Venezuela

Not Free
30
100
A Obstacles to Access 7 25
B Limits on Content 12 35
C Violations of User Rights 11 40
Last Year's Score & Status
28 100 Not Free
Scores are based on a scale of 0 (least free) to 100 (most free). See the research methodology and report acknowledgements.

Descripción general

A medida que la crisis social, económica y política del país se ha venido agravando, la libertad de Internet en Venezuela se ha vuelto más precaria. El deterioro de la infraestructura provoca frecuentes interrupciones de la conectividad, y los servicios de Internet siguen siendo inasequibles para la mayoría de los venezolanos. Los bloqueos de sitios web que cubren noticias políticamente sensibles, implementados desde hace tiempo por el proveedor de servicios de Internet (ISP) de propiedad estatal, también son ejecutados por los ISP privados. El Estado manipula el debate en línea no solo a través de operaciones de influencia, sino mediante el uso de las plataformas que prestan servicios gubernamentales, lo cual genera preocupaciones sobre la privacidad debido a la recopilación a gran escala de los datos personales de los ciudadanos. Los periodistas independientes, que en su mayoría trabajan en medios de comunicación digitales, siguen siendo objeto de detenciones, acoso y hostigamiento en represalia por su trabajo.

Las instituciones democráticas de Venezuela se han venido deteriorando progresivamente desde 1999, pero las condiciones han empeorado significativamente en los últimos años debido a la dura represión de la oposición y al mantenimiento en el poder, a través de elecciones seriamente cuestionadas, de una facción política que controla todos los poderes públicos. En diciembre de 2020, el presidente Nicolás Maduro consolidó aún más el poder en unas elecciones fuertemente controladas que fueron boicoteadas por la oposición, al igual que por Juan Guaidó, quien ejercía la presidencia interina desde enero de 2019, de acuerdo con una decisión de la Asamblea Nacional controlada por la oposición. Las autoridades han cerrado prácticamente todos los canales para la disidencia política, restringiendo las libertades civiles y persiguiendo a los sus opositores sin tener en cuenta el debido proceso. La grave crisis humanitaria ha impulsado la emigración masiva y dejado a millones de personas luchando por satisfacer sus necesidades básicas.

Principales acontecimientos, 1 de junio de 2021 - 31 de mayo de 2022

  • El gobierno bloqueó el acceso a sitios web durante momentos políticamente delicados, incluyendo las elecciones regionales de noviembre de 2021. Se descubrió que sitios web de noticias, que anteriormente solo habían sido bloqueados por el proveedor de servicios de Internet (ISP) estatal, CANTV, también habían sido bloqueados por los ISP privados. A diferencia de otros periodos de cobertura, el gobierno no ejecutó bloqueos a las plataformas de redes sociales ni restringió la conectividad a Internet fijo o móvil (ver A3 y B1).
  • El gobierno continuó manipulando la esfera en línea con operaciones de influencia que incluyeron cuentas oficiales, comportamiento no auténtico coordinado y campañas de desinformación contra periodistas. En diciembre de 2021, Twitter informó sobre la eliminación de una red de cuentas que habían estado amplificando las narrativas oficiales mediante la aplicación "Twitter Patria", que permitía al gobierno acceder a la actividad de las cuentas de los usuarios (ver B5).
  • En marzo de 2022, el gobierno lanzó Ven App, una red social y aplicación móvil venezolana. Ven App tiene las funciones comunes a la mayoría de las plataformas de redes sociales, como servicio de mensajería, intercambio de archivos y creación de grupos de usuarios, y despertó la preocupación de la sociedad civil por los permisos que requiere para su instalación, que ponen en riesgo la privacidad de los usuarios, y su potencial para fortalecer aún más la manipulación de las conversaciones en línea por parte del gobierno (ver B5 y C5).
  • En 2021, la organización no gubernamental (ONG) venezolana Espacio Público registró el menor número de detenciones por "cuestionar a los funcionarios y las políticas gubernamentales a través de sus redes sociales" desde 2016, así como una disminución de casi el 40% de los casos en un año. Sin embargo, las detenciones por ejercer el derecho a la libre expresión en los espacios digitales continuaron, a menudo bajo pretextos espurios como la incitación al odio, los cuales usualmente terminan con la puesta en libertad de las personas, pero con medidas cautelares (ver C3).
  • Aunque los episodios de violencia física en represalia por las actividades en el entorno digital se registraron en menor medida durante este periodo, esto sigue siendo una amenaza para los usuarios, especialmente para los periodistas. Reporteros de medios de comunicación digital enfrentaron varios incidentes mientras cubrían acontecimientos políticos; asimismo, en el país los familiares de los periodistas obligados a ir al exilio se enfrentaron a redadas e interrogatorios por parte de las autoridades (véase C7).

A. Obstáculos para el acceso

 


A1 (0-6)

 

¿Restringen las limitaciones de infraestructura el acceso a Internet o la velocidad y calidad de las conexiones? 

2

La crisis económica de Venezuela, marcada por varios años de recesión e hiperinflación, ha afectado la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones del país y la calidad del acceso a Internet. Las constantes fallas, los robos y el vandalismo originan frecuentes apagones y velocidades de conexión deficientes.1

Según cifras oficiales, la penetración de Internet a finales de 2020 se ubicó en un 53,66 %, una disminución de más del 7 % con respecto al año anterior. 2 Otras cifras, como las del Informe Digital en 2022 de Data Reportal, indican una penetración de Internet del 72 % a enero de 2022. Según el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), el 38,1 % de las personas tenía acceso a conexiones fijas en el hogar a octubre de 2021 y un 80,4 % poseían teléfonos inteligentes con acceso a Internet; no obstante, alrededor de la mitad de los encuestados informaron fallas diarias en el servicio de datos móviles.3

Los apagones regionales limitaron la conectividad en muchos estados durante al menos ocho meses del período de cobertura. 4 De acuerdo con la iniciativa venezolana VE Sin Filtro, 6 de cada 10 interrupciones de conectividad en 2021 fueron causadas por fallas eléctricas que las autoridades, en la mayoría de los casos, atribuyeron a ataques al sistema eléctrico nacional5 . En diciembre, un apagón provocó el desplome de la conectividad en la capital, Caracas, y al menos en15 de los 23 estados de Venezuela.6 Asimismo, a lo largo del periodo persistieron apagones parciales y esquemas de racionamiento de energía eléctrica en varias ciudades; en Maracaibo, la capital del estado Zulia, por ejemplo, los residentes de algunas zonas han denunciado que el servicio deja de prestarse durante varias horas al día.7

Según los analistas, la demanda de conectividad supera la oferta. 8 Aunque han surgido nuevos proveedores para satisfacer la demanda y que las velocidades de conexión han aumentado en algunas ciudades, 9 la mayoría de las áreas rurales, que son atendidas casi exclusivamente por CANTV, de propiedad estatal, carecen de acceso a un servicio de Internet de calidad (ver A2).

En agosto de 2022, según el Índice global de velocidad Ookla, la velocidad móvil promedio en Venezuela fue la tercera más lenta a nivel mundial, con el puesto No. 138 de 140 países analizados. De acuerdo con esta fuente, la velocidad de descarga móvil promedio fue de 5,37 megabits por segundo (Mbps) y 3,24 Mbps la de carga. En cuanto a líneas fijas, la velocidad de descarga promedio fue de 11,10 Mbps y 8,59 Mbps la de carga. 10 Con otro tipo de metodología, en enero de 2021, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) calculó la velocidad de navegación promedio en 1,5 Mbps.11

A2 (0-3)

 

¿El acceso a Internet es prohibitivamente costoso o está fuera del alcance de ciertos segmentos de la población por razones geográficas, sociales u otras? 

0

La crisis humanitaria impide a la mayoría de la población cubrir sus necesidades básicas. La crisis económica ha afectado la capacidad de los venezolanos para pagar servicios de conectividad y dispositivos electrónicos. La mayoría de la población dedica sus magros salarios a cubrir las necesidades básicas de alimentación y salud. 12 El control estatal sobre la tasa cambiaria entre bolívares y dólares ha generado la distorsión del mercado. La norma es pagar tasas de conversión más altas a las fijadas por el Banco Central. La brecha entre la tasa oficial y la

del mercado negro sigue siendo significativa.

Según un estudio publicado por la consultora ANOVA en abril de 2021, debido a la dolarización informal la brecha entre quienes tienen acceso a dólares estadounidenses para comprar bienes y servicios y quienes no lo tienen ha exacerbado la desigualdad en el acceso a internet. Según datos de sus estudios, el 86 % de los hogares del quintil más pobre de los venezolanos carecen de acceso a Internet, en comparación con el 81,2 % de los hogares en general.13

El servicio de Internet sigue siendo inasequible para la mayoría de los venezolanos. Aunque las tarifas de la estatal CANTV son las más económicas, siguen siendo costosas para muchos. Luego del aumento de los planes que se produjo en octubre de 2021, el sexto de ese año, los precios quedaron en US $3 al mes para el servicio de 4 Mbps y US $15 al mes para el servicio de 22 Mbps. Incluso el plan más barato de US$ 3 mensuales supera la capacidad de alguien que, en ese periodo, recibía un salario mínimo de 10 bolívares ($2,25) mensuales14 . Si bien el salario mínimo mensual se elevó a aproximadamente 126 bolívares (US$ 28) en marzo de 2022, 15 los usuarios de CANTV suelen pagar más de la mitad de ese monto por el servicio de internet. 16 Los planes más económicos de CANTV tienden a no estar disponibles para nuevos contratos y los usuarios se quejan de fallas recurrentes en el servicio. 17 En mayo de 2022, CANTV comenzó a ofrecer planes de fibra óptica con una velocidad de hasta 300 Mbps a un costo de US$ 100 mensuales, pero solo en algunas zonas del este de Caracas, donde se concentra la población de mayor poder adquisitivo del país.18

Las nuevas empresas tienden a ofrecer mejores planes de conectividad, pero son inasequibles para la mayoría de los trabajadores. En mayo de 2022, un plan de 50 Mbps tenía un costo de US$ 25 mensuales19 . El aumento progresivo de las tarifas de todos los proveedores hace que el servicio de internet quede fuera del alcance de la mayoría de la población. Entre febrero de 2020 y julio de 2021, las tarifas de banda ancha fija aumentaron en más del 5000 %.20

A pesar del aumento del salario mínimo mensual de marzo de 2022, los precios de los dispositivos electrónicos siguen fuera del alcance de muchos venezolanos. Un teléfono inteligente de gama media, de aproximadamente US$ 400, representa más de 14 meses de salario mínimo vigente en mayo de 2022. 21

Los venezolanos experimentan una brecha geográfica significativa en el acceso a Internet. En algunas ciudades fronterizas de los estados de Táchira y Zulia, donde los proveedores de servicios de Internet venezolanos no están disponibles, los residentes recurren a empresas colombianas. 22 Según cifras oficiales de finales de 2020, la mayor penetración de internet la registra el Distrito Capital y los estados de la costa norte más desarrollados, como Miranda, Aragua y Carabobo. El estado de Amazonas, que tiene una mayoritaria población indígena, apenas reportó un 14,8 % de penetración. 23 La falta de servicio en áreas predominantemente indígenas ha tenido graves consecuencias. En marzo de 2022 cuatro miembros de la etnia Yamomami fueron asesinados por militares cuando reclamaron el uso de una conexión Wi-Fi compartida ubicada en el cuartel.24

La expansión del servicio de Internet de alta velocidad y la concesión de licencias a los proveedores de servicios ocurren en las ciudades y áreas con alto poder adquisitivo, lo que exacerba la falta de acceso en las áreas de menores ingresos. 25 En el municipio Chacao en Caracas, el más pequeño de los cinco de la ciudad capital, por ejemplo, se cuentan alrededor de 50 ISP.26

La crisis económica también ha afectado a otros sectores. Durante la pandemia por COVID-19, la mayoría de las instituciones educativas, incluidas las universidades, tuvieron que suspender sus actividades. Cuando se ofrecían clases en línea, los estudiantes de menores recursos no pudieron seguirlas debido a la falta de conectividad y dispositivos;27 .

 

A3 (0-6)

 

¿El gobierno ejerce control técnico o legal sobre la infraestructura de internet con el fin de restringir la conectividad? 

2

El puntaje mejoró de 3 a 4 porque durante el período de cobertura no se produjeron bloqueos intencionales y prolongados de Internet fijo o móvil, ni de las plataformas de redes sociales.

El Estado posee la mayor parte de la infraestructura de la red nacional a través de la CANTV. Los bloqueos y la degradación deliberada de la velocidad son prácticamente innecesarios dado el estado de la infraestructura del país y los cortes recurrentes de energía eléctrica.

Durante el periodo, los usuarios no experimentaron restricciones intencionales y prolongadas de la conectividad a través de Internet móvil o fijo, aunque el gobierno bloqueó de forma regular las plataformas de comunicación y sitios clave de noticias para minimizar la cobertura de hechos políticamente sensibles (ver B1).28

En marzo de 2020, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL), el ente regulador de las telecomunicaciones del país, inició conversaciones con las empresas privadas para crear un punto nacional de intercambio de internet (IXP). Académicos y activistas manifestaron su oposición a ese proyecto, ya que la administración del IXP correspondería al ente gubernamental. De acuerdo con activistas, el control del gobierno sobre el IXP supondría altos riesgos de censura y vigilancia que superarían los beneficios técnicos de su implementación. 29 CONATEL anunció que continuaría con el proyecto en abril de 2021, pero al final del período examinado no se había concretado.30

A4 (0-6)

 

A4: ¿Existen obstáculos legales, normativos o económicos que restrinjan la diversidad de proveedores de servicios? 

1

Si bien existen proveedores de internet privados, el Estado domina el mercado de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Las empresas de telecomunicaciones han luchado por mantenerse financieramente sostenibles durante la crisis económica.

Compañías pequeñas han ingresado al mercado; se cuentan al menos 22 proveedores nuevos entre enero y mayo de 2021. 31 Sin embargo, las operaciones de algunos de los que comenzaron a prestar servicios en 2021 fueron suspendidas por incumplimiento de las regulaciones de CONATEL. 32 Los voceros de estas empresas se muestran frustrados porque no reciben respuestas oportunas a sus solicitudes, o porque reciben un trato discriminatorio. Según algunos, el ente regulador favorece a las empresas vinculadas con el gobierno.33

Según los presidentes ejecutivos de dos empresas de telecomunicaciones, el mercado venezolano es difícil y costoso para los grandes operadores que mantiene altos costos fijos de operación. Con inversiones más pequeñas, y en medio de la relajación informal de algunas medidas económicas, las nuevas empresas pueden brindar servicios a personas de poder adquisitivo alto y medio. Políticamente, sin embargo, estas empresas deben permanecer neutrales y abstenerse de expresar cualquier tipo de opiniones críticas sobre el gobierno.34

Según el informe del cuarto trimestre de 2020 de CONATEL, que son los datos disponibles más recientes, CANTV posee el 65,68 % del mercado de banda ancha fija, mientras que Digitel, Intercable , Telefónica y Movilnet tienen el 13,66; 8,04; 6,58 y 4,46 %, respectivamente; otros pequeños proveedores tienen el 1,59 % restante del mercado. La base de clientes de banda ancha móvil la lidera Movistar con el 59,34 %, seguido de Movilnet con el 22,09 % y Digitel con el 18,57 %.35

Un decreto del gobierno de mayo de 2019 creó la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y Servicios Postales de Venezuela (CSTSPV), encabezada por el presidente de CONATEL. De acuerdo con el artículo 3 del decreto, el ente tiene como objetivo administrar las empresas de telecomunicaciones del Estado, así como las adquisiciones y fusiones. 36 Tras su lanzamiento, Maduro anunció que Venezuela firmaría acuerdos con las empresas chinas Huawei y ZTE para impulsar la introducción de nuevas tecnologías.37

En diciembre de 2019, durante el período de cobertura anterior, el 91 % de las acciones de CANTV y el 100 % de las acciones de Movilnet fueron transferidas a la CSTSPV, lo que generó rumores de venta. 38 En febrero de 2021 surgieron especulaciones sobre la venta de Movilnet; sin embargo, los expertos, incluido un expresidente de la compañía, argumentaron que dicha venta debería ser aprobada por la Asamblea Nacional. 39 En mayo de 2022, Maduro anunció planes para vender del 5 al 10 % de las acciones de varias empresas estatales, incluidas CANTV y su subsidiaria Movilnet, a inversionistas privados.40

A5 (0-4)

 

 ¿Los organismos reguladores nacionales que supervisan a los proveedores de servicios y la tecnología digital operan de manera libre, justa e independiente?

0

CONATEL, el ente responsable de regular y otorgar licencias al sector de las telecomunicaciones, depende administrativamente del Ministerio de Comunicaciones e Información (MCI). La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorte-ME) le otorga la facultad de tomar decisiones sobre el bloqueo o eliminación de contenidos y de sancionar a los prestadores de servicios, facultad que ha ejercido sin otorgar el debido proceso a los afectados.41

Mientras que el artículo 35 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece la autonomía operativa y administrativa de CONATEL, el artículo 40 establece que el presidente de la república tiene la facultad de nombrar y remover al su director, así como a los otros cuatro miembros del directorio, 42 lo cual evidencia la falta de independencia de CONATEL respecto del poder ejecutivo.

En marzo de 2021, Maduro anunció que se promulgarían un conjunto de leyes, incluida una reforma del Resorte -ME y la llamada “Ley del Ciberespacio”. 43 Aunque el proyecto de ley sobre el ciberespacio no ha sido publicado, la filtración de un borrador producida en 2019 permitió conocer que se dispone el establecimiento de un nuevo regulador para supervisar las “políticas relacionadas con el ciberespacio venezolano”. Según este borrador, el regulador estaría compuesto por un director general y cuatro directores designados (y que pueden ser destituidos) por el ejecutivo. El regulador tendría la tarea de determinar el uso "correcto" del entorno digital, lo que implicaría la regulación de los proveedores de servicio, la infraestructura y los contenidos en línea. Según el artículo 5, el Estado regularía el acceso a internet por ser “de interés público… para la defensa integral de la nación”. 44 En junio de 2021 Maduro insistió en su intención de regular las redes sociales.45

 

B. Límites en los contenidos

B1 (0-6)

 

B1: ¿El Estado bloquea o filtra, u obliga a los proveedores de servicios a bloquear o a filtrar contenido en Internet, en particular material protegido por las normas internacionales de derechos humanos?

2

El gobierno de Maduro continuó bloqueando medios digitales durante el período de cobertura. Si bien, a diferencia de los períodos anteriores, no se bloquearon plataformas de redes sociales, se descubrió que los ISP privados bloquearon sitios web de noticias que anteriormente solo habían sido restringidos por el ISP estatal. Varias redes privadas virtuales (VPN) también permanecieron bloqueadas por CANTV y algunos proveedores privados.46

En un informe de febrero de 2022, VE Sin Filtro detalló la censura a generalizada y persistente de varios medios de comunicación digitales. 47 El 1 de febrero, CANTV y los ISP privados Movistar, Digitel, Inter, Net Uno y Supercable bloquearon los sitios de noticias Efecto Cocuyo, Crónica Uno y EVTV. 48 Aunque CANTV ha bloqueado estos sitios durante años, la acción por parte de ISP privados no tiene precedentes.49

La mayoría de los principales ISP también bloquearon la web de El Nacional. 50 La acción se produjo dos días después de que el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, amenazara con ir en contra el medio luego de que su editor en jefe publicara un tuit denunciando un fallo judicial de 2021 que había otorgado a Cabello la propiedad de la sede física del diario, como resultado de una demanda contra el medio por difamación (ver C1).51

Según un informe de VE sin Filtro, durante las elecciones regionales, celebradas en noviembre de 2021, se bloquearon al menos 56 dominios pertenecientes a un total de 49 sitios web, la mayoría de ellos informativos. Los dominios fueron bloqueados por al menos cinco ISP y más de la mitad fueron bloqueados por todos los proveedores. CANTV y al menos cinco ISP privados también bloquearon las VPN Psiphon y Tunnel Bear. 52 Según el monitoreo de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Venezuela, mientras que los sitios web de noticias alineados con el gobierno eran constantemente accesibles en todos los estados a través de cualquier ISP durante las elecciones, los sitios web de medios digitales independientes, como El Pitazo o Armando.info, eran muy difíciles o imposibles de acceder en 16 de los 23 estados.53

Algunos de los sitios de noticias que bloquearon durante este período habían sido fuertemente restringidos anteriormente, incluido El Pitazo, bloqueado en la mayoría de las redes durante el período de cobertura anterior. 54 El portal de periodismo investigativo Armando.info también había sido previamente objeto de bloqueos persistentes, por lo que había desarrollado métodos de distribución de contenido a través de redes sociales y correo electrónico. 55 De la misma forma, tras ser bloqueado en febrero de 2022, Efecto Cocuyo comenzó a distribuir sus contenidos a través de WhatsApp y Telegram.56

Otro bloqueo de contenido político durante el periodo de cobertura fue el del sitio web del exdirector de los servicios de inteligencia Hugo “El Pollo” Carvajal, en octubre de 2021. Carvajal —quien en ese momento se encontraba en España esperando su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico— había expresado su intención de usar este sitio para exponer “lo que sucede a puerta cerrada” en la Audiencia Nacional de España y compartir su versión de los hechos. El portal fue bloqueado por CANTV y cinco ISP venezolanos.57

Durante las elecciones legislativas de diciembre de 2020, CANTV, Movilnet, Digitel y Movistar bloquearon varias plataformas, como Twitter, Instagram y Facebook, y 21 portales de información nacionales. 58 Posteriormente, en mayo de 2021, VE sin Filtro informó que las autoridades habían bloqueado Telesur Libre, 59 una plataforma de comunicaciones respaldada por el líder opositor Juan Guaidó destinada a contrarrestar a la estatal Telesur TV. Solo unas horas después de su lanzamiento, Telesur Libre resultó inaccesible a través de CANTV y la mayoría de los IPS privados.60

Los expertos han notado que esta censura creciente se está volviendo más sofisticada y difícil de eludir, ya que se necesitan VPN y servicios de anonimización para sortear el filtrado de HTTP, HTTPS y de identificación de nombre de servidor (SNI, en inglés). 61 Los comentaristas han relacionado estas tácticas cada vez más sofisticadas con la influencia del gobierno chino. En particular, ZTE ganó un contrato con CANTV para implementar la plataforma Sistema Patria (ver B5 y C5).62

 

 

B2 (0-4)

 

¿Emplean los actores estatales o no estatales medios legales, administrativos o de otro tipo para obligar a los editores, los hosts contenido o las plataformas digitales a eliminar el contenido, en particular el material que está protegido por las normas internacionales de derechos humanos? (0–4 puntos)

1

Varias leyes ofrecen vías para limitar el discurso al hacer que tanto intermediarios como sitios web sean responsables del contenido publicado por terceros. Este marco legal ha resultado en acciones de censura previa entre los ejecutivos de medios que ejercen presión sobre la cobertura de los reporteros por temor al cierre o a represalias.63

Informes recientes han arrojado luz sobre las operaciones de la compañía española de gestión de reputación Eliminalia en Venezuela, detectadas por primera vez en 2016. La empresa utiliza la reclamación de falsos derechos de autor para forzar la eliminación de contenido en línea. Entre mayo de 2019 y marzo de 2021 realizó al menos 16 de estas solicitudes fraudulentas a Google en nombre de clientes venezolanos. Según informes de investigación de El Pitazo, el trabajo de Eliminalia en Venezuela tiene como objetivo lavar la reputación de personas corruptas vinculadas al gobierno.64

Por separado, actores anónimos también han estado detrás de esfuerzos similares para eliminar contenido crítico sobre personas afiliadas al gobierno, presentando reclamos en plataformas de redes sociales que alegan violaciones de políticas o daños a la integridad personal.65

Durante el período de cobertura anterior, en octubre de 2020, el medio digital La Gran Aldea estuvo fuera de línea durante más de 40 horas debido a un falso reclamo de derechos de autor. El medio lo atribuye al equipo del exministro de transporte Haiman El Troudi. La Gran Aldea había publicado un artículo que vinculaba a El Troudi con la corrupción y, según el editor en jefe del portal, alguien vinculado al exministro copió el contenido del artículo, lo publicó en un sitio web con una fecha anterior a la publicación en La Gran Aldea, y envió una solicitud de eliminación al host por supuestamente transgredir de la Ley de Derechos de Autor (DMCA, en inglés)66

2020 2021 2022 B3: ¿Las restricciones en Internet y del contenido digital carecen de transparencia, proporcionalidad con los objetivos declarados, o un proceso de apelación independiente? (0–4 puntos) 0 0 0

En ausencia del estado de derecho y sin instituciones que ofrezcan vías de apelación, las autoridades venezolanas han restringido el contenido digital sin supervisión independiente ni procedimientos de rendición de cuentas.

El bloqueo de medios, plataformas y contenidos ha sido implementado tanto por los proveedores estatales CANTV y Movilnet como por empresas privadas. 67 Durante años, organizaciones de derechos digitales, medios de comunicación, periodistas y activistas han denunciado la falta de transparencia de los procedimientos de bloqueo que no se hacen públicos.

La legislación atribuye una responsabilidad excesiva a los intermediarios y deja margen para el abuso. La ley Resorte -ME establece que los intermediarios pueden ser considerados responsables por el contenido publicado por terceros y otorga a CONATEL la capacidad discrecional de imponer sanciones severas. La ley prohíbe los mensajes que promuevan la ansiedad de la población, alteren el orden público, desacaten a las autoridades legales, o promuevan la violación de las leyes vigentes. Promulgada en noviembre de 2017, la Ley contra el Odio para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (conocida como Ley contra el Odio) establece que los intermediarios deben eliminar los contenidos que contengan “discursos de odio” dentro de las seis horas posteriores a su publicación, so pena de enfrentar altas multas. La ley también faculta a las autoridades a bloquear sitios web cuando, en su opinión, promuevan el odio o la intolerancia.68

 

B3 (0–4)

 

¿Las restricciones en Internet y del contenido digital carecen de transparencia, proporcionalidad con los objetivos declarados, o un proceso de apelación independiente?

0

En ausencia del estado de derecho y sin instituciones que ofrezcan vías de apelación, las autoridades venezolanas han restringido el contenido digital sin supervisión independiente ni procedimientos de rendición de cuentas.

El bloqueo de medios, plataformas y contenidos ha sido implementado tanto por los proveedores estatales CANTV y Movilnet como por empresas privadas. 69 Durante años, organizaciones de derechos digitales, medios de comunicación, periodistas y activistas han denunciado la falta de transparencia de los procedimientos de bloqueo que no se hacen públicos.

La legislación atribuye una responsabilidad excesiva a los intermediarios y deja margen para el abuso. La ley Resorte -ME establece que los intermediarios pueden ser considerados responsables por el contenido publicado por terceros y otorga a CONATEL la capacidad discrecional de imponer sanciones severas. La ley prohíbe los mensajes que promuevan la ansiedad de la población, alteren el orden público, desacaten a las autoridades legales, o promuevan la violación de las leyes vigentes. Promulgada en noviembre de 2017, la Ley contra el Odio para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (conocida como Ley contra el Odio) establece que los intermediarios deben eliminar los contenidos que intolerancia.70

B4 (0-4)

 

¿Los periodistas, comentaristas y usuarios comunes practican la autocensura? 

2

Las detenciones, el encarcelamiento y las restricciones legales y extralegales sobre ciertas formas de expresión en línea han fomentado una mayor autocensura y censura previa dentro de los medios de comunicación. La impunidad de quienes amenazan o atacan a los periodistas en represalia por su trabajo han reforzado este clima.71

En abril de 2022, IPYS Venezuela informó que casi el 54 % de los profesionales de la comunicación habían omitido información de interés público por temor a represalias. 72 Según un informe sobre libertad de expresión de la ONG Espacio Público, con datos de 2021 y el primer trimestre de 2022, menos del 40 % de los medios informan sobre la crisis política y económica del país por temor a represalias.73

Los venezolanos comunes se autocensuran cada vez más, particularmente después de que aumentaron los arrestos de usuarios de Internet por comentarios hechos en grupos de WhatsApp o en redes sociales (ver C3). Algunos usuarios dicen sentir temor de discutir temas políticos o sociales en línea, o a través de mensajes en grupos, porque pueden ser denunciados por personas que cooperan con el gobierno. 74 Los periodistas también han informado que los venezolanos se niegan a dar declaraciones a la prensa por temor a represalias.75

La aplicación cada vez más amplia de la Ley contra el Odio (ver B3) afecta los contenidos que las personas están dispuestas a difundir. 76 Entre otras recomendaciones, un informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea tras las elecciones de noviembre de 2021 señaló que la Ley contra el Odio debería derogarse para acabar con la autocensura.77

 

B5 (0-4)

 

B5: ¿Las fuentes de información en línea están controladas o manipuladas por el gobierno u otros actores poderosos para promover un interés político particular? 

1

El gobierno ha expandido enormemente su influencia en línea utilizando medios controlados por el Estado, troles progubernamentales, y alentando a usuarios progubernamentales en redes sociales a hostigar a quienes tienen puntos de vista opuestos. 78 Podría decirse que se alcanzó un hito en 2017, cuando IYPS Venezuela informó que el Ministerio del Interior estaba manipulando el discurso en línea a través de un “ejército digital”. 79

Según la ONG ProBox, el gobierno de Maduro utiliza de forma intensiva la red social Twitter para promover el apoyo al gobierno, desviar la atención de eventos que podrían perjudicarlo, o beneficiar a la oposición, y dividir a los grupos opositores. Una investigación de ProBox indica que más del 70 % de las publicaciones asociadas con grupos de la sociedad civil provienen de usuarios reales, mientras que el 60 % de los mensajes a favor del gobierno parecen provenir de bots.80

Durante el período de cobertura se descubrieron numerosos intentos para manipular las opiniones en línea. Un informe de ProBox y Caracas Chronicles, de noviembre de 2021, reveló cómo el gobierno trabajó para dar forma a ciertas narrativas durante una visita realizada por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien viajó a Venezuela ese mes para investigar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de Maduro. El Ministerio de Información promovió cuatro etiquetas que tenían como objetivo presentar el sistema de justicia del país como funcional, y al gobierno como totalmente cooperativo. Las etiquetas #VenezuelaGarantizaLaJusticia y #VenezuelaJusticiaSoberana, impulsadas por el ministerio de comunicación e información, registraron un 75 % y un 69%, respectivamente, de tuits inauténticos.81

En diciembre de 2021, Twitter informó que había eliminado una red de 277 cuentas que habían estado amplificando contenido progubernamental y narrativas oficiales. Muchos de los involucrados en esa operación de influencia habían autorizado la aplicación Twitter Patria, que otorgaba al gobierno acceso a la actividad de estas cuentas. 82 Según el análisis de la red Cazadores de Fake News, 18 de las cuentas implicadas habían estado involucradas en un comportamiento inauténtico coordinado para promover los gobiernos de Chávez y Maduro desde 2012, utilizando un conjunto de aplicaciones que automáticamente tuitearon y retuitearon contenido de líderes políticos vinculados con el oficialismo, incluso desde la cuenta de Twitter de Maduro. Cazadores de Fake News encontró otras 56 cuentas semiautomatizadas. Esta red también informó que entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021, Twitter había suspendido permanentemente dos mil cuentas que habían utilizado la aplicación Twitter Patria para manipular narrativas en línea. 83 Twitter suspendió esta aplicación en diciembre de 2021.

También en diciembre de 2021, Cazadores de Fake News informó sobre nueve diferentes campañas coordinadas llevadas a cabo entre los años 2020 y 2021, principalmente en Twitter, para desacreditar y hostigar a periodistas y comunicadores venezolanos (ver C7). 84 El periodista de Armando.info Roberto Deniz fue un blanco frecuente de estas operaciones. Entre abril y junio de 2021, Arroba Percepción, una firma de reputación digital, participó en la creación de una red de al menos 22 portales de noticias para difundir desinformación sobre Deniz y el periodista de Infodio.com Alex Boyd, acusándolos de diversos delitos entre ellos el de extorsión. Los artículos de estos portales eran compartidos por cuentas con comportamientos de bot.85 En noviembre de 2021, luego de la extradición a los Estados Unidos de Alex Saab, un empresario alineado con Maduro, por cargos de corrupción, un asunto que Armando.info había estado investigando, ProBox identificó la campaña #DenizExtorsionador. De los más de 41.600 tuits que contenían la etiqueta #DenizExtorsionador, más del 60 % fueron generados por cuentas potencialmente automatizadas o falsas.86

El gobierno ha ampliado aún más su influencia a través del Sistema Patria, una plataforma en línea centralizada que permite a los usuarios acceder a beneficios y servicios del Estado (ver C5). Este portal muestra de manera destacada contenido en línea asociado con el gobierno de Maduro. La plataforma también integra las cuentas de redes sociales de los usuarios y recomienda a quién deben seguir, recomendando principalmente cuentas que pertenecen a Maduro cuyo feed es mostrado de forma privilegiada.

Un informe de febrero de 2021 de Cazadores de Fake News reveló cómo el gobierno coordinaba a los usuarios del Carnet de la Patria, una tarjeta de identificación electrónica utilizada para canalizar la ayuda social lanzada en febrero de 2017, 87 para impulsar diariamente tendencias en Twitter. Los funcionarios de ministerio de comunicación e información promueven trending topics en el Sistema Patria y los usuarios que los impulsan son recompensados con "bonos" o con símbolos de logros digitales en sus perfiles88 . Un informe de marzo de 2021 del Laboratorio de Investigación Forense Digital (DFR Lab) del Atlantic Council identificó una amplia gama de compensaciones dadas por el gobierno por compartir propaganda en las redes sociales.89

En marzo de 2022 el gobierno lanzó la aplicación Ven App lo cual generó mucha preocupación sobre la capacidad del gobierno para manipular las narrativas en línea (ver C5). 90 Ven App tiene funciones comunes a la mayoría de las plataformas de redes sociales, incluidas funciones de mensajería y uso compartido de archivos y la opción de unirse a grupos o canales. El gobierno ha impulsado esta aplicación supuestamente como un medio de consulta y conexión con los ciudadanos, pues esta permite a los usuarios registrados presentar quejas sobre los servicios públicos directamente a los entes de gobierno.91

Sin embargo, grupos defensores de derechos digitales han advertido acerca del uso potencial de VenApp para la organización política en el futuro, en especial durante las elecciones presidenciales de 2024, pues los usuarios serían susceptibles de recibir información difundida por los entes gubernamentales cuando accedan a la aplicación. El periodista Arnaldo Espinoza señaló que grupos adeptos al chavismo utilizaron una versión anterior de Ven App para monitorear las elecciones regionales de noviembre de 2021. 92 En mayo de 2022, investigadores de la red Cazadores de Fake News encontraron vínculos entre el desarrollo de la aplicación y empresas panameñas que anteriormente desarrollaron aplicaciones similares para promover la “gobernanza digital” en Panamá y República Dominicana. Una de estas empresas describe a sus miembros como “estrategas que ganan elecciones”. 93 Hasta junio de 2022, la aplicación VenApp se había descargado más de 100 000 veces.94

En octubre de 2021, el grupo de expertos Global Americans, con sede en EE. UU., en colaboración con varias organizaciones, incluida la organización venezolana sin fines de lucro Medianalisis, informaron sobre los esfuerzos abiertos y directos de Rusia y China para difundir desinformación en Venezuela en apoyo del gobierno de Maduro.95

B6 

 

¿Existen restricciones económicas, reglamentarias o de otro tipo que afecten negativamente la capacidad de los usuarios para publicar contenido en línea? 

1

Los medios digitales enfrentan diversas dificultades en Venezuela derivadas del costo de los equipos, la falta de financiamiento, el éxodo de profesionales en busca de mejores condiciones de vida, y la crisis humanitaria compleja.

Los medios independientes no reciben publicidad de entidades públicas. Si bien es prácticamente imposible obtener declaraciones de parte de voceros empresariales, se sabe que las compañías privadas reciben presiones para que se abstengan de anunciar en medios independientes. Algunos editores han dicho públicamente que los medios venezolanos independientes “existen gracias a Google Ads”.96

Los medios digitales funcionan con varios modelos de negocio y financiamiento: campañas de crowdfunding, apoyo internacional, pasarelas de pago, publicidad digital y alianzas entre distintos medios.97 La Ley de Cooperación Internacional, que se presentó en la Asamblea Nacional en abril de 2021, y que aún no ha sido aprobada, regularía el financiamiento de parte de organismos internacionales, 98 lo que limitaría una fuente importante de recursos de los medios digitales.99

 

B7 (0-4)

 

¿Carece de diversidad y confiabilidad la información en línea? (0–4 puntos)

2

En comparación con los medios tradicionales, la esfera digital presenta un espacio más vibrante para la expresión política y social, aunque la brecha digital, los problemas de conectividad y los bloqueos recurrentes dificultan el acceso a fuentes de información diversas e independientes. Un informe de septiembre de 2020 de IPYS Venezuela determinó que los portales digitales son los medios más consultados en 317 municipios, pero solo 105 de ellos tienen suficiente cobertura informativa. 100 Esta ausencia de cobertura limita la diversidad de información en línea disponible más allá de Caracas. El Pitazo, el único medio online con corresponsalías en todo el país, es bloqueado con mucha frecuencia (ver B1).

La desinformación y la manipulación del entorno digital, incluidas las publicaciones en las redes sociales relacionadas con la pandemia hechas por Maduro y otros funcionarios del gobierno, han obstaculizado los esfuerzos de los medios independientes para mantener informado al público. 101 La ONG ProBox, que monitorea tendencias en Twitter, señaló que la sociedad civil organizada logró ganar espacio en la conversación digital para contrarrestar la desinformación en los primeros meses de la pandemia, aunque la actividad del gobierno siguió siendo dominante. 102 Periodistas, ONG y redes ciudadanas han lanzado proyectos de verificación de hechos, como el Observatorio Venezolano de Fake News, de Medianálisis ; Es Paja, de Transparencia Venezuela, Probox y Cazadores de Fake News, entre otros. Asimismo, los medios digitales mantienen sus propias unidades de verificación de hechos o colaboran con iniciativas ciudadanas y de ONG.

Los periódicos han migrado a plataformas en línea debido a las restricciones para la compra de papel, y los radioeléctricos también se han forjado una presencia digital. Algunos medios de larga trayectoria como El Nacional (que tuvo que descontinuar su edición impresa en diciembre de 2018) 103 y Radio Caracas Radio (que tiene transmisión digital), así como la mayoría de los nuevos medios digitales surgidos a partir de 2014, mantienen una línea editorial independiente.104

También han surgido iniciativas medios digitales en áreas remotas. El portal de noticias Tana Tanae, por ejemplo, está dirigido por periodistas indígenas warao. Con sede en el estado de Delta Amacuro, este portal cubre una variedad de historias relevantes para las comunidades indígenas. 105 En mayo de 2022, El Pitazo lanzó el podcast semanal Alatakaa, que se difunde a través de grupos de WhatsApp y cubre noticias en lengua indígena wayuu.106 Efecto Cocuyo, por su parte, está liderado por un equipo de mujeres, y aborda temas poco explorados por otros medios, como la migración, el cambio climático y la diversidad sexual y de género.107

El uso de VPN y otras herramientas de anonimización para acceder a medios más confiables o diversos es limitado. Además de ser desconocidas para los usuarios comunes, las VPN gratuitas ralentizan las conexiones, que de por sí ya son precarias, y algunas han sido bloqueadas (ver B1). En marzo de 2020, El Pitazo actualizó su aplicación en Google Play, lo que permite descargar y consumir su contenido sin necesidad de conexión.108

 

B8 (0-6)

 

 ¿Las condiciones impiden la capacidad de los usuarios para movilizarse, formar comunidades y hacer campaña, particularmente sobre temas políticos y sociales? 

4

Las políticas represivas del gobierno de Maduro lesionan el derecho de los venezolanos a manifestarse pacíficamente. En medio de este clima, y a pesar de las limitaciones de acceso a Internet, ciudadanos y líderes de la oposición han utilizado activamente las plataformas digitales para expresar su descontento por la crisis política y económica del país, y exigir un cambio.

En abril de 2021, ProBox registró la mayor cantidad de publicaciones en Twitter con etiquetas de temas sociopolíticos desde que comenzó su trabajo en 2019. 109 Si bien el observatorio no identificó mucho debate político en línea durante las elecciones regionales de noviembre de 2021, sí identificó activismo en línea en torno a cortes de energía eléctrica en todo el país. La etiqueta más utilizada por la sociedad civil durante este período fue #SinLuz110 . A pesar de las condiciones represivas, en el pasado el debate y activismo electoral ha estado presente. De cara a las elecciones de diciembre de 2020, por ejemplo, se desarrollaron algunas iniciativas ciudadanas, como Venezuela Documenta, una plataforma destinada a educar a los votantes sobre el debilitamiento de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.111

Aunque enfrentan crecientes restricciones, las ONG y los usuarios de Internet venezolanos han continuado sus esfuerzos de activismo digital y han creado aplicaciones con usos cívicos. Por ejemplo, programadores y emprendedores vieron la oportunidad de diseñar aplicaciones para ayudar a los usuarios de Internet durante la pandemia de COVID-19, produciendo directorios de farmacias y sitios de alquiler de oxígeno, un directorio que muestra sitios de atención médica usando Google Maps y un catálogo de empresas que prestan servicios de salud.112

 

C. Violaciones de los derechos de los usuarios

C1 (0-6)

 

 ¿Fallan la constitución u otras leyes al proteger derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de prensa, incluso en Internet, y son aplicados por un poder judicial que carece de independencia?        

1

Aunque la constitución garantiza la libertad de expresión, 113 el gobierno ha aprobado leyes y reglamentos que restringen este derecho. Varias leyes, como la Ley contra el Odio, de 2017, y la Resorte -ME reformada en 2010, ofrecen vías para limitar el discurso que el gobierno pueda considerar como incitador al odio, a la violencia o que produce “ansiedad” entre la población. Además, el prolongado estado de excepción, a través de un decreto vigente desde 2016, incluye disposiciones sobre cómo contrarrestar las ciber amenazas y autoriza regulaciones para prevenir “campañas de desestabilización”. 114 En diciembre de 2020, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró el estado de excepción como constitucional.115

En noviembre de 2020, la misma Sala aprobó la extensión del estado de alarma relacionado con la COVID-19, emitido en marzo de 2020. Según la ONG venezolana Acceso a la Justicia, dado que no fue publicado, el contenido del decreto es desconocido, así como sus posibles efectos sobre las libertades de expresión y de prensa.116

Activistas y periodistas también se enfrentan a cargos de difamación en virtud del código penal, que establece penas de prisión por difamación contra funcionarios públicos y publicación de información falsa.117

El poder se ha concentrado cada vez más en el ejecutivo, y el poder judicial, politizado, a menudo emite decisiones que amenazan la libertad de expresión en línea. Por ejemplo, en mayo de 2021, las autoridades judiciales tomaron posesión de la sede del diario El Nacional, un periódico independiente que solo publica en línea desde que las autoridades restringieron el suministro de papel en 2018. En 2015 Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, inició una demanda por daños morales luego de que el periódico republicara una nota, aparecida en un diario español, que lo vinculaba con el narcotráfico. Los tribunales fallaron a su favor y además aceptaron su solicitud de indexar la multa de mil millones de bolívares al tipo de cambio del momento, otorgando a Cabello una indemnización de 13,2 millones de dólares (en lugar de una indemnización de 13.000 dólares si la multa hubiese sido indexada a la fecha de publicación del artículo en 2015).118 En agosto de 2021, el Tribunal Supremo de Justicia desestimó un recurso interpuesto por El Nacional y posteriormente, en enero de 2022, tras una supuesta “subasta judicial”, la sede del diario y sus terrenos fueron entregados a Diosdado Cabello. La jueza que preside el caso es la hermana del contralor de la administración de Maduro.119

Actuando en contra de las disposiciones de la constitución, y para garantizar más su poder, Maduro convocó la creación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por decreto presidencial en mayo de 2017. Instalada en agosto de ese año y compuesta exclusivamente por simpatizantes de Maduro, este cuerpo legislativo de facto ejerció amplios poderes. Maduro anunció la disolución de la ANC en diciembre de 2020, luego de la realización de las elecciones de la Asamblea Nacional en las que la oposición no participó120

C2 (0-4)

 

¿Existen leyes que impongan sanciones penales o responsabilidad civil por actividades en línea, en particular aquellas protegidas por las normas internacionales de derechos humanos?

0

El gobierno de Maduro ha reforzado su control sobre los contenidos en línea a través de una serie de leyes restrictivas que establecen sanciones penales. La ley contra el odio, promulgada en 2017, vagamente redactada, impone penas de prisión de 10 a 20 años para quienes inciten al odio o la violencia a través de cualquier medio electrónico, incluidas las redes sociales. También establece que los intermediarios pueden ser multados si no retiran los mensajes sujetos a sanciones dentro de las seis horas siguientes a su difusión, con montos que oscilan entre 50 mil y 100 mil unidades tributarias.121

La ley Resorte -ME, que fue reformada por la Asamblea Nacional en 2010, también incluye prohibiciones vagas y sanciones severas. Además, otorga a las autoridades poderes discrecionales para restringir la libertad de expresión (ver B3). El artículo 27, por ejemplo, prohíbe los mensajes que promuevan la zozobra entre la población, alteren el orden público, desacaten a las autoridades legales o promuevan la violación de las leyes vigentes.122

En marzo de 2021, la Asamblea Nacional aprobó un plan para modificar o aprobar 35 leyes, incluidas la ley Resorte -ME y la Ley del Ciberespacio, lo que indica planes gubernamentales para restringir aún más la libertad de expresión en línea (ver A5).123

 

 

C3 (0-6)

 

¿Se sanciona a las personas por actividades en línea, en particular aquellas protegidas por las normas internacionales de derechos humanos?

2

Según un informe anual de Espacio Público, en 2021 se registró una menor cantidad de arrestos como “represalia por cuestionar a funcionarios y políticas del gobierno a través de las redes sociales”. La ONG documentó 246 casos en 2021, una disminución del 37 % con respecto al año anterior. 124 Sin embargo, continúan ocurriendo arrestos por actividades en línea, frecuentemente bajo pretextos espurios que alegan instigación al odio. Las personas terminan con libertad condicionada, bajo medidas cautelares (ver C2).125

Los periodistas independientes y los internautas son detenidos con frecuencia por difundir contenidos críticos en las redes sociales. La enfermera Ada Macuare, por ejemplo, fue arrestada en julio de 2021, tres días después de denunciar la escasez de vacunas y los bajos salarios de los trabajadores de la salud a través de WhatsApp. Macuare fue acusada de incitación al odio y al terrorismo y estuvo detenida durante 13 días antes de que le concedieran libertad provisional con medidas cautelares que le imponen comparecer ante el tribunal cada 30 días.126

En junio de 2021, Rafael Rattia, columnista de El Nacional, fue detenido por un artículo en el que criticaba a un exministro de Educación. Fue acusado de incitación al odio. Rattia estuvo detenido dos días antes de ser liberado con medidas cautelares.127

El humor no está exento de ser penalizado. Las casas de los humoristas Napoleón Rivero y Rubén Morales fueron allanadas y sus equipos de trabajo fueron incautados por autoridades venezolanas en septiembre de 2021 128 luego de que publicaran un video de parodia en YouTube en el que se referían al mal estado de los servicios públicos responsabilizando al PSUV. Fueron acusados de incitación al odio y de delitos informáticos. Ambos, que residen en Colombia, cuentan con órdenes de captura si pisan suelo venezolano.129

En abril de 2021, Olga Mata de Gil y su hijo Florencio fueron arrestados por un video publicado en TikTok. En el video ella estaba haciendo arepas rellenas con nombres de funcionarios del gobierno. En el video, Mata de Gil hizo un juego de palabras, usando los ingredientes para aludir a ciertos escándalos vinculados con los funcionarios. Finalmente, hizo una arepa viuda (sin relleno) y la denominó Cilia Flores (como la esposa de Maduro) afirmando que “todos los venezolanos deseamos que Flores enviude”. A través de su cuenta en Twitter, el fiscal general Tarek William Saab la señaló por “incitar al asesinato de figuras públicas”. Finalmente, fue acusada de incitar al odio y encarcelada brevemente. Fue liberada, pero con la orden de comparecer ante el tribunal cada 30 días y de publicar un video de disculpa pública desde la jefatura de policía.130

Durante este periodo algunos casos contra periodistas evolucionaron positivamente. En septiembre de 2021, cinco años después de su arresto inicial, el periodista Braulio Jatar fue absuelto de todos los cargos y recibió libertad plena. Jatar, director del medio independiente Reporte Confidencial, había estado encarcelado durante nueve meses en 2016 luego de ser arrestado por una publicación sobre protestas en contra de Maduro. Había sido puesto bajo arresto domiciliario en 2017 y puesto en libertad en 2019, aunque con medidas cautelares como la prohibición de salida del país y la obligación de comparecer al tribunal cada 15 días.131

En febrero de 2022 se anunció públicamente que se había ordenado el archivo del caso contra Luis Carlos Díaz, periodista, defensor de derechos humanos y ciberactivista. Las medidas cautelares a las que fue sometido, incluida la prohibición de salir del país, fueron derogadas. No obstante, el archivo del caso no significa que se le haya concedido libertad plena y puede ser reabierto. El caso, armado sobre la supuesta participación de Díaz en un complot para provocar el apagón eléctrico de marzo de 2019, había estado en curso durante casi tres años.132

 

C4 (0-4)

 

¿El gobierno impone restricciones a la comunicación anónima o el cifrado?

