Mexico

Partly Free
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100
A Obstacles to Access 18 25
B Limits on Content 25 35
C Violations of User Rights 18 40
Last Year's Score & Status
62 100 Partly Free
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Acontecimientos Clave, 1 de Junio, 2024 - 31 de Mayo, 2024

La libertad en internet disminuyó ligeramente, lo que resalta las persistentes debilidades en el marco legal de México para proteger los derechos humanos en línea. El entorno digital sigue siendo un espacio sólido para la movilización política, el discurso social y las investigaciones periodísticas. Sin embargo, México continúa siendo uno de los países más mortales para el periodismo, y los periodistas en línea son regularmente objeto de amenazas legales, acoso y violencia física, lo que contribuye al clima de la autocensura.

En mayo de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor (LFDA) y al código penal que establecieron un sistema de “aviso y retirada” para reclamos de derechos de autor, profundizando las preocupaciones de que tales disposiciones pudieran ser utilizadas para censurar contenido en línea (ver B3). La persistente violencia relacionada con el crimen organizado ha contribuido a crear “zonas de silencio” donde las y los periodistas no pueden informar de manera segura sobre grupos criminales, corrupción o narcotráfico, y quienes lo hacen enfrentan violencia mortal, lo que alimenta la autocensura entre periodistas digitales (ver B4 y C7). En la antesala de las elecciones generales de México en junio de 2024, actores en línea difundieron información falsa y engañosa en un esfuerzo por beneficiar a las dos principales candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Esto incluyó afirmaciones infundadas de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y Sheinbaum estaban directamente vinculados con el narcotráfico, mientras que cuentas progubernamentales también intentaron manipular la conversación en línea de forma inauténtica (ver B5). Una investigación de Febrero 2024 reveló que el Centro de Operaciones Ciberespaciales (COC), una división de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) formada en 2016 para llevar a cabo “operaciones militares en el ciberespacio”, utilizó un software comercial para monitorear e influir a las personas usuarias de redes sociales críticas del Estado, siendo esta una de las muchas revelaciones de los últimos años sobre los aparentes abusos de vigilancias por parte de los militares (ver B5 y C5). Un reportaje de Noviembre 2023 mostró que la empresa de telecomunicaciones Telcel cumplió con demandas sin orden judicial para entregar los registros telefónicos de más de una docena de funcionarios públicos en años recientes, lo que generó más alarmas sobre la falta de salvaguardas en México para la protección de datos personales (ver C6). Panorama Político

México ha sido una democracia electoral desde el 2000, y la alternancia en el poder entre partidos es una rutina tanto a nivel federal como estatal. Sin embargo, el país sufre de un severo déficit en el estado de derecho que limitan el pleno disfrute de la ciudadanía de los derechos políticos y las libertades civiles. La violencia perpetrada por criminales organizados, la corrupción entre funcionarios gubernamentales, las violaciones a los derechos humanos tanto por actores estatales como no estatales, y la galopante impunidad se encuentran entre los más visibles, de muchos desafíos, de gobernabilidad de México.

A. Obstáculos de Acceso (0-25 puntos)

A1: ¿Las limitaciones infraestructurales restringen el acceso a internet o la velocidad y calidad de las conexiones a internet? (0 – 6 puntos): 5

La conectividad a internet y la calidad del servicio continúan mejorando en México.1 De acuerdo a los últimos datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la tasa de penetración de internet en México se mantuvo en un 81 porciento en 2023.2 El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) reportaron que había 97 millones de usuarios de internet en el país a partir de 2023.3 La proporción de Mexicanos con suscripciones a internet de línea fija ha aumentado durante la última década, creciendo de 10.3 porciento en 2013 a 20.7 porciento en 20234. Sin embargo, solo el 71.7 porciento de hogares tenía acceso a internet en 2023.5

El Índice Global de Speedtest de Ookla registró una velocidad de descarga promedio de línea fija de 70.60 megabits por segundo (Mbps) en mayo de 2024, ubicando a México en el puesto 84 de 181 países encuestados. México también se ubicó en el puesto 90 de 147 países en su encuesta de telefonía móvil, con una velocidad de descarga promedio de 29,30 Mbps.6

La penetración de Internet móvil también ha aumentado de manera constante, con más de 121 millones de suscripciones reportadas por el IFT en septiembre de 2023.7 Según el IFT, el 83 por ciento de todo el tráfico de Internet móvil utilizó tecnología 4G a partir de ese mes, frente al 68 por ciento en septiembre de 2018.8

La disponibilidad de la cobertura de la red móvil 5G se ha expandido en los últimos años. Mientras México se ha convertido en un líder en la adopción 5G entre los países Latinoamericanos , la conexión 5G sigue siendo una porción relativamente pequeña del mercado móvil general de México.9

Los obstáculos para su expansión incluyen una alta taza de impuestos para los proveedores de 5G, la falta de infraestructura adecuada, y la liberación insuficiente de frecuencias 5G en una licitación industrial de 2021.10 Los analistas han advertido que el costo relativamente alto del espectro podría desincentivar a la empresas de telecomunicaciones a desarrollar infraestructura 5G en áreas remotas donde es menos rentable (ver A2).11 Se espera que se realice otra licitación para el espectro 5G en 2025.12

A pesar de los continuos obstáculos, los proveedores de servicios móviles continuaron expandiendo sus redes 5G durante el período de cobertura. En abril del 2024, Telcel, propiedad de América Móvil anunció que tenía más de 10 millones de suscriptores 5G en 125 ciudades de México.13 AT&T informó que su red 5G había llegado a 47 ciudades en México al final del 2023.14

La conectividad a veces se ve interrumpida por daños intencionales a las infraestructuras de telecomunicaciones causados por el crimen organizado. Mientras la impunidad de dichos incidentes no es bien documentada, es sabido que los grupos criminales se dedican al robo de cables de cobre y a la destrucción de torres de telecomunicaciones.15 En ocasiones, a los proveedores también se les ha impedido o retrasado el despliegue de infraestructura de red en determinadas zonas por temor a que sus empleados fueran secuestrados por grupos delictivos organizados.16

Las reformas de telecomunicaciones introducidas en 2013 se diseñaron para remodelar sustancialmente la industria y aumentar el acceso a Internet.17 Si bien el gobierno de López Obrador suspendió algunas iniciativas emblemáticas introducidas en el paquete de reformas, el desarrollo de la red inalámbrica mayorista Red Compartida ha continuado.18 Altán Redes, consorcio a cargo del proyecto, inició sus operaciones en 2018. De acuerdo con el director de Altán Redes, la Red Compartida cubrió al 95.3 por ciento de la población de México en junio de 2024, superando una meta inicial de cobertura del 92.2 por ciento.19

A2: ¿El acceso a Internet es prohibitivamente caro o está fuera del alcance de ciertos segmentos de la población por razones geográficas, sociales o de otro tipo? (0–3 puntos): 1

A pesar de la creciente penetración de internet, la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales sigue siendo significante. En 2023, 85,5 porciento de la población urbana utilizaba internet, en comparación con solo el 66 porciento de la población rural.20 Persisten grandes disparidades geográficas. Según el INEGI y el IFT, en 2023 la penetración de internet superaba el 90 por ciento en los estados de Quintana Roo y Baja California, pero seguía siendo mucho menor en los estados sureños de Oaxaca (70,6 por ciento) y Chiapas (59,9 por ciento).21

Entre las personas mexicanas de bajos ingresos que no tienen teléfono celular, el 43.5 por ciento señaló los costos prohibitivamente altos como su razón para no tener uno, según los resultados de una encuesta de 2023.22 Para el 2023, INEGI informó que el 39,5 por ciento de los hogares del estrato socioeconómico más baja tienen acceso a internet, en comparación con más del 93.5 por ciento de los hogares del estrato socioeconómico más alto.23 A pesar de que los precios promedio de los paquetes de datos móviles en México han bajado significativamente en los últimos años, siguen siendo más caros que los precios en la mayoría de los países de América Latina. Según Cable, con sede en el Reino Unido, el costo promedio de 1 gigabyte (GB) de datos móviles fue de $2.03 en 2023, una marcada caída respecto del costo promedio de $15.05 en 2019.24 Cable descubrió que el costo mensual promedio de la banda ancha fija en México fue de $32.35 en 2024.25

Las comunidades indígenas, que representan casi el 10 por ciento de la población del país, también enfrentan una brecha digital en la cobertura móvil, aunque esta brecha se ha reducido en los últimos años. En agosto de 2023, el IFT informó que el 85 por ciento de la población indígena está cubierta por tecnología 2G, 3G o 4G.26 Los recientes esfuerzos de los principales proveedores para poner fin a la cobertura 2G y reutilizar su espectro para la tecnología 4G pueden afectar desproporcionadamente a estas comunidades, aunque el 75 por ciento de las localidades indígenas estaban cubiertas por una red 4G.27

Las respuestas de la Sociedad civil a los desafíos de acceso a internet han florecido en las comunidades indígenas. En octubre de 2022, Tosepan Titataniske, una cooperativa indígena de la sierra norte del estado de Puebla, lanzó el servicio Wiki Katat, que ofrece servicios asequibles de telefonía móvil e internet a través de la red Altán Redes.28

Los proveedores de telecomunicaciones continúan invirtiendo en iniciativas para reducir la brecha digital. En Noviembre de 2022, la operadora Española de Telecomunicaciones Hispasat y el proveedor de redes Sencinet acordaron seguir prestando servicios de banda ancha por satélite en zonas rurales de México hasta finales del 2024.29 Previamente, en abril de 2022, Hispasat también firmó un acuerdo con el programa gubernamental de conectividad Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) de la Comisión Federal de Electricidad, para proveer servicios de telefonía móvil e internet en escuelas, centros de salud, y áreas públicas en más de 60 comunidades remotas.30 CFE TEIT es un operador móvil virtual (MVNO), un proveedor que usa la infraestructura de otra empresa para operar, y fue lanzada en 2022 con el objetivo de brindar internet de banda ancha móvil y fija asequible a más de 20 millones de Mexicanos para el 2024.31

Los paquetes móviles asequibles de CFE TEIT, conocidos como “Internet para el bienestar”,32 tienen precios que van desde los 50 pesos ($2.88) por 3 GB durante 7 días hasta 230 pesos ($13.25) por 40 GB durante 30 días.33 Hasta febrero de 2024, CFE TEIT también había instalado más de 91,000 puntos de acceso a internet gratuito en espacios públicos a nivel nacional.34

A principios del 2023, la empresa satelital Globalsat anunció que se asociaría con Starlink para brindar servicio de internet gratuito en 1,100 puntos de acceso en áreas remotas en México como parte de un contrato adjudicado por CFE TEIT.35 Se espera que el acuerdo, que tiene validez hasta diciembre de 2024, beneficie a 550,000 personas. En noviembre de 2023, el Gobierno Mexicano anunció un contrato por $89.8 millones de dólares con Starlink para brindar accesos gratuito a internet en áreas con poca conexión hasta el 2026,36 convirtiendo a Starlink en una de las 10 empresas de telecomunicaciones que tienen contrato con CFE TEIT.37

En México, los proveedores de servicios como Telcel, Movistar y AT&T ofrecen planes de zero-rating en los que ciertos servicios digitales como HBO, Netflix, WhatsApp, y sititos de redes sociales no cuentan para la asignación de datos del cliente.38 Las prácticas de precios como los planes de zero-rating limitan la diversidad de contenido al que pueden acceder las personas usuarias con medios económicos limitados y no se ha demostrado que reduzcan las brechas digitales.39

A3: ¿El gobierno ejerce control técnico o legal sobre la infraestructura de Internet con el fin de restringir la conectividad? (0–6 puntos): 6

No se reportaron restricciones impuestas por el gobierno en la conectividad durante el período de cobertura. De acuerdo a los Lineamientos para la Gestión del Tráfico y Administración de Red del IFT, que entraron en vigencia en septiembre del 2021, no están permitidas las interrupciones o bloqueos de internet ordenados por el gobierno, así como las interrupciones de las aplicaciones móviles.40 Sin embargo el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones de 2014 autoriza a la “autoridad competente” dentro del gobierno a solicitar la suspensión de servicio telefónico para “detener la comisión de delitos.”41

Aunque la mayor parte de la infraestructura central de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de México es de propiedad privada, el banco estatal de desarrollo Nacional Financiera (NAFIN) controla la mayoría de las acciones en Altán Redes, la entidad responsable del desarrollo de la red inalámbrica mayorista Red Compartida (ver A1).42 El primer punto de intercambio de internet (IXP) de México fue instalado por KIO Networks en abril del 2014. El IXP aumenta la eficiencia y reduce los costos para los proveedores de servicios de internet (ISP) mexicanos al ayudar a gestionar el tráfico a través de las redes. 43En 2018, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno estatal de Yucatán firmaron un acuerdo para construir el Segundo IXP de México; 44el cual comenzó a operar en febrero de 2021,45 luego de una transición del gobierno local y un extenso proceso de desarrollo y capacitación de la comunidad.46

Según Isaín Mandujano, periodista de Chiapas Paralelo y El Financiero, localidades como Motozintla y Frontera Comalapa, ubicadas en la frontera con Guatemala en el estado de Chiapas, suelen experimentar interrupciones en las comunicaciones causadas por grupos del crimen organizado, incluso mediante el retiro de antenas (ver A1).47 En estas zonas, también se ha reportado el uso de inhibidores de señal por parte de estos grupos para bloquear señales móviles y restringir el acceso a la información.48 Desde 2020, la ley mexicana penaliza la adquisición y el uso de inhibidores de señales, con excepciones limitadas para las autoridades penitenciarias.49

A4: ¿Existen obstáculos legales, regulatorios o económicos que restringen la diversidad de proveedores de servicios? (0 -6 puntos): 4

Las reformas implementadas durante la última década han buscado mejorar el mercado de las TIC reduciendo el dominio del mercado y las barreras a la inversión.

Bajo las reformas constitucionales de 2013, las empresas de telecomunicaciones que controlan más del 50 porciento del mercado están sujetas a regulaciones antimonopolio.50 En abril de 2024, el IFT notificó a América Móvil que implementaría una nueva política regulatoria dirigida a la empresa, parte de la revisión bienal del IFT para supervisar el papel de América Móvil como “agente económico preponderante” en el mercado de telecomunicaciones.51 Anteriormente, en diciembre de 2020, el regulador promulgó una resolución que impuso nuevas restricciones financieras a América Móvil, limitando cuánto podía cobrar a las personas usuarias por desbloquear dispositivos y roaming fuera de red, así como el fin a los precios promocionales.52

Sin embargo, el mercado de las TIC sigue estando dominado por pocos jugadores. Según las estadísticas del IFT, en el tercer trimestre de 2023, el proveedor de servicios de internet móvil con mayor participación de mercado fue América Móvil (65.88 porciento), seguido por AT&T (17.22 por ciento) y Movistar (7.96 porciento), propiedad de Telefónica.53 En ese momento, América Móvil también lideraba el mercado de banda ancha fija (39.48 por ciento), seguido por Grupo Televisa (23.73 por ciento), Grupo Salinas (18.26 por ciento) y Megacable-MCM (16.26 por ciento).54

En los últimos años, el crecimiento significativo de las líneas de servicio proporcionadas por los operadores móviles virtuales (MVNO) ha ayudado tanto a impulsar la conectividad móvil (ver A1) como a aumentar la competencia en el mercado. Las suscripciones a internet móvil proporcionadas por los MVNO crecieron un 305.6 por ciento entre 2020 (2.5 millones de líneas) y 2022 (10.34 millones de líneas).55 Los MVNO capturaron el 8,6 por ciento del mercado de internet móvil en el cuarto trimestre de 2022, frente al 2,6 por ciento de dos años antes, lo que subraya la naturaleza dinámica y de rápida evolución del sector de los MVNO en México.56

A5: ¿Los organismos reguladores nacionales que supervisan a los proveedores de servicios, las plataformas digitales e Internet en general no funcionan de manera libre, justa e independiente? (0-4 puntos): 2

Como parte de la reforma constitucional de 2013, el gobierno creó al IFT como una nueva agencia reguladora autónoma para aumentar la transparencia en la regulación de los medios de comunicación.57 El IFT tiene el mandato legal para actuar como un cuerpo antimonopolio y proteger a la industria de prácticas monopólicas. La Comisión Federal de Competencia Economía (COFECE) es otro organismo regulador que, en 2021, fue reconocido por el Poder Judicial de la Federación (PJF) como la autoridad competente para regular los mercados de motores de búsqueda online, redes sociales, y servicios de computación en la nube.58

Sin embargo, bajo la administración de López Obrador, el IFT y otros órganos autónomos continuaron siendo blanco de la presión gubernamental,59 incluidas importantes reducciones presupuestarias.60 En Febrero de 2024, López Obrador presentó una serie de reformas que incluían una propuesta para eliminar siete entidades independientes, incluyendo a la COFECE, a IFT, y al Instituto Nacional por la Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI). 61No está claro si Claudia Sheinbaum, quien asumió la presidencia en octubre de 2024, implementará estos planes, aunque ha señalado su intención de hacerlo.62

La administración de López Obrador también obstaculizó a los órganos reguladores con retrasos burocráticos. El presidente López Obrador se negó a cubrir vacantes en los consejos directivos del IFT y la COFECE en los últimos años, dejándolos a ambos sin consejos en pleno funcionamiento.

Los organismos apelaron ante la SCJN,63 y, en noviembre de 2022, la SCJN falló a favor de la COFECE y ordenó al poder ejecutivo que designara a los comisionados.64 López Obrador cumplió al nombrar a tres nuevos comisionados,65 todos ellos ratificados por el Senado.66 Sin embargo, aunque organizaciones de la sociedad civil han exigido que la SCJN brinde una respuesta pronta al caso del IFT,67 el instituto siguió funcionando con solo cuatro de los siete comisionados al final del período de cobertura.68 La falta de nombramiento de comisionados por parte del presidente en los organismos autónomos ha sido considerada perjudicial para la independencia de las instituciones y su capacidad para funcionar adecuadamente.69

A pesar de recibir algunas críticas en los últimos años por sus decisiones sobre medidas antimonopolio y los lineamientos preliminares sobre neutralidad de la red,70 el IFT ha seguido reafirmando su independencia. Por ejemplo, en mayo de 2021, el IFT impugnó la creación de un registro biométrico de teléfonos celulares, el cual el Congreso había ordenado que el organismo creara, operara y mantuviera por considerarlo inconstitucional (ver C4).71

Sin embargo, en Febrero de 2024, el IFT fue criticado por autorizar cambios que permitían a CFE TEIT proporcionar servicios de internet sin fines de lucro en algunas zonas ya cubiertas por otros operadores de telecomunicaciones, en lugar de solo en áreas donde no existe cobertura.72 Los críticos de la decisión afirmaron que el IFT había cedido ante la presión del poder ejecutivo.73 Anteriormente, entre 2019 y 2021, el IFT también fue criticado por sus Lineamientos de Gestión del Tráfico y Administración de Red, que actores de la sociedad civil señalaron como un intento de socavar la neutralidad de la red en México (ver B6). 74Los nuevos lineamientos entraron en vigor en septiembre de 2021.75

B. Límites al Contenido (0-35 puntos)

B1: ¿El Estado bloquea o filtra, u obliga a los proveedores de servicios a bloquear o filtrar contenido en internet, particularmente material protegido por estándares internacionales de derechos humanos? (0–6 puntos): 6

No se ha documentado evidencia de que el gobierno u otros actores bloqueen o filtren contenido político, social o religioso en línea. Las redes sociales y los servicios internacionales de alojamiento de blogs están ampliamente disponibles en México.

Sin embargo, durante el período de cobertura, investigaciones periodísticas revelaron que el gobierno ha restringido el acceso a cierto contenido para los usuarios de la red Tor, una herramienta que permite a las personas navegar por internet de manera anónima. Una investigación realizada entre 2020 y octubre de 2023 encontró que el gobierno mexicano bloqueó el acceso a 39 URL en 21 agencias gubernamentales, incluidos sitios oficiales del gobierno, como los de la presidencia y SEDENA, citando esfuerzos de mitigación de amenazas. 76La decisión del gobierno de restringir el acceso a estos sitios gubernamentales para las personas usuarias de Tor ha generado preocupaciones sobre posibles restricciones al anonimato en línea (ver C4).

B2: ¿Los actores estatales o no estatales emplean medios legales, administrativos u otros métodos para obligar a editores, plataformas digitales, alojadores de contenido u otros intermediarios a eliminar contenido, particularmente material protegido por estándares internacionales de derechos humanos? (0–4 puntos): 2

En los últimos años, actores estatales y no estatales han utilizado cada vez más amenazas legales y otros métodos para presionar a plataformas de redes sociales, proveedores de alojamiento web y personas usuarias para eliminar contenido. El alcance total y la naturaleza de las solicitudes gubernamentales para eliminar contenido siguen siendo desconocidas, ya que el gobierno no informa sobre sus solicitudes. En un informe de 2021, la organización de libertad expresión Article 19 estimó que solo el 14 porciento de las solicitudes de eliminación del gobierno reportadas por plataformas de redes sociales en sus informes de transparencia han sido declaradas por diversas oficinas gubernamentales a través de solicitudes de acceso a la información.77

Una investigación realizada por Access Now, R3D y la oficina de México y Centroamérica de Article 19, con el apoyo de Privacy International, reveló el “uso sistemático y generalizado” de medidas cautelares por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) para retirar contenido en línea entre enero de 2016 y marzo de 2023.78 Las personas investigadoras descubrieron que el contenido eliminado por el INE frecuentemente incluía críticas políticas, particularmente durante los procesos electorales. También identificaron una tendencia a eliminar contenido debido a denuncias que lo calificaban como violencia política de género, que es un problema grave en México (ver C7). Tanto Article 1979 como R3D 80han expresado anteriormente su preocupación por la posibilidad de que las acusaciones de violencia de género se utilicen para censurar contenido periodístico y otra información de interés público. La investigación también documentó la posible violación por parte del INE de los derechos de privacidad de las personas usuarias en virtud de estas medidas cautelares (ver C6).

En marzo de 2024, la cuenta de X (anteriormente Twitter) @Libro_negro_ ("Libro negro"), que cuenta con más de 140,000 seguidores y publica sobre política y temas de actualidad, afirmó que la Secretaría de Marina (SEMAR) había solicitado a X eliminar tres de sus publicaciones. SEMAR alegó que las publicaciones, que presuntamente compartían una investigación sobre el crimen organizado en el estado de Guerrero, 81violaban la ley mexicana.82 Si bien X no pareció haber cumplido con la solicitud, @Libro_negro_ afirmó que optó por eliminar las publicaciones de manera voluntaria. El contenido en línea que aborda el crimen organizado y la violencia criminal frecuentemente es objeto de autocensura en México (ver B4).

Los intentos de eliminar contenido frecuentemente tienen como objetivo información periodística publicada en línea. Article 19 registró 18 eliminaciones de contenido periodístico en 2023.83

Dicho contenido fue eliminado en el período previo a las elecciones generales de México en junio de 2024. En febrero de 2024, la agencia digital Badabun presentó un reclamo por derechos de autor buscando la eliminación de un video controvertido de plataformas digitales y medios que mostraba al candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez y al gobernador de Nuevo León, Samuel García figuras clave del partido Movimiento Ciudadano. 84El video capturaba a ambos políticos burlándose de otras figuras políticas y del INE mientras bebían alcohol durante un partido de fútbol. Badabun afirmó que poseía los derechos del video, que fue subido a las redes sociales por el propio Álvarez Máynez. El incidente provocó debates sobre el posible abuso de las reclamaciones por derechos de autor como una forma de suprimir contenido de interés público por razones políticas.85

En abril de 2023, durante el período de cobertura anterior, la jueza de la Suprema Corte Yasmín Esquivel Mossa presentó una queja contra la periodista Lourdes Mendoza, quien había tuiteado fotos de Mossa de vacaciones en Canadá acompañadas de comentarios críticos hacia la jueza. Mossa solicitó a un tribunal que ordenara la eliminación de las fotos y la cuenta de Twitter de Mendoza, alegando que su hijo menor aparecía en una de ellas y que los comentarios presuntamente “incitaban al odio.” El tribunal finalmente ordenó a Mendoza y otros periodistas eliminar o difuminar las fotos para proteger la identidad del hijo de Mossa, pero no ordenó eliminar la cuenta de Mendoza.86

Facebook restringió aproximadamente 34,700 piezas de contenido entre julio y diciembre de 2023, incluyendo más de 50 artículos relacionados con violencia política de género y violaciones a la ley electoral; y más de 34,000 en respuesta a informes de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) sobre productos inseguros.87 Durante ese mismo período, Google informó haber recibido 87 solicitudes gubernamentales para eliminar contenido, 63 de las cuales fueron por razones de privacidad y seguridad, y 7 por difamación.88

B3: ¿Las restricciones a Internet y a los contenidos digitales carecen de transparencia, proporcionalidad con los objetivos establecidos o de un proceso de apelación independiente? (0–4 puntos): 3

Pese a algunas ambigüedades en el marco legal y regulatorio en México, tanto este como sus tribunales independiente del país han ofrecido, por lo general, salvaguardas significativas contra restricciones arbitrarias u opacas sobre el contenido, y los intentos anteriores de imponer nuevas restricciones han enfrentado una fuerte oposición. Sin embargo, en mayo de 2024, la SCJN confirmó las controvertidas reformas de derechos de autor en 2020.

En Noviembre de 2022, la Primera Sala de la SCJN declaró que el llamado “derecho al olvido” era incompatible con los estándares de libertad de expresión y acceso a la información. La corte dictaminó que la obligación de eliminar la información personal de una persona fallecida de todos los medios digitales, establecida en el Código Civil de Ciudad de México, es inconstitucional.89 Anteriormente, en 2017, la SCJN declaró que bloquear un sitio web completo debido a supuestas violaciones a los derechos de autor era inconstitucional, al considerar que se trataba de una medida desproporcionada que atentaba contra la libertad de expresión.90

Sin embargo, la SCJN validó en mayo de 2024 las controvertidas reformas de 2020 a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) y al código penal.91 Las reformas establecen disposiciones de “aviso y retirada” que requieren que las plataformas en línea y los servicios de alojamiento eliminen cualquier contenido a petición de un titular de derechos de autor que alegue una infracción. Las personas titulares de derechos de autor no necesitan autorización judicial ni pruebas, y los intermediarios pueden enfrentar multas que van desde 1.000 a 2.000 pesos (58 a 115 dólares) si no cumplen. La ley también permite a las personas titulares de derechos de autor obtener información personal sobre el individuo acusado de publicar el contenido infractor, y no incluye disposiciones de protección para el presunto infractor. Además, la reforma impone a las personas usuarias la carga de demostrar que el contenido fue eliminado de manera ilegítima, y ​​a las plataformas la carga de informar a las personas solicitantes de retirada sobre las apelaciones. Las disposiciones adicionales requieren que los servicios de Internet eviten que el contenido que ha sido eliminado previamente sea restituido en su plataforma, lo que esencialmente exige la utilización de filtros.92

En Agosto de 2020, Article 19 presentó una acción de amparo instando al tribunal de declarar inconstitucionales las reformas de 2020.93 R3D presentó un amicus curiae para apoyar el amparo de Article 19, argumentando que el sistema de aviso y retirada de las reformas es desproporcionado y constituye una censura previa.94 Ambas organizaciones criticaron duramente la decisión de la SCJN de mayo 2024, que fue aprobada por un votación de 6 a 5, diciendo que violaba el propio precedente de la SCJN. Article 19 y R3D también criticaron el hecho de que el contenido que es eliminado de manera ilegítima debe observar un período de espera de 15 días hábiles antes de ser restaurado, diciendo que crea una demora indebida que es perjudicial para la libertad de expresión.95

Un caso en curso ante la SCJN podría tener implicaciones importantes para el régimen de responsabilidad de intermediarios de México. En Junio de 2022, un tribunal de la Ciudad de México ordenó a Google pagar $245 millones de dólares en daños y perjuicios al abogado Ulrich Richter Morales, quien afirmó que la compañía era responsable de la difusión de un sitio supuestamente difamatorio de 2014 en Blogger (una plataforma propiedad de Google) que acusaba a Richter de irregularidades, incluido el lavado de dinero.96

En Febrero de 2023, la SCJN accedió a revisar la decisión, la cual había sido apelada por Google.97 En Abril de 2024, Internet Society presentó un amicus curiae instando al tribunal a proteger a Google y a otros intermediarios en línea de toda responsabilidad, argumentando que no hacerlo podría desincentivar a los intermediarios de permitir contenido generado por los usuarios en sus plataformas.98 La SCJN no había emitido una decisión al final del periodo de cobertura.99

En Marzo de 2024, el diputado Javier López Casarín retiró una problemática propuesta legislativa de Abril de 2023, para crear una Ley Federal de Ciberseguridad.100 La legislación contenía disposiciones que habrían requerido que los proveedores de servicios, plataformas de redes sociales, y otros proveedores de contenido digital cumplieran con las órdenes de “eliminar direcciones IP, aplicaciones, dominios, y sitios de internet” dentro de las 72 horas de recibir la notificación de la “autoridad competente” incluyendo la propuesta de una Agencia Nacional de Ciberseguridad.101 El proyecto de ley también introdujo sanciones penales para formas de expresión en líneas definidas de manera amplia (ver C2). Organizaciones de la sociedad civil, como Article 19 y SocialTIC criticaron el proyecto de ley por implementar prácticas de censura y promover la militarización de la ciberseguridad.102

B4: Tienen los periodistas, comentaristas, y personas comunes y corrientes prácticas de autocensura online? (0 – 4 puntos): 2

Los medios digitales independientes brindan información sobre problemas políticos y sociales claves, aunque un clima de violencia y acoso contra los medios contribuye a aumentar la autocensura, especialmente en los estados que se ven fuertemente afectados por la violencia criminal (ver B7 y C7).103 Los medios locales tienden a abstenerse de informar sobre el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado.

De acuerdo a un reporte de Article 19 en Febrero de 2024, ciertos estados mexicanos impactados fuertemente por la violencia criminal se han convertido en “zonas de silencio”. Por ejemplo, la periodista Ángeles Mariscal describió al Estado de Chiapas como un lugar “donde la cobertura de campo ya no es posible” y donde las personas se ven “obligadas a mantener silencio” debido a las amenazas de violencia que representa el crimen organizado, aunque señaló que la mayoría de los periodistas ha decidido seguir con su trabajo bajo estas riesgosas circunstancias.104

Según el director de un medio de comunicación en línea citado en el informe anual de 2021 de Artículo 19, el aumento de la violencia en el estado de Guanajuato ha impulsado a los periodistas locales a “[optar] por una cobertura superficial de la violencia, limitada a declaraciones oficiales y testimonios anónimos.”105

Un informe publicado en marzo de 2024 por Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) instó a las autoridades federales a mejorar las medidas de protección que ofrece el Mecanismo de Protección de los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. En una encuesta a 28 periodistas bajo la protección del mecanismo, la mayoría de las personas indicaron que habían experimentado ansiedad (26 personas), insomnio (20 personas), o depresión (17 personas). Las y los periodistas informaron que la necesidad de autocensura para sobrevivir era un obstáculo para su bienestar.106

Después de que el periodista digital Heber López Vásquez fuera asesinado en febrero de 2022, varios colegas periodistas informaron que esto creó un efecto inhibidor (chilling effect) en su propia cobertura. Antes de su asesinato, López había informado sobre la presunta corrupción de un político local relacionada con un proyecto de infraestructura en el estado de Oaxaca. Al menos 10 periodistas dijeron que tenían más miedo de informar sobre el proyecto de desarrollo y otras faltas de conducta relacionadas después del asesinato, y uno reconoció que “la autocensura es lo único que te mantiene a salvo”.107

B5: ¿Las fuentes de información en línea están controladas o manipuladas por el gobierno u otros actores poderosos para promover un interés favorecido? (0–4 puntos): 1

México tiene un historial de troles en línea y cuentas automatizadas de “bots” que atacan discusiones y reportajes críticos con el gobierno, los partidos políticos o los políticos, incluso durante períodos electorales.108 Bajo la administración del Presidente López Obrador, se descubrió que redes en línea coordinadas difundían narrativas a favor del gobierno y lanzaban campañas de desprestigio coordinadas contra los supuestos rivales del presidente, aunque López Obrador y sus aliados también han sido blanco de desinformación en línea.

A principios de 2024, hubo informes de que las autoridades Estadounidenses habían investigado acusaciones creíbles de que grupos del crimen organizado contribuyeron con millones de dólares a la fallida campaña presidencial de López Obrador de 2006, y se reunieron con aliados de López Obrador tras asumir el cargo en 2018.109 Tras esta información, el hashtag #NarcoPresidente y #NarcoPresidenteAMLO se viralizaron. Según algunas investigaciones, estos hashtags eran parte de una campaña artificial en redes sociales destinada a amplificar la queja sin fundamentos de que López Obrador mantenía vínculos directos con grupos criminales.110 El analista de desinformación Alberto Escorcia informó en X que encontró que el 92 porciento de las publicaciones que usaban el hashtag #NarcoPresidenteAMLO habían sido creados por bots.111 Mientras tanto, Julián Marcías Tovar, fundador del Observatorio español de desinformación Pandemia Digital, pareció compartir evidencia de que más de 50.000 publicaciones en X que habían sido publicadas por 4.000 cuentas diferentes que usaban el hashtag mal escrito #NarcoGobiermoAMLO, y más de la mitad de esas publicaciones se originaron en Argentina, España y Colombia lo que sugiere que fueron generadas inauténticamente.112

En medio del uso de los hashtags #NarcoPresidente y #NarcoPresidenteAMLO, otros analistas de redes sociales publicaron denuncias de que cuentas a favor del gobierno también habían intentado manipular de manera inauténtica la conversación en línea utilizando hashtags como #SomosMillonesConAMLO.113 En febrero de 2024, Sheinbaum, la candidata presidencial de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de López Obrador, anunció que el partido tenía la intención de presentar una queja formal ante el INE por los hashtags #NarcoPresidenteAMLO y #NarcoCandidataClaudia, y pediría a X que prohibiera su uso en la plataforma.114

Estos incidentes ocurrieron en el contexto más amplio de las falsas acusaciones en torno a las elecciones presidenciales de México de junio de 2024. Ese mismo mes, en febrero, el medio de comunicación Animal Políticos informó que al menos cuatro canales de YouTube, uno con 351.000 suscriptores, compartían “sistemáticamente” afirmaciones inexactas sobre López Obrador y Sheinbaum, mientras que también promovían a Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de la coalición opositora. Estas acusaciones incluían acusaciones sin fundamentos vinculando a López Obrador con actividades ilícitas y falsas afirmaciones de que Estados Unidos apoyaba a Gálvez.115 En octubre de 2023, Animal Político había informado que otra red de desinformación de al menos 160 cuentas de X, conocida como “Liga de Guerreros”, compartió información falsa y manipulaba contenido en apoyo de Gálvez y Santiago Taboada, el candidato del Partido de Acción Nacional (PAN) a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El contenido compartido por la red incluía insultos homofóbicos y de género dirigidos a políticos de Morena.116

Gálvez también fue blanco de ataques por parte de contenido manipulado en línea, incluidas publicaciones que buscaban tergiversar su postura sobre las pensiones para adultos mayores. En Julio de 2023, semanas después de que Gálvez anunciara su campaña, los partidarios de Morena compartieron un video en Facebook con comentarios del expresidente Vicente Fox, miembro de la PAN, que luego se utilizó para afirmar falsamente que Gálvez apoyaba la eliminación de las pensiones. 117El Presidente López Obrador previamente amplificó esta acusación en contra Gálvez durante una conferencia de prensa de Diciembre de 2022.118

Las campañas en línea que amplificaron el apoyo para López Obrador y trolearon a los presuntos rivales, como también a personas usuarias que lo cuestionaban o criticaban, también han sido montadas fuera de los procesos electorales. En marzo de 2023, durante el periodo de cobertura anterior, Animal Político informó que las cuantas pro-López Obrador habían difundido más de 20,000 tuits en una campaña de desprestigio en línea contra la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández,119 quien ha emitido con frecuencia fallos en contra del gobierno de López Obrador.120 Ese mes, muchos tuits usaron el hashtag #PiñaMadrinaDeLosNarcos para establecer vínculos sin fundamentos entre Piña y el tráfico de drogas.121

El mes siguiente, Animal Político informó sobre la “Red Brolan”, una red aparentemente coordinada por al menos 23 canales de YouTube vinculados a la agencia de marketing Brolan, que se descubrió difundía narrativas políticas a favor del gobierno del presidente López Obrador. Los videos publicados en estos canales frecuentemente hacían acusaciones sobre los opositores políticos de López Obrador y periodistas críticos utilizando evidencia sin fundamento o manipulada, como un video que fue ralentizado para parecer que una congresista de la oposición estaba ebria. Aunque los videos de la Red Brolan apoyaban a López Obrador y su partido, no había evidencia de que el gobierno o el partido hubieran financiado la red.122 Otro artículo de Animal Político de abril de 2023 hizo referencia a videos en plataformas de redes sociales, incluidas Facebook y TikTok, que aparentemente utilizaban presentadores generados por inteligencia artificial para elogiar a López Obrador y desacreditar a sus oponentes políticos.123

Una investigación publicada en febrero de 2024 por R3D detalló las funciones del Centro de Operaciones del Ciberespacio (COC), una división secreta de la SEDENA establecida en 2016 para realizar “operaciones militares en el ciberespacio”. Si bien el COC funciona en gran medida como una operación de vigilancia de las redes sociales (ver C5), también se informa que intenta manipular las conversaciones en línea a favor del ejército y el gobierno mexicanos.124 Según la investigación, el COC utiliza software comercial para implementar bots no auténticos que ejercen una “influencia suave en la opinión pública”. En un caso de 2020, el “Grupo de Operaciones de Influencia” del COC aparentemente creó al menos seis cuentas de redes sociales que compartieron más de 5,000 elementos favorables al ejército, incluidas algunas publicaciones que intentaron manipular las conversaciones en línea sobre las violaciones de los derechos humanos del ejército.125

En noviembre de 2022, el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP) publicó un reportaje de investigación que detalla los aparentes esfuerzos del gobierno de López Obrador para manipular el discurso en línea con recursos públicos, lo que equivale a un “aparato de propaganda oficial”.126 La plataforma InfodemiaMx, ostensiblemente una iniciativa de verificación de datos coordinada por el Sistema Público de Radiodifusión de México y financiada con fondos públicos, habría sido utilizada para presentar información sesgada o falsa en nombre del gobierno de López Obrador y Morena. Durante el período de cobertura, Animal Político descubrió que la verificación de datos en vivo de InfodemiaMx de un debate presidencial de abril de 2024 estaba sesgada a favor de Sheinbaum, y en un momento dado clasificó erróneamente como falsa la declaración precisa de Álvarez Máynez sobre el acceso a la atención médica en la Ciudad de México.127 InfodemiaMx tiene su propio sitio web y publica contenido en TikTok, Facebook y X.

B6: ¿Existen restricciones económicas, regulatorias o de otro tipo que afecten negativamente la capacidad de las personas para publicar contenido en línea? (0–3 puntos): 2

La escasez de fondos crea desafíos para las personas y las organizaciones sin fines de lucro que buscan establecer medios de comunicación en línea sostenibles. La dependencia de las compras de publicidad por parte de instituciones públicas hace que los medios independientes sean vulnerables a la manipulación de contenidos o al cierre debido a la retirada de fondos,128 aunque la primera parece ser la más perniciosa de las dos tendencias. 129El gobierno ha utilizado largas auditorías fiscales como una "táctica preferida" para presionar a los medios de comunicación, según SembraMedia.130

De acuerdo a un estudio realizado en 2020 por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) para UNESCO México, la “gran mayoría” de los medios de comunicación dependen con la publicidad oficial como fuente de ingreso, particularmente en estados donde el número de contratos de publicidad privada está disminuyendo. Esta dependencia económica ha creado una percepción de integridad editorial comprometida, ya que el 24,4 porciento de los periodistas en la encuesta de UANL indicaron que su trabajo no se realiza de forma independiente de las autoridades públicas.131

Al analizar el sexenio de López Obrador, Article 19 señaló que su gobierno incumplió la promesa inicial de crear un marco regulatorio efectivo para la publicidad oficial, una promesa inicial de López Obrador, y criticó que los recursos publicitarios se concentraran en un reducido grupo de medios de comunicación. El informe de septiembre 2024 de la organización, señaló que 10 empresas de medios y comunicación recibieron el 45.05 por ciento del presupuesto total de publicidad oficial en 2023, y que el 54.95 por ciento restante se distribuyó entre otros 414 grupos. 132En 2023, el gobierno federal gastó 2.559 billones de pesos (147 millones de dólares) de los 2.978 billones de pesos (172 millones de dólares) que había sido asignados para publicidad oficial ese año, lo que significó que el 14 por ciento del presupuesto quedó sin gastar.133 En los últimos años, los medios digitales han trabajado para encontrar fuentes alternativas de financiamiento, incluidos modelos de contenido pagados.134

Según las estadísticas del IFT de 2021, Google y Meta recibieron en conjunto más del 82 por ciento de todos los ingresos por publicidad digital en México, lo que refleja una importante concentración en el mercado.135 En noviembre de 2023, la COFECE citó a Google por presuntamente incurrir en prácticas monopólicas en el mercado de servicios de publicidad digital, iniciando un procedimiento que podría imponer una multa de hasta el 8 por ciento de los ingresos anuales de la empresa.136 En febrero de 2024, la comisión económica de la Cámara de Diputados exhortó a la COFECE a resolver los procedimientos de manera oportuna.137

Aunque la Ley de Telecomunicaciones de 2014 estableció protecciones para la neutralidad de red, los Lineamientos de Gestión de Tráfico y Administración de Red del IFT, 138que entraron en vigor en septiembre de 2021,139 permiten a los ISP participar en la priorización pagada del tráfico (ver A5). La política había sido criticada por integrantes de la sociedad civil, quienes argumentaron que no exigía a los ISP ser transparentes sobre sus prácticas de gestión de la red y permitiría la discriminación contra organizaciones sin fines de lucro, entidades con menos fondos y proveedores de contenido.140

B7: ¿El panorama de información online carece de diversidad y confiabilidad? (0-4 puntos): 3

La violencia y las limitaciones económicas afectan a medios digitales independientes en México.141 Pese a estos desafíos, los medios independientes siguen surgiendo y operando, enriqueciendo el ecosistema mediático con agendas alternativas que apoyan los derechos humanos y el derecho a la información.142

Un ejemplo de estos medios independientes es Lado B, que fue creado por freelancers y periodistas locales en 2011 y quien busca “revisar la relación entre la prensa y el poder en Puebla”.143 Amapola, un medio de Guerrero, cuestiona la narrativa del estado sobre la violencia criminal.144

Los esfuerzos sostenidos por crear medios que representen experiencias diversas también han tenido éxito en México. Homosensual es uno de los sitios web LGBT+ más leídos en América Latina y fue nominado a la mejor edición de periodismo en línea en español en los premios de medios de la Alianza Gay y Lésbica Contra la Difamación (GLAAD) 2021.145

Según Mireille Campos, coordinadora ejecutiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México (AMARC), varias radios comunitarias e indígenas han comenzado a transmitir por internet y redes sociales desde la pandemia de COVID-19. Entre las estaciones comunitarias e indígenas que transmiten en línea se encuentran Radio Jënpoj en Oaxaca,146 Ximai Radio en Hidalgo 147y Política y Rock’n’roll Radio en Sonora,148 todas ellas ofreciendo noticias de interés local en varios estados de México.

A medida que ha aumentado la conciencia pública sobre la manipulación en línea y la propagación de la desinformación, las iniciativas de verificación de datos y periodismo de datos han buscado contrarrestar la información falsa presentada a través de canales oficiales y otros medios. En diciembre de 2022, por ejemplo, SPIN Taller de Comunicación Política afirmó que el presidente López Obrador hizo al menos 101,155 afirmaciones falsas, engañosas o indemostrables en los primeros 1.484 días de su mandato después de verificar los hechos de sus conferencias de prensa diarias,149 y que las declaraciones imposibles de demostrar representaban más de dos tercios de estas afirmaciones.150

Según el Digital News Report 2024 del Reuters Institute for the Study of Journalism, las plataformas en línea siguen siendo la forma más común de acceder a noticias en México, el 79 por ciento de las personas encuestadas indicó que utiliza sitios webs y redes sociales como fuente de noticias. Sin embargo, el reporte también encontró que la confianza en las noticias sigue siendo baja en México: solo el 35 por ciento de las personas encuestadas indicó que generalmente confía en las noticias, aunque la confianza en los medios individuales como CNN (69 por ciento) y El Universal (64 por ciento) es significativamente mayor.151

B8: ¿Las condiciones impiden que las personas puedan formar comunidades, movilizarse y hacer campaña en línea, particularmente sobre cuestiones políticas y sociales? (0-6 puntos): 6

A pesar de los ciberataques, el hostigamiento y las agresiones físicas, las personas usuarias continúan utilizando herramientas digitales de manera habitual para movilizar protestas y generar conciencia sobre las violaciones a los derechos humanos y otros problemas sociales en el país.

El intento del Presidente López Obrador de introducir reformas estructurales que debilitarían al INE, conocido como “Plan B”, condujo a manifestaciones masivas en febrero de 2023. 152A pesar de los aparentes esfuerzos por frenar el discurso antes de las manifestaciones del 26 de febrero,153 las personas se movilizaron en plataformas de redes sociales usando el hashtag #ElINENoSeToca y #MiVotoNoSeToca.154 En mayo y junio de 2023, la SCJN invalidó las reformas del Plan B, al dictaminar que el congreso no había seguido el procedimiento legislativo correcto.155 En febrero de 2024, personas asociadas al movimiento Marea Rosa utilizaron el hashtag #MarchaPorLaDemocracia para movilizar otra ronda de protestas en oposición a López Obrador antes de las elecciones generales de junio de 2024.156

A finales de Marzo 2024, surgieron reportajes sobre agua del grifo contaminada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.157 Los residentes que consideraron inadecuada la respuesta inicial del gobierno utilizaron hashtags como #AguaContaminadaEnBJ (Agua Contaminada en BJ) y #AguaLimpiaYa (Agua Limpia Ya) para generar consciencia en redes sociales, además de organizar protestas presenciales.158 Si bien el gobierno de la Ciudad de México reconoció en abril que el agua había sido contaminada por aceites o lubricantes no específicados,159 un juez federal ordenó a las autoridades que revelaran la información de las pruebas de agua en Benito Juárez el mes siguiente.160

Durante los últimos años, se ha organizado un movimiento sostenido contra la violencia de género en diferentes plataformas en línea, lo que ha dado lugar a una participación histórica en manifestaciones callejeras y huelgas.161 Activistas y colectivos feministas han utilizado plataformas digitales para promover debates sobre la violencia de género, basándose en hashtags como #YoTambién, #MiPrimerAcoso y #SiMeMatan.

El activismo por asuntos relacionados con los derechos digitales también ocurren en México. En marzo de 2022, R3D lanzó la campaña #NoNosVeanLaCara para protestar por la instalación de sistemas de reconocimiento facial en estadios de fútbol y la creación de una base de datos en la que los asistentes deben registrarse.162

C. Violaciones de los derechos de los usuarios (0-40 puntos)

C1: ¿La constitución u otras leyes no protegen derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de prensa, incluso en Internet, y son aplicados por un poder judicial que carece de independencia? (0–6 puntos): 3

La constitución y sus leyes reguladoras garantizan la libertad de expresión, la libertad de prensa, la privacidad de las comunicaciones personales y la libertad de acceso a la información. Una reforma constitucional de 2013 estableció el acceso a Internet como un derecho humano y garantizó la neutralidad de la red (véase B6). Sin embargo, las políticas y propuestas de la administración de López Obrador en ocasiones buscaron socavar las salvaguardas existentes para estos derechos (ver A5, B3, C2 y C6).

Actualmente se considera que el poder judicial es en general independiente, aunque persisten las preocupaciones sobre su politización y corrupción. Tras la elección de Norma Lucía Piña Hernández como la primera mujer presidenta de la SCJN en enero de 2023, el presidente López Obrador expresó su descontento con su nombramiento y el papel reciente del poder judicial,163 y los partidarios de López Obrador han atacado a Piña con una campaña de desinformación en línea (ver B5). El expresidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, había sido visto como un aliado de López Obrador.

Pese a las preocupaciones sobre la disminución de la autonomía bajo el gobierno de López Obrador en los últimos años, el poder judicial ha mostrado imparcialidad y ha fallado a favor de los derechos humanos en línea, como en el caso de la decisión de la SCJN contra el “derecho al olvido” en noviembre de 2022 y la invalidación del registro biométrico de teléfonos celulares en abril de 2022 (ver B3 y C4). Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil criticaron la decisión de la SCJN de mayo de 2024 de mantener el mecanismo de aviso y retirada de derechos de autor de México (ver B3).164

En septiembre de 2024, después del periodo de cobertura, ambas cámaras del congreso aprobaron reformas constitucionales controversiales que prevén la elección directa de aproximadamente 7.000 jueces, desde la SCJN hasta tribunales locales.165 Si bien los defensores de la medida respaldada por Morena han dicho que combatirá la corrupción y el nepotismo arraigados,166 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que podría socavar la independencia judicial y que las reformas se aprobaron sin la debida consulta pública.167 Las reformas fueron firmadas por el presidente López Obrador y se convirtieron en ley a finales de ese mes.168

C2: ¿Existen leyes que asignan sanciones penales o responsabilidad civil por actividades en línea, particularmente aquellas que están protegidas por estándares internacionales de derechos humanos? (0–4 puntos): 2

Las disposiciones de los códigos penal y civil siguen utilizándose para intimidar a las personas usuarias comunes y a los periodistas, incluidos los que publican en línea. Aunque la difamación fue despenalizada a nivel federal en 2007, persisten algunos códigos penales de difamación a nivel estatal.169 Por ejemplo, el artículo 277 del código penal del estado de San Luis Potosí penaliza con penas de prisión de uno a tres años a quienes insulten a la autoridad.170

En los últimos años se han propuesto leyes para penalizar el discurso de odio, la discriminación, el terrorismo y la desinformación a nivel federal y estatal, aunque al final del período de cobertura no se había aprobado ninguna propuesta.171 La propuesta de Ley Federal de Ciberseguridad (ver B3 y C5), que fue retirada de la Cámara de Diputados en marzo de 2024,172 habría introducido sanciones penales para formas demasiado amplias de expresión en línea, por ejemplo, el articulo 78 del proyecto de ley buscaba penalizar las expresiones en línea que “incitaran o consistieran de terrorismo, o promueva el odio nacional, racial, sexual o religioso, o constituyera discriminación”, además de acciones que “desinformen sistemática, automática e intencionalmente a la población provocando la manipulación individual o colectiva de las personas.173

El movimiento para penalizar la difusión no consentida de imágenes intimas ha tenido importantes avances en los últimos años. En abril de 2021, el congreso aprobó reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al código penal federal, la legislación conocida como Ley Olympia nacional, que penaliza la difusión no consentida de imágenes intimas y castiga la “violencia digital”.174 La ley prevé penas de prisión de tres a seis años y multas de hasta 1,000 “unidades de medida y actualización” (UMA),175 equivalentes a 108,570 pesos (unos $6,253 dólares estadounidenses) en 2024,176 para quienes sean declarados culpables de violencia digital en virtud de la ley.177 Hasta diciembre de 2021, los 32 estados del país habían aprobado leyes en consonancia con la Ley Olimpia federal.178 Las organizaciones de género y de derechos digitales criticaron varias de las leyes estatales por ser desproporcionadas, potencialmente incitar a la censura y carecer de reparaciones para las víctimas.179

C3: ¿Se penaliza a las personas por sus actividades en línea, en particular las protegidas por las normas internacionales de derechos humanos? (0–6 puntos): 4

