo que impide que se les reconozcan como bloque y no pueden presidir comités ni ocupar cargos de liderazgo en el poder legislativo.

Cambio de Puntaje: El puntaje bajó de 3 a 2 debido a que los legisladores en ejercicio sostienen que la suspensión del Movimiento Semilla inhabilita a los legisladores electos del partido para ocupar cargos de liderazgo en el nuevo Congreso.

A3. ¿Las leyes y el marco electoral son justos y se aplican de manera imparcial por parte de los órganos de gestión electoral? 2 / 4

El marco legal guatemalteco sienta las bases para llevar a cabo elecciones democráticas. No obstante, muchas de las polémicas decisiones tomadas por los tribunales guatemaltecos y el TSE en 2022 y 2023 favorecen al partido de gobierno y a otros partidos conservadores. En el año 2023 se impidió, de manera arbitraria y por motivos dudosos, que aproximadamente el 10 por ciento de los candidatos optara a ser elegido, lo que impide la verdadera competencia y es motivo de preocupación en cuanto a la imparcialidad de los tribunales y la justicia de las elecciones. 

Las autoridades electorales fueron objeto de intimidación, amenazas y actos ilícitos por parte del Ministerio Público durante 2023. Según la OEA, el ministerio llevó a cabo numerosos allanamientos al TSE sin debida causa, lo que constituye un ataque contra “las funciones, la independencia y la autonomía” de este órgano. En diciembre, el Congreso despojó a cuatro magistrados del TSE de su inmunidad para ser juzgados penalmente, lo que la oposición consideró un nuevo intento de impedir la transferencia del poder al presidente electo Arévalo.

B. PLURALISMO POLÍTICO Y PARTICIPACIÓN: 8 / 16 (−2)

B1. ¿Tiene el pueblo el derecho a organizarse en distintos partidos políticos o grupos políticos competitivos de su preferencia y el sistema no pone trabas indebidas al crecimiento y la caída de estos partidos o grupos competitivos? 2 / 4 (−1)

Las elecciones se celebran dentro de un sistema multipartidista rudimentario en el que con frecuencia se crean nuevos partidos, normalmente sin recursos ni infraestructura suficientes para obtener apoyo. Las deficiencias en la aplicación de la reglamentación sobre financiación de partidos han permitido a algunos candidatos y partidos acceder a gran cantidad de recursos. 

En 2023, las autoridades hicieron algunos intentos consensuados de impedir el crecimiento y éxito del partido Movimiento Semilla mediante tácticas de intimidación y procesos judiciales irregulares. El partido se vio obligado a afrontar varias suspensiones durante el año y fue investigado por la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público sobre la base de cargos dudosos. En últimas, el partido fue suspendido en noviembre, una vez concluido el período electoral, con base en la solicitud de un juez que investigaba “anomalías” en la creación del partido. En diciembre, los fiscales hicieron un llamado al TSE para que anulara los resultados de la elección. La cabeza del TSE respondió mediante una declaración en el sentido de que los resultados electorales eran “inalterables” y los representantes de la OEA censuraron las declaraciones de la Fiscalía, calificándolas de “intento de golpe.” La suspensión del Movimiento Semilla y otros intentos por impedir que el partido y el presidente electo, Bernardo Arévalo, asumieran el poder continuaron hasta el final del año. 

Cambio de Puntaje: El puntaje bajó de 3 a 2, puesto que, a lo largo del año, la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público y las autoridades electorales realizaron continuos ataques judiciales contra el Movimiento Semilla y realizaron repetidos intentos de judicializar y suspender al partido.

B2. ¿Existe la posibilidad realista de que la oposición aumente su apoyo o gane el poder mediante un proceso electoral? 2 / 4 (−1)

La política guatemalteca es inestable y con frecuencia el poder rota de un partido a otro, lo que puede impedir que la oposición tradicional forme coaliciones. En los últimos años, los partidos nuevos han ganado cuotas significativas de poder. 

Varios candidatos fueron descalificados por motivos arbitrarios durante el período electoral del 2023. El Ministerio Público, encabezado por la Fiscal General de la República María Consuelo Porras, también lideró algunos intentos de suspender y descalificar al Movimiento Semilla.  En últimas, la suspensión del partido fue bloqueada por los tribunales hasta que terminó el período electoral oficial a finales de octubre. El partido siguió suspendido hasta finalizar el año y por consiguiente los legisladores del Movimiento Semilla no pudieron legislar en bloque. Además, las autoridades intentaron impugnar y deslegitimar los resultados de la elección y así evitar que Arévalo se posesionara. En diciembre, inclusive buscaron la anulación de los resultados de la elección. 

Cambio de Puntaje: El puntaje bajó de 3 a 2 por los repetidos intentos de las autoridades de descalificar arbitrariamente a los candidatos opositores del Movimiento Semilla durante el período electoral y así evitar la transferencia de poder en favor del líder del Movimiento Semilla y presidente electo Bernardo Arévalo.

B3. ¿Las preferencias políticas del ciudadano están exentas del dominio de fuerzas externas a la política o de fuerzas políticas que emplean medios no políticos? 2 / 4

El acoso verbal y la violencia física contra los votantes son comunes durante las elecciones. La debilidad y arbitrariedad del cumplimiento de las normas de financiación de campañas ofrece ventajas tendenciosas en cuanto a recursos.  La financiación de candidatos se basa en intereses especiales y en lo que le conviene al crimen organizado.  Esto distorsiona las opciones políticas de los ciudadanos. También es común la compra de votos y el uso de fondos públicos para influir en el resultado de las elecciones. Algunos observadores informaron que grupos armados y organizaciones criminales han intentado influir en los resultados de las contiendas electorales locales.

B4. ¿Tienen los diversos segmentos de la población (como grupos étnicos, raciales, religiosos, de género, LGBT+ y demás colectivos relevantes) plenos derechos políticos y oportunidades electorales? 2 / 4

Los miembros de grupos étnicos y otras minorías luchan por ejercer plenamente sus derechos políticos. No existen medidas afirmativas que fomenten la elección de representantes de los pueblos indígenas, quienes no están suficientemente representados a pesar de que constituyen aproximadamente la mitad de la población. De los 30 partidos políticos que participaron en las elecciones del 2023, solamente uno se identificó como indígena. Del total de 160 escaños legislativos, solamente 12 serán ocupados por indígenas. 

Las mujeres no están suficientemente representadas en la política. En el congreso entrante, solamente ocuparán un 20 por ciento del total de escaños.

C. FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO: 3 / 12 

C1. ¿El jefe de gobierno es elegido libremente y los representantes nacionales del legislativo determinan las políticas de gobierno? 2 / 4

El gobierno electo y la legislatura determinan las políticas de gobierno, aunque con frecuencia están sujetos a la influencia de intereses externos. Los exmilitares siguen ostentando un poder significativo. 

Después de las elecciones del 2023, los funcionarios en ejercicio hicieron varios intentos por revertir los resultados de las elecciones y así evitar que Arévalo se pudiera posesionar de su cargo. Al finalizar el año, los intentos de obstrucción antidemocrática y de motivación política seguían sucediendo antes de la transferencia del poder programada para enero de 2024. 

Los grupos empresariales siguen incidiendo de manera importante en todas las ramas del poder y ocupan cargos en los organismos directivos de varias instituciones públicas. El crimen organizado ha permeado las instituciones estatales.

C2. ¿Existen salvaguardas sólidas y eficaces contra la corrupción oficial? 0 / 4

La corrupción, que suele estar relacionada con el crimen organizado, sigue siendo un gran problema. Las autoridades continúan obstaculizando la lucha contra la corrupción, paralizando judicializaciones y desmantelando procesos adelantados por organismos anticorrupción, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Tanto jueces como fiscales, periodistas y actores de la sociedad civil comprometidos en la lucha contra la corrupción están cada vez más expuestos a convertirse en el punto de mira de ataques físicos, amenazas, demandas maliciosas y campañas de difamación. 

La Fiscal General Porras ha despedido, transferido o entablado causas contra varios fiscales anticorrupción y jueces independientes. Durante 2023, la fiscal general abrió juicios políticamente motivados en un intento por deslegitimar las elecciones y así evitar que el presidente electo Arévalo se posesionara de su cargo. 

El gobierno de EE.UU. sancionó a varios funcionarios gubernamentales guatemaltecos, tanto antiguos como en ejercicio, dentro de los que se cuentan la Fiscal General Porras y al menos 10 jueces y fiscales, por delitos relacionados con corrupción.

C3. ¿Funciona el gobierno con apertura y transparencia? 1 / 4

Los despachos de información pública no suelen publicar datos sobre gasto público como es su obligación. La ley de Acceso a la Información prácticamente no se hace cumplir. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) siguen presentando quejas debido a este incumplimiento y tratan de lograr que el gobierno se ciña a las disposiciones legales. Los procesos de contratación y presupuesto son opacos y están plagados de corrupción.

