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Expanding Freedom and Democracy
Freedom on the Net 2021

Venezuela

Not Free
28
100
A Obstacles to Access 6 25
B Limits on Content 12 35
C Violations of User Rights 10 40
Last Year's Score & Status
28 100 Not Free
Scores are based on a scale of 0 (least free) to 100 (most free). See the research methodology and report acknowledgements.

Descripción General

A medida que la crisis social, económica y política del país sigue empeorando, la libertad de Internet en Venezuela se vuelve más precaria. Las fallas de infraestructura provocan frecuentes interrupciones en la conectividad, aunque la entrada de nuevos proveedores ha mejorado el acceso para los pocos venezolanos que pueden pagar el servicio en divisas. Los periodistas independientes, la mayoría de los cuales trabajan en medios digitales, son víctimas de acoso, agresiones físicas y detenciones arbitrarias. Los venezolanos comunes se autocensuran cada vez más, por temor a ser arrestados al expresar comentarios críticos en aplicaciones de mensajería privada y en redes sociales. A medida que el gobierno consolida su poder, las autoridades parecen estar considerando reformas legales que restringirían aún más la libertad de expresión en línea.

Las instituciones democráticas de Venezuela se han deteriorado desde 1999, pero las condiciones han empeorado drásticamente en los últimos años debido a las duras medidas de control y de represión en contra de la oposición política. El gobierno de facto, que ha cooptado todos los poderes públicos, ejerce el poder con base en elecciones presidenciales y legislativas desconocidas por los factores opositores, así como internacionalmente. El presidente Nicolás Maduro se propuso consolidar aún más su poder con las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020, las cuales fueron boicoteadas por la oposición que en enero de 2019 nombró a Juan Guaidó, presidente de Asamblea Nacional electa en 2015, como presidente interino. Prácticamente todos los canales de disenso político han sido restringidos y se han detenido y encarcelado a opositores sin que medie el debido proceso. La grave crisis humanitaria del país ha causado una emigración masiva y dejado a millones de personas en la miseria, luchando por satisfacer sus necesidades básicas.

Principales acontecimientos: 1 de junio de 2020 - 31 de mayo de 2021

  • El gobierno de Maduro bloqueó el acceso a sitios web durante tiempos políticamente sensibles, incluido un número creciente medios digitales. La conectividad a Internet, sin embargo, no se restringió totalmente durante el período de cobertura (ver A3 y B1).
  • Durante las cuestionadas elecciones de la Asamblea Nacional, efectuadas en diciembre de 2020, se produjeron varias restricciones, incluido el bloqueo a un sitio web diseñado para participar en la consulta popular liderada por la oposición, presentada como una alternativa a las elecciones (ver B1 y B8).
  • En medio del creciente número de arrestos arbitrarios debido a mensajes expuestos en redes sociales y plataformas de mensajería, como TikTok y WhatsApp, tanto periodistas como ciudadanos comunes se autocensuran cada vez más (ver B4 y C3).
  • El gobierno continúa manipulando el contenido en línea a través de cuentas falsas e incentivando a los usuarios a publicar narrativas a favor del gobierno, mediante pagos a través del Sistema Patria (ver B5).
  • El poder judicial continuó emitiendo fallos politizados que atentan contra la libertad de expresión. En mayo de 2021, los tribunales autorizaron la incautación de la sede de El Nacional, un diario independiente que desde 2018 publica únicamente en línea, en una demanda civil iniciada por el ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Diosdado Cabello Rondón (ver C1).

A. Obstáculos para el acceso

A1: ¿Las limitaciones de infraestructura restringen el acceso, o la velocidad y calidad de las conexiones a Internet? (0 a 6 puntos) (2/6)

La crisis económica de Venezuela, marcada por varios años de recesión e hiperinflación, ha causado el deterioro de la infraestructura de telecomunicaciones del país y, por ende, de la calidad del acceso a Internet. La infraestructura adolece de fallas, es objeto de robos y vandalismo, lo que resulta en caídas frecuentes del servicio y deficientes velocidades de conexión.1

Según las últimas cifras oficiales disponibles, de diciembre de 2019, la penetración de Internet se situó en 60,9 por ciento. El 80 por ciento de los venezolanos que se conectan a Internet utiliza teléfonos móviles; el 13,6 por ciento conexiones de línea fija; y el 6,4 por ciento restante otros métodos.2 En contraste, el informe 2021 de DataReportal indica una penetración a Internet del 72 por ciento en enero de ese año.3

Durante el período de cobertura, si bien no hubo cortes de electricidad a nivel nacional como los de 2019, continúan produciéndose apagones parciales4 , como los ocurridos en julio, septiembre y octubre de 2020, así como a finales de marzo de 2021, que limitaron la conectividad en muchos estados.5 Asimismo, persisten apagones continuos y esquemas de racionamiento eléctrico en varias ciudades,6 como Maracaibo 7 y San Cristóbal,8 los cuales limitan severamente la conectividad.9 La escasez de combustible ha obstaculizado el uso de generadores eléctricos, de los que dependen muchas personas e instituciones.10

Según algunos analistas, la demanda de conectividad supera la oferta, algo que fue particularmente patente durante la cuarentena derivada del COVID19.11 Algunos proveedores de servicios móviles, como Movistar, pidieron a sus clientes que utilizaran los datos de forma "racional", ya que el consumo aumentó drásticamente en una red que "ya funcionaba a su máxima capacidad".12 Durante el período de análisis se observó el surgimiento de nuevos ISP. Algunos, incluso, instalaron puntos Wi-Fi en áreas públicas que no eran atendidas por otros proveedores, como zonas indígenas del estado Zulia, ampliando el acceso.13 Sin embargo, la mayoría de las áreas rurales carecen de acceso a servicios de calidad, y muchas áreas son servidas casi exclusivamente por la empresa estatal CANTV (ver A2).14

Según el índice global Speedtest de Ookla, en el mes de mayo las conexiones móviles mostraron velocidades promedio de descarga y de carga de 7,80 y 4,52 megabits por segundo (Mbps), respectivamente. En cuanto a las fijas, la velocidad de descarga promedio se ubicó en 18,53 Mbps y la de carga en 14.87 Mbps.15 Según algunos analistas, la mejora en las velocidades de descarga observada durante este período es resultado de las conexiones de fibra óptica que comenzaron a ofrecerse en ciudades como Maracaibo.16 En una encuesta realizada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos entre octubre y noviembre de 2020, el 62,4 por ciento de los encuestados reportó percepciones negativas acerca de los servicios de datos móviles.17

A2: ¿Es el acceso a Internet prohibitivamente caro o está fuera del alcance de ciertos segmentos de la población por razones geográficas, sociales o de otro tipo? (0-3 puntos) (0/3)

La crisis humanitaria impide a la mayoría de la población venezolana satisfacer sus necesidades primarias, y afecta su capacidad para comprar dispositivos y pagar los servicios de conectividad. La mayoría dedica sus magros salarios a cubrir necesidades básicas como la alimentación y la salud.18

A medida que la economía se ha dolarizado informalmente, la brecha entre quienes tienen acceso a divisas para comprar bienes y servicios y quienes no lo tienen ha exacerbado la desigualdad en el acceso a internet, según un estudio publicado por la consultora ANOVA en abril de 2021. Según los datos de esta empresa, el 86 por ciento de los hogares venezolanos del quintil más pobre carecen de acceso a Internet, en comparación con el 81,2 por ciento de los hogares en general.19

Los servicios de Internet siguen siendo inasequibles para la mayoría de los venezolanos. Aunque las tarifas de la CANTV, de propiedad estatal, son las menos costosas, están fuera del alcance de la mayoría. En mayo de 2021, los planes del servicio de banda ancha de la CANTV (ABA) oscilaron entre $1 mensual, por un servicio de 2 Mbps, a $ 14 mensuales por un servicio de 22 Mbps,20 lo cual excedía la capacidad de pago de quienes, en ese momento, percibían un salario mínimo mensual de 7 millones de bolívares ($ 2,54).21 Además de las fallas recurrentes en el servicio, los planes más baratos de CANTV no están disponibles para nuevos contratos.22 Las nuevas empresas tienden a ofrecer conexiones que son inasequibles para la mayoría de los trabajadores, con planes que pueden costar $25 mensuales por una conexión de 50 Mbps.23

Debido a la hiperinflación, comprar dispositivos electrónicos está cada vez más fuera del alcance de muchos venezolanos. Un teléfono inteligente de gama media, de cerca de $ 400, representa 157 meses del salario mínimo del mes de mayo de 2021. 24 En mayo de 2019, el mismo teléfono costaba 60 meses de salario mínimo.25

Los venezolanos continúan experimentando una brecha geográfica significativa en el acceso a Internet. Según cifras oficiales del cuarto trimestre de 2019, las mayores tasas de uso de internet se concentran en el Distrito Capital y estados de la costa norte más desarrollados, como Miranda, Aragua y Carabobo. El estado Amazonas, que tiene una alta población indígena, solo alcanzó el 18,2 por ciento de penetración.26 En algunas ciudades fronterizas del estado de Táchira, donde los ISP venezolanos no están disponibles, los residentes se sirven de empresas colombianas.27 Los planes para nuevas expansiones del servicio de Internet de alta velocidad favorecen a las ciudades y áreas con mejor poder adquisitivo.28

La crisis económica también ha afectado a una variedad de sectores. Durante la pandemia, la mayoría de las instituciones educativas, incluidas las universidades, han tenido que suspender sus actividades por falta de conectividad y dispositivos..29 La Universidad Central de Venezuela, la más grande y antigua del país, por ejemplo, tiene una conexión de 300 MB para todas sus instalaciones, lo cual no es suficiente para las operaciones regulares.30 Las familias pobres se quejan de las tarifas y de la imposibilidad de tomar clases en línea, ya que “recargar el teléfono es comida que no se puede comprar.”31

A3: ¿El gobierno ejerce control técnico o legal sobre la infraestructura de Internet con el fin de restringir la conectividad? (0 a 6 puntos) (3/6)

Cambio de puntaje: El puntaje mejoró de 2 a 3 porque los usuarios de Internet en Venezuela no experimentaron apagones (shutdowns) intencionales y prolongados de Internet fijo o móvil durante el período de cobertura, aunque las interrupciones en las plataformas de redes sociales siguen siendo comunes durante eventos políticamente sensibles.

El estado posee la mayor parte de la red troncal nacional a través de la CANTV. Los apagones deliberados parecen prácticamente innecesarios dado el mal estado de la infraestructura y los cortes recurrentes de electricidad.

Los usuarios no experimentaron restricciones intencionales y prolongadas en la conectividad a Internet fijo y móvil. Sin embargo, se emplearon "bloqueos tácticos" en plataformas de comunicación y sitios web clave para minimizar la cobertura de noticias políticamente sensibles.32 Durante el período en estudio fue bloqueado un sitio web de transacciones financieras que el líder opositor Juan Guaidó, quien fue nombrado presidente interino en enero de 2019, utilizó para distribuir ayuda monetaria a los trabajadores de la salud. Asimismo, se bloqueó un sitio web para realizar una consulta popular durante las elecciones de diciembre de 2020, y varias redes privadas virtuales (VPN) (ver B1).33

En marzo de 2020, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL), el organismo regulador de las telecomunicaciones, inició conversaciones con operadores privados sobre la creación de un punto de intercambio de Internet (IXP). Académicos y activistas se han opuesto a tal proyecto, ya que la administración del IXP recaería en el gobierno, a través de la CANTV. El control sobre el IXP generaría altos riesgos de censura y vigilancia que superarían los beneficios técnicos de su creación.34 En abril de 2021 CONATEL anunció que continuaría con el proyecto. 35

A4: ¿Existen obstáculos legales, regulatorios o económicos que restrinjan la existencia de diversos proveedores de servicios? (0 a 6 puntos) (1/6)

Aunque hay proveedores privados, el estado domina el mercado de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Las empresas de telecomunicaciones han luchado por mantenerse financieramente sostenibles durante la crisis económica.

Algunas empresas pequeñas han ingresado al mercado. Entre enero y mayo de 2021 lo hicieron 22 nuevos ISP.36 Sin embargo, algunos de ellos fueron suspendidos por incumplimiento de la normativa de CONATEL.37 Los representantes de estas nuevas empresas se quejan de no recibir respuestas oportunas a sus solicitudes o de un trato discriminatorio, ya que aquellas con gestores presuntamente vinculados al gobierno se ven favorecidas.38

Según los directores ejecutivos de dos empresas de telecomunicaciones, quienes solicitaron permanecer en el anonimato, el mercado venezolano de TIC es difícil y costoso para los grandes operadores que tienen altos costos fijos. Con inversiones menores, y ante la ausencia de controles cambiarios y la relajación informal de algunas medidas económicas, las nuevas empresas pueden brindar servicios a consumidores de alto y mediano poder adquisitivo. Políticamente, sin embargo, los empresarios deben permanecer neutrales y abstenerse de expresar cualquier tipo de opinión en contra del gobierno.39

Según el informe de CONATEL correspondiente al cuarto trimestre de 2019, que son los datos disponibles más recientes, el 66,4 por ciento del mercado de banda ancha de línea fija está en manos de CANTV, Digitel tiene el 16,3 por ciento y otros cuatro proveedores se reparten el resto. El mercado de datos móviles está liderado por Movistar con un 48,7 por ciento, seguido de Movilnet, con un 38,5 por ciento, y Digitel con un 12,7 por ciento.40

Un decreto del gobierno de mayo de 2019 creó una nueva Corporación Nacional de Telecomunicaciones y Servicios Postales de Venezuela (CNTSPV), dirigida por el presidente de CONATEL. Según el artículo 3, su finalidad sería la gestión de las empresas de telecomunicaciones del Estado, lo que le permitiría “adquirir la totalidad o parte de las acciones de todas aquellas empresas y servicios relacionados directa o indirectamente con su objeto social, ya sean de propiedad de entidades nacionales o extranjeras, o fusionarse con ellos, previa autorización del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en Consejo de Ministros ”.41 Tras su creación, Maduro anunció la firma de acuerdos con las empresas chinas Huawei y ZTE para promover la introducción de nuevas tecnologías.42

En diciembre de 2019, el 91 por ciento de las acciones de la CANTV y el 100 por ciento de las acciones de Movilnet fueron transferidas a la CNTSPV, lo que generó rumores de venta.43 En febrero de 2021 surgieron especulaciones sobre la venta del proveedor estatal de servicios móviles Movilnet. Los expertos, entre ellos un ex presidente de Movilnet, descartaron esa posibilidad, dado que la venta debería ser aprobada por la Asamblea Nacional.44

A5: ¿Los organismos reguladores nacionales que supervisan a los proveedores de servicios y la operación de tecnologías digitales operan de manera libre, justa e independiente? (0–4 puntos) (0/4)

CONATEL es el ente responsable de regular y otorgar las licencias al sector de las telecomunicaciones. Depende administrativamente del Ministerio de Comunicación e Información (MCI). La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorte-ME) le otorga la facultad de tomar decisiones sobre el bloqueo o eliminación de contenidos y de sancionar a los prestadores de servicios, capacidad que ha ejercido sin que medie el debido proceso.45

Si bien el artículo 35 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece la autonomía operativa y administrativa de CONATEL, el artículo 40 establece que el Presidente de la República tiene la facultad de nombrar y remover a su director y a los otros cuatro miembros de la junta directiva,46 lo cual evidencia la falta de neutralidad del ente con respecto del ejecutivo.

En marzo de 2021, Maduro anunció la próxima promulgación de un conjunto de leyes, incluida una reforma de la ley Resorte-ME y una nueva "Ley del Ciberespacio".47 Aunque la pretendida ley sobre el ciberespacio no se ha aprobado, en enero de 2019, de acuerdo con un borrador del texto filtrado por un reputado periodista, esta pretende establecer un nuevo regulador para supervisar las "políticas con respecto al ciberespacio venezolano". Este ente estaría integrado por un director general y cuatro directores de libre nombramiento y remoción por parte del ejecutivo y tendría la tarea de determinar el uso "correcto" del entorno digital, lo que implica la regulación de los proveedores de servicio, la infraestructura crítica y el discurso en línea. En virtud del artículo 5, el Estado regularía el acceso al entorno digital, que es "de interés público ... para la defensa integral de la nación".48

B. Límites sobre el contenido

B1: ¿El estado bloquea o filtra, u obliga a los proveedores de servicios a bloquear o filtrar el contenido de Internet, en particular el material protegido por las normas internacionales de derechos humanos? (0 a 6 puntos) (2/6)

El gobierno de Maduro continuó bloqueando medios digitales y redes sociales, particularmente para limitar las actividades de los aliados del líder opositor Juan Guaidó. Un informe de mayo de 2021 del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) brindó detalles sobre la censura en línea generalizada y persistente.49

En mayo de 2021, Venezuela Inteligente, a través de su proyecto VE sin Filtro, informó que las autoridades habían bloqueado a Telesur Libre,50 una plataforma de comunicaciones respaldada por los aliados de Juan Guaidó y destinada a contrarrestar a la estatal Telesur TV. Solo unas horas después del lanzamiento de Telesur Libre, esta resultó inaccesible a través de CANTV y de la mayoría de los ISP privados.51 También en mayo de 2021, los proveedores de servicios comenzaron a bloquear el acceso a La Patilla, uno de los sitios de noticias más populares del país, así como a los dominios alternativos de Caraota Digital y Alberto News, según VE sin Filtro.52

