Venezuela

Not Free
16
100
PR Political Rights 2 40
CL Civil Liberties 14 60
Last Year's Score & Status
19 100 Not Free
Global freedom statuses are calculated on a weighted scale. See the methodology.

Población:                              28.500.000

Capital:                                  Caracas

Condición de libertad:         No libre

Democracia electoral:          No

 

Aspectos Generales

Si bien las instituciones democráticas venezolanas se han venido deteriorando desde 1999, las condiciones han empeorado marcadamente en los últimos años debido a la constante concentración de poder en el Ejecutivo y las medidas de mano dura contra la oposición. Las autoridades han cerrado prácticamente todos los canales de disenso político, restringido las libertades civiles y procesado judicialmente a quienes perciben como opositores con total desestimación del debido proceso. La grave crisis humanitaria del país implica que millones de personas están luchando por cubrir sus necesidades básicas, además de ser un factor de impulso de la emigración masiva. La corrupción del gobierno es omnipresente y las fuerzas del orden no han logrado detener la delincuencia violenta.

Hechos clave en 2019

  • En enero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le tomó juramento presidencial a Nicolás Maduro tras su victoria en unas elecciones repentinas que, además de no cumplir los criterios internacionales mínimos, recibieron una condena generalizada de ilegitimidad. 
  • En enero la Asamblea Nacional, cuyos miembros fueron elegidos democráticamente, declaró a su presidente, Juan Guaidó, presidente interino del país en una respuesta constitucional a la reelección de Maduro tras el defectuoso proceso electoral del año anterior. Desde ese momento Guaidó ha recibido el respaldo de más de cincuenta países, incluido Estados Unidos. Maduro, que ha consolidado su poder en casi todas las instituciones venezolanas y cuenta con el apoyo de las poderosas fuerzas armadas del país y de actores internacionales partidarios del sistema, tales como Cuba y Rusia, se ha negado a renunciar al poder.  
  • En el primer semestre de 2019, en particular en enero y mayo, se produjeron manifestaciones masivas de quienes apoyaban la proclamación presidencial de Guaidó. Las fuerzas de seguridad y los grupos armados aliados respondieron violentamente y se informaron decenas de muertes relativas a las protestas. En las manifestaciones más grandes se realizaron detenciones arbitrarias en masa.
  • En septiembre el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de Maduro anunció que pondría fin al boicot de tres años de la Asamblea Nacional y que los legisladores volverían a ocupar sus escaños. Hay analistas que sugieren que esa situación constituye una señal de que es posible que Maduro procure controlar dicho órgano mediante una convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias en 2020. La Asamblea Nacional Constituyente, partidaria del gobierno y efectivamente creada por Maduro para reemplazar a la Asamblea Nacional controlada por la oposición, continuó sus funciones como órgano legislativo paralelo con el fin de empoderar a Maduro.

DERECHOS POLÍTICOS: 2 / 40 (−1)

A. Proceso Electoral: 0 / 12

A1. ¿El actual jefe de Estado u otro jefe de gobierno han sido elegidos mediante elecciones libres y justas?

0 / 4

El presidente cumple mandatos de seis años. Desde 2009 ni el presidente ni ningún otro funcionario electo han estado sujetos a límites temporales en la duración de sus cargos.

En enero de 2019 Nicolás Maduro, el presidente en ejercicio, prestó juramento para ocupar el cargo en un nuevo mandato tras haber resultado victorioso en las elecciones presidenciales repentinas celebradas en 2018, en las cuales se registró una baja participación récord (un 46%) lo que indica una drástica disminución comparada con la participación de casi el 80% en los comicios presidenciales de 2013. Si bien inicialmente las elecciones se habían programado para diciembre de 2018, la Asamblea Nacional Constituyente (el órgano partidario del gobierno elegido antidemocráticamente que en 2017 reemplazó a la Asamblea Nacional controlada por la oposición que había sido elegida dos años antes) las adelantó a abril y finalmente a mayo. La decisión adelantar el proceso eleccionario fue ampliamente criticada como una instancia para beneficiar a Maduro, ya que de ese modo se le daba poco tiempo a una oposición dividida y paralizada para unirse en torno a un candidato unitario y comicios se realizarían antes del empeoramiento de las ya funestas condiciones económicas. Figuras líderes de la oposición, como Leopoldo López y Henrique Capriles, quedaron proscritