Venezuela

Not Free
28
100
A Obstacles to Access 5 25
B Limits on Content 13 35
C Violations of User Rights 10 40
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30 100 Not Free
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Descripción General

En Venezuela, la libertad en Internet se deterioró aún más durante este período (junio 2019-mayo 2020). La conectividad se vio interrumpida con frecuencia debido a las fallas de infraestructura e, igualmente, se constató que los proveedores de servicios bloquearon fuentes clave de noticias e información independientes durante momentos políticamente sensibles. Algunos reporteros independientes admitieron haberse autocensurado, y varios medios fueron víctimas de ciberataques. La vigilancia estatal se mantuvo presente, incluso con la colaboración de empresas privadas de telecomunicaciones.

A medida que se profundiza la crisis económica y política, el régimen de Nicolás Maduro ha reforzado su control sobre el poder mediante la represión de la disidencia. A las iniciativas dirigidas a fortalecer el gobierno, como la instalación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente en agosto de 2017, siguieron la promulgación de leyes que limitan la libertad de expresión. De manera similar, los ataques contra activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos continuaron.

La grave crisis humanitaria del país ha provocado una emigración masiva. Los ciudadanos en el país deben concentrar sus esfuerzos en luchar por satisfacer sus necesidades básicas. Tras las controvertidas elecciones presidenciales de 2018, las tensiones se intensificaron en enero de 2019 cuando el líder opositor Juan Guaidó, siguiendo directrices constitucionales, se juramentó como presidente de la Asamblea Nacional y asumió el papel de presidente interino. A pesar de que el órgano legislativo es mayoritariamente opositor, Maduro ha logrado mantener su poder debido al apoyo militar, al estricto control sobre el resto de las instituciones del país, y a una política de fuerte intimidación y represión.

Principales acontecimientos: 1 de junio de 2019 - 31 de mayo de 2020

  • Los permanentes cortes de electricidad obstaculizaron la capacidad de los usuarios para conectarse a Internet (ver A1).
  • Durante momentos políticamente delicados, incluidos los que involucran actividades de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, proveedores de Internet bloquearon plataformas de comunicación y fuentes independientes de información (ver A3 y B1).
  • En medio de un clima de deterioro de las libertades y de represalias por informar, los periodistas comenzaron a mostrar signos de autocensura (ver B4).
  • Usuarios de redes sociales y periodistas continuaron siendo objeto de arrestos arbitrarios, incluso por compartir información sobre la escasez de gasolina y la pandemia (ver C3).
  • Una plataforma en línea creada por la oposición venezolana para brindar asistencia financiera a los trabajadores de la salud fue objeto de un ataque de phishing. Por otra parte, el exdirector de los servicios de inteligencia del país sostuvo que algunas empresas de telecomunicaciones privadas facilitaban la vigilancia estatal (ver C5 y C6).
  • Varios medios de comunicación independientes fueron blanco de ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS), probablemente perpetrados por agentes militares (ver C8).

A. Obstáculos para el acceso

Durante el período de cobertura, los venezolanos experimentaron varios y extensos apagones eléctricos, fallos frecuentes de los servicios de Internet y conexiones de baja calidad. Las plataformas de comunicación continuaron sufriendo bloqueos, generalmente durante momentos políticamente delicados. Los planes anunciados por el gobierno para establecer un punto de intercambio de Internet (IXP) se interpretaron como un intento del gobierno de ejercer mayor censura y vigilancia.

A1: ¿Las limitaciones de infraestructura restringen el acceso a Internet o la velocidad y la calidad de las conexiones? (0 a 6 puntos) (2/6)

La crisis económica de Venezuela, marcada por varios años de recesión e hiperinflación, ha ocasionado el deterioro de la infraestructura de telecomunicaciones y, como consecuencia, la calidad del acceso a Internet. La infraestructura del país padece no solo de fallas, sino que también es objeto de robos y vandalismo, lo que trae como consecuencia frecuentes caídas de los servicios y velocidades de conexión muy deficientes.1

Durante el período de cobertura se produjeron muchos cortes de electricidad, algunos durante horas, en varias regiones del país, incluida Caracas. Uno de ellos, producido en agosto de 2019, afectó a 12 de los 24 estados del país durante una o dos horas. Un apagón en la ciudad de Puerto Cabello, en febrero de 2020, duró más de 36 horas.2 El mes de marzo de 2020 fue de continuos apagones. El día primero un gran corte desactivó el 35 por ciento de la infraestructura de telecomunicaciones del país durante varias horas.3 Posteriormente, la conectividad fue interrumpida durante los días 8 (afectó a trece estados), 20 (afectó a siete), y del 25 al 26 uno más que afectó a seis estados.4 En mayo, una interrupción importante, que afectó a 10 estados, fue atribuida por el gobierno a un supuesto ataque a una de las líneas de transmisión de la red nacional.5 También en ese mes, cerca de 100 familias del estado Portuguesa informaron de un apagón que duró al menos dos semanas debido a la explosión de un transformador.6

Además de las interrupciones derivadas de los apagones, las capitales de dos estados fronterizos como Maracaibo y San Cristóbal permanecen bajo un constante racionamiento eléctrico que impacta la conectividad.7 Asimismo, la escasez de combustible ha limitado el uso de generadores eléctricos de los que dependen muchas personas e instituciones.8 En abril de 2020 se produjo un incendio en las instalaciones de la empresa estatal de telecomunicaciones CANTV, supuestamente originado por problemas con el suministro de energía, lo que provocó interrupciones en el servicio que afectaron al menos seis estados.9

Según los analistas, la demanda de conectividad superó la oferta disponible, particularmente durante la pandemia y la cuarentena.10 En marzo de 2020, el principal proveedor de telefonía móvil, Movistar, pidió a sus clientes que utilizaran los datos de forma "racional", ya que el consumo había aumentado drásticamente en una red que "ya funcionaba a su máxima capacidad”.11

El servicio de Internet también ha estado suspendido durante largos períodos de tiempo en varias zonas del país. Según informes, partes de Caracas estuvieron sin servicio de Internet durante al menos tres meses a partir de junio de 2019; mientras que en julio de 2019 los residentes de dos áreas del municipio Baruta denunciaron y protestaron porque el servicio no había estado disponible durante más de un año.12 En mayo de 2020, residentes de la ciudad de El Tigre, en el sur oriente del país, cumplieron tres años sin servicio de CANTV.13 En el mismo mes, los residentes en un área de la capital del país también protestaron por la ausencia de casi tres años de servicios de telefonía e Internet CANTV.14

Las tasas de penetración de Internet varían. Según las cifras oficiales del segundo trimestre de 2019, el 59 por ciento de los venezolanos utiliza internet. Los suscriptores móviles representan el 80 por ciento del total de suscriptores, pero la penetración se estimó en un 69 por ciento, frente al 78 por ciento en 2018.15 Según el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, en junio de 2019 el 46,6 por ciento de los hogares tenían acceso a Internet, mientras que el 63,8 por ciento de las personas accedía a través de teléfonos móviles. De los que accedían a Internet a través de teléfonos móviles, casi el 60 por ciento consideró muy deficiente la calidad del servicio. Más del 40 por ciento experimentó fallas a diario.16 La empresa de investigación de mercado Tendencias Digitales situó la penetración de Internet en un 65 por ciento en 2019.17

En junio de 2020 Venezuela continuaba ocupando el último lugar en el promedio de velocidad de la banda ancha fija del Índice Global Speedtest, con una velocidad de descarga promedio de 3.50 Mbps. En cuanto a velocidad móvil, Venezuela se ubicó en el tercer lugar con una velocidad de descarga promedio de 7.80 Mbps.18

A2: ¿El acceso a Internet es prohibitivamente caro o está fuera del alcance de ciertos segmentos de la población por razones geográficas, sociales o de otro tipo? (0-3 puntos) (0/3)

La crisis económica ha impactado la capacidad de los venezolanos para costear los servicios y dispositivos necesarios para acceder a Internet, ya que muchos dedican sus magros salarios a cubrir necesidades básicas como la alimentación y la salud. La brecha digital también se hizo más evidente durante el período de cobertura. A medida que la economía se ha dolarizado, la brecha entre quienes tienen acceso a dólares para comprar bienes y servicios, y quienes no lo tienen, ha exacerbado la desigualdad en el acceso a Internet.19

El acceso a dispositivos está fuera del alcance de muchos venezolanos. Un teléfono celular de gama media, de alrededor de $400 costaba aproximadamente 250 salarios mínimos en abril de 2020, mientras que en mayo de 2019 costaba unos 60 salarios mínimos.20 El alto costo de los teléfonos inteligentes, junto con los problemas de conectividad y de electricidad, sientan las bases que se produzcan altos índices de desinformación (ver B5).21

La mayoría de los proveedores de servicios móviles han dejado de publicar sus tarifas y aquellos que sí las anuncian no son precisas, actualizadas o confiables. Sin embargo, gracias las consultas directas a los usuarios es posible afirmar que estas han aumentado. Un plan mensual de Internet fijo (inalámbrico) de 4 Mbps de bajada, mínimamente confiable, costaba aproximadamente 10 meses de salario mínimo en mayo de 2020.22