Durante las elecciones legislativas celebradas en diciembre de 2020, CANTV, Movilnet, Digitel y Movistar bloquearon numerosos sitios web y plataformas, incluidos Twitter, Instagram, Facebook, y 21 portales digitales de noticias53 . Los medios digitales censurados el día de las elecciones incluyeron el canal de televisión en streaming Vivo Play, NTN24, El Pitazo, Punto de Corte, El Nacional, La Patilla, Runrunes, Efecto Cocuyo y Crónica Uno, junto con los sitios web del diario español El País y la British Broadcasting. Corporación (BBC). Incluso medios considerados progubernamentales, como Globovisión y Aporrea, y hasta la estatal VTV, fueron bloqueados.54 Las autoridades también impusieron restricciones técnicas a Voatz, una plataforma de votación móvil con sede en EE. UU. Que fue utilizada por la oposición para realizar una consulta popular, aunque no está claro en qué medida se vio afectado el sitio web (B8).55

En octubre de 2020, VE sin Filtro detectó 30 bloqueos que tenían como objetivo medios como Vivo Play, Efecto Cocuyo, InSight Crime, Armando.info y El Nacional, algunos sitios de pornografía, y las plataformas SoundCloud y Livestream.56 En abril de 2021, el sitio web de Acceso a la Justicia, una organización no gubernamental (ONG) de derechos humanos, fue bloqueado por CANTV.57

En agosto de 2020, VE sin Filtro detectó bloqueos de la plataforma de pagos digitales AirTM, el sitio web de navegación anónima Anonymouse y las VPN Psiphon y TunnelBear. La oposición liderada por Juan Guaidó había puesto en marcha un plan de ayudas monetarias a los trabajadores sanitarios a través de AirTM.58 En octubre de 2020, los sitios web ya parecían estar desbloqueados.59

Los sitios de noticias que informan críticamente sobre el gobierno, como El Pitazo, sufren bloqueos persistentes.60 Armando.info también es objeto de continuos bloqueos, por lo que ha desarrollado amplios métodos de difusión a través de las redes sociales y boletines informativos por correo electrónico para distribuir su contenido.61

Durante anterior el período de cobertura (FOTN 2020), las autoridades bloquearon coronavirusvenezuela.info, un sitio web sobre la pandemia COVID-19 creado por la entonces Asamblea Nacional controlada por la oposición. En marzo de 2020, el sitio de la Asamblea Nacional destinado a brindar información sobre el COVID-19, que se enlazaba con el sitio presidenciave.com, también fue bloqueado.62 63

Los expertos han señalado que esta nueva escalada de censura se está volviendo más difícil de eludir, ya que se necesitan VPN y servicios de anonimización para eludir los métodos de bloqueo más sofisticados como HTTP, HTTPS y el filtrado por identificación del nombre del servidor (SNI).64 CANTV ha bloqueado algunas herramientas para eludir la censura, como TunnelBear y Windscribe en 2019.65 Algunos analistas comentaristas han vinculado estas tácticas con la influencia del gobierno chino. Una empresa china, ZTE, es la encargada de la implementación del Sistema Patria (ver B5 y C5).66

B2: ¿Actores estatales o no estatales emplean medios legales, administrativos o de otro tipo para obligar a editores, servicios de alojamiento o plataformas digitales a eliminar contenido, particularmente material protegido por estándares internacionales de derechos humanos? (0–4 puntos) (1/4)

Varias leyes ofrecen vías para limitar la expresión al hacer que las plataformas intermediarias y los sitios web sean responsables del contenido publicado por terceros. Este marco legal ha generado en una creciente autocensura entre los ejecutivos de los medios, que ejercen presión sobre sus reporteros por temor al cierre u otras represalias.67

En octubre de 2020, el medio digital La Gran Aldea estuvo fuera de línea durante más de 40 horas debido a una denuncia sobre violación de derechos de autor atribuida al exministro de Transporte Haiman El Troudi, quien había sido señalado por hechos de corrupción en un reportaje publicado por el medio. Según el editor de La Gran Aldea, alguien vinculado con El Troudi copió el contenido del artículo y lo publicó con una fecha anterior a la publicada por La Gran Aldea y presentó una solicitud de eliminación con base en la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (DMCA, por sus siglas en inglés) ante la empresa de alojamiento contratada por el medio.68

Ese mismo mecanismo se usó contra Armando.info. Alguien, usurpando la firma del periodista Roberto Deniz, republicó un artículo suyo en el sitio web Primera Página 69 y luego presentó una solicitud de eliminación de contenido contra Armando.info, también con base en la DMCA. En ese caso, la empresa de alojamiento no cumplió con la solicitud.70

En marzo de 2021, YouTube dio de baja el canal de El Pitazo, el cual estuvo fuera de línea por más de una semana. La medida obedeció a una serie informes provistos por usuarios que alegaban la violación de los términos de servicio de la plataforma. La mayoría de los videos reportados databan de varios años atrás. César Batiz, director del medio, consideró sospechosos estos informes tardíos.71

Los informes de transparencia producidos por Twitter, Facebook y Google no mostraron un número significativo de solicitudes de eliminación por parte del gobierno venezolano durante el año pasado. Entre julio y diciembre de 2020, Google registró una solicitud de eliminación por difamación, que no fue atendida.72 Algunos artistas se han quejado con frecuencia de la eliminación de contenido por parte de Facebook por supuestamente violar sus términos de servicio al publicar obras o fotografías con desnudos.73

B3: ¿Las restricciones en Internet y de contenidos digitales carecen de transparencia, proporcionalidad o de un proceso de apelación independiente? (0–4 puntos) (0/4)

En ausencia de estado de derecho, y sin instituciones que ofrezcan vías de apelación, las autoridades venezolanas han restringido el contenido digital sin supervisión independiente ni procedimientos de rendición de cuentas.

El bloqueo ha sido implementado por los proveedores estatales CANTV y Movilnet, así como por empresas privadas.74 Durante años, organizaciones de derechos digitales, medios de comunicación, periodistas y activistas han denunciado la falta de transparencia en los procedimientos de bloqueo que no se hacen públicos.

Los medios digitales bloqueados con frecuencia, como El Pitazo, han divulgado correos electrónicos que demuestran cómo CONATEL da órdenes de bloqueo a operadores privados. En junio de 2019, El Pitazo publicó un correo electrónico de CONATEL ordenando a Movistar, Inter y Digitel bloquear el sitio web sin citar una orden administrativa o judicial. Batiz, director del medio, solicitó explicaciones tanto a CONATEL como a los ISP, pero no recibió respuesta. En julio de 2019, Batiz y otros directivos presentaron una denuncia ante la Unidad de Atención a Víctimas del Ministerio Público que quedó sin respuesta.75

La legislación impone responsabilidades excesivas a los intermediarios y deja amplio margen para abusos. La ley Resorte-ME establece que los intermediarios pueden ser considerados responsables por el contenido publicado por terceros y otorga a CONATEL la capacidad discrecional para imponer severas sanciones. Sus disposiciones prohíben los mensajes que promuevan la ansiedad entre la población, alteren el orden público, ignoren a las autoridades constituidas, o promueven la violación de las leyes vigentes. Promulgada en noviembre de 2017, la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (conocida como la Ley contra el Odio) establece que los intermediarios deben eliminar el contenido que contenga “discurso de odio” dentro de las seis horas posteriores a su publicación, so pena de enfrentar graves multas. La ley también faculta a las autoridades para bloquear sitios web cuando, en su opinión, promuevan el odio o la intolerancia.76

B4: ¿Los periodistas, comentaristas y usuarios practican la autocensura? (0–4 puntos) (1/4)

Cambio de puntaje: El puntaje disminuyó de 2 a 1 porque los usuarios comunes comenzaron a autocensurarse cada vez más en sus comunicaciones debido a la intensificación de los arrestos por mensajes que circulan en aplicaciones de mensajería privada y en redes sociales.