2

La constitución prohíbe expresamente el anonimato. Para comprar un teléfono celular, una tarjeta SIM o un módem USB para acceder a la banda ancha móvil, la ley venezolana exige que los clientes registren su número de identificación personal, dirección, firma y huellas dactilares. 133 El gobierno no restringe ampliamente las tecnologías de encriptación u otras herramientas de privacidad digital, aunque varios proveedores han bloqueado las VPN en los últimos años (ver B1).

 

C5  (0–6)

 

¿La vigilancia estatal de las actividades de Internet infringe el derecho a la privacidad de los usuarios?

2

Si bien la constitución reconoce principios aplicables a la protección de datos personales, tales como la salvaguarda del honor, la privacidad, la imagen pública, la confidencialidad y la reputación, así como el acceso a la información, no existen leyes ni reglamentos dirigidos a la protección de datos. Existen preocupaciones sobre la capacidad del gobierno para hacer un uso indebido de los datos personales recopilados a través de distintos programas del Estado. En ausencia de una legislación de protección de datos personales, el destino, el almacenamiento y el propósito final de la recopilación de información por parte del Estado siguen siendo desconocidos.134

Las actividades de vigilancia y contrainteligencia han aumentado desde 2013, cuando el gobierno publicó el Plan de la Patria 2013-19, que puso el fortalecimiento de la defensa nacional entre sus prioridades. 135 Dada la falta de supervisión independiente, existen preocupaciones sobre la facilidad con la que se podría implementar el filtrado y la vigilancia sistemáticos de contenido. Los activistas digitales también han expresado su alarma por el creciente interés del gobierno en invertir en sistemas y operaciones de inteligencia.136

Un decreto emitido en octubre de 2013 creó el Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), un organismo especial encargado de monitorear y rastrear las redes sociales y otra tipo de información en línea. 137 Agentes de la Guardia Nacional también habrían sido capacitados por el ministerio de comunicación e información en el manejo de redes sociales para la “implementación de alertas tempranas” con el fin de informar “con veracidad” a los venezolanos y detectar amenazas “para defender… la soberanía nacional”.138

El gobierno cuenta con una amplia variedad de medios para recopilar datos personales de los ciudadanos a través de programas públicos. El Carné de la Patria recopila datos básicos, incluyendo la dirección y la fecha de nacimiento de los usuarios, así como otra información de tipo personal, como la afiliación a un partido político. 139 La aplicación móvil VeQR-Somos Venezuela está asociada a este carné. Para solicitar beneficios sociales, los ciudadanos deben escanear el código de Respuesta Rápida (QR) de su tarjeta y activar el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de su teléfono celular, lo que podría permitir que el gobierno rastree tanto sus datos personales como su ubicación. 140 Según Reuters, ZTE está trabajando dentro de una unidad especial de CANTV que administra la base de datos del Carné.141

A partir de 2020, el Carné de la Patria ha implementado nuevas funcionalidades hasta convertirse en el Sistema Patria. 142 A través de este sistema, los venezolanos pueden registrarse para recibir beneficios sociales, independientemente de si tienen o no el carné, para acceder a una billetera virtual donde pueden recibir pagos, como pensiones de vejez, entre otros. 143 Esta billetera virtual está integrada al sistema de biopago del banco de Venezuela, un punto de venta biométrico disponible en las agencias bancarias y en algunas tiendas. 144 A partir de junio de 2020, el acceso a la tarifa subsidiada de la gasolina requería que el vehículo estuviera registrado en Sistema Patria 145 y los clientes pueden utilizar tanto la billetera del sistema como los dispositivos de biopago disponibles en las estaciones de servicio.146

El Sistema Patria parece no tener límites y sigue agregando funcionalidades. A partir de octubre de 2020 incorporó el pago de servicios públicos, como agua y electricidad, y la recarga de los planes de telefonía móvil. 147 En mayo de 2021, el Ministerio de Salud anunció que las vacunas contra el COVID-19 se asignarían mediante sorteo entre las personas registradas en Sistema Patria, aunque también anunció una alternativa para las personas no registradas. 148 En mayo de 2022, el gobierno anunció la incorporación al Sistema de la funcionalidad 1x10 de Buen Gobierno, que permite a los usuarios registrarse a través del Sistema Patria y enviar mensajes directamente a los funcionarios del gobierno local.149

Los usuarios también podrán conectarse con el 1x10 de Buen Gobierno sistema a través de Ven App (ver B5). 150 Los defensores de los derechos digitales han expresado serias preocupaciones sobre las amenazas de Ven App a la privacidad del usuario. Para descargar la aplicación, los usuarios deben permitir el acceso a la geolocalización en tiempo real y a la cámara del teléfono, y dar acceso a la modificación de sus calendarios, al contenido de las tarjetas SD, al micrófono de los dispositivos y a las aplicaciones de correo electrónico.151

El gobierno venezolano ha tomado otras medidas para aprovechar sus capacidades de vigilancia. Según organizaciones de derechos humanos, las detenciones de sindicalistas, trabajadores de la salud, periodistas y ciudadanos del común debido a mensajes que han circulado en plataformas como WhatsApp y Twitter indican que el gobierno ejerce vigilancia en estos espacios.152

En noviembre de 2020, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a la empresa china CEIEC por apoyar los esfuerzos de vigilancia digital del gobierno venezolano. 153 Un experto en la relación entre Beijing y Caracas afirmó que el apoyo tecnológico para la vigilancia y el control social es un componente central de esta.154

En septiembre de 2020, Haaretz informó que, a pesar de las sanciones estadounidenses que prohíben las exportaciones a Venezuela, la empresa israelí Cellebrite vendió tecnología de piratería telefónica al gobierno de Maduro, según declaraciones de funcionarios del gobierno. 155 En octubre de 2021, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) transmitió a través de la televisión estatal un video donde exponía el uso de Cellebrite, supuestamente con fines de lucha contra el crimen. Esta herramienta puede desbloquear y extraer datos de teléfonos móviles, incluidos datos cifrados. La transmisión generó alarma entre los activistas de derechos humanos en el país, en parte debido a la historia de abusos contra los derechos humanos de la DGCIM, incluida la tortura de los detenidos bajo su custodia.156

A fines de mayo de 2020, el Proyecto de detección de antenas falsas informó que había encontrado actividad anómala en al menos 33 antenas celulares en Caracas, lo que podría indicar el uso de receptores de identidad de suscriptor móvil internacional (IMSI, en inglés). Estas antenas fueron encontradas cerca de las oficinas de medios críticos, organizaciones de derechos humanos y áreas de protesta, al igual que en la frontera entre Colombia y Venezuela. 157 El estudio, que detectó que los equipos están ubicados en las sedes de las agencias de seguridad, llevó a los investigadores a creer que las fuerzas de seguridad pueden operar las antenas con fines de inteligencia.158

Reportes indican que el Comando Estratégico Operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) cuenta con una sala de ciberdefensa que monitorea campañas de descrédito militar, así como declaraciones oficiales contra Venezuela e información que, según las autoridades, podrían originar una crisis nacional. Según los informes, el grupo también perpetra ataques cibernéticos contra sitios web venezolanos, incluidos sitios de noticias (ver C8), y se coordina con CANTV para bloquear los medios de comunicación.159

C6 (0-6)

 

¿La vigilancia y recopilación de datos de los usuarios por parte de los proveedores de servicios y otras empresas tecnológicas vulnera el derecho a la intimidad de los usuarios?

2

Existen requisitos obligatorios de retención de datos para las compañías telefónicas, incluidas las que brindan servicios de telefonía móvil. Una resolución administrativa emitida por CONATEL en octubre de 2017 estableció que los operadores deben proporcionar la información recopilada a los servicios de seguridad previa solicitud, sin especificar la necesidad de una orden judicial. Los datos que se deben recopilar incluyen direcciones de protocolo de Internet (IP), fechas y horas de conexiones, ubicaciones geográficas y detalles de llamadas y mensajes de texto enviados o recibidos. El reglamento también establece que para comprar una SIM o un teléfono móvil, los clientes deben proporcionar datos como correo electrónico, huellas dactilares y una fotografía digital tomada en el lugar de la transacción.160

Manuel Ricardo Cristopher Figuera, exdirector del SEBIN y refugiado en Estados Unidos, reveló en abril de 2020 al medio independiente Tal Cual que las empresas de telecomunicaciones en Venezuela facilitan la vigilancia estatal de los opositores. Una operación, por ejemplo, hizo que las empresas clonaran números de teléfono, interceptaran correos electrónicos y eliminaran páginas web. Figuera identificó a Movistar como una de las empresas que han tomado tal medida. En un caso, los números de teléfono pertenecientes a soldados que se habían opuesto al gobierno en abril de 2019 y huyeron de Venezuela fueron presuntamente clonados por la administración de Maduro con el conocimiento de las empresas de telecomunicaciones. Figuera afirmó además que el gobierno usó los números de teléfono clonados para crear cuentas falsas en las redes sociales impersonando a los soldados, que luego se usaron para comunicarse con otros usuarios y perseguir o detener a quienes expresaran su apoyo.161

En un informe de transparencia de 2021, publicado en agosto de 2022, luego del período de cobertura, Telefónica, propietaria de Movistar, reveló que más de 1,5 millones de líneas telefónicas pertenecientes a usuarios de Movistar habían sido afectadas por la interceptación de comunicaciones ese año. Esto representa alrededor del 20 % de todos los usuarios de Movistar en el país.162

Otras medidas afectan a las empresas que ofrecen servicios en línea como la banca. En noviembre de 2020, la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), la agencia gubernamental que supervisa las operaciones bancarias, introdujo un requisito para monitorear las operaciones comerciales y financieras de las organizaciones sin fines de lucro, supuestamente para demostrar la existencia de simpatizantes vinculados a actividades delictivas; el monitoreo requiere la entrega de información sensible de los clientes del banco.163

 

C7 (0-5)

 

¿Son las personas objeto de intimidación extralegal o violencia física por parte de las autoridades estatales o de cualquier otro agente en relación con sus actividades en línea??

1

La puntuación mejoró de 1 a 2 porque la violencia física en represalia por las actividades en línea, aunque sigue siendo una amenaza para los usuarios, especialmente para los periodistas, se registró en menor medida que en los últimos años.

Los periodistas, incluidos los que trabajan en línea, se enfrentan a la violencia, la intimidación, las amenazas y, en ocasiones, a ataques físicos por parte del Estado, las fuerzas de seguridad y la población civil, en un entorno de impunidad.

En su informe de septiembre de 2020, la misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU) en Venezuela identificó la tortura, durante la detención, y las ejecuciones extrajudiciales, durante las operaciones de seguridad, entre los abusos contra los derechos humanos perpetrados por el gobierno, incluidas las detenciones arbitrarias en represalia por publicaciones en redes sociales.164

Los periodistas de medios digitales a veces enfrentan acciones de violencia mientras cubren eventos políticos. En enero de 2022, mientras cubrían un referéndum, los periodistas Juan Carlos Neira de Noticiero Digital y Jesús Rey de la plataforma digital de noticias Portuguesa Reporta fueron hostigados e intimidados. Neira fue golpeado y su equipo robado por desconocidos. Uno de los guardaespaldas del alcalde Rafael Torrealba le pidió a Rey sus credenciales de prensa y le exigió que borrara las fotos que había tomado de una recolección de firmas para el referéndum.165

Los ataques físicos contra periodistas en general tampoco son infrecuentes. En junio de 2021, la escritora y periodista Milagros Mata-Gil fue víctima de un ataque con arma blanca por parte de dos agresores desconocidos. Mata-Gil había sido arrestada y detenida brevemente en abril de 2021, acusada de incitación al odio por escribir y compartir un artículo a través de WhatsApp y Facebook en el que contaba que el fiscal general Tarek William Saab había asistido a una fiesta celebrada en medio del confinamiento ordenado durante la pandemia de COVID-19. Tras ser liberada, denunció que le dijeron que no podía usar las redes sociales para hacer comentarios sobre este tema ni sobre las personas involucradas. 166

La violencia física contra los periodistas también se registró durante el período de cobertura anterior. En agosto de 2020, varios periodistas, incluidos los de El Pitazo y VPITV, fueron atacados por grupos violentos en la sede del partido Acción Democrática en Caracas. 167 Jamel Louka, periodista de Diario La Antena y El Pitazo, recibió un disparo en el brazo durante un intento de secuestro en diciembre de 2020. Si bien Louka dijo desconocer el motivo del ataque, había informado regularmente sobre la crisis económica del país, lo que generó sospechas de represalias.168

La intimidación y el hostigamiento contra periodistas, a veces promovidas por actores estatales, son comunes. Algunos periodistas se han visto obligados a exiliarse debido a las amenazas, 169 y los familiares de periodistas que viven en el exilio a veces enfrentan hostigamiento por parte de las autoridades en Venezuela. En octubre de 2021, las autoridades allanaron la casa de los padres del periodista de Armando.info Roberto Deniz, en Caracas. El día anterior, las autoridades habían emitido una orden de arresto por cargos de incitación al odio (ver C3) contra Deniz, quien se encontraba exiliado en Colombia. Según los informes, el allanamiento duró varias horas. Las autoridades no confiscaron nada, pero llevaron al hermano de Deniz a la jefatura de policía y lo interrogaron, antes de dejarlo en libertad sin cargos. 170 Durante el período de cobertura, Deniz también fue blanco de campañas orquestadas en línea con el fin de desacreditar su trabajo y difundir información falsa sobre él (ver B5).171

La ONG Espacio Público ha documentado una tendencia de violencia de género en línea contra usuarias y periodistas. Tal violencia toma la forma de acoso en línea y lenguaje amenazante, a veces directamente de actores estatales, así como de chantajes y amenazas de exponer la información personal de las mujeres.172

 

C8 (0-3)

 

 ¿Son los sitios web, las entidades gubernamentales y privadas, los proveedores de servicios o los usuarios individuales objeto de piratería informática generalizada y otras formas de ciberataque?

0

Los ataques técnicos a menudo tienen como objetivo los medios de comunicación digitales y las organizaciones de derechos humanos, y existe una fuerte sospecha de que el Estado está detrás de ellos. Durante el período de cobertura, los sitios de los medios Tal Cual y RunRunesWeb informaron sobre ataques cibernéticos recibidos.173

En febrero de 2022, Tal Cual informó haber sido víctima de un ataque de denegación de servicio (DdoS, en inglés). El medio atribuyó el ataque al reportaje que publicaron sobre la fiesta de cumpleaños de un empresario que se llevó a cabo en monumento natural, en violación de las normas ambientales, a la que asistieron altos funcionarios. Según informaron, el sitio web de RunRunes Web también había sido objeto de un ciberataque en diciembre de 2021, cuando informó sobre nuevos proyectos de construcción, financiados por empresas privadas y aprobados por la administración de Maduro, que representan una grave amenaza a un parque nacional. 174 Durante el período de cobertura anterior, varios medios de comunicación fueron objeto de ciberataques, incluido Tal Cual, que fue objeto de un ataque DDoS en enero de 2021.175

En abril de 2022, VE sin Filtro informó haber documentado un aumento en los intentos de phishing en WhatsApp, Esta organización señaló que durante el periodo de cobertura habían ayudado a más periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil víctimas de estos ataques que en años anteriores. En un incidente, una ONG perdió el control de una cuenta de WhatsApp que utilizaba para comunicarse con víctimas de violaciones de derechos humanos en un ataque que probablemente fue perpetrado por actores estatales o en coordinación con ellos.176

Las instituciones gubernamentales también han sido objeto de ciberataques en el pasado. En abril de 2021, el colectivo de hackers Anonymous Venezuela anunció que había declarado “estado de guerra cibernética contra el gobierno”. Ese mismo día, varios servicios estatales, incluido el sistema de biopago del Banco de Venezuela, quedaron inaccesibles; Anonymous Venezuela se atribuyó la responsabilidad. 177

La Ley Especial contra los Delitos Informáticos, en vigor desde 2001, cuenta con disposiciones que sancionan estos ciberataques, aunque no han sido aplicadas.178

On Venezuela

See all data, scores & information on this country or territory.

See More
  • Global Freedom Score

    14 100 not free
  • Internet Freedom Score

    30 100 not free
  • Freedom in the World Status

    Not Free
  • Networks Restricted

    No
  • Websites Blocked

    Yes
  • Pro-government Commentators

    Yes
  • Users Arrested

    Yes