También se encuentran disponibles planes móviles menos costosos. El plan más barato de Movistar, la filial de Telefónica, cuesta casi dos meses de salario mínimo, pero tiene un límite de consumo de 5 GB al mes.23 En cuanto al servicio de banda ancha, la empresa estatal CANTV también anunció nuevas tarifas en febrero de 2020. El plan más popular de 1,5 Mbps, disponible solo para clientes existentes, pasó de 1.348 a 14.508 bolívares mensuales en febrero de 2010.24 Aunque es una tarifa extremadamente baja, el servicio, cuando está disponible, es de muy mala calidad.25

Los venezolanos continúan experimentando una marcada brecha digital territorial. Según cifras oficiales del segundo trimestre de 2019, los mayores índices de penetración se concentran en el Distrito Capital y los estados de la zona norte costera como Miranda, Aragua y Carabobo. El estado Amazonas, que tiene una alta población indígena, solo registra un 18 por ciento de penetración.26 También hay desigualdad en las velocidades disponibles. Si bien durante los primeros cuatro meses de 2019 se registraron velocidades de hasta 2.9 Mbps en Caracas, en los estados Apure, Barinas, Delta Amacuro, Falcón, Mérida, Portuguesa y Táchira ni siquiera llegó a 1 Mbps.27 Los habitantes de algunas localidades ubicadas en la frontera entre Colombia y Venezuela han recurrido a la compra de servicios a operadores colombianos.28

La crisis económica también ha afectado a una variedad de sectores. Debido a limitaciones financieras, por ejemplo, las universidades luchan por reconectarse ante el déficit de electricidad y los robos.29

A3: ¿El gobierno ejerce control técnico o legal sobre la infraestructura de Internet con el propósito de restringir la conectividad? (0 a 6 puntos) (2/6)

Cambio de puntaje: El puntaje mejoró de 1 a 2 porque, aunque las interrupciones en las plataformas de redes sociales son comunes durante eventos políticamente sensibles, los usuarios no están sujetos a un bloqueo intencional y prolongado de la conectividad a Internet fija y móvil.

El Estado, a través de la CANTV, posee la mayor parte de la infraestructura de la red nacional. Los apagones deliberados y la regulación de la velocidad de conexión pueden parecer prácticamente innecesarios dado el estado de la infraestructura del país y los cortes de energía recurrentes. Sin embargo, la conectividad ha sufrido interrupciones que han coincidido con el aumento de las tensiones políticas.

Las restricciones intencionales prolongadas de la conectividad fija y móvil no son recurrentes; sin embargo, se emplean “bloqueos tácticos” en las plataformas de comunicaciones para reducir al mínimo la cobertura de noticias políticamente sensibles.30 Durante el período de cobertura de este informe, grupos de monitoreo de internet como Venezuela Inteligente y Netblocks documentaron varios de estos eventos.

El 18 de junio de 2019, tanto la CANTV como Supercable restringieron el acceso a Instagram y a Twitter durante dos horas durante la transmisión en vivo de una sesión de la Asamblea Nacional en la cual los diputados debían discutir temas relacionados con los presos políticos y la corrupción.31 El 19 de junio, durante la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, CANTV bloqueó el acceso a YouTube durante poco más de media hora.32

El 16 de noviembre de 2019, CANTV aplicó restricciones a Twitter, Facebook e Instagram que coincidieron con las protestas planificadas para exigir elecciones justas. Al inicio de un discurso del líder opositor Juan Guaidó a través de YouTube, los servicios de Google y Bing fueron bloqueados y se restauraron después de que terminó su alocución.33

El 5 de enero de 2020, cuando la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, preparaba la juramentación para un nuevo periodo, la CANTV bloqueó el acceso a YouTube, Twitter, Facebook e Instagram durante dos horas y media. Las fuerzas de seguridad impidieron físicamente la entrada al edificio de la legislatura a miembros de la oposición, incluido el mismo Juan Guaidó, así como a los periodistas.34

El 31 de mayo de 2020, cuando la Asamblea Nacional se reunió para rechazar tanto el aumento del precio como la dolarización de la gasolina, la CANTV restringió el acceso a YouTube e Instagram mediante el bloqueo de DNS.35

En marzo de 2020, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), promovió una serie de discusiones con operadores privados sobre la necesidad de crear un punto de intercambio de tráfico de Internet (IXP). ISOC Venezuela reunió en un foro a académicos y activistas para evaluar la iniciativa y la mayoría coincidió en oponerse al proyecto, ya que la administración del IXP recaería en el gobierno. Los beneficios técnicos que brindaría el nodo de interconexión no compensan el alto riesgo que supone la censura y la vigilancia estatales, resaltaron.36

A4: ¿Existen obstáculos legales, regulatorios o económicos que restrinjan la diversidad de proveedores de servicios? (0 a 6 puntos) (1/6)

Aunque hay proveedores privados, el estado domina el mercado de telefonía e Internet a través de la CANTV. Las empresas de telecomunicaciones han luchado por mantenerse financieramente sostenibles durante la crisis económica y, al mismo tiempo, nuevas compañías, más pequeñas, han ingresado al mercado.

El último informe de CONATEL muestra el aumento progresivo de ISP. Según afirmaron los directores ejecutivos de dos empresas de telecomunicaciones que pidieron permanecer en el anonimato, satisfacer el mercado se hace complicado y muy costoso para los grandes operadores que tienen altos costos fijos. Con inversiones menores, y en ausencia del control cambiario, las nuevas empresas pueden importar equipos y suministros libremente y brindar servicios -en dólares estadounidenses- para consumidores de alto y mediano poder adquisitivo. Políticamente, las empresas deben abstenerse de expresar cualquier tipo de opinión crítica del gobierno.37

De acuerdo con CONATEL, en el segundo trimestre de 2019 el 66 por ciento de las suscripciones de Internet correspondían a la CANTV. Tres empresas dominan el mercado de Internet móvil del país: la estatal Movilnet (39,5 por ciento), Movistar de Telefónica (43,5 por ciento), y la local Digitel (17 por ciento). Digitel y Movistar son los principales operadores de redes de 4G, una tecnología que no se ha desarrollado por completo: solo la usa el 18,47 por ciento de los suscriptores.38

Un decreto del gobierno, del 23 de mayo de 2019, creó la nueva Corporación Socialista de Telecomunicaciones y Servicios Postales de Venezuela, dirigida por el presidente de CONATEL. De acuerdo con el artículo 3, una de sus finalidades es la gestión de las empresas de telecomunicaciones del Estado, lo que le permitiría “adquirir la totalidad o parte de las acciones de todas aquellas empresas y servicios relacionados directa o indirectamente con su objeto social, sean propiedad de entidades nacionales o extranjeras, o fusionarse con ellos, previa autorización del Presidente de la República en Consejo de Ministros”.39 Tras el anuncio, Maduro dijo que Venezuela firmaría acuerdos con las empresas chinas Huawei y ZTE para promover la introducción de nuevas tecnologías.40

Hasta el mes de mayo de 2020, el único hecho relacionado con la nueva Corporación Socialista de Telecomunicaciones y Servicios Postales ocurrió en diciembre de 2019, cuando el 91 por ciento de las acciones de la CANTV y el 100 por ciento de las acciones de Movilnet fueron transferidas a la empresa.41 La medida provocó rumores acerca de que las empresas podrían haber sido vendidas a la empresa china Huawei, pero tras la consulta de varias fuentes organizaciones de fact checking (verificadoras de hechos) advirtieron que estas especulaciones no tenían ningún tipo de evidencia.42

A5: ¿Los organismos reguladores que supervisan a los proveedores, empresas y servicios de telecomunicaciones operan de manera libre, justa e independiente? (0–4 puntos) (0/4)

CONATEL es la entidad responsable de regular y otorgar licencias para operar dentro del sector de las telecomunicaciones. El organismo depende administrativamente del Ministerio para la Comunicación e Información. La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (conocida como Ley Resorte) otorga al ente regulador la facultad de tomar decisiones sobre el bloqueo o eliminación de contenidos, así como de sancionar a los prestadores de servicios, poder que ha ejercido sin cumplir con el debido proceso con respecto a las partes afectadas.43

Si bien el artículo 35 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece la autonomía operativa y administrativa de CONATEL, el artículo 40 dispone que el presidente tiene la facultad de nombrar y remover a su director y a los otros cuatro miembros de su directorio, lo cual deja en evidencia44 su falta de independencia del ejecutivo.

B. Límites en los contenidos

La censura continuó presente durante el período de cobertura. Los proveedores de servicios bloquearon el acceso a fuentes independientes de noticias e información, incluida la relativa a la pandemia ocasionada por la COVID-19. Al parecer, un incendio en una de las instalaciones de la CANTV inhabilitó algunas herramientas de bloqueo, lo que provocó que algunos sitios web resultaran accesibles durante un breve lapso. Durante el último año comenzaron a hacerse evidentes algunos signos de autocensura entre los periodistas de medios digitales. Por otro lado, las campañas de desinformación amparadas por el Estado continuaron durante todo el período que cubre el informe.

B1: ¿El estado bloquea o filtra, u obliga a los proveedores de servicios a bloquear o a filtrar, contenidos en Internet? (0 a 6 puntos) (2/6)

A medida que la crisis política se fue incrementando, el gobierno de Maduro continuó bloqueando los medios digitales y las redes sociales. Un informe del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), fechado en diciembre de 2019, reveló acciones de censura en línea generalizadas y persistentes. Utilizando la aplicación móvil del Open Network Interference Observatory (OONI, por sus siglas en inglés), 57 periodistas de dieciocho estados monitorearon 25 sitios de noticias y plataformas de redes sociales en octubre de 2019, incluidos Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, así como medios digitales venezolanos y extranjeros. El estudio encontró que, si bien la estatal CANTV fue responsable de la mayoría de las restricciones, operadores privados como Movistar y Digitel también aplicaron bloqueos.45

Los medios locales que sufrieron los bloqueos más persistentes fueron los canales de televisión en línea VivoPlay y VPItv, así como el sitio de noticias independiente El Pitazo, restringidos por los principales ISP. Los medios independientes Armando.info, Efecto Cocuyo y La Patilla también fueron bloqueados, al igual que portales noticiosos Caraota Digital, Noticia al Día, Punto de Corte e incluso Aporrea, un medio considerado favorable al gobierno que recientemente comenzó a mostrar opiniones críticas. Los sitios web de medios tradicionales como los de los periódicos El Nacional, Correo del Caroní, Correo del Orinoco, 2001, así como como el canal de televisión colombiano NTN24, el diario colombiano El Tiempo, el sitio de noticias argentino Infobae, la BBC, el diario español El País, al igual que EVTV Miami también fueron bloqueados. La técnica más común aplicada por los tres operadores fue el bloqueo de Sistema de Nombres de Dominio (DNS, por sus siglas en inglés), aunque el bloqueo del protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP, por sus siglas en inglés) y el filtrado de identificación de nombres de servidor (SIN, por sus siglas en inglés) también fueron utilizados por CANTV y, en menor medida, por Movistar y Digitel.46

En medio de la pandemia, un sitio web informativo creado por la Asamblea Nacional (coronavirusvenezuela.info) fue bloqueado a través de los métodos HTTP y DNS. Otro sitio de la Asamblea Nacional, destinado a brindar información sobre el coronavirus fue redirigido al sitio presidenciave.com, el cual también fue bloqueado en marzo de 2020, al igual que el dominio alternativo pvenezuela.com.

Según Venezuela Inteligente (proyecto VeSinFiltro), los tres sitios fueron filtrados por la CANTV; Movistar, Digitel y Supercable aplicaron un bloqueo de DNS a presidenciave.com.47 y permanecieron restringidos hasta el final del período de cobertura.

Entre enero y abril de 2020, IPYS Venezuela monitoreó 26 sitios de noticias y las velocidades de conexión a Internet en dieciséis estados. Los resultados revelaron bloqueos en todos los sitios estudiados, algunos temporalmente. VIVOPlay enfrentó el bloqueo más fuerte mediante las técnicas de DNS y HTTP, seguido de VPItv y NTN24, a través de los mismos métodos. Digitel fue la empresa que lideró los bloqueos, probablemente porque el incendio ocurrido en abril de 2020 en la sede de CANTV48 inhabilitó algunos equipos, incluidos los que facilitaban los bloqueos. Este incendio también provocó que otros sitios web, como Efecto Cocuyo, coronavirus venezuela.info y VivoPlay, resultaran accesibles temporalmente. Sin embargo, los sitios que estaban bloqueados por DNS, la técnica más común, permanecieron restringidos.49

En enero de 2020 el medio digital Punto de Corte fue bloqueado luego de publicar una investigación que detallaba el severo deterioro de las instalaciones de la CANTV. Según los voceros de VeSinFiltro, Punto de Corte fue bloqueado por los principales proveedores de internet en Venezuela, entre ellos CANTV, Movistar, Digitel, Inter, Supercable y Movilnet.50 En abril de 2020, el portal Alberto News fue agregado a la lista de sitios de noticias bloqueados por la CANTV.51 En mayo el turno le tocó al medio Runrun.es, que fue bloqueado por la CANTV y también el proveedor Inter.52

Los editores de los medios de comunicación digitales han señalado que el Estado aplica bloqueos selectivos. Las órdenes de censura se vinculan con eventos concretos en los cuales se anticipan críticas al gobierno. Por ejemplo, Efecto Cocuyo sufrió un bloqueo en enero de 2019 cuando el sitio decidió, por política editorial, referirse al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela.53 En mayo de 2020, sin embargo, el sitio ya era accesible.

Los expertos han señalado que la censura se está volviendo cada vez más sofisticada y difícil de eludir, ya que evadir técnicas como como el HTTP y el SIN requiere el uso de redes privadas virtuales (VPN) o servicios de anonimización.54 En 2019 CANTV bloqueó algunas de estas herramientas, como Tunnel Bear y Windscribe.55 Algunos comentaristas han vinculado estas tácticas cada vez más sofisticadas a la influencia del gobierno chino en el país, luego de que la empresa china ZTE ganara un contrato para implementar la plataforma "Patria" (ver C5).56

Aunque Tunnel Bear y Windscribe se hicieron posteriormente disponibles, VeSinFiltro informó en agosto de 2020 que el uso de los VPN Psiphon y TunnelBear, así como el del y servicio de anonimización Anonymouse habían sido restringidos por CANTV, Movistar, Digitel y Supercable, a través del bloqueo de DNS. Los bloqueos se implementaron mientras la Asamblea Nacional intentaba promover su programa de salud para el personal médico.57

B2: ¿Los actores estatales o no estatales emplean medios legales, administrativos o de otro tipo para obligar a los editores, hosts de contenido y/o plataformas digitales a eliminar contenidos? (0–4 puntos) (1/4)

Varias leyes limitan la libertad de expresión al establecer la responsabilidad de los intermediarios sobre el contenido publicado por terceros. Según los observadores consultados para este informe (que prefirieron permanecer en el anonimato), este marco legal ha derivado en censura previa entre los ejecutivos de medios, quienes ejercen presión sobre la cobertura de sus reporteros por temor a sufrir represalias o el cierre de sus operaciones.58

En marzo de 2020 fueron detenidos dos periodistas del medio digital Crónica.Uno que informaban sobre las restricciones de movimiento en respuesta a la pandemia. La policía los obligó a eliminar el material informativo recabado, porque podría "tergiversar la información en medio de una situación delicada".59

Los informes de transparencia producidos por Twitter, Facebook y Google no mostraron un número significativo de solicitudes de eliminación por parte del gobierno venezolano durante el periodo. Entre julio y diciembre de 2019, Google registró una solicitud de eliminación por difamación.60 Los artistas se han quejado con frecuencia de la eliminación de contenido por parte de Facebook, por supuestamente violar sus términos de servicio al publicar obras o fotografías que muestran desnudos.61

B3. ¿Las restricciones en Internet y de los contenidos digitales carecen de transparencia y proporcionalidad con relación a los objetivos declarados, o un proceso de apelación independiente? (0 a 4 puntos) (0/4)

En ausencia de estado de derecho, y sin instituciones que ofrezcan vías de apelación, las autoridades venezolanas han restringido contenido en Internet sin que medie el debido proceso y sin supervisión independiente.

Los bloqueos han sido implementados por los proveedores estatales CANTV y Movilnet, pero también por empresas privadas como Movistar, Digitel, Inter y Supercable.62 Organizaciones y grupos defensores de derechos humanos han denunciado la falta de transparencia en los procedimientos seguidos para ejecutar estos bloqueos.

Los medios de comunicación restringidos constantemente, como El Pitazo, han divulgado correos electrónicos que demuestran cómo CONATEL da órdenes de bloqueo a operadores privados. En junio de 2019, El Pitazo publicó un correo electrónico de CONATEL ordenando a Movistar, Inter y Digitel bloquear el sitio web sin proporcionar una orden administrativa o judicial. César Batiz, director de El Pitazo, solicitó explicaciones tanto a CONATEL como a los proveedores de Internet, pero no recibió ninguna respuesta. En julio de 2019, Batiz y otros directivos presentaron una denuncia ante la Unidad de Atención a Víctimas del Ministerio Público que tampoco ha sido respondida.63

La legislación venezolana les otorga una excesiva responsabilidad a los intermediarios y abre vías para la censura. La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorte) dispone que los intermediarios pueden ser considerados responsables de los contenidos publicados por terceros, y le otorga a CONATEL la capacidad discrecional para imponer sanciones severas en caso de violaciones. Sus disposiciones, redactadas de forma amplia y difusa, prohíben los mensajes que promuevan la ansiedad entre la población, alteren el orden público, ignoren a las autoridades legales o promuevan la violación de las leyes existentes. Promulgada en noviembre de 2017, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (conocida como la Ley contra el Odio) establece que los intermediarios deben eliminar el contenido que contenga "discurso de odio" dentro de las seis horas posteriores a su publicación, so pena de enfrentar severas multas. La ley también faculta a las autoridades para bloquear sitios web cuando, en su opinión, promueven el odio o la intolerancia.64

B4: ¿Los periodistas, comentaristas y usuarios digitales practican la autocensura? (0–4 puntos) (2/4)

Cambio de puntaje: El puntaje bajó de 3 a 2 porque la autocensura, particularmente por parte de los periodistas en línea, aumentó durante el último año.

Las restricciones legales y extralegales sobre ciertas formas de expresión en línea han fomentado una mayor autocensura y censura previa en los medios de comunicación.65

Un informe de la ONG Medianálisis, fechado en octubre de 2019, basado en entrevistas a 365 periodistas de 141 medios de comunicación, dejó en evidencia la vulnerabilidad de los periodistas y la pérdida progresiva de su autonomía e independencia, debido a la censura y auto censura. Según este informe, el 38 por ciento de los periodistas dijeron que habían cambiado u omitido información para proteger a sus fuentes.66

El destacado periodista Nelson Bocaranda, fundador del sitio de noticias Runrun.es, señaló en una entrevista de febrero de 2020 que practicar la autocensura, más que la misma censura estatal, era lo que permitía a los medios independientes seguir funcionando. También admitió que se había autocensurado por miedo a lo que pudiera pasarle a su familia.67

Por otro lado, muchos reporteros siguen corriendo riesgos para buscar información e informar, a pesar de los frecuentes hostigamientos, amenazas y violencia física en contra de ellos. Un ejemplo notable durante el período de cobertura fue el de los reporteros que cubrieron la instalación de la Asamblea Nacional en enero de 2020, evento en el varios fueron agredidos físicamente y robados (ver C7).68

B5: ¿Las fuentes de información en línea están controladas o manipuladas por el gobierno u otros actores poderosos para promover un interés político particular? (0–4 puntos) (1/4)

El gobierno ha tratado de expandir su influencia en la esfera digital utilizando los medios del Estado, trolls progubernamentales, y alentando a sus partidarios en las redes sociales a acosar a aquellos que manifiestan opiniones contrarias al gobierno.69 Con un gran número de usuarios politizados, Twitter se utiliza con frecuencia para difundir desinformación.70 Los estudios publicados durante el período de cobertura continúan demostrando la manipulación de la información en línea por parte del gobierno y de los medios alineados con Maduro.71

La batalla política en Twitter es encarnizada y se han lanzado nuevas iniciativas dirigidas a analizar este entorno en línea. El observatorio digital ProBox, que comenzó a operar en marzo de 2020,72 ha desarrollado una herramienta que lleva a cabo un monitoreo permanente de las conversaciones políticas y sociales que son tendencia en Venezuela. Según la directora ejecutiva de ProBox, con su fuerte intervención en Twitter, el Estado chavista busca llenar la tuitosfera con mensajes favorables al gobierno, desviar la atención de los hechos que puedan afectarlo negativamente, y dividir a la oposición. A juicio de la analista, una de las consecuencias de la excesiva abundancia artificial de mensajes producidos desde las cuentas pro-Maduro es reducir el potencial que tienen otros actores para tener algún tipo de impacto en la plataforma. Los análisis de ProBox han demostrado que más del 70 por ciento de las publicaciones asociadas a grupos de la sociedad civil provienen de usuarios reales, mientras que el 60 por ciento de los mensajes emitidos por cuentas del chavismo provienen de bots.73

En los últimos años, el gobierno y otros actores progubernamentales han inundado la esfera digital con contenido coordinado de cuentas oficiales y automatizadas.74 En mayo de 2020, por ejemplo, ProBox detectó un gran número de publicaciones en Twitter con información falsa proveniente del Ministerio de Comunicación e Información que, prácticamente, fueron todas generadas por bots.75

En marzo de 2020, a inicios de la pandemia, Twitter eliminó una publicación de Maduro que había violado sus reglas contra la desinformación relacionada con el coronavirus. En el mensaje, Maduro compartió enlaces de supuestas investigaciones que evidenciaban que el virus era un arma bioterrorista, y proporcionó remedios caseros para contrarrestarlo.76

Los verificadores de hechos han notado que cuando ocurre un evento político que podría impactar negativamente al gobierno, se amplifican etiquetas para distraer la atención. Por ejemplo, a fines de febrero de 2020 una etiqueta sobre COVID-19 fue desplazada por otra que criticaba al presidente interino Juan Guaidó.77 Algunos grupos de observadores también han podido constatar la existencia de portales de noticias falsas dirigidos a hacer dinero fácil al dar un click lo cual contribuye a llenar la ciberesfera venezolana de basura digital.78

Según el Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council (DFRLab), en enero de 2020, durante la fallida juramentación del diputado pro-régimen Luis Parra, quien pretendía reemplazar a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, se produjo una campaña coordinada para posicionar dos etiquetas anti-Guaidó. Los lemas #NoQueremosAWaido y #HastaNuncaWaido se difundieron a través de cuentas “con evidentes signos de inautenticidad". La campaña de Twitter también estuvo acompañada de información falsa y engañosa que fue publicada por medios estatales, así como por políticos venezolanos y extranjeros.79

También en enero de 2020, Twitter suspendido varias cuentas pertenecientes a funcionarios públicos y entidades venezolanos, incluyendo la del Banco Central, el Ministerio de Petróleo, el ejército, la marina y la Guardia Nacional. IPYS Venezuela señaló que algunas cuentas habían sido restituidas, aunque algunas instituciones crearon otras nuevas.80 En septiembre de 2019, Twitter suspendió la cuenta de los Tuiteros Patriotas (@ tuiteros_vzla), que tenía más de 70.000 seguidores y era usada activamente por el Ministerio de Comunicación e Información para amplificar las etiquetas a favor del gobierno.81 Twitter no dio detalles del por qué fue suspendida. Observadores han notado que, para evadir la detección de comportamientos no auténticos por parte de Twitter, las cuentas progubernamentales cambian sus nombres y publican en diferentes momentos.82

Informes de años anteriores también aportan evidencia de la manipulación digital estatal. Un estudio de febrero de 2019 del DFRLab mostró cómo el Ministerio de Comunicación e Información lideró una operación coordinada para establecer una "etiqueta del día". La mecánica consistía en que usuarios progubernamentales registraban sus cuentas de Twitter a través de una aplicación y publicaban tuits con etiquetas promovidas por el gobierno. Una cuenta principal se encargaba de monitorear a los usuarios y aquellos más activos recibían un pago a través de billeteras digitales asociadas al Carnet de la Patria (ver C5).83 En 2017, IPYS Venezuela también filtró un plan del Ministerio del Interior dirigido a manipular las conversaciones en línea entre los ciudadanos utilizando un ejército de trolls.84

En respuesta a los esfuerzos de desinformación estatales, un grupo de periodistas, en alianza con el Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se unieron para crear una plataforma de noticias verificadas. El equipo de comunicadores produce noticieros que son difundidos a través de WhatsApp, Twitter, Telegram, SoundCloud, así como en su sitio web.85 Varios medios digitales también han creado secciones de verificación de datos como Cocuyo Check, de Efecto Cocuyo.86 ONGs como Transparencia Venezuela y Medianálisis han creado sus propias unidades de verificación, como NoEsPaja y CotejoInfo, respectivamente, que fue la primera iniciativa de este tipo en el país.87

B6: ¿Existen limitaciones económicas o reglamentarias que afecten negativamente la capacidad de los usuarios para publicar contenido en línea? (0-3 puntos) (1/3)

Los medios digitales enfrentan diversas dificultades debido al alto costo de los equipos, las limitaciones para la conexión a la red, la falta de financiamiento, así como el éxodo de profesionales que buscan mejores condiciones de vida en el exterior. Debido a la crisis económica, algunos medios digitales especializados, como Cochino Pop, han tenido que cerrar.88

Los medios independientes no reciben publicidad de entidades públicas. Si bien es prácticamente imposible obtener declaraciones de las empresas privadas, se sabe que estas reciben presiones para que se abstengan de publicitar en medios independientes. Algunos editores han dicho públicamente que no hay forma de ser sostenible en Venezuela y que "los medios digitales existen gracias a Google Ads".89

Los medios digitales han probado varios modelos de negocio y financiamiento: campañas de crowdfunding, apoyo filantrópico de entidades internacionales, pasarelas de pago, publicidad digital y alianzas de medios.90 Según algunos editores, incluso las subvenciones que reciben en dólares son problemáticas, ya que para sufragar sus costos operativos en el país deben aplicar una combinación de métodos. Los empleados, por ejemplo, deben pagarse a través de una mezcla de PayPal, dólares en efectivo y bolívares. Como la dolarización no se ha formalizado totalmente, siempre se corre el riesgo de que el gobierno pueda confiscar arbitrariamente estos fondos o someterlos a investigaciones. El pago por el servicio de una conexión a Internet confiable ahora ocupa una gran parte del presupuesto.91

B7: ¿Carece de diversidad la información en línea? (0–4 puntos) (2/4)

En comparación con los medios tradicionales, la esfera digital exhibe un panorama relativamente más heterogéneo, aunque los problemas de conectividad y los bloqueos recurrentes dificultan a los usuarios el acceso a fuentes de información diversas e independientes.

Según un estudio de Medianálisis, fechado en octubre de 2019, la mayoría de los periodistas radicados en Caracas trabajaban en medios digitales. Sin embargo, los de otras regiones del país se desempeñan en medios tradicionales, en particular radio y televisión.92 La falta de cobertura más allá de la capital ha obstaculizado la diversidad de la información en línea. El Pitazo, uno de los únicos medios en línea con corresponsales en todo el país, es bloqueado con mucha frecuencia y largos periodos (ver B1).

Wikipedia ha sido utilizado como una especie de periódico independiente. Aunque estuvo bloqueado durante una semana en enero de 2019, y luego estuvo disponible, es muy difícil de editar, ya que muchos de los voluntarios se han visto obligados a abandonar el país. Algunos, incluso, han sido acusados de trabajar para gobiernos extranjeros. Sin embargo, la docena de editores clave que quedan continúan contribuyendo a mantener y a crear nuevos artículos.93

Debido a las restricciones impuestas por el gobierno para la compra de papel, los periódicos han migrado a la web. Asimismo, los medios radioeléctricos han forjado una presencia en línea. Algunos medios consolidados como El Nacional (que tuvo que descontinuar su edición impresa en diciembre de 2018),94 Radio Caracas Radio (que transmite en línea), así como la mayoría de los medios digitales que han surgido a partir de 2014, mantienen una línea editorial independiente.95

También han nacido portales de noticias en áreas remotas como Tana Tanae, un sitio con sede en el estado Delta Amacuro dirigido por periodistas indígenas Warao. Este medio cubre una variedad de historias relevantes para las comunidades indígenas, incluso en su propia lengua.96 El sitio de noticias Efecto Cocuyo, por su parte, fundado por un equipo de mujeres, cubre temas poco explorados por otros medios, como los relacionados con los problemas de género, migración y diversidad sexual.97

El uso de VPN u otras herramientas de anonimato, además de ser desconocido para la mayoría de los usuarios, ralentiza las conexiones ya precarias. En marzo de 2020, El Pitazo actualizó su aplicación en Google Play, permitiendo que su contenido se descargue y consuma sin conexión.98 Ya en octubre de 2018, después de varios meses de pruebas en Venezuela con reporteros locales, Google había lanzado una aplicación llamada Intra, destinada a sortear la censura digital.

Según un informe de HootSuite de febrero de 2020, Venezuela tiene alrededor de 12 millones de usuarios activos en las redes sociales, lo cual representa un aumento con respecto al año anterior.99

El presidente interino Juan Guaidó dijo que, debido al bloqueo de plataformas y medios, tuvo que aumentar el uso de WhatsApp, pero que “esto significa luchar en contra de la desinformación que ha florecido en la aplicación".100 Los venezolanos en el exterior, generalmente con mejores posibilidades de conexión a la red, también brindan información a los venezolanos dentro del país, a través de iniciativas como el boletín SoyArepita.

B8: ¿Las condiciones impiden la capacidad de los usuarios para movilizarse, formar comunidades y hacer campaña, particularmente en temas políticos y sociales? (0 a 6 puntos) (4/6)

A pesar de las limitaciones de acceso a Internet, a medida que la crisis política y económica del país se profundiza, los ciudadanos y los líderes de la oposición han venido participando activamente en las plataformas digitales para expresar su descontento con el gobierno y dar a conocer sus demandas.101 Un informe de ProBox, de abril de 2020, encontró un crecimiento en las tendencias de oposición vinculadas a la protesta social, con quejas derivadas de la escasez de gasolina, el colapso de los servicios públicos, y los altos costos de alimentos y medicamentos.102

El 15 de enero de 2020, durante la celebración del Día Nacional del Maestro, los docentes protestaron de forma virtual para exigir aumentos salariales a través de la etiqueta #15Ene.103 Asimismo, el 13 de febrero, periodistas, miembros de la sociedad civil y docentes marcharon hacia la Defensoría del Pueblo para protestar contra los ataques a los medios de comunicación y usaron la etiqueta #13Feb.104

La ONG Foro Penal, que brinda asistencia legal a los presos políticos, mantiene una lista actualizada de estos casos en su sitio web. En los últimos años también ha lanzado campañas de sensibilización en Twitter para llamar la atención sobre las personas desaparecidas y detenidas.105 En marzo de 2020, un año después de la detención arbitraria del periodista y defensor de derechos humanos Luis Carlos Díaz, la ONG Espacio Público lanzó la campaña #RedesSinMiedo y #LibertadParaLuisCarlos para exigir respeto al derecho a divulgar, buscar y recibir información a través de las redes sociales.106

A pesar de las crecientes restricciones, las organizaciones de la sociedad civil han continuado sus esfuerzos para crear conciencia acerca de los derechos digitales y han creado aplicaciones con usos cívicos. Por ejemplo, Transparencia Venezuela ha desarrollado estrategias para recoger denuncias ciudadanas a través de correo electrónico, de una plataforma web, y de la aplicación Dilo Aquí.107

También han surgido otras iniciativas como Farmarato, la cuenta de Twitter de una pequeña farmacia en Caracas que se ha activado por esa red y usando también un número de WhatsApp, para ayudar a los ciudadanos a conseguir medicamentos escasos. Además de informar a las personas sobre los fármacos disponibles, y responder a las consultas de los clientes, Farmarato actúa como un canal de recolección y distribución de medicinas, facilitando las conexiones entre quienes los necesitan y quienes los tienen.108

C. Violaciones de los derechos de los usuarios

Los usuarios de Internet y periodistas de medios digitales siguieron siendo detenidos arbitrariamente por compartir contenidos en Internet. Se produjo una vigilancia significativa durante todo el período de cobertura, incluido un ataque de phishing dirigido a una plataforma creada por la oposición para facilitar que los trabajadores de la salud recibieran una pequeña ayuda financiera. Por otro lado, disidentes del gobierno aseguraron que empresas privadas de telecomunicaciones han ayudado al gobierno a monitorear a sus oponentes políticos. Los ataques técnicos contra los medios de comunicación parecen estar vinculados con las fuerzas armadas.

C1: ¿Fallan la constitución u otras leyes al proteger derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de prensa, incluso en Internet, y son aplicados por un poder judicial que carece de independencia? (0 a 6 puntos) (1/6)

Aunque la Constitución garantiza la libertad de expresión,109 el gobierno ha aprobado leyes y reglamentos que restringen este derecho. Varias leyes, como la Ley contra el Odio y la Ley Resorte, abren amplias vías para limitar la libertad de expresión, incluso en Internet. Además, el prolongado estado de excepción, vigente desde 2016, incluye disposiciones para prevenir las “campañas de desestabilización”.110 Los activistas y periodistas también enfrentan cargos en virtud del código penal, que establece penas de prisión por difamación contra funcionarios públicos y publicación de información falsa.111

Todos los poderes públicos, con excepción de la Asamblea Nacional, responden al partido de gobierno. En junio de 2019, la Corte Suprema de Justicia ordenó al medio digital La Patilla pagar 5 millones de dólares a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente quien en 2015 lo denunció por difamación debido a la republicación de un artículo de un diario español que lo vinculaba con narcotraficantes. El Comité para la Protección de los Periodistas consideró que las multas desproporcionadas impuestas a La Patilla constituyen un "intento de quebrar y cerrar un medio crítico" y "son un ejemplo de cómo se está utilizando el sistema judicial venezolano para atentar contra los medios críticos”.112

Con el objetivo de anular el poder de la Asamblea Nacional, y en contra de las disposiciones de la Constitución, en mayo de 2017 Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Instalada en agosto de ese año y compuesta exclusivamente por partidarios progubernamentales, el cuerpo legislativo de facto recibió amplios poderes sobre otras instituciones estatales, como la Corte Suprema de Justicia. Según el Índice de Estado de Derecho 2020 del Proyecto de Justicia Mundial, que evalúa 128 países, Venezuela ocupa el último lugar.113

La composición de esta instancia hace suponer que podría legislar para ampliar aún más la vigilancia y el control sobre la esfera digital. En enero de 2019, una filtración a los medios reveló que la ANC estaba redactando un proyecto de ley denominado "Ley Constitucional del Ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela".114 El texto reveló planes para crear una autoridad única que determinaría el "uso correcto del ciberespacio", llevaría a cabo tareas de vigilancia ilimitadas, aplicaría sanciones y adoptaría medidas preventivas contra lo que el gobierno considera ciberamenazas. Hasta el mes de mayo de 2020, el proyecto de ley no había sido considerado por la ANC.115

C2: ¿Existen leyes que sancionen penalmente o establezcan responsabilidad civil por actividades en línea? (0–4 puntos) (0/4)

El gobierno de Maduro ha reforzado su control sobre la esfera digital a través de una serie de leyes que establecen sanciones penales para las actividades en línea. La inconstitucional Ley contra el Odio, redactada de manera vaga, promulgada en 2017 por la ANC, impone penas de prisión de 10 a 20 años para quienes inciten al odio o la violencia a través de cualquier medio electrónico, incluidas las redes sociales. También establece que los intermediarios pueden ser multados si no retiran los mensajes sujetos a sanción dentro de las seis horas siguientes a su difusión, con montos que oscilan entre 50.000 y 100.000 unidades tributarias.116

La Ley Resorte modificada por la Asamblea Nacional en 2010, también incluye prohibiciones vagas y sanciones severas que las autoridades pueden implementar discrecionalmente para restringir la libertad de expresión. El artículo 27, por ejemplo, prohíbe los mensajes que promuevan la ansiedad entre la población, alteren el orden público, desconozcan las autoridades legales o promuevan la violación de las leyes vigentes.117 La ley también establece responsabilidades para los intermediarios por el contenido publicado por terceros y requiere que los medios digitales y plataformas establezcan mecanismos para restringir los contenidos prohibidos en la ley. Los sitios web que violen estas disposiciones pueden ser fuertemente multados; asimismo, los proveedores que no cumplan con la suspensión temporal de las operaciones pueden ser deshabilitados por el regulador.118

C3: ¿Se penaliza a las personas por actividades en línea? (0–6 puntos) (2/6)

Aunque varios periodistas y editores de medios digitales, así como algunos usuarios, fueron excarcelados durante el período de cobertura de este informe, la mayoría sigue con medidas cautelares. Asimismo, muchos otros continuaron detenidos arbitrariamente.119

La cobertura informativa durante de la pandemia también dio lugar a múltiples arrestos. Por ejemplo, María Luisa Arriaga y Marco Aurelio Antoima, ambos exempleados la televisora privada Venevisión, fueron detenidos en junio de 2020 y acusados de incitación al odio, en virtud de la Ley contra el Odio, que establece penas de hasta 20 años de prisión. Ambos reporteros fueron excarcelados, pero permanecen bajo arresto domiciliario hasta que el juicio se produzca. El arresto tuvo lugar luego de que ellos, junto con otros dos periodistas, fueran acusados de administrar la cuenta de Twitter "@VV_periodistas", que publicaba las supuestas órdenes para censurar dictadas por la dirección de Venevisión. La cuenta fue suspendida por Twitter en 2012, pero desde entonces han surgido cuentas anónimas similares.120

En abril de 2020, Eduardo Galindo, editor del sitio de noticias Senderos de Apure, fue detenido luego de cubrir hechos como la escasez de gasolina. Su esposa y su sobrino fueron arrestados al momento de la detención por negarse a entregar sus dispositivos electrónicos que, finalmente, fueron incautados. Galindo, quien dirige el Sindicato Nacional de Periodistas del estado Apure, fue imputado por el delito de divulgación de información falsa, bajo el artículo 296 del código penal, mientras que su esposa y su sobrino fueron imputados por negarse a cumplir con las órdenes de las autoridades. Los tres fueron puestos en libertad a los pocos días bajo medidas cautelares. Galindo debe comparecer ante un tribunal cada 8 días, mientras que sus familiares deben hacerlo quincenalmente.121

La casa del periodista Darvinson Rojas fue allanada el 21 de marzo de 2020. Rojas fue acusado de incitación al odio e instigación pública por dar cifras sobre la Covid 19 a través de sus redes sociales. Los padres de Rojas también fueron detenidos brevemente. Después de doce días de detención, Rojas fue puesto en libertad.122

En enero de 2020, luego de más de 16 meses de detención arbitraria, el reportero Jesús Medina Ezaine, quien ha sido colaborador del sitio web Dólar Today, fue excarcelado, aunque se le impide salir del país y se le obliga a comparecer semanalmente ante las autoridades.123 Medina había sido arrestado en agosto de 2018 mientras guiaba a periodistas extranjeros que reporteaban en Caracas.124 Un tribunal de Caracas lo acusó de asociación delictiva, incitación al odio y blanqueo de capitales. Medina fue llevado ante un juez en mayo de 2019, quien dictaminó que el reportero enfrentaría el juicio privado de libertad por los delitos de asociación delictiva e incitación al odio.125 Su juicio se retrasó repetidamente y permaneció detenido en una prisión militar.126

En diciembre de 2019, la Fiscalía, a pesar de carecer de pruebas, amplió en un año el período de investigación del periodista, defensor de derechos humanos y ciberactivista Luis Carlos Díaz.127 Funcionarios del gobierno lo habían acusado de estar involucrado en un complot para generar un apagón eléctrico en marzo de 2019.128 Luego de haber estado detenido por cerca de 36 horas, debido a la presión de sus miles de seguidores en redes sociales fue liberado, pero con medidas cautelares que incluyen la presentación semanal ante las autoridades, prohibición de salida del país y de hablar de su caso con la prensa. Sus abogados, igualmente, tienen prohibido ventilar el caso a través de los medios de comunicación.129 Díaz fue acusado del delito de “incitación pública”, el cual, según el artículo 285 del código penal, podría significar una pena de hasta seis años de prisión. El periodista permanece a la espera de que la Fiscalía investigue con diligencia y le otorgue libertad plena. En marzo de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le concedió medidas cautelares con la finalidad de evitar daños irreparables a él y a su familia.130

El periodista Víctor Ugas fue detenido en diciembre de 2019 por la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional (FAES) junto con el diputado opositor Gilbert Caro, de quien Ugas es asistente. Ugas desapareció durante casi un mes y reapareció en enero, aunque el paradero de Caro era desconocido a la fecha de redacción de este informe. Ugas había sido arrestado en 2014 después de publicar en Twitter algunas fotos del cadáver de un líder del partido de gobierno que había sido asesinado.131

También en diciembre de 2019, agentes que parecían ser del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) allanaron la agencia de noticias digitales Venepress. Un fiscal del Ministerio Público firmó una orden para cerrar sus oficinas mientras el medio estaba bajo investigación. Los agentes sacaron al personal de la oficina y revisaron documentos, aunque no se realizaron arrestos. Pese a que pudo seguir operando, Venepress fue investigada por lavado de dinero, terrorismo y asociación para delinquir.132

En noviembre de 2019, Ana Belén Tovar fue detenida durante un allanamiento a la empresa Venmedios, que comparte oficina y administración con el portal de noticias Entorno Inteligente, el cual se dedica a republicar información de otras fuentes. La fiscalía acusó a Tovar, directora de operaciones de Venmedio, de difamar, ofender y proporcionar información falsa sobre el ministro de la Defensa y de desacreditar a los militares.133 Durante el allanamiento se decomisó equipo y seis periodistas que cubrían el incidente para los medios digitales VPItv y Caraota Digital también fueron detenidos, aunque liberados horas después.134 En mayo de 2020, luego de cinco meses bajo custodia, Tovar fue excarcelada. Las autoridades prohibieron tomar fotos o declaraciones a su salida de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el lugar de donde había permanecido presa.135

Luego de que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitara y presentara un informe crítico sobre Venezuela, el propietario del portal de noticias Reporte Confidencial, Braulio Jatar, y otros 21 presos fueron excarcelados con medidas sustitutivas de pena. Debido a la publicación de información que daba cuenta de protestas en contra de Maduro en 2016, Jatar estuvo en la cárcel durante nueve meses. En mayo de 2017 recibió una medida sustitutiva de casa por cárcel, la cual se le levantó en julio de 2019, pero con restricciones, pues no puede salir del estado Nueva Esparta y debe comparecer ante los tribunales cada 15 días.136

La Ley contra el Odio ha sido usada para acorralar a la disidencia política. En julio de 2019, agentes de la policía detuvieron al periodista Wilmer Quintana, quien había acusado de corrupción al gobernador del estado de Guárico, y al presidente de la empresa Alimentos Guárico, vinculada con el programa estatal de alimentación. Quintana hizo estas acusaciones a través de Facebook y Twitter. A la fecha de poner fin a este informe, Quintana seguía bajo investigación por incitación al odio, delito que contempla penas de hasta 20 años de prisión. Tras 37 días de detención, Quintana recibió una medida de casa por cárcel, con prohibición de hablar con los medios, tras sufrir un infarto.137

También se ha detenido a usuarios por difundir contenido crítico en las redes sociales, como videos de las largas filas que tienen que hacer los ciudadanos para poner gasolina. En junio de 2020, por ejemplo, Carlos Ríos y Karelys Betsay fueron acusados de incitar al odio, de promover el terrorismo, de descalificar a las instituciones policiales y de criticar de manera destructiva, por criticar el sistema de suministro de combustible.138

En mayo de 2020, la doctora Andreína Urdaneta, del hospital de Cabimas en el estado de Zulia, fue detenida luego de publicar en su estado de WhatsApp un meme que mostraba una imagen de Maduro con una soga al cuello. Su arresto se llevó a cabo sin orden judicial y un tribunal penal la acusó de incitación al odio y de ofender al presidente.139 El 9 de junio de 2020, luego de dos semanas de detención, Urdaneta fue liberada, pero debe comparecer ante las autoridades cada 30 días.140

Pedro Jaimes Criollo, quien fue detenido en mayo de 2018 por publicar en Twitter la ruta del avión presidencial, fue excarcelado en octubre de 2019, luego de una solicitud realizada al gobierno por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria. Jaimes había sido mantenido en régimen de aislamiento después de haber sido acusado de espionaje y de la revelación de secretos de Estado. Sus abogados informaron que Jaimes había sido sometido a tratos crueles y torturas físicas. En junio de 2020 Jaimes aún no ha recibido libertad plena, pues permanece bajo medida de presentación cada 30 días y prohibición de salida del país.141

En junio de 2019, la clarinetista Karen Palacios fue arrestada por agentes de contrainteligencia militar luego de tuitear que le habían negado un contrato con la Orquesta Filarmónica Nacional por no apoyar al gobierno. La acusaron de instigar al odio. Después de más de un mes de detención arbitraria, Palacios fue puesta en libertad con medidas cautelares, prohibición de hablar de su caso a los medios de comunicación y de expresarse en redes sociales.142

En 2018, luego de publicar un video satírico a través de sus redes sociales, dos miembros del cuerpo de bomberos de Mérida fueron detenidos y acusados de incitar al odio, en virtud de la Ley contra el Odio que prevé penas de hasta 20 años de prisión. El video se burlaba de Maduro al mostrar a un burro caminando por la estación de bomberos, simulando una visita presidencial.143 Después de pasar más de un mes en la cárcel, los bomberos fueron excarcelados con prohibición de salida del país, de publicar en redes sociales, y de hacer declaraciones públicas. Los cargos por los cuales fueron imputados se modificaron por los de difamación e instigación pública contra el presidente, lo que podría derivar en penas de hasta seis años de prisión según el código penal.144 En junio de 2019 fueron despedidos arbitrariamente de sus cargos.145

C4: ¿El gobierno impone restricciones a la comunicación anónima o al cifrado? (0–4 puntos) (2/4)

La Constitución Nacional prohíbe expresamente el anonimato. Para comprar un teléfono celular, una tarjeta SIM o un módem USB para acceder a la banda ancha móvil, la ley venezolana requiere que los clientes registren su número de identificación personal, dirección, firma y huellas digitales.146 No existen restricciones gubernamentales conocidas sobre tecnologías de encriptación u otras herramientas de privacidad digital.