Las detenciones, el encarcelamiento y las restricciones legales y extralegales sobre ciertas formas de expresión en línea han fomentado una mayor autocensura y censura preventiva dentro de los medios de comunicación.77 En su informe de marzo de 2021 sobre las amenazas a la libertad de información, IPYS Venezuela destacó la acentuación del miedo y el silencio en el entorno digital por presiones y amenazas de las autoridades.78

Los venezolanos comunes se autocensuran cada vez más en el entorno digital, particularmente después de que las autoridades intensificaron los arrestos de usuarios cotidianos de Internet por comentarios hechos en grupos de WhatsApp o en redes sociales (ver C3). Algunos usuarios dicen tener miedo de discutir temas políticos o sociales en línea o en mensajes grupales, pues cooperantes del gobierno pueden infiltrarse en ellos y denunciarlos.79 La aplicación cada vez más amplia de la Ley contra el Odio (ver B3) también limita el contenido que las personas pueden difundir sin riesgos.80 Los periodistas también han informado que algunas fuentes se niegan a dar declaraciones a la prensa por temor a represalias. 81

Los funcionarios del gobierno ejercen presión sobre los medios de comunicación para que censuren mediante una variedad de tácticas. Por ejemplo, en febrero de 2021 las autoridades lanzaron una campaña contra los medios de comunicación que reciben financiamiento internacional, incluidos Efecto Cocuyo y El Pitazo, en un esfuerzo por estigmatizarlos dentro de Venezuela.82 Una resolución aprobada en marzo de 2021 obliga a las ONG a registrarse con el gobierno y a proporcionar los nombres de sus miembros, asociados y fuentes de financiamiento, lo que genera preocupaciones de que las autoridades usen esa información para presionar a las organizaciones.83

Un informe anual de octubre de 2019 de la ONG Medianálisis, basado en entrevistas con 365 periodistas de 141 medios de comunicación, evidenció la vulnerabilidad de los periodistas y su pérdida progresiva de autonomía e independencia, debido tanto a la censura como a la autocensura. Según el informe, el 38 por ciento de los periodistas dijeron que habían cambiado u omitido información para proteger a sus fuentes.84 Durante el período de cobertura, se reportó que agentes de seguridad obligaban a los reporteros a eliminar contenido de sus dispositivos electrónicos, lo que generó aún más temor en los medios.85

B5: ¿Las fuentes de información en línea están controladas o manipuladas por el gobierno u otros actores poderosos para promover un interés político particular? (0–4 puntos) (1/4)

El gobierno ha tratado de expandir su influencia en línea utilizando medios controlados por el Estado, trolls progubernamentales, y alentando a sus adeptos a acosar en redes sociales a quienes tienen puntos de vista opuestos.86 En 2017 IYPS Venezuela informó que el Ministerio del Interior estaba manipulando el discurso en línea a través de un "ejército digital".87 Twitter, que tiene un elevado número de usuarios politizados, se utiliza con frecuencia para difundir desinformación.88

Según la red de verificación de datos Cazadores de Fake News, el gobierno coordina a algunos usuarios del Carnet de la Patria, una tarjeta de identificación electrónica utilizada para canalizar la ayuda social que comenzó a ser usada en febrero de 2017, para asegurarse de que sus narrativas se refuercen a diario en Twitter. 89 Los funcionarios de MCI indican ciertos temas que desean hacer tendencia y los usuarios que los promueven en Twitter son recompensados con "bonificaciones".90 Un informe de marzo de 2021 del Laboratorio de Investigación Forense Digital (DFR Lab) del Atlantic Council identificó una amplia gama de compensaciones ofrecidas por el gobierno a quienes compartan propaganda en las redes sociales. La investigación también identificó varias operaciones anti-Maduro y pro-Guaidó, en menor escala, así como campañas destinadas a apoyar una intervención armada en el país.91

En los meses previos a las elecciones de la Asamblea Nacional de diciembre de 2020, boicoteadas por la oposición, la maquinaria de propaganda del gobierno intentó posicionar el hashtag # 6D, en referencia al día de las elecciones. Organizaciones de la sociedad civil se coordinaron para contrarrestar las narrativas gubernamentales con mensajes relacionados con la insuficiencia de salarios (# SalariosDe600Dolares), el descontento de los docentes (#DocentesConDignidad) y la escasez de combustible #NoEsGasolinaEsLibertad).92

En enero de 2021, un grupo de investigadores detectó una red organizada para posicionar una narrativa anti-Guaidó en las redes sociales, y otra para promover el apoyo a Luis Parra, a quien el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) posicionó como presidente de la Asamblea Nacional para socavar la legitimidad de Juan Guaidó.93

Durante el período de cobertura se detectaron numerosos intentos de manipular las opiniones en línea. Una campaña orquestada, que generó medio millón de tuits entre octubre de 2020 y febrero de 2021, buscó crear un apoyo artificial para Alex Saab, un empresario alineado con Maduro acusado de corrupción que se encuentra detenido en Cabo Verde a la espera de la resolución de una demanda de extradición de Estados Unidos. Twitter suspendió más de 1.500 cuentas activas en esta campaña, incluidas las cuentas de personas influyentes que supuestamente fueron pagadas para participar.94 En marzo de 2021, Cazadores de Fake News informó sobre una red de cuentas utilizada para crear apoyo artificial a las Fuerzas de Acción Especial (FAES), una unidad policial que ha sido acusada de ejecuciones extrajudiciales.95

En agosto de 2020, Facebook eliminó una red de cuentas falsas que amplificaban contenido a favor de la oposición para la audiencia venezolana. Las cuentas se atribuyeron a la empresa estadounidense CLS Strategies y también se dirigieron a usuarios de Internet en Bolivia y México.96

Una investigación de Medianálisis también descubrió que la Misión Barrio Adentro, un programa social que atiende áreas urbanas de bajos ingresos con el apoyo de médicos cubanos, promovió una campaña en Twitter dirigida a promover proyectos médicos cubanos tanto en Venezuela como en el exterior.97

Según el observatorio de tendencias ProBox, el gobierno de Maduro difunde mensajes en Twitter con el objetivo principal de desviar la atención sobre eventos que podrían dañar al gobierno o beneficiar a la oposición, así como para fracturar a los grupos opositores. De acuerdo con la directora ejecutiva de ProBox, la abundancia de mensajes producidos por cuentas pro-Maduro limita el impacto de otros actores en esa plataforma. A través de sus herramientas de análisis de datos, ProBox demostró que más del 70 por ciento de las publicaciones asociadas con grupos de la sociedad civil provienen de usuarios reales, mientras que el 60 por ciento de los mensajes a favor del gobierno parecen provenir de bots.98

El Sistema Patria, una plataforma en línea mediante la cual se accede a beneficios sociales y servicios gubernamentales (ver C5), muestra de manera prominente contenido en línea asociado con el gobierno de Maduro. La plataforma solicita la integración de las cuentas en redes sociales de los usuarios y recomienda el seguimiento de las cuentas que pertenecen a Maduro. El portal también muestra el feed de Maduro en Twitter y, a partir de junio de 2021, insta a los usuarios a registrarse en el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, un evento pro-Maduro.99

En pasados informes se muestra evidencia acerca de los esfuerzos generalizados del gobierno para manipular la conversación en los espacios digitales. Según el DFR Lab, en enero de 2020, durante la disputada juramentación del diputado Luis Parra, quien pretendía la presidencia de la Asamblea Nacional, se realizó una campaña coordinada para posicionar dos hashtags anti-Guaidó, #NoQueremosAWaido y #HastaNuncaWaido. Aparentemente, los hashtags se difundieron a través de cuentas "con evidentes signos de autenticidad". La campaña en Twitter también estuvo acompañada de información falsa y engañosa publicada por medios estatales y publicada por varios políticos extranjeros y venezolanos.100 En general, la desinformación dirigida a los usuarios venezolanos ha aumentado durante la última década. Si bien los grupos de oposición a veces han tratado de manipular la información en línea, varios estudios han demostrado que el gobierno es el principal impulsor de tales campañas.101

Periodistas, ONG, y redes ciudadanas han lanzado proyectos de verificación de información, como el Observatorio Venezolano de Noticias Falsas, dirigido por Medianálisis; ProBox, que monitorea la desinformación en Twitter; EsPaja; y Cazadores de Fake News, entre otros. Asimismo, algunos medios digitales mantienen sus propias unidades de verificación de datos o colaboran con iniciativas ciudadanas y de ONG.

B6: ¿Existen limitaciones económicas, normativas o de otro tipo que afecten negativamente la capacidad de los usuarios para publicar contenido en línea? (0-3 puntos) (1/3)

Los medios digitales enfrentan dificultades relacionadas con el costo de los equipos, la falta de financiamiento, el éxodo de profesionales que buscan mejores condiciones de vida en el exterior y la crisis humanitaria compleja.

Los medios independientes no reciben publicidad de entidades públicas. Si bien es prácticamente imposible obtener declaraciones de empresas privadas sobre las presiones que reciben, es evidente que se muchas se abstienen de publicitar en medios independientes. Algunos editores han dicho públicamente que no hay forma de ser sostenible en Venezuela y que “los medios digitales existen gracias a Google Ads.”102

Los medios digitales han probado varios modelos de negocio y financiación: campañas de crowdfunding, soporte internacional, pasarelas de pago, publicidad digital y alianzas de medios.103 Según algunos editores, recibir apoyo de organizaciones internacionales en ocasiones resulta problemático, ya que las subvenciones denominadas en dólares estadounidenses implican el pago de costos operativos y una combinación de métodos para convertir la moneda y cancelar sus compromisos. A los empleados, por ejemplo, se les puede pagar a través de una combinación de PayPal, efectivo en dólares estadounidenses, y bolívares. Como la dolarización no se ha formalizado, el gobierno puede penalizarlos arbitrariamente cuando reciben o utilizan la moneda estadounidense. Además, el acceso a un servicio de conectividad confiable consume una gran parte de su presupuesto.104 El proyecto de Ley de Cooperación Internacional que se presentó a la Asamblea Nacional en abril de 2021, regularía y socavaría el funcionamiento de las ONG, lo cual limitaría aún más las fuentes de financiamiento de los medios digitales.105

B7: ¿El panorama de la información en línea carece de diversidad y confiabilidad? (0–4 puntos) (2/4)

En comparación con los medios tradicionales, la esfera digital presenta un espacio más libre para la expresión política y social, aunque la brecha digital, los problemas de conectividad y los bloqueos recurrentes dificultan el acceso a fuentes de información diversas e independientes. Un informe de septiembre de 2020 de IPYS Venezuela determinó que los portales digitales son los medios más consultados en 317 municipios, pero solo 105 de ellos despliega una amplia cobertura informativa.106 La ausencia de cobertura más allá de Caracas ha obstaculizado la diversidad de la información en línea. El Pitazo, el único medio digital con corresponsales en todo el país, es bloqueado con mucha frecuencia (ver B1).

Durante la pandemia, el observatorio de tendencias ProBox señaló que la sociedad civil organizada había logrado ganar espacio en la conversación digital contrarrestando la desinformación, aunque la actividad del gobierno siguió siendo dominante. En abril de 2021 Probox contó 250 mil publicaciones en Twitter con tendencias opositoras promovidas por ONG o vinculadas a la protesta social, especialmente referidas a la exigencia de vacunas. Sin embargo, el PSUV generó más de 50 millones de publicaciones en Twitter y posicionó la mayor cantidad de tendencias en Venezuela.107

Los periódicos han migrado a la esfera digital debido a las restricciones para la compra de papel periódico; asimismo, los medios radioeléctricos también se han forjado una presencia en línea. Algunos medios de larga trayectoria como El Nacional (que tuvo que descontinuar su edición impresa en diciembre de 2018)108 y Radio Caracas Radio (que cuenta con transmisión vía streaming), así como la mayoría de los nuevos medios digitales que han surgido desde 2014, mantienen una línea editorial independiente.109

También han surgido medios en línea en áreas remotas. El portal de noticias Tana Tanae, por ejemplo, está dirigido por periodistas indígenas Warao. Con sede en el estado Delta Amacuro, cubre una variedad de historias relevantes para las comunidades indígenas.110 Efecto Cocuyo, por su parte, está liderado por un equipo de mujeres y cubre temas poco explorados por otros medios, como género y diversidad sexual.111

El uso de VPN y otras herramientas de anonimización es limitado. Además de ser desconocidas para los usuarios comunes, las VPN ralentizan las conexiones ya precarias y algunas han sido bloqueadas (Ver B1). En marzo de 2020, El Pitazo actualizó su aplicación en Google Play, permitiendo que su contenido se descargue y consuma sin conexión.112 En octubre de 2018, Google lanzó Intra, una aplicación de Android que permite a los usuarios eludir el bloqueo de DNS, luego de varios meses de pruebas en Venezuela con reporteros locales.

Según el informe Digital 2021, Venezuela tiene 14 millones de usuarios activos de redes sociales, un aumento con respecto al año anterior.113 Sin embargo, la desinformación y manipulación del entorno digital, que es la válvula de escape para los venezolanos, dificulta sus esfuerzos por mantenerse informados. Por ejemplo, en un informe publicado en marzo de 2021, un equipo de investigadores identificó información falsa generalizada sobre el COVID-19 en grupos de WhatsApp. El 22 por ciento de los mensajes relacionados con la pandemia que circuló en un conjunto de grupos monitoreados eran piezas desinformativas.114

Sobre el COVID-19, Maduro y otros funcionarios del gobierno promovieron en redes sociales una serie de inventos y falacias, desde curas milagrosas hasta teorías conspirativas sobre la propagación del coronavirus, lo que contribuyó a socavar drásticamente la confiabilidad de la información en línea sobre la pandemia. A principios de marzo de 2020, Twitter eliminó un tuit de Maduro que se refería al coronavirus como un arma "bioterrorista" y promocionaba remedios caseros como cura milagrosa para la enfermedad.115 Facebook también bloqueó la cuenta de Maduro durante un mes, después de que promoviera un remedio casero anti COVID19, en marzo de 2021.116 Según los verificadores de EsPaja, la mayoría de las declaraciones hechas por portavoces del gobierno resultaron falsas.117

B8: ¿Las condiciones del entorno impiden la capacidad de los usuarios para movilizarse, formar comunidades y hacer campaña, en particular sobre cuestiones políticas y sociales? (0 a 6 puntos) (4/6)

Las políticas represivas del gobierno de Maduro atentan contra el derecho de los venezolanos a protestar pacíficamente. En medio de este clima, y a pesar de las limitaciones de acceso a Internet, los ciudadanos, así como los líderes de la oposición, utilizaron activamente las plataformas digitales para expresar su descontento y exigir cambios.

Antes de las elecciones de diciembre de 2020, surgieron algunas iniciativas ciudadanas como Venezuela Documenta, una plataforma para educar a los votantes sobre el debilitamiento de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.118 La oposición usó plataformas como Telegram y Voatz para promover una consulta popular alternativa a las elecciones fraudulentas,119 aunque las autoridades también impusieron restricciones técnicas a esta plataforma. No está claro hasta qué punto el sitio web se vio afectado.120

Un informe del observatorio de tendencias ProBox, fechado en abril de 2020, encontró un crecimiento de las tendencias de oposición vinculadas con la protesta social, con las quejas derivadas de la escasez de gasolina, con el colapso de los servicios públicos y con los altos costos de los alimentos y medicamentos.121 En abril de 2021, ProBox registró la mayor cantidad de publicaciones de Twitter etiquetadas con hashtags sociopolíticos desde que comenzó su trabajo en 2019. Aunque el partido de gobierno posicionó la mayor cantidad de tendencias, ProBox destacó que la mayoría de los mensajes pro-gobierno fueron publicados por bots. Por el contrario, la actividad de la sociedad civil fue menor, pero orgánica.

A pesar de las crecientes restricciones, ONG y emprendedores han desarrollado aplicaciones con usos cívicos. Por ejemplo, algunos programadores y empresarios vieron la oportunidad de diseñar aplicaciones para ayudar a los usuarios de Internet durante la pandemia, produciendo directorios de farmacias en línea y de alquiler de oxígeno; un directorio que muestra sitios de atención médica utilizando Google Maps y un catálogo de los negocios que implementan medidas de bioseguridad.122

Violaciones de los derechos de los usuarios

C1: ¿La constitución u otras leyes no protegen derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de prensa, incluso en Internet, y son aplicados por un poder judicial que carece de independencia? (0 a 6 puntos) (1/6)

Aunque la constitución garantiza la libertad de expresión,123 el gobierno ha aprobado leyes y reglamentos que restringen este derecho. Varias leyes, como la ley contra el discurso de odio de 2017 y la Resorte-ME, reformada en 2010, brindan vías para limitar el discurso que las autoridades consideren que incita al odio, la violencia o la “ansiedad” entre la población, incluso en Internet. Además, el prolongado estado de excepción, vigente desde 2016, incluye disposiciones para contrarrestar las ciberamenazas y autoriza regulaciones para prevenir “campañas de desestabilización”.124 En diciembre de 2020, la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró constitucional el estado de excepción.125

En noviembre de 2020, el TSJ reafirmó la extensión del estado de alarma relacionado con COVID-19 impuesto el gobierno en marzo de 2020. Según Acceso a la Justicia, el contenido del decreto y sus posibles efectos en las libertades de expresión y de prensa es desconocido, dado que el decreto no fue oportunamente publicado.126

Los activistas y periodistas también enfrentan cargos de difamación en virtud del código penal, que establece penas de prisión por difamación contra funcionarios públicos y publicación de información falsa.127

El poder se ha concentrado cada vez más en el ejecutivo y el judicial, que está muy politizado, a menudo toma decisiones que amenazan la libertad de expresión en línea. Por ejemplo, en mayo de 2021, las autoridades judiciales tomaron posesión de la sede de El Nacional, un periódico independiente que ha publicado en línea desde que las autoridades restringieron su suministro de papel en 2018, como consecuencia de una demanda civil iniciada por Diosdado Cabello Rondón, expresidente de la ANC y vicepresidente del PSUV. Cabello demandó a El Nacional en 2015, alegando daño moral luego de que el periódico republicara un reportaje que lo vinculaba con el narcotráfico. Los tribunales aceptaron la solicitud de Cabello de indexar la multa de mil millones de bolívares al tipo de cambio actual, otorgando a Cabello una indemnización de 13,2 millones de dólares (en lugar de una indemnización de 13.000 dólares, si la multa se indexaba a la fecha de publicación del artículo).128

Con el fin de anular las actuaciones de la Asamblea Nacional electa en 2015, y actuando en contra de las disposiciones de la constitución, Maduro convocó a por decreto presidencial la constitución de una Asamblea Nacional Constituyente en mayo de 2017. Instalado en agosto de ese año y compuesto exclusivamente por partidarios de Maduro, este cuerpo legislativo ejerció poderes sobre otras instituciones del Estado. Maduro anunció la disolución de la ANC en diciembre de 2020, luego de que se realizaran las cuestionadas elecciones de la Asamblea Nacional.129 Según el Índice de Estado de Derecho 2020 del Proyecto de Justicia Mundial, que evalúa 128 países, Venezuela ocupó el último lugar.130

C2: ¿Existen leyes que imponen sanciones penales o responsabilidad civil por actividades en línea, en particular aquellas protegidas por las normas internacionales de derechos humanos? (0–4 puntos) (0/4)

El gobierno de Maduro ha reforzado su control sobre el discurso en línea a través de una serie de leyes restrictivas que establecen sanciones penales. La ley contra el discurso de odio promulgada en 2017, vagamente redactada, impone penas de prisión de entre 10 a 20 años a quienes inciten al odio o la violencia a través de cualquier medio electrónico, incluidas las redes sociales. También establece multas para los intermediarios que no retiren los mensajes sujetos a sanciones dentro de las seis horas siguientes a su difusión, con montos que oscilan entre 50.000 y 100.000 unidades tributarias.131

La ley Resorte-ME, reformada en 2010, también incluye vagas prohibiciones que otorgan a las autoridades una amplia discreción para restringir el discurso e imponer severas sanciones. El artículo 27, por ejemplo, prohíbe los mensajes que promuevan la ansiedad entre la población, alteren el orden público, desconozcan las autoridades constituidas o promuevan la violación de las leyes vigentes.132 Esta ley también establece la responsabilidad del intermediario por el contenido publicado por terceros, y requiere que los medios en línea establezcan mecanismos para restringir los contenidos prohibidos. Los sitios web que infrinjan estas disposiciones pueden recibir una fuerte multa, y los proveedores de servicios que no las cumplan se arriesgan a la suspensión temporal de sus operaciones.133

En marzo de 2021, la Asamblea Nacional aprobó un plan para enmendar o aprobar 35 leyes, incluidas la Resorte-ME. Una supuesta Ley del Ciberespacio, cuyo borrador fue filtrado por un reputado periodista, hace presumir que el gobierno intentará restringir aún más la libertad de expresión en línea (ver A5).134

C3: ¿Se penaliza a las personas por actividades en línea, en particular aquellas protegidas por las normas internacionales de derechos humanos? (0 a 6 puntos) (2/6)

Aunque varios periodistas de medios digitales, editores y usuarios fueron excarcelados durante el período de cobertura de este informe, muchos otros continuaron siendo detenidos arbitrariamente.135 Los usuarios se enfrentan cada vez más a arrestos por contenido distribuido a través de aplicaciones de mensajería y redes sociales como WhatsApp y TikTok. En su informe de septiembre de 2020, una misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU identificó detenciones arbitrarias entre las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el gobierno, incluidas detenciones arbitrarias en represalia por publicaciones en redes sociales.136

Los periodistas independientes y los usuarios de Internet son detenidos con frecuencia por difundir contenido crítico en las redes sociales. Por ejemplo, en julio de 2020, Nicmer Evans, director del medio digital Punto de Corte y ex simpatizante del chavismo, fue arrestado por las fuerzas de seguridad. Evans fue acusado de “incitar al odio”, muy probablemente en relación con un tuit en el que mencionaba que varios chavistas prominentes habían contraído el COVID19.137 Luego de 50 días de detención, fue liberado el 1ero de septiembre, tras recibir el indulto del gobierno de Maduro, junto a un grupo de parlamentarios y activistas.138

En junio de 2020, Javier Gorriño, director de seguridad del municipio de El Hatillo, fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) por una publicación en Twitter en la que mencionaba que Nicolás Maduro y sus escoltas se encontraban en una fiesta en su jurisdicción. Fue procesado por incitación al odio, agravado por motivos de intolerancia, en virtud de la Ley contra el Odio. Por su edad recibió arresto domiciliario.139

En agosto de 2020, el reportero Jesús Medina Ezaine, quien ha colaborado con el sitio web Dólar Today, fue arrestado en relación con sus reportajes, pero fue liberado de inmediato.140 Medina ya había estado detenido arbitrariamente durante 16 meses, hasta que fue puesto en libertad en enero de 2020.141

María Luisa Arriaga y Marco Aurelio Antonima, ambos ex empleados del canal de televisión privado Venevisión, fueron arrestados en junio de 2020 y acusados de incitación al odio en virtud de la ley contra el odio. Ambos reporteros fueron finalmente excarcelados, pero permanecieron bajo arresto domiciliario antes del juicio. El arresto se produjo después de que ellos, junto con otros dos periodistas, fueran acusados de administrar la cuenta de Twitter @VV_periodistas, que publicó supuestas órdenes de censura dadas por la gerencia de Venevisión. La cuenta fue suspendida por Twitter en 2012, pero desde entonces han surgido cuentas anónimas similares.142

El periodista, defensor de derechos humanos y ciberactivista Luis Carlos Díaz permanece bajo medidas cautelares a la espera de un juicio por su presunta participación en un complot para provocar un apagón. En diciembre de 2019, la Fiscalía, a pesar de carecer de pruebas, amplió en un año el período de investigación del caso de Díaz.143 Después de la fecha límite de diciembre de 2020, los fiscales no presentaron indicios de que hubieran completado su investigación. Los abogados del periodista han solicitado varios pronunciamientos que en marzo de 2021 aún se encuentran sin respuesta.144

Los ciudadanos también son arrestados con frecuencia por compartir videos que registran protestas, colas para surtir de combustible u otros indicadores de la crisis humanitaria que padecen; estos arrestos se dirigen cada vez más a personas que comparten contenido en WhatsApp y TikTok. En marzo de 2021, Milagros Mata Gil, escritora de 70 años, fue detenida y acusada de incitación al odio por un mensaje satírico que publicó en WhatsApp y Facebook. Junto con ella también fue detenido Juan Manuel Muñoz, otro escritor. El mensaje de Mata Gil daba cuenta de cómo, a pesar de la estricta cuarentena decretada por el gobierno, se realizó una doble boda en la ciudad de El Tigre donde habría estado presente el Fiscal General Tarek William Saab, natural de esa ciudad. Transcurridas 24 horas, fueron liberados bajo medidas cautelares.145

El usuario de TikTok José Pérez fue arrestado en febrero de 2021 por un mensaje crítico sobre la hija del músico progubernamental Omar Enrique. Después de pasar 20 días detenido, Pérez fue acusado de injuria y difamación y puesto en libertad con medidas cautelares que incluían la prohibición de hablar públicamente sobre el caso, salir del país y de comparecer ante el tribunal cada 15 días.146 En abril, Luis Morales, también usuario de TikTok, fue interrogado por agentes de inteligencia, y luego despedido de su trabajo en el sistema ferroviario estatal Ezequiel Zamora, por un mensaje satírico sobre los efectos nocivos de una vacuna COVID-19 producida en China. Actuando por recomendación de funcionarios del gobierno, Morales eliminó su cuenta de TikTok.147

Agentes de inteligencia del estado Aragua detuvieron al profesor Fidel Martínez en septiembre de 2020 luego de que convocara a sus conocidos a una protesta pacífica a través de WhatsApp y Facebook. Martínez fue acusado de instigación pública y quedó en libertad bajo medidas cautelares.148

Daivis Pacheco Valero, de oficio mecánico, fue detenido la ciudad de Valera en agosto de 2020 luego de grabar a un grupo de bomberos del estado Trujillo empujando un vehículo oficial por falta de gasolina. Valero distribuyó el video a través de sus redes sociales y varios medios de comunicación regionales utilizaron la grabación como evidencia de la escasez de combustible. Valero fue liberado bajo medidas cautelares luego de dos días de detención.149 En junio de 2020, Carlos Augusto Ríos Villamizar y Karelys Betsay Arroyo Carrasquel fueron acusados de incitar al odio, terrorismo, "descalificación de instituciones policiales" y “criticar destructivamente el sistema de suministro de combustible creado por el Estado” por videos publicados en redes sociales.150

En mayo de 2020, durante el período de cobertura del anterior informe, la doctora Andreína Urdaneta, quien trabajaba en un hospital de Cabimas en el estado Zulia, fue detenida luego de publicar un meme que mostraba una imagen de Maduro con una cuerda alrededor del cuello como su estado de WhatsApp. Su arresto se llevó a cabo sin orden judicial, y un tribunal penal la acusó de incitar al odio y ofender al presidente.151 Después de estar detenido durante dos semanas, Urdaneta fue liberada con cautelares en junio de 2020 con la obligación de comparecer ante los tribunales cada 30 días.152

En junio de 2021, Rafael Rattia, columnista de El Nacional, fue detenido por un artículo en el que criticaba a un exministro de Educación. Rattia estuvo detenido durante dos días antes de ser liberado con medidas cautelares.153

Durante el período de cobertura se produjeron varios allanamientos y cierres de medios. En septiembre de 2020 fue allanado el Correo del Caroní, periódico que publica digitalmente desde 2016. Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) incautaron documentos y equipos, y detuvieron a dos empleados que fueron liberados poco después.154 En noviembre de 2020, los funcionarios allanaron Venepress, una agencia de noticias en línea, y confiscaron su equipo. Voceros de Venepress dijeron desconocer las causas detrás de la redada, pero presumen que fue un acto de represalia por parte de las autoridades que vinculan la agencia con la oposición.155

En enero de 2021, funcionarios de CONATEL y de la autoridad tributaria (SENIAT) allanaron las oficinas de VPITV, una estación de televisión en línea que anteriormente ofrecía cobertura en vivo del parlamento. Los funcionarios confiscaron equipos y documentos, y ordenaron detener las operaciones. Según empleados de VPITV, los funcionarios argumentaron que el cierre fue el resultado de la cobertura de VPITV de septiembre de 2020 sobre la escasez de gasolina, en aparente violación de la Ley contra el Odio.156

C4: ¿El gobierno impone restricciones a la comunicación anónima o al cifrado? (0–4 puntos) (2/4)

La constitución prohíbe expresamente el anonimato. Para comprar un teléfono celular, una tarjeta SIM o un módem USB para acceder a la banda ancha móvil, la ley venezolana requiere que los clientes registren su número de identificación personal, dirección, firma y huella digital.157 No existen restricciones gubernamentales conocidas sobre tecnologías de encriptación u otras herramientas para la privacidad digital.

C5: ¿La vigilancia estatal de las actividades en Internet infringe el derecho a la privacidad de los usuarios? (0 a 6 puntos) (2/6)

Si bien la constitución reconoce principios aplicables a la protección de datos personales, como salvaguardas del honor, la privacidad, la imagen pública, la confidencialidad y la reputación, así como el acceso a la información, no existen leyes o regulaciones específicas dedicadas a la protección de datos. Existe preocupación sobre la capacidad del gobierno de hacer un mal uso de los datos personales recopilados por los organismos del Estado. En ausencia de una legislación de protección de datos personales, se desconoce el destino, el almacenamiento y el propósito final de la recopilación de información por parte del gobierno.158

Las actividades de vigilancia y contrainteligencia han aumentado desde 2013, cuando el gobierno lanzó su Plan de la Patria 2013-19, que enfatizaba el fortalecimiento de la defensa nacional entre sus prioridades.159 Dada la falta de supervisión independiente, existe preocupación acerca de la facilidad con la que se podría implementar el filtrado y la vigilancia. Los activistas digitales también han expresado su alarma con respecto al creciente apetito del gobierno por invertir en sistemas y operaciones de inteligencia.160

Un decreto emitido en octubre de 2013 creó el Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), un organismo especial encargado de monitorear y rastrear las redes sociales e información en línea.161 Agentes de la Guardia Nacional también han sido capacitados por el MCI en el manejo de redes sociales para la “implementación de alertas tempranas” con el fin de informar “verazmente” a los venezolanos, y detectar amenazas “para defender la soberanía nacional.”162

El gobierno también ha desarrollado herramientas para recopilar datos personales de los ciudadanos mediante la implementación de programas sociales. El Carnet de la Patria (ahora Sistema Patria) acopia datos básicos como la dirección y la fecha de nacimiento, pero también otro tipo de información personal como la pertenencia a partidos políticos.163 La aplicación móvil “VeQR-Somos Venezuela” está asociada al Carnet. Para solicitar un beneficio social, los ciudadanos deben escanear el código de Respuesta Rápida (QR) de su tarjeta y activar el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de su teléfono celular, lo que potencialmente permite al gobierno rastrear no solo sus datos personales, sino también su ubicación.164 Según Reuters, ZTE está trabajando dentro de una unidad especial de CANTV que administra la base de datos del Carnet.165

A partir de 2020, el Carnet de la Patria se hizo más completo para convertirse en el Sistema Patria.166 A través de este sistema, los venezolanos pueden registrarse para recibir beneficios sociales, independientemente de que tengan el Carnet. Se accede al sistema a través de un sitio web donde se recopila y almacena información de tipo censal, socio-personal y familiar. Una vez registrados con su cédula de identidad y teléfono celular, los usuarios tienen acceso a una billetera virtual donde pueden recibir pagos, como pensiones.167 En la plataforma los usuarios encuentran un conjunto de encuestas sobre el programa Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP); las encuestas buscan determinar el tipo de productos consumidos, entre otros datos.168

Esta billetera virtual también está integrada al sistema de biopago del mayor banco público del país, un sistema biométrico de de punto de venta que está disponible en algunas agencias y comercios. A partir de junio de 2020, el acceso a una cantidad limitada de gasolina subsidiada requiere que el vehículo esté registrado en Sistema Patria.169 En las estaciones de servicio, los usuarios pueden utilizar la billetera del Sistema Patria o el punto biométrico del Banco de Venezuela.170

El alcance de Sistema Patria continúa expandiéndose. En abril de 2020 se otorgó un bono de “permanencia en casa” para trabajadores autónomos e independientes que se hubieran registrado a través del sistema.171 También se pidió a los venezolanos que respondieran a una encuesta sobre el coronavirus, que, según los informes, había recibido más de 5 millones de respuestas a mediados de marzo de 2020.172 A partir de octubre de 2020, el Sistema Patria incorpora la posibilidad de pagar servicios públicos como la electricidad, así como la recarga de la telefonía móvil.173 En diciembre de 2020, el gobierno implementó un bono especial para profesores universitarios, por un monto que es tres veces su salario, pero solo para los inscritos en el Sistema Patria.174 En marzo de 2021, el gobierno exigió a las universidades públicas que pagaran salarios a través de la plataforma.175 En mayo de 2021, el Ministerio de Salud anunció que las vacunas COVID-19 se asignarían mediante un sorteo entre las personas registradas en Sistema Patria, aunque también se anunció una alternativa para las personas no registradas.176

En 2019, el gobierno comenzó a implementar Seas Patria, un sistema nacional para entregar alimentos subsidiados, asociado al Carnet y al Sistema Patria.177 En este programa, la milicia nacional, parte de las fuerzas armadas, tiene la tarea de certificar a cada jefe de familia, de acuerdo con la información proporcionada por el Sistema Patria. Según la ONG Transparencia Venezuela, existe la preocupación de que el programa, en lugar de buscar mitigar la escasez de alimentos, tenga como objetivo otorgar más poder a los militares.178

El gobierno venezolano ha tomado otras medidas para aprovechar sus capacidades de vigilancia. Según organizaciones de derechos humanos, detenciones de sindicalistas, trabajadores de la salud, periodistas y otras personas por mensajes en plataformas como WhatsApp y Twitter, incluidos los relacionados con la pandemia, indican que el gobierno está ejerciendo vigilancia en estos espacios.179

En noviembre de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la empresa china CEIEC por apoyar los esfuerzos de vigilancia digital en Venezuela.180 Un experto en la relación entre China y Venezuela afirmó que el soporte tecnológico para la vigilancia y el control social es un componente central de los acuerdos entre las dos naciones.181

En septiembre de 2020, Haaretz informó que, a pesar de las sanciones de Estados Unidos que prohíben las exportaciones a Venezuela, la firma israelí Cellebrite vendió tecnología para el hackeo telefónico al gobierno de Maduro, según declaraciones de funcionarios gubernamentales.182

A fines de mayo de 2020, el Proyecto de Detección de Antenas Falsas informó que había encontrado actividad anómala en al menos 33 antenas celulares en Caracas. Estas antenas se encontraron cerca de las oficinas de medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y áreas de protesta, junto con otras más en la frontera entre Colombia y Venezuela. Aunque las antenas pueden sugerir múltiples usos, también podrían indicar el uso de equipos de vigilancia conocidos como receptores de identidad de abonado móvil internacional (IMSI).183

Según Carlos Guerra, uno de los principales investigadores del proyecto, es imposible saber quién utiliza estos dispositivos de vigilancia. Guerra afirma que generalmente son utilizados por las fuerzas de seguridad, a veces legalmente en el marco de investigaciones policiales, pero también en secreto para vigilar extralegalmente. Las regulaciones para la policía y las fuerzas de seguridad, para evitar que realicen vigilancia, son casi inexistentes en Venezuela. El estudio del proyecto, que observó que los equipos se encuentran en las sedes de las agencias de seguridad, llevó a los investigadores a creer que las antenas pueden ser operadas por personal de estas mismas agencias con fines de inteligencia.184