LIBERTADES CIVILES: 29 / 60 

D. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y CULTO: 10 / 16 

D1. ¿Existen medios de comunicación libres e independientes? 1 / 4

A pesar de que la constitución protege la libertad de expresión, los periodistas se autocensuran cuando cubren temas delicados como el narcotráfico, la corrupción, el crimen organizado y las violaciones de los derechos humanos. Los funcionarios públicos, los actores fuera de la ley, la policía y los individuos alineados con empresas que funcionan dentro de las tierras indígenas amenazan permanentemente a los comunicadores. 

Durante el año 2023 aumentaron los ataques, las amenazas y las causas falsas contra periodistas. Según los vigilantes internacionales de la libertad de prensa, al menos cuatro periodistas fueron asesinados durante el año, posiblemente en retaliación por su trabajo. En junio, el fundador y presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, fue condenado a seis años de prisión por cargos espurios de lavado de activos. Su sentencia fue apelada y conmutada en octubre por causa de “irregularidades procesales,” aunque a finales del año Zamora continuaba privado de la libertad a la espera de un nuevo juicio. Sus abogados y otros periodistas que han colaborado con el periódico también son blanco de acoso e intimidación y el periódico se vio obligado a cerrar en el mes de mayo. En los últimos años, al menos una veintena de periodistas han salido del país.  

En 2023, los periodistas rurales, indígenas y mujeres no recibieron suficiente protección contra la discriminación, las amenazas y las causas legales insustanciales, y en varias ocasiones los reporteros que cubren noticias regionales son blanco de ataques y detenciones. 

La propiedad de los medios está muy concentrada y los medios de comunicación independientes tienen dificultades financieras por causa de la caída de los ingresos publicitarios. La ley contra los delitos cibernéticos del país no ha protegido a los medios de comunicación ni a los reporteros contra el acoso mediante troles pagados, mientras los funcionarios públicos abusan de leyes no relacionadas con el tema para censurar a las redes sociales. En 2023, los ataques contra periodistas independientes y redes sociales incluyeron el jaqueo de sitios web y de cuentas de redes sociales, entre otros medios de vigilancia por internet.

D2. ¿Son las personas libres de practicar y expresar su fe religiosa o su incredulidad en público y en privado? 4 / 4

La constitución garantiza la libertad religiosa y las personas son libres de practicar y expresar su fe religiosa o agnosticismo.

D3. ¿Existe libertad académica y el sistema educativo no practica el adoctrinamiento político de manera extensiva? 3 / 4

Si bien el gobierno no interfiere con la libertad académica, algunos académicos han recibido amenazas de muerte por el hecho de cuestionar abusos anteriores contra los derechos humanos o injusticias que todavía persisten.

D4. ¿Gozan las personas de libertad para expresar sus puntos de vista personales acerca de la política u otros temas delicados sin miedo a la vigilancia o a la venganza? 2 / 4

Muchos guatemaltecos toman ciertas precauciones al tratar temas sociales o de otro tipo cuando están fuera de sus hogares debido al alto nivel de inseguridad que reina en el país. Tanto periodistas como defensores de derechos humanos han informado acerca de incidentes de acoso y vigilancia, lo cual, junto con la creciente intimidación y asedio a opositores del gobierno, ha fomentado la autocensura. 

E. DERECHOS DE ASOCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN: 6 / 12

E1. ¿Existe el derecho de reunión? 2 / 4

Aunque la constitución garantiza el derecho de reunión, éste no siempre se cumple. La policía suele amenazar y en ocasiones utilizar la violencia contra los manifestantes. Las protestas relacionadas con derechos ambientales o indígenas suelen toparse con una dura resistencia por parte de la policía y los grupos armados ilegales. La administración de Giammattei ha declarado estados de sitio y prevención en varias ocasiones. Estas medidas de emergencia autorizan al gobierno a restringir las garantías constitucionales como respuesta a las protestas de los últimos años. 

Entre octubre y diciembre de 2023, miles de personas provenientes de todas las regiones de Guatemala participaron en manifestaciones masivas que pedían que se respetaran los resultados de la segunda vuelta electoral de agosto. A principios de octubre, estas protestas escalaron cuando los líderes indígenas declararon una huelga nacional que exigía la dimisión de la controvertida fiscal general, María Consuelo Porras, por el presunto intento de anular los resultados de las elecciones. Aunque la gran mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, se presentaron algunos incidentes aislados de violencia, como un ataque contra manifestantes perpetrado por varias docenas de atacantes desconocidos. Los manifestantes bloquearon caminos y carreteras rurales, además de zonas urbanas durante las protestas, lo que desencadenó críticas por parte de la Corte de Constitucionalidad y del presidente Giammattei, quien declaró que el bloqueo de las vías era ilegal. En algunas ocasiones las fuerzas de seguridad del estado utilizaron la fuerza y lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

E2. ¿Gozan de libertad las organizaciones no gubernamentales, en particular aquellas que trabajan por los derechos humanos– y en temas relacionados con la gobernanza? 2 / 4

La constitución garantiza la libertad de asociación y existe una serie de ONG en funcionamiento. No obstante, Guatemala carece de una política pública integral encaminada a proteger a los defensores de los derechos humanos y la legislación reciente tiene en la mira a las ONG puesto que ha establecido nuevas restricciones. Algunos grupos relacionados con temas indígenas, ambientales y de derechos humanos enfrentan mayor violencia y criminalización por causa de su trabajo.  

Se ha obligado a varios defensores a salir del país por miedo a la persecución y los abogados que defienden a los activistas de derechos humanos han sido objeto de ataques y amenazas. En 2022, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) registró 3.574 actos de agresión contra defensores de derechos humanos, la cifra más alta que el grupo haya alcanzado en los últimos 22 años.

E3. ¿Gozan de libertad los sindicatos y demás organizaciones profesionales o laborales similares? 2 / 4

Aunque Guatemala cuenta con un fuerte movimiento laboral, a los trabajadores se les suele negar el derecho a organizarse y se ven abocados a soportar despidos masivos y a formar parte de listas negras. Los miembros de los sindicatos también son objeto de intimidación y violencia, especialmente en zonas rurales. El derecho laboral obstaculiza la membrecía sindical e impide la huelga.

F. ESTADO DE DERECHO: 5 / 16 

F1. ¿Existe una rama judicial independiente? 1 / 4

La rama judicial está maniatada por la corrupción, la ineficiencia y la intimidación de jueces, fiscales y testigos por parte de actores externos y figuras judiciales influyentes. Aquellos que llevan casos de corrupción y derechos humanos de alto perfil han sido destituidos, trasladados o no se les ha permitido asumir sus cargos.  Incluso algunos han sufrido amenazas y enfrentado denuncias penales en su contra, o han sido obligados a salir del país. Hacia finales del año 2023, se informó que más de 40 jueces, fiscales y antiguos funcionarios de la CICIG se encontraban en el exilio. 

La Fiscal General Porras ha bloqueado repetidamente algunas investigaciones de corrupción de gran notoriedad y cada vez con mayor frecuencia utiliza el sistema judicial como arma contra fiscales, abogados y jueces que luchan contra la corrupción. En un caso sucedido en agosto de 2023, la exrepresentante de la CICIG, Claudia González, fue detenida arbitrariamente por cargos espurios de “abuso de autoridad por parte de servidor público,” a pesar de que no era funcionaria del gobierno durante el período en que fue miembro de la CICIG. Fue sentenciada a detención domiciliaria en noviembre.  

La corrupción también ha afectado el proceso de selección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y jueces del Tribunal de Apelación, pues el proceso de nombramiento se detuvo en 2019. En noviembre de 2023, el congreso nombró precipitadamente nuevos magistrados de la Corte Suprema en un proceso que los observadores calificaron como fuertemente viciado. Por lo menos tres de los nominados fueron investigados por tráfico de influencias durante el proceso de nombramiento.

F2. ¿Prevalece el debido proceso en cuestiones civiles y penales? 1 / 4

Aunque la constitución garantiza el derecho al debido proceso, estos derechos no se aplican de manera consistente, en parte por causa de la corrupción de la judicatura y la ineficiencia de las fuerzas policiales puesto que muchos de sus miembros violan de manera rutinaria la ley y los derechos ciudadanos. El acceso a la justicia sigue siendo difícil, especialmente para los pueblos indígenas. La tasa de condenas es muy baja. 

Tanto jueces como fiscales han denunciado amenazas y acoso, campañas de desprestigio y denuncias penales y disciplinarias malintencionadas, aparentemente en retaliación por su trabajo en casos delicados relacionados con corrupción y abusos de los derechos humanos.

F3. ¿Existe protección contra el uso indebido de la fuerza física y el derecho a vivir en paz y libres de movimientos insurgentes? 2 / 4

Continúan los altos niveles de violencia, secuestro y extorsión a manos de la policía, los narcotraficantes y las pandillas callejeras. Los vínculos entre el estado, los políticos, los militares y otros grupos que actúan fuera de la ley no permiten responder de manera coherente a los desafíos de seguridad del país. La tasa de homicidios sigue siendo consistentemente alta. El hacinamiento de las instituciones penitenciarias es enorme y abundan la violencia y la corrupción relacionadas con pandillas y narcotráfico. 