Las amenazas de acciones legales se emiten con frecuencia en respuesta a reportajes críticos publicados en línea, aunque estos casos rara vez resultan en condenas contra periodistas. Artículo 19 documentó 22 casos de acoso judicial contra periodistas en 2023, que abarcaron procedimientos civiles, administrativos, electorales y penales.180

En un caso de mayo de 2024, la empresa Four Cardinals Developments México SA de CV demandó a la periodista y activista Fabiola Cortés Miranda, fundadora del sitio de noticias investigación Periodismo en Colectivo, en el estado de Quintana Roo por $3.6 millones de dólares en “daños materiales” y 5 millones de pesos ($290.000 dólares) por “daños morales graves”.181 La empresa también denunció a su organización de anticorrupción, Somos Tus Ojos. La demanda se produjo tras la cobertura de Periodismo en Colectivo de una disputa de tierras entre Four Cardinals y dos personas indígenas, a quienes Cortés Miranda también había ayudado con apoyo legal. En respuesta, Article 19 condenó el uso de demandas estratégicas para suprimir información de interés público y pidió al tribunal que desestimara el caso contra Cortés Miranda.182

En febrero de 2024, otro periodista, Carlos Loret de Mola, compareció ante el tribunal por una demanda por daños morales presentada en su contra por Pío López Obrador, el hermano menor del presidente López Obrador.183 Pío demandó a Loret de Mola y a su plataforma digital, Latinus, por 200 millones de pesos (11,5 millones de dólares) cada uno en abril de 2023, después de que Latinus publicara videos en agosto de 2020, que parecían mostrar a Pío recibiendo ilícitamente sobres de dinero con efectivo en 2015.184 Latinus afirmó que el dinero estaba destinado a apoyar la campaña política presidencial de 2018 del anciano López Obrador.185 Tras la audiencia, Loret de Mola afirmó que Pío había reconocido la autenticidad de los videos.186

En diciembre de 2023, el analista político Alfredo Jalife-Rahme fue arrestado en la Ciudad de México. Su arresto se produjo tras una denuncia penal por difamación y calumnia presentada un año antes por Tatiana Clouthier, exsecretaria de Economía.187 Jalife-Rahme estuvo detenido durante varias horas tras el arresto.188 Clouthier presentó los cargos contra Jalife-Rahme en Nuevo León, un estado donde la difamación sigue estando penalizada, después de que Jalife-Rahme utilizara las redes sociales para acusarla de apropiarse indebidamente del litio de México y comprometer al país con los intereses estadounidenses.189 Un tribunal de Nuevo León invalidó el caso en abril de 2024,190 argumentando que la penalización de la difamación y la calumnia es inconstitucional, una decisión que fue elogiada por Artículo 19.191

Article 19 ha expresado su preocupación sobre la posibilidad de que las sanciones legales por violencia política de género -un problema generalizado en México- se utilicen como un instrumento de censura periodística.192 R3D ha señalado que las denuncias de violencia de género podrían utilizarse para eliminar contenido periodístico en línea, en particular en virtud de medidas cautelares emitidas por el INE (ver B2).193 Durante el periodo de cobertura, en mayo de 2024, Mónica Armenta Elenes, legisladora del estado de Sinaloa, presentó una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa contra Noroeste, un periódico con una importante presencia en línea, por presunta violencia política de género. Armenta afirmó que la omisión del medio al no publicar sus declaraciones de la sesión legislativa del 15 de mayo le causó daño emocional y perjuicio a su imagen, además de objetar la falta percibida de cobertura sobre su persona.194 En respuesta, el director de Noroeste afirmó que la toma de decisiones editoriales del medio está informada por el interés público, y dijo que la naturaleza de la denuncia no tenía precedentes.195 El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEESIN) desestimó la demanda en junio de 2024, después del periodo de cobertura.196 Article 19 enfatizó la importancia de proteger la libertad de expresión y de prevenir la violencia de género en México.197

Las y los periodistas digitales siguen enfrentando el riesgo de ser detenidos arbitrariamente mientras cubren protestas, abusos policiales u otros acontecimientos de interés periodístico. En diciembre de 2023, la Procuraduría General de Justicia de Yucatán informó al periodista Eduardo Lliteras, director de Infolliteras, que se había reabierto el proceso penal en su contra por “despojo violento de un inmueble”. La empresa inmobiliaria Abba había presentado la denuncia, que permaneció inactiva durante cuatro años, después de que Lliteras cubriera una protesta en octubre de 2019, acusándolo de participar en la manifestación.198 En abril de 2024, la Procuraduría General de Justicia desestimó el caso.199

C4: ¿El gobierno impone restricciones a la comunicación anónima en línea o al cifrado? (0–4 puntos): 4

Las personas propietarias de sitios web, blogueros y personas usuarias comunes no están obligadas a registrarse ante el gobierno mexicano. Si bien el gobierno generalmente no impone restricciones al anonimato o al cifrado para las personas usuarias de Internet, reportes de investigación han revelado algunas restricciones en curso para los usuarios de la red Tor, una herramienta para eludir la censura.

Una investigación realizada entre 2020 y octubre de 2023 encontró que el gobierno mexicano bloquea 39 URL de 21 agencias gubernamentales mexicanas para los usuarios de la red Tor.200 Un representante de la oficina del presidente afirmó que las "medidas de protección", que supuestamente han estado vigentes durante al menos 12 años, son necesarias para bloquear el tráfico que es "malicioso, automatizado o que podría ser una amenaza". En respuesta, un representante de Tor afirmó que las acciones del gobierno son una forma desproporcionada y "aislante" de protegerse contra posibles daños cibernéticos.201 Los datos del Observatorio Abierto de Interferencias en la Red (OONI) mostraron que Tor siguió siendo ampliamente accesible en México durante el período de cobertura, lo que indica que no hubo esfuerzos más amplios para restringir a Tor en sí (ver B1).202

Anteriormente, en abril de 2022,203 la SCJN anuló la creación de un problemático registro biométrico de teléfonos celulares que se había establecido mediante una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada por el Congreso en abril de 2021. La corte se hizo eco de las críticas de las organizaciones de derechos digitales en su fallo, citando la violación innecesaria del registro a los derechos de privacidad y las salvaguardas de datos inadecuadas.204 Las personas usuarias habrían tenido que unirse al registro al comprar una tarjeta SIM o activar una nueva línea móvil de prepago.205

C5: ¿La vigilancia del Estado a las actividades en Internet infringe el derecho de las personas a la privacidad? (0–6 puntos): 1

El gobierno ha utilizado la precaria situación de seguridad en el país para justificar la expansión de las facultades de vigilancia del Estado, con poca rendición de cuentas y supervisión. Durante el período de cobertura, continuaron surgiendo casos de abusos notorios de tecnologías de espionaje digital, originalmente destinadas a fines de aplicación de la ley, pero estas prácticas no han sido investigadas a fondo por las autoridades.

En febrero de 2024, una investigación de R3D detalló las funciones del Centro de Operaciones del Ciberespacio (COC), una división encubierta de la SEDENA creada en 2016 para realizar "operaciones militares en el ciberespacio".206 Según la investigación, el COC monitorea las redes sociales de las personas usuarias que critican al ejército mexicano o al gobierno federal, en ocasiones creando cuentas de usuario falsas en un intento de infiltrarse en redes confiables en línea y descubrir más información sobre personas usuarias críticas. La investigación encontró que el COC utiliza un software especializado creado por la empresa israelí WebintPro, llamado HIWIRE, para monitorear las actividades en las redes sociales e identificar vínculos entre personas usuarias, así como para implementar bots para "ejercer una influencia suave en la opinión pública" (ver B5).207 Estas actividades se conocen a través de documentos filtrados;208 tampoco existe una base legal para las operaciones del COC en la legislación mexicana vigente y el contrato que firmó la SEDENA para adquirir HIWIRE no se ha hecho público.

Se ha reportado que el ejército mexicano es uno de los mayores usuarios mundiales del programa espía Pegasus, capaz de vigilar todas las actividades en dispositivos móviles sin dejar rastros aparentes de intrusión.209 Pegasus se ha utilizado para atacar a quienes investigan la corrupción gubernamental y los abusos de los derechos humanos en México.210 Una investigación conjunta de Citizen Lab y la organización de la sociedad civil mexicana R3D reveló que dos defensores de los derechos humanos, Jorge Santiago Aguirre Espinosa y María Luisa Aguilar Rodríguez, ambos trabajadores del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH), fueron objetivos de Pegasus entre junio y septiembre de 2022. Según Citizen Lab, el supuesto momento de la vigilancia sugiere que el ejército estuvo involucrado en estos casos, aunque no pudo confirmarlo. Durante el período en que el programa espía estuvo aparentemente activo en los dispositivos de Aguirre y Aguilar, el Centro PRODH investigaba abusos históricos contra los derechos humanos cometidos por el Ejército Mexicano y brindaba apoyo a familiares de personas desaparecidas forzadamente por militares..211

En octubre de 2022, la investigación #EjércitoEspía, coordinada por varias organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicaciones, documentó tres casos adicionales de presunto espionaje militar usando Pegasus. El defensor de derechos humanos Raymundo Ramos y dos periodistas, Ricardo Raphael y uno del medio Animal Político, habrían sido repetidamente vigilados con Pegasus entre 2019 y 2021.212 Las pruebas presentadas en la investigación, que incluyó análisis forense por Citizen Lab, confirmaron que las víctimas fueron blanco de vulnerabilidades de cero clic, que no requieren ninguna acción por parte de las víctimas y son prácticamente indetectables.213 Las tres personas habían denunciado recientemente abusos contra los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas mexicanas, sugiriendo que el ejército mexicano era responsable de espionaje ilegal.214

En marzo de 2023, las mismas organizaciones que produjeron la investigación #EjércitoEspía dieron a conocer nueva evidencia sobre la vigilancia al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos.215 Documentos internos obtenidos de la SEDENA parecieron demostrar de manera concluyente que el ejército utilizó Pegasus para espiar a Ramos a través del altamente secreto Centro de Inteligencia Militar (CMI), que carece de cualquier base legal para espiar a civiles. Según la investigación, el CMI opera bajo el mando de la líderes militar y espió a Ramos con el fin de obstaculizar su investigación periodística sobre los abusos a los derechos humanos cometidos por el ejército.216

En Mayo de 2023, el New York Times informó que Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos y un aliado cercano del Presidente López Obrador, había sido blanco del software espía Pegasus. Encinas había investigado recientemente posibles abusos por parte del ejército y había criticado públicamente a las fuerzas armadas.217 En Junio, durante el periodo de cobertura, el Washington Post publicó una investigación que informaba que el historiador Camilo Vicente Ovalle, quien coordina una comisión de la verdad sobre la “Guerra Sucia” de México como parte de la oficina de Encinas, también había sido blanco de ataques de Pegasus en la segunda mitad de 2022;218 un acontecimiento que fue condenado por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la comisión de la verdad y por organizaciones de derechos digitales.219