Algunos informes indican que el Comando Estratégico Operativo de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (CEOFANB) cuenta con una sala de ciberdefensa que monitorea campañas de desprestigio militar, así como declaraciones oficiales realizadas contra Venezuela, e información que pudiera derivar en una crisis nacional. Según los informes, el grupo también perpetra ataques cibernéticos contra sitios web y sitios de noticias venezolanos (ver C8) y se coordina con CANTV para bloquear los medios de comunicación.185

C6: ¿El seguimiento y la recopilación de datos de usuarios por parte de proveedores de servicios y otras empresas de tecnología infringen el derecho de los usuarios a la privacidad? (0 a 6 puntos) (2/6)

Existen requisitos obligatorios de retención de datos para las compañías telefónicas, incluidas las que brindan servicios de telefonía móvil. Una resolución administrativa emitida por CONATEL en octubre de 2017 estableció que los operadores deben entregar la información recopilada a los servicios de seguridad que lo soliciten, sin especificar la necesidad de una orden judicial. Los datos que se recopilan incluyen direcciones de protocolo de Internet (IP), fechas y horas de conexiones, ubicaciones geográficas, y detalles de llamadas y mensajes de texto enviados o recibidos. La regulación también establece que al comprar un teléfono móvil, el cliente debe proporcionar datos como correo electrónico, huellas dactilares y una fotografía digital tomada en el sitio de la transacción.186

Manuel Ricardo Cristopher Figuera, exdirector del SEBIN que está refugiado en Estados Unidos, reveló en abril de 2020 al medio de noticias independiente Tal Cual que las empresas de telecomunicaciones en Venezuela facilitan la vigilancia estatal de los opositores. Una operación, por ejemplo, hizo que las empresas clonaran números de teléfono, interceptaran correos electrónicos y eliminaran páginas web. Identificó a Movistar como una de las empresas que ejecuta estas acciones. Según el exoficial, los e teléfonos de los soldados que se opusieron al gobierno en abril de 2019 y que huyeron de Venezuela fueron clonados con el conocimiento de las empresas de telecomunicaciones. Estos números de teléfono se utilizaron para crear cuentas falsas de los soldados en las redes sociales, comunicarse con otros usuarios y perseguir o detener a cualquiera que expresara su apoyo.187

Otras medidas afectan a las empresas que ofrecen servicios en línea como la banca. En noviembre de 2020, la agencia gubernamental que supervisa las operaciones bancarias, la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), introdujo un requisito para monitorear las operaciones comerciales y financieras de las organizaciones sin fines de lucro, supuestamente para demostrar la existencia de simpatizantes vinculados a actividades delictivas; el seguimiento requiere la entrega de información sensible de los clientes bancarios.188 En agosto de 2018, la SUDEBAN introdujo una medida para monitorear el acceso a la banca a Internet a clientes fuera de Venezuela, quienes deben informar periódicamente el país desde donde se conectan.189

C7: ¿Las personas están sujetas a intimidación extralegal o violencia física por parte de las autoridades estatales o cualquier otro actor en relación con sus actividades en línea? (0-5 puntos) (1/5)

Los periodistas, incluidos los que trabajan en línea, enfrentan acciones de violencia, intimidación, amenazas y ataques físicos por parte de las fuerzas de seguridad y grupos progubernamentales, en un entorno de impunidad. Dos periodistas que trabajaban con un medio comunitario de televisión que transmite en línea fueron asesinados por las fuerzas de seguridad por razones poco claras.

En su informe de septiembre de 2020, la misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU identificó casos de tortura en los casos de detención, así como ejecuciones extrajudiciales durante las operaciones de seguridad. Entre las violaciones de derechos humanos perpetrados por el gobierno, el informe incluye las detenciones arbitrarias en represalia por publicaciones en redes sociales.190 Los ataques físicos contra periodistas son comunes; por ejemplo, el sindicato de periodistas presentó una lista que detalla 39 ataques solo en agosto de 2020.191

Jamel Louka, periodista del Diario La Antena y El Pitazo, recibió un disparo en el brazo durante un intento de secuestro en diciembre de 2020. Si bien Louka dijo desconocer un motivo explícito, había informado regularmente sobre la crisis económica del país, lo que generó preocupaciones sobre represalias.192

En agosto de 2020, Andrés Eloy Nieves Zacarías, comunicador comunitario miembro de la juventud del PSUV, y Víctor Torres, ambos del canal de televisión Guacamaya TV de la ciudad de Cabimas, en el estado Zulia, fueron asesinados por las FAES. El padre de Torres, quien dirige la estación, dijo que la policía también incautó equipos luego de los asesinatos.193 Aunque es un medio radioeléctrico comunitario, Guacamaya TV también difunde sus contenidos en línea.194 No está claro si la ejecución extrajudicial fue una represalia por los informes del medio. Aunque los presuntos autores fueron detenidos y llevado a juicio, los procedimientos han sido criticados por dar demasiada indulgencia a los acusados.195

También en agosto de 2020, varios periodistas, incluidos los de los medios El Pitazo y VPITV, fueron atacados por grupos violentos en la sede del partido Acción Democrática en Caracas.196

Espacio Público e IPYS Venezuela, ONG que defienden la libertad de expresión e información, documentaron campañas de intimidación y acoso contra periodistas, así como agresiones homofóbicas, durante 2020.197 Por ejemplo, usuarios de Twitter atacaron a Carlos Seijas Meneses, un reportero de Tal Cual, con mensajes amenazantes y homofóbicos, luego de que publicara una serie de informes sobre la comunidad LGBT + en julio de 2020.198

Desde la instalación de la Asamblea Nacional luego de las elecciones de diciembre de 2020, aumentaron los ataques a medios independientes, alentados por declaraciones de importantes funcionarios como Diosdado Cabello Rondón. Cabello ha acusado a algunos medios, en particular a Efecto Cocuyo, de ser "mercenarios del periodismo" y de recibir dinero del Reino Unido para ayudar a derrocar al gobierno.199 En febrero de 2021, Cabello sugirió al gobierno que investigara a Efecto Cocuyo por compartir una investigación sobre la presencia de exoficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Venezuela.200 El ataque de Cabello estuvo acompañado de acoso coordinado en Twitter por parte de cuentas progobierno, incluidas algunas vinculadas al ejército.201

Las campañas de hostigamiento y difamación promovidas por actores paraestatales, como las plataformas Lechuguinos y La Tabla, también se dirigieron a varios periodistas y defensores de derechos humanos, entre los cuales estuvieron Roberto Deniz, de Armando.info;202 Erika Hernández, de El Nacional; Gregoria Díaz y Celina Carquez, de Crónica Uno; y Marianela Balbi, directora ejecutiva de IPYS Venezuela.203

C8: ¿Están los sitios web, las entidades gubernamentales y privadas, los proveedores de servicios o los usuarios individuales sujetos a piratería informática generalizada u otras formas de ciberataques? (0-3 puntos) (0/3)

Los ataques técnicos a menudo tienen como objetivo los medios de comunicación digitales y las organizaciones de derechos humanos, y existe una fuerte sospecha de que entes del estado estén detrás de ellos. Durante el período de cobertura, los sitios de los medios digitales Tal Cual, Armando.info, La Gran Aldea y El Diario, recibieron ataques cibernéticos.

Armando.info fue blanco de tres importantes ataques de denegación de servicio (DDoS) y numerosos ataques de fuerza bruta a fines de 2020. El medio determinó que se originaron en Rusia, Ucrania y Letonia.204 El Diario informó que se enfrentó a un ataque DDoS en julio de 2020; La Gran Aldea fue blanco de un ataque de este tipo en septiembre de 2020, y Tal Cual fue blanco de ataques en enero de 2021.205 Algunos medios han estado desarrollando medidas para detener estos ataques; por ejemplo, Armando.info y El Pitazo ahora cuenta con los servicios de Cloudflare.206

En abril de 2021, el colectivo Anonymous Venezuela anunció que había declarado "un estado de guerra cibernética contra el gobierno". En un mismo día varios servicios estatales, incluido el sistema de biopago del Banco de Venezuela, quedaron inaccesibles. Anonymous Venezuela se atribuyó la responsabilidad de ataque. 207 El sitio web del Instituto Nacional de Higiene fue pirateado después de publicar cifras de muertes por COVID-19 en septiembre de 2020.208

Durante el período de cobertura anterior, sitios de medios digitales como Crónica.uno, Noticiero Digital, CNVE24 y El Pitazo fueron víctimas de ataques DDoS. Según un informe de octubre de 2019, es probable que las fuerzas armadas estuvieran detrás de los ataques, en coordinación con la CANTV y la sala de ciberdefensa del CEOFANB. Los sitios web pertenecientes al sitio de noticias CNVE24 recibieron más de mil ataques durante un periodo de 12 horas en septiembre de 2019, mientras que El Pitazo estuvo fuera de línea durante varias horas después de un ataque DDoS en julio.209

La Ley Especial contra Delitos Informáticos, vigente desde 2001, tiene disposiciones que penalizan estos ciberataques, aunque no se han aplicado.210

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    Yes