C5: ¿La vigilancia estatal sobre las actividades en Internet viola el derecho a la privacidad de los usuarios? (0 a 6 puntos) (2/6)

Aunque la Constitución Nacional reconoce principios aplicables a la protección de datos personales, como la salvaguarda del honor, la privacidad, la imagen pública, la confidencialidad y la reputación, no existen leyes o regulaciones dedicadas a la protección de datos personales. Existe preocupación sobre la capacidad del gobierno de hacer mal uso de los datos personales recopilados en función de los programas de identificación, de los servicios de seguridad y de bienestar social. En ausencia de transparencia, y de una legislación de protección de datos personales, es imposible conocer para qué se almacenan y cuál es propósito final de la recopilación de información de los ciudadanos por parte de los organismos del Estado.147

Las actividades de vigilancia y contrainteligencia estatal han aumentado desde 2013, cuando el gobierno lanzó el “Plan de la Patria 2013 – 2019”, que enfatizó el fortalecimiento de la defensa nacional entre sus prioridades.148 Dada la falta de una contraloría independiente, existe preocupación sobre la facilidad con la que se podría implementar el filtrado de contenido y la vigilancia de las comunicaciones. Los activistas también han destacado el creciente interés del gobierno por invertir en sistemas y operaciones de inteligencia.149

Un decreto emitido en octubre de 2013 creó el Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), un organismo especial encargado de monitorear y rastrear las redes sociales y otros medios digitales.150 Los agentes de la Guardia Nacional también han sido objeto de entrenamiento por parte del Ministerio de Comunicación e Información en la gestión de las redes sociales para la “puesta en práctica las alertas tempranas” con el fin de mantener “informados verazmente” a los venezolanos, “detectar amenazas“ y “defender la soberanía nacional ".151

Según un informe preliminar de VESinFiltro, en marzo de 2020 el gobierno ejecutó un ataque de phishing contra la plataforma Héroes de la Salud, desarrollada por el equipo del presidente interino Guaidó para registrar a los trabajadores de esta área que recibirían ayuda económica por parte de la Asamblea Nacional. El ataque, que contó con el concurso de la CANTV, dirigía a los usuarios a un sitio web falso donde los trabajadores proveían información personal sensible, como la cédula de identidad, el lugar de trabajo y domicilio, así como comprobantes de documentos oficiales.152 Además de poner en peligro la privacidad de los usuarios, el ataque podría ponerlos en peligro de despidos u otro tipo de represalia, ya que la mayoría del personal de salud trabaja en el sector público.

De manera similar, a principios de 2019, los investigadores de VESinFiltro detectaron una sofisticada campaña de phishing contra la plataforma VoluntariosxVenezuela, un sitio desarrollado por la oposición venezolana para registrar voluntarios para la distribución de ayuda humanitaria. Al utilizar las empresas estatales CANTV y Movilnet, mediante una sofisticada manipulación del tráfico, los usuarios eran dirigidos a un sitio web falso. Los investigadores hallaron que el dominio del sitio web impostor estaba registrado con detalles asociados a CONATEL. Como resultado de esta campaña, los analistas estimaron que "decenas de miles de personas enviaron sus datos al sitio web malicioso". Este hecho ha generado temores de que el gobierno, dado su historial, elabore y use listas de oponentes para someterlos a discriminación política.153

El gobierno también recopila datos personales de los ciudadanos mediante la implementación de programas sociales. El “Carné de la Patria”, emitido por primera vez en febrero de 2017, es un sistema electrónico de identificación usado para canalizar bonos o ayudas sociales.154 Para la emisión del Carné se recopilan datos básicos como la dirección y la fecha de nacimiento, pero también otro tipo de información personal, como la pertenencia a partidos políticos.155 La aplicación móvil “VeQR-Somos Venezuela” está asociada al Carné. Para solicitar alguno de los beneficios, los ciudadanos deben escanear el código de Respuesta Rápida (QR) de su carné y activar el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de su teléfono celular, lo que potencialmente permite al gobierno rastrear su ubicación.156 De acuerdo con Reuters, la compañía china ZTE está trabajando dentro de una unidad especial de la CANTV que maneja la base de datos del Carné.157

Durante el año 2020, este programa ha avanzado hasta convertirse en una plataforma integral llamada "Sistema Patria" accesible a través de una plataforma web. A través de este sistema, los venezolanos pueden registrarse para recibir beneficios sociales, independientemente de que tengan o no el Carné de la Patria.158 Para el registro, el sitio web pide y almacena información de tipo censal, socio-personal y familiar. Una vez registrados, los usuarios tienen acceso a una billetera virtual donde pueden recibir bonos y pagos, como las pensiones de jubilación.159 En la plataforma, los usuarios encuentran un conjunto de encuestas sobre el programa de alimentación (Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP), que distribuye cajas de comida a precios subsidiados. Entre las preguntas se encuentran las que buscan determinar el tipo de productos consumidos, entre otros datos.160

El Sistema Patria tiene integrado un monedero virtual vinculado con la plataforma biométrica (biopago) del Banco de Venezuela (banca estatal), que consiste en un punto de captura de la huella digital, disponible en las agencias de algunos bancos y ciertas tiendas.161 A partir del 1 de junio de 2020, el acceso a la gasolina con precios subsidiados requiere que el vehículo sea registrado en el Sistema.162 163

El Sistema Patria también se ha utilizado durante la pandemia. En abril de 2020 se emitió un bono de “permanencia en el hogar” para los trabajadores autónomos e independientes registrados en el sistema.164 También se le pidió a los venezolanos registrados que respondieran a una encuesta sobre el virus, la cual, según informes, habría recibido más de 5 millones de respuestas a mediados de marzo.165

En 2019, el gobierno comenzó a implementar el programa Seas Patria a escala nacional, un mecanismo dirigido a entregar alimentos subsidiados a las personas con el Carné de la Patria o inscritas en el Sistema Patria.166 En el programa, la milicia nacional, un componente de las Fuerzas Armadas, tiene la tarea de certificar a cada jefe de familia, de acuerdo con la información proporcionada en estos registros.167 Según la ONG Transparencia Venezuela, existe la preocupación de que el programa, más que mitigar la escasez de alimentos, tenga como objetivo otorgar más poder de coerción a los militares.168

El gobierno de Venezuela ha dado otros pasos para desarrollar sus capacidades de vigilancia. Según organizaciones de derechos humanos, las detenciones de sindicalistas, trabajadores de la salud, periodistas y simples ciudadanos críticos del gobierno, por mensajes difundidos en plataformas como WhatsApp y Twitter, indican que el gobierno está ejerciendo vigilancia en estos espacios.169

A fines de mayo de 2020, el Proyecto de Detección de Antenas Falsas informó que había encontrado actividades anómalas en al menos 33 antenas celulares en Caracas. Estas antenas se encontraron cerca de las oficinas de medios de comunicación críticos del gobierno, organizaciones de derechos humanos y zonas donde usualmente se producen protestas, al igual que en la frontera entre Colombia y Venezuela. Estas antenas podrían indicar el uso de un equipo de vigilancia celular conocido como IMSI–catchers o Stingrays.170

Según Carlos Guerra, uno de los principales investigadores del proyecto, es imposible saber quién utiliza estos dispositivos de vigilancia. Generalmente, según él, estos son utilizados por las fuerzas de seguridad, a veces legalmente en el marco de investigaciones policiales, pero también en secreto para vigilar extralegalmente. Las regulaciones para evitar que la policía y las fuerzas de seguridad realicen actividades de vigilancia son casi nulas en Venezuela. El estudio, que detectó que los equipos para operar este tipo de dispositivos se encuentran en las sedes de las agencias de seguridad, lleva a los investigadores a creer que las antenas pueden ser operadas por personal de estas mismas agencias con fines de inteligencia.171

En julio de 2018, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz lanzó el programa Cuadrantes de Paz, una “misión social” dirigida a fortalecer la seguridad ciudadana. El plan se suma al sistema Ven 911, que cuenta con cámaras de video en espacios públicos para “agilizar la capacidad de respuesta de las agencias policiales y militares”, y atender las demandas de seguridad ciudadana.172 Asimismo, a través de un acuerdo con el gobierno chino, se comenzó a implementar un sistema biométrico para fortalecer la gestión de las fuerzas policiales.173