El presidente López Obrador negó las pruebas presentadas por las organizaciones y los medios de comunicación, afirmando repetidamente que su gobierno no había utilizado a Pegasus para espiar a Encinas u otras figuras.220 Tras la publicación de la investigación #EjércitoEspía de octubre de 2022, López Obrador desestimó las afirmaciones de que el gobierno había espiado al periodista Ricardo Raphael porque “sería una pérdida de tiempo” hacerlo. También afirmó que el ejército no espía, sino que hace “inteligencia”.221

A pesar de estas revelaciones, las autoridades han sido lentas en investigar y los casos pasados ​​han seguido quedando impunes. 222En enero de 2023, el INAI ordenó a la SEDENA realizar una búsqueda exhaustiva y proporcionar información relacionada con los contratos que los militares firmaron con la empresa Comercializadora Antsua, proveedor exclusivo del software espía Pegasus en México.223 Después de que la SEDENA se negara a cumplir durante más de un año, en junio de 2024, después del período de cobertura, un tribunal ordenó a los militares que entregaran los documentos.224

El gobierno estuvo implicado por primera vez en el uso de Pegasus cuando se publicaron los resultados de la investigación del Proyecto Pegasus en julio de 2021. Los datos filtrados de NSO Group, a los que inicialmente accedieron Forbidden Stories y Amnistía Internacional y que fueron compartidos con 15 organizaciones de medios, confirmaron y ampliaron reportes anterior informando sobre el uso de Pegasus por parte del gobierno mexicano contra voces críticas.225 Unos 15,000 números de teléfono de una lista filtrada de 50,000 —que se presume pertenecen a los objetivos de los clientes de NSO— pertenecían a personas ubicadas en México, incluidos periodistas y políticos. El bloque mexicano era el más grande de toda la lista.226

En noviembre de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció su primera detención en la investigación de Pegasus: Juan Carlos García Rivera, empleado de una de las doce empresas privadas que sirvieron como intermediarias entre el gobierno mexicano y el Grupo NSO. García Rivera fue acusado de espiar a la periodista Carmen Aristegui a través de Pegasus de manera que “afectó, limitó y menoscabó su libertad de expresión”.227 En enero de 2024, un juez de la Ciudad de México absolvió a García Rivera, al determinar que Aristegui había sido espiada con Pegasus por su trabajo periodístico, pero que los fiscales no habían podido demostrar que García Rivera fuera directamente responsable.228 En respuesta, Artículo 19, R3D y SocialTIC enfatizaron que las acciones que buscan garantizar responsabilidades deben continuar.229

Los funcionarios tienen acceso a otras herramientas de vigilancia con capacidades de interceptación. En abril de 2023, Citizen Lab informó que el proveedor israelí de software espía QuaDream había sido contratado por varios clientes gubernamentales, incluido México, para proporcionar tecnología de vigilancia.230 Al igual que Pegasus, QuaDream es, según se informa, opera mediante vulnerabilidades cero-clic. Anteriormente, en mayo de 2020, tres organizaciones de la sociedad civil encontraron 21 captadores de IMSI (identidad internacional de suscriptor móvil) activos en el centro de México, los cuales pueden ser utilizados para interceptar datos móviles de todos los dispositivos en el área inmediata.231

El proyecto de Ley Federal de Ciberseguridad (ver B3 y C2), que fue retirado de la Cámara de Diputados en marzo de 2024, 232contenía disposiciones que habrían ampliado la vigilancia del gobierno de las actividades en línea. Por ejemplo, el artículo 25 del proyecto de ley ordenaba a la policía cibernética realizar un seguimiento y ciber patrullaje de la esfera en línea para prevenir “cualquier situación constitutiva de delito que pudiera poner en riesgo la integridad física y/o patrimonial de los habitantes”.233

C6: ¿El monitoreo y la recopilación de datos de las personas usuarias por parte de proveedores de servicios y otras empresas tecnológicas infringen el derecho a la privacidad de las personas? (0–6 puntos): 3

Cambio de puntuación: La puntuación bajó de 4 a 3 porque los informes del período de cobertura revelaron que un proveedor de telecomunicaciones cumplió con demandas sin orden judicial para entregar los registros de teléfonos celulares de más de una docena de funcionarios públicos entre 2021 y 2023.

El Artículo 189 de la Ley de Telecomunicaciones obliga a las empresas a proporcionar información de geolocalización de las personas usuarias y otra metadatos de comunicaciones a las agencias policiales, militares, o de inteligencia en tiempo real. El articulo 190 exige a los proveedores mantener registros de los metadatos de sus usuarios por un período de dos años y concede a las agencias de seguridad acceso a estos registros en cualquier momento.234 En 2016, la SCJN confirmó la constitucionalidad de los requisitos de la ley para la retención de datos y geolocalización en tiempo real. Sin embargo, la sentencia estableció la necesidad de una orden judicial para acceder a los metadatos históricos.235

Las reformas al código procesal penal en 2016 exigieron una orden judicial para que las entidades gubernamentales pudieran acceder a los datos de geolocalización, con algunas excepciones, como los casos de secuestro en donde la vida o la integridad física de una persona está en peligro.236 La sentencia de la SCJN de 2016 también aclaró que las autoridades pueden acceder a datos de las personas usuarias, entre ellas, los fiscales generales, la policía federal, y la agencia directamente encargada de aplicar y coordinar la Ley de Seguridad Nacional.

En noviembre de 2023, el New York Times informó que Telcel entregó los registros de teléfonos celulares de más de una docena de funcionarios públicos, incluidos funcionarios judiciales y políticos tanto de Morena como de la oposición, entre 2021 y 2023 en respuesta a al menos 14 órdenes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.237 Las autoridades supuestamente solicitaron los registros, que incluían datos de texto y ubicación, como parte de las investigaciones sobre secuestros y desapariciones, aunque nunca obtuvieron la autorización judicial, que debían hacer en un plazo de 48 horas, y negaron haber solicitado la información en absoluto. En respuesta, R3D advirtió que el marco legal vigente es propenso a abusos, en particular porque las empresas ya no están obligadas a revelar públicamente información sobre su cumplimiento de las normas de las autoridades durante las investigaciones.238 Este incidente se produjo como parte de un patrón más amplio de problemas de vigilancia en el país, donde se han utilizado herramientas como Pegasus para monitorear a periodistas y activistas (véase C5).

A partir de marzo de 2023 y durante el período de cobertura actual, el INAI, la autoridad de protección de datos y el organismo de acceso a la información de México, no pudo funcionar adecuadamente porque no contaba con el quórum de cinco comisionados. A pesar de que un juez federal ordenó al Senado nombrar a un comisionado para cubrir al menos uno de los tres asientos vacantes en el INAI, 239el Senado no cumplió con la orden después de que legisladores de Morena acusaran al poder judicial de interferir en sus asuntos en mayo de 2023. 240En agosto de 2023, la segunda sala de la SCJN dictaminó que el INAI podría sesionar solo con cuatro comisionados hasta que se designara un quórum de cinco miembros, lo que le permitiría comenzar a procesar los casos pendientes.241

En marzo de 2024, se informó que el INAI ordenó al INE que divulgara públicamente cierta información sobre las solicitudes de datos personales que realizó a las plataformas de redes sociales entre 2016 y 2023, incluidas las respuestas que recibió de las plataformas.242 El INAI determinó que el INE no había cumplido con los procedimientos de búsqueda adecuados al responder a una solicitud pública de información.243 Las organizaciones de derechos digitales han expresado su preocupación por las solicitudes del INE de datos personales de las personas usuarias sin una supervisión adecuada en medio de una investigación más amplia sobre el uso de medidas cautelares por parte del INE para restringir ciertos contenidos en línea (ver B2).244

Una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de abril de 2021 estableció un registro biométrico de teléfonos celulares que encargó a las empresas de telecomunicaciones la recopilación de datos biométricos; la SCJN finalmente declaró inconstitucional el registro en abril de 2022 (ver C4).245 La base de datos habría sido accesible para las autoridades que supervisan la seguridad pública y la justicia.246

Durante el período de cobertura anterior, el Congreso volvió a avanzar en la creación de una base de datos biométrica que podría vulnerar el derecho a la privacidad. Un proyecto de ley pendiente en el Senado,247 que fue aprobado por la Cámara de Diputados en marzo de 2023, facultaría a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a crear y administrar una base de datos biométricos centralizada, el Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID).248 El SID requeriría que las personas proporcionen información biométrica a la SEGOB al registrar actividades en el Registro Civil, lo que significa que la ciudadanía no tendría medios para consentir la recopilación de sus datos biométricos personales.249 Las organizaciones de la sociedad civil y algunos legisladores de la oposición han expresado su preocupación por el hecho de que el proyecto de ley no especifica claramente qué datos biométricos se recopilarían y qué entidades tendrían acceso a ellos, lo que plantea un riesgo para la privacidad y la protección de los datos personales.250

C7: ¿Las personas están sujetas a intimidación extralegal o violencia física por parte de las autoridades estatales o cualquier otro actor en relación con sus actividades en línea? (0–5 puntos): 0

Las y los periodistas de medios en línea continúan enfrentando amenazas y violencia por parte de grupos criminales organizados, miembros de gobiernos locales y otros actores. México sigue siendo uno de los países más peligrosos para los periodistas en el mundo.251

Article 19 documentó 561 ataques a periodistas en 2023, una cifra menor a los 696 registrados en 2022, el año más violento registrado.252 Estos ataques incluyeron 124 casos de intimidación y acoso, 106 usos ilegítimos del poder público (que incluyen casos de estigmatización por parte de autoridades públicas), 100 amenazas, 45 ataques físicos y 5 asesinatos de periodistas en posible relación con su trabajo. De todos los ataques reportados contra la prensa, 143 ocurrieron en la esfera digital, incluyendo intimidación y acoso en línea, amenazas digitales e intentos de intervenir cuentas de periodistas.253 Más del 53 por ciento del total de ataques contra periodistas estaban relacionados con la cobertura de corrupción y política, mientras que casi el 24 por ciento estaban vinculados a cuestiones de seguridad y justicia.254