Los esfuerzos por llevar ante la justicia a los perpetradores de antiguos abusos contra los derechos humanos se han visto obstaculizados significativamente debido a las campañas de intimidación contra los que participan en el proceso. En agosto de 2023, un excomandante militar fue condenado a 20 años de cárcel por delitos de lesa humanidad cometidos durante la masacre de Rancho Bejuco ocurrida en 1982. No obstante, otros ocho oficiales comisionados fueron absueltos, quienes, según testigos, formaron parte de este delito.

F4. ¿Garantizan la ley y las políticas y prácticas el trato igualitario de los distintos segmentos de la población? 1 / 4

Aunque la igualdad de derechos está garantizada en la constitución, las minorías siguen recibiendo un trato desigual. Las comunidades indígenas sufren de altos niveles de pobreza, analfabetismo y mortalidad infantil. Las mujeres indígenas son las más marginadas. 

Los colectivos LGBT+ son blanco de discriminación, violencia y abuso policial y no están protegidos por la ley. 

Aunque la constitución prohíbe la discriminación de género, las mujeres siguen siendo objeto de desigualdad. Por lo general, a la mujer se le paga menos por su trabajo que al hombre y el acoso sexual en el lugar de trabajo no está penalizado.

G. AUTONOMÍA PERSONAL Y DERECHOS INDIVIDUALES: 8 / 16

G1. ¿Gozan las personas de libertad de movimiento y pueden cambiar su lugar de residencia, empleo o educación? 3 / 4

Si bien no existen restricciones permanentes al libre movimiento, la violencia y las amenazas por parte de pandillas y grupos del crimen organizado en la práctica coartan este derecho y han provocado el desplazamiento de miles de personas. El movimiento se restringe de manera regular, debido a que el gobierno suele imponer estados de sitio y prevención.

G2. ¿Pueden las personas ejercer su derecho a poseer propiedades y a establecer empresas privadas sin la intervención indebida del estado o de otros actores no estatales? 2 / 4

La protección de los derechos de propiedad y emprendimiento rara vez benefician a las personas que carecen de dinero y conexiones políticas. La protección de la tierra para los pueblos indígenas y en particular para las mujeres indígenas es especialmente limitada, a pesar de una serie de sentencias dictadas en 2020 por la Corte de Constitucionalidad, en las que se reforzaba el derecho a la tenencia comunal de la tierra por parte de comunidades indígenas. En 2023 continuaron los desalojos de las comunidades indígenas. En marzo, una misión internacional independiente de determinación de los hechos, conformada por una delegación de abogados internacionales, encontró que el gobierno “no ha evitado el uso ilícito de la fuerza y la violencia” contra pueblos y comunidades indígenas. 

Los actos criminales, como la extorsión y el fraude, impiden la actividad empresarial. La burocracia estatal ineficiente, plagada de regulaciones ambiguas y complicadas, también contribuye a que sea difícil establecer negocios y ponerlos en funcionamiento.

G3. ¿Gozan los individuos de libertades sociales personales, como la elección de pareja y el tamaño de su familia, la protección contra la violencia intrafamiliar y el control de su propia apariencia? 2 / 4 

La violencia física y sexual contra mujeres y niños sigue siendo alta y rara vez se denuncia a las autoridades.  

La ley permite el aborto únicamente cuando el embarazo pone en peligro la vida de la madre. No obstante, en la práctica, es difícil acceder legalmente a un aborto. 

La tasa de embarazo de adolescentes sigue siendo alta, inclusive en niñas menores de 15 años. Los matrimonios de menores de edad son ilegales, aunque la ley no se aplica de manera eficaz.

G4. ¿Gozan las personas de igualdad de oportunidades y no sufren explotación económica? 1 / 4

El acceso de los indígenas a las oportunidades económicas y a la movilidad socioeconómica sigue siendo limitado, puesto que el 70 por ciento de la población vive en situación de pobreza. La distribución del ingreso está entre las más desiguales del mundo, mientras el 10 por ciento más rico de la población recibe casi el 50 por ciento del ingreso nacional total.  Persisten las barreras para acceder a la educación, especialmente para las niñas, los menores indígenas y los residentes de las zonas rurales. 

El trabajo infantil continúa, especialmente entre niños, niñas y adolescentes indígenas. La explotación sexual afecta en particular a grupos vulnerables como los menores, los colectivos LGBT+ y los indígenas. Con frecuencia, las pandillas obligan a menores y adolescentes a unirse a sus organizaciones o a trabajar para ellas.