Según el periodista William Peña, quien ha monitoreado la implementación de medidas de control social, la instalación de cámaras de seguridad en determinadas zonas de Caracas sigue avanzando, aunque las cámaras no se han puesto en funcionamiento. Si bien las cámaras pueden recolectar los datos, el gobierno “no cuenta con recursos de banda ancha para transportarlos, ni centros de datos preparados para manejar esa gran cantidad de información”. Según Peña, las iniciativas de control social digital, “están estancadas por la falta de transporte de datos, que es el cuello de botella ".174 Sin embargo, un comunicado de prensa de la CANTV, fechado en abril de 2020, indicó que se estaban actualizando las redes de fibra óptica para garantizar el funcionamiento de Ven 911.175

Algunos informes indican que el Comando Estratégico Operativo de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (CEOFANB) cuenta con una “sala de ciberdefensa” que monitorea campañas de desprestigio al sector militar, así como mensajes que puedan derivar en una crisis nacional. Según los informes, el grupo también perpetra ataques cibernéticos contra sitios web y medios digitales (ver C8), al igual que coordina con CANTV el bloqueo selectivo de portales de noticias.176

C6: ¿Se requiere que los proveedores de servicios y otras empresas de tecnología ayuden al gobierno a monitorear las comunicaciones de sus usuarios? (0 a 6 puntos) (2/6)

Cambio de puntaje: el puntaje disminuyó de 3 a 2 debido a los estrictos requisitos de retención de datos que existen para los proveedores de servicios móviles, la opacidad en torno a los requisitos de intercambio de datos y un informe de que las empresas de telecomunicaciones desempeñan un papel clave en la vigilancia por parte del gobierno de sus opositores.

Las compañías telefónicas, incluidas las que brindan servicios de telefonía móvil, están obligadas a retener los datos de los usuarios. Una resolución administrativa emitida por CONATEL en octubre de 2017 estableció que los operadores deben proporcionar la información recopilada a solicitud de los servicios de seguridad, sin necesidad de una orden judicial. Los datos que deben recogerse incluyen la dirección IP, la fecha y hora de conexión, la ubicación geográfica, los detalles de las llamadas y de los mensajes de texto enviados o recibidos. El reglamento también establece que al comprar un teléfono móvil o una tarjeta SIM, los clientes deben proporcionar datos como el correo electrónico, la huella digital, y hasta una fotografía digital de su rostro, tomada en el lugar de la transacción.177

Manuel Cristopher Figuera, exdirector del SEBIN, ahora refugiado en Estados Unidos, reveló en abril de 2020 al medio de noticias independiente Tal Cual que algunas empresas de telecomunicaciones privadas facilitan la vigilancia estatal de los opositores a través de la clonación de números de teléfono y la intercepción de correos electrónicos. Figuera identificó a Movistar como una de las empresas que ha realizado este tipo de acciones.178

Otras medidas afectan a las empresas que ofrecen servicios en línea como la banca. En agosto de 2018, la agencia gubernamental que supervisa las operaciones bancarias (SUDEBAN) introdujo una medida para restringir el acceso a la banca en línea a clientes fuera de Venezuela, supuestamente para evitar la compraventa de divisas utilizando tipos de cambio no autorizados. Para evitar estas restricciones, los venezolanos que viajen al exterior deben notificar el destino y la duración de su viaje y los bancos deben reportar detalles sobre las operaciones que realizan los clientes desde el exterior.179

C7: ¿Las personas son objeto de intimidación extralegal o violencia física por parte de las autoridades estatales o cualquier otro actor en represalia por sus actividades en línea? (0-5 puntos) (1/5)

Los periodistas, incluidos los que trabajan en medios digitales, enfrentan actos de violencia, intimidación, amenazas y ataques físicos por parte del Estado, las fuerzas de seguridad y civiles, en medio de un ambiente de impunidad.180 En 2019, un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló que en Venezuela se ejercen acciones como la tortura y como se infringen tratos crueles, inhumanos o degradantes con el fin de “extraer información y confesiones, intimidar y castigar.”181

Según IPYS Venezuela, de junio a octubre de 2019 hubo 45 ataques contra los medios de comunicación.182 También durante 2019, los periodistas sufrieron la incautación de sus dispositivos, incluidas cámaras y teléfonos móviles. Igualmente, en muchos casos, las autoridades los obligaron a borrar el contenido producto de su reportería.183

Los periodistas que cubren la Asamblea Nacional, el único poder del Estado no controlado por el gobierno, afrontan graves riesgos. La Guardia Nacional impide que los periodistas ingresen a sus espacios cuando están programados los debates legislativos. Fuera de la Asamblea, soldados y miembros de grupos paramilitares se dedican a acosarlos.184

Los periodistas que cubren la Asamblea Nacional también han sido víctimas de agresiones físicas y de robos. En enero de 2020, durante la disputa por la presidencia de la Asamblea Nacional, siete periodistas que cubrían los hechos fueron golpeados y asaltados.185 El 11 de febrero, cuando el presidente interino Juan Guaidó regresó al país luego de una gira diplomática, al menos 11 reporteros, incluidos los de Efecto Cocuyo, El Pitazo y Punto de Corte, fueron agredidos físicamente en el aeropuerto de Maiquetía, con el saldo de varios heridos.186 Nurelyin Contreras, de Punto de Corte, fue atacada por alrededor de 30 personas e, incluso, mordida.187

La asociación de corresponsales extranjeros, APEX Venezuela, señaló que algunos de los ataques fueron perpetrados por trabajadores del aeropuerto, así como por otros funcionarios.188 Además, los agentes de la policía no intervinieron para frenar la agresión.189 Trabajadores de la prensa, representantes del sindicatos, y varias ONG denunciaron estos actos violentos ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, a la cual exigieron una investigación exhaustiva.190 Varias organizaciones, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) condenaron los ataques.191 Hasta junio de 2020 no se había realizado ninguna investigación. Observadores extranjeros, como el periodista Anatoly Kurmanaev, destacaron “el nivel de coordinación de los ataques” y el hecho de que hubieran sido tolerados por los funcionarios. Según Kurmanaev, el objetivo de estas acciones es “detener la cobertura de prensa de los eventos que el gobierno de Maduro no tolera".192 El periodista y viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, William Castillo, también exdirector de CONATEL, minimizó los ataques contra los reporteros y sugirió que estos solo pretendían “crear un circo y hacerse las víctimas”.193

El acoso incluso se ha extendido a los familiares de algunos periodistas que se han visto obligados a exiliarse. En diciembre de 2019, el portal de noticias Armando.info publicó una exhaustiva investigación firmada por Roberto Deniz sobre un caso de corrupción que involucraba a funcionarios gubernamentales, empresarios colombianos y diputados de la Asamblea Nacional.194 Posteriormente, familiares de Deniz, quien se encuentra exiliado en Colombia, comenzaron a ser intimidados por funcionarios del SEBIN. Asimismo, Deniz fue objeto de insultos y amenazas a través de WhatsApp y redes sociales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los familiares de Deniz en Venezuela, concluyendo que corren riesgo de daño irreparable a sus derechos.195 Las casas de los periodistas en el exilio, a veces alquiladas, también han sido allanadas por personal militar.196

C8: ¿Están los sitios web, las entidades gubernamentales y privadas, los proveedores de servicios o los usuarios individuales sujetos a piratería generalizada y otras formas de ciberataque? (0-3 puntos) (0/3)

Cambio de puntaje: El puntaje disminuyó de 1 a 0 debido a la fuerte sospecha de que el estado está detrás de los ataques técnicos dirigidos a los medios de comunicación en línea; n informe de octubre de 2019 sugirió que los ataques estaban relacionados con las fuerzas armadas, que están estrechamente alineadas con el gobierno

Los medios digitales, al igual que algunas organizaciones de derechos humanos, sufren a menudo de ciberataques. Existe una fuerte sospecha de que el Estado está detrás de estos hechos.

Medios digitales como Crónica. Uno, Noticiero Digital, CNVE24 y El Pitazo han sido víctimas de ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS). Según un informe de octubre de 2019, es probable que las fuerzas armadas estén detrás de los ataques, coordinados entre la CANTV y la Sala de Defensa Cibernética de la CEOFANB. Sitios web como CNVE24 recibieron más de mil ataques durante cerca de 12 horas en septiembre de 2019. El Pitazo estuvo fuera de línea durante varias horas después de un ataque DDoS en julio.197

A algunos medios de comunicación les han pirateado sus cuentas en redes sociales. En enero de 2020, la cuenta del periódico Tal Cual en Instagram fue pirateada por "profesionales" desconocidos. Luego de un breve período, el diario la rescató y reanudó su funcionamiento.198 Algunas organizaciones de derechos humanos también han sido víctimas de ataques técnicos. En junio de 2019, los miembros de PROMEDEHUM, una organización que ayuda a las víctimas de violaciones de derechos humanos experimentó varios intentos de piratería en sus redes sociales y cuentas de correo electrónico a través de solicitudes para verificar cambios de contraseña. Se determinó que era un ataque orquestado, aunque se desconoce el perpetrador.199 La Ley Especial contra Delitos Informáticos, vigente desde 2001, tiene disposiciones que penalizan estos ciberataques, sin embargo, no se han aplicado.200

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