En medio de la violencia en curso contra periodistas en México, al menos cuatro periodistas de medios de comunicación en línea fueron asesinados durante el período de cobertura. En abril de 2024, Roberto Figueroa, fundador del medio satírico de noticias basado en Facebook Acá en el Show, fue asesinado en el estado de Morelos luego de haber sido secuestrado.255 El día que fue secuestrado y asesinado, Figueroa publicó un video en el que indicaba que pronto informaría sobre la corrupción que involucraba a los candidatos en las elecciones de junio de 2024. Si bien no se conocían amenazas contra Figueroa, los fiscales dijeron que su asesinato podría estar relacionado con su trabajo periodístico.256 Los periodistas de Morelos exigieron una investigación completa e instaron al estado a hacer más para proteger la libertad de expresión.257

En septiembre de 2023, Jesús Gutiérrez Vergara, director del medio de comunicación basado en Facebook, Notiface, fue asesinado en San Luis Río Colorado, Sonora.258 Gutiérrez recibió un disparo mortal mientras hablaba con un grupo de cuatro policías fuera de servicio; uno también murió y los otros tres resultaron heridos. Aunque los fiscales afirmaron que los agentes de policía fueron el objetivo del ataque, Gutiérrez solía cubrir delitos para su medio, y no está claro si estaba informando en ese momento.259 Tres personas involucradas con el crimen organizado fueron arrestadas con relación a los asesinatos,260 y Article 19 expresó su preocupación por el hecho de que los investigadores no habían considerado las actividades periodísticas de Gutiérrez como un posible motivo de su muerte.261

El periodista Nelson Matus Peña, fundador del sitio de noticias y la página de Facebook Lo Real de Guerrero, fue asesinado a tiros en un estacionamiento en Acapulco, Guerrero, en julio de 2023. Su medio cubría con frecuencia la delincuencia local y cuestiones de seguridad. Matus había sobrevivido previamente a un posible intento de asesinato en 2017, pero no está claro si fue asesinado en relación con su trabajo.262

Ese mismo mes, en julio, Luis Martín Sánchez Iñiguez, un corresponsal de La Jornada y un colaborador del sitio de noticias en línea Critica Digital Noticias,263 fue encontrado muerto en el estado de Nayarit después de haber estado desaparecido por tres días. Los fiscales sospecharon que se trataba de un crimen y una nota dejada con el cuerpo de Sánchez supuestamente decía, “Puedes escribir lo que quieras, pero no te metas con la familia”.264

Juan Carlos Hinojosa Viveros, quien recientemente trabajó como fotógrafo para un gobierno municipal y como fotoperiodista y editor del medio digital La de 8 News, fue visto por última vez el 6 de julio de 2023 en Nanchital, Veracruz.265 Como periodista, Hinojosa Viveros cubría diversos temas locales, entre ellos la migración y los incendios industriales. Article 19 instó a las autoridades a tener en cuenta su trabajo periodístico al investigar su desaparición.266 Hinojosa Viveros permaneció desaparecido hasta el final del período de cobertura.267

Estos asesinatos y la desaparición de Hinojosa Viveros representan una continuación de la violencia extrema contra los periodistas observada en los últimos años. El CPJ informó que 13 periodistas, incluyendo reporteros digitales,268 fueron asesinados en 2022, lo que lo convierte en el año más letal registrado para los periodistas en México.269 Durante el período de cobertura anterior, al menos tres periodistas —Antonio de la Cruz,270 Juan Arjón López,271 and Fredid Román272— fueron asesinados en posible represalia por sus informes o actividades en línea, aunque no se ha confirmado el motivo en ninguno de los casos.

Otras amenazas a la seguridad física de periodistas digitales se reportaron durante el período de cobertura, así como amenazas de violencia en línea. En febrero de 2024, Michael Díaz, director del medio digital Periodismo QR, estuvo desaparecido durante dos días antes de ser encontrado con vida en Quintana Roo.273 Si Aunque la Fiscalía General de Quintana Roo afirmó que el incidente no estaba relacionado con el trabajo de Díaz, sus colegas señalaron que el periodista había recibido amenazas tras sus reportajes recientes sobre presuntos abusos policiales.274

En abril de 2023, durante el periodo de cobertura anterior, un desconocido prendió fuego al auto de Fernando Rodríguez González, director del medio digital Noticias en la Web, en Ciudad Acuña, Coahuila.275 El periodista había recibido amenazas anteriormente, incluida una que hacía referencia al asesinato en junio de 2021 de Saúl Tijerina Rentería. En noviembre de 2022, Clever Rea, director del medio digital Reacción de Guerrero y reportero de El Despertar de la Costa, fue agredido por agentes policiales luego de haber sido detenido arbitrariamente en Guerrero. Un oficial presuntamente golpeó a Rea en la cabeza con su arma, lo que requirió que recibiera tres puntadas en un hospital. Según Rea, los policías se burlaron de su trabajo como periodista.276

Durante el período de cobertura, el presidente López Obrador intentó desacreditar a los periodistas por sus reportajes en línea. Tras la publicación del informe de enero de 2024 del medio de investigación digital ProPublica sobre las acusaciones de que grupos del crimen organizado ayudaron a financiar la campaña de López Obrador en 2006, el presidente denunció el reportaje como una “calumnia” y se refirió a su autor como un “peón”.277 En respuesta a una investigación del New York Times, que se publicó en línea el mes siguiente, 278López Obrador reveló públicamente el número de teléfono personal de una de las periodistas que escribió la historia en una conferencia de prensa el 22 de febrero de 2024.279 El video de la conferencia de prensa, que se había subido a YouTube, fue eliminado por la plataforma por violar su política sobre “acoso y ciberacoso”.280

La violencia de género en línea se ha convertido en un problema crítico en el país, que afecta a mujeres periodistas, políticas, activistas y organizaciones. Los grupos activistas han documentado abusos significativos dirigidos a las mujeres, incluidos discursos de odio en línea contra quienes usan las redes sociales para denunciar cualquier tipo de violencia; esfuerzos coordinados para eliminar los sitios web, perfiles de redes sociales y publicaciones de mujeres activistas, organizaciones y colectivos; y campañas de desprestigio, intentos de extorsión y difusión no consentida de contenido íntimo que también se dirigen a las mujeres.281

En mayo de 2024, Stephanie Palacios, una periodista de la agencia de noticias estatal rusa Sputnik Mundo, denunció haber recibido amenazas y mensajes intimidatorios en las redes sociales, incluidos mensajes que constituían acoso sexual y comentarios sobre su apariencia física, después de que condenara públicamente las sanciones contra ciertos periodistas que asistieron a la conferencia de prensa matutina de López Obrador. Artículo 19 condenó estas acciones y pidió a las autoridades que brindaran la protección necesaria a Palacios.282

Durante el período de cobertura, Alaín Pinzón, activista de personas que viven con VIH, fue objeto de acoso en línea, incluido contenido generado por inteligencia artificial (IA) que se utilizó para denigrar el trabajo de Pinzón.283

C8: ¿Los sitios web, las entidades gubernamentales y privadas, los proveedores de servicios o los individuos están sujetos a ataques informáticos generalizados y otras formas de ciberataque? (0–3 puntos): 1

Los ataques técnicos, como los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) y las infecciones de malware, se han convertido en una táctica central en los intentos de suprimir la libertad de expresión en México, y los perpetradores generalmente pueden actuar con impunidad.284

Periodistas y activistas han denunciado con frecuencia casos de ciberataques, a menudo en represalia por su enfoque en temas de corrupción o derechos humanos. A lo largo de 2023, Article 19 documentó 4 ataques de denegación de servicio (DoS) y de denegación de servicio distribuido (DDoS) contra periodistas y sus medios, así como 37 casos de acceso no autorizado.285

El 20 de octubre de 2023, al menos seis medios de comunicación con sede en San Luis Potosí dijeron que sus páginas de Facebook aparentemente habían sido intervenidas y quedaron inaccesibles, e instaron a las autoridades estatales a investigar.286 A finales de mes, 15 medios de comunicación alrededor de San Luis Potosí habrían sido atacados, aunque los medios afectados pudieron restaurar con éxito sus cuentas de Facebook.287 Anteriormente, en abril de 2023, el sitio de noticias feminista SemMéxico fue intervenido por extremistas de derecha que lograron controlar el servidor del medio. Los hackers, llamados el "Equipo 1915", atacaron el medio por sus artículos feministas, afirmando ser "protectores de la religión y la patria".288

Varios medios de comunicación fueron blanco de ciberataques en medio de las elecciones generales de México 2024, que se llevaron a cabo después del período de cobertura el 2 de junio de 2024. Paul Aguilar, coordinador de seguridad digital de SocialTIC, informó que la organización había documentado un total de seis ataques DoS y DDoS. contra los medios de comunicación durante el año pasado.289 Dos de estos incidentes ocurrieron en el contexto de las elecciones: uno durante el periodo de precampaña y otro el día de las elecciones. Por otra parte, la Red Rompe el Miedo registró al menos seis ataques digitales a medios de comunicación durante el periodo electoral, de los cuales la mitad ocurrieron en el estado de Sinaloa.290 En un incidente posterior al periodo de cobertura, el 4 de junio de 2024, Noroeste informó que había sido blanco de un ataque DDoS fallido.291

En los últimos años, los sistemas gubernamentales han seguido siendo vulnerables a la intrusión y otras formas de acceso no autorizado. En enero de 2024, se filtró en Internet una base de datos que contenía los datos personales (incluidos los datos de contacto e identificación oficial) de más de 300 periodistas registrados en el Sistema de Acreditación de Prensa Presidencial.292 Un portavoz presidencial afirmó que el incidente fue “un robo ilegal de información”, obtenido utilizando las credenciales de un ex empleado del gobierno.293

En septiembre de 2022, el autodenominado grupo hacktivista “Guacamaya” obtuvo millones de correos electrónicos y documentos militares del ejército de México.294 La información expuesta, alrededor de seis terabytes (TB), incluye detalles de inteligencia y otra información sensible recopilada entre 2016 y septiembre de 2022. La información contenida en los documentos filtrados, compartida solo con periodistas e investigadores, se ha utilizado para apoyar investigaciones periodísticas de interés público, como la investigación #EjércitoEspía que documenta el uso del software espía Pegasus en México (ver C5).295

Según se informa, Guacamaya pudo explotar el servidor de la SEDENA porque el ejército no aplicó los parches de seguridad necesarios, lo que dejó información altamente sensible vulnerable durante 11 meses, y utilizó Zimbra, una suite de colaboración vulnerable a ataques.296 Otro grupo de hackers, conocido como la Mafia Mexicana, supuestamente aprovechó las mismas vulnerabilidades de seguridad en Zimbra para obtener 2,1 millones de correos electrónicos del gobierno de la Ciudad de México en 2024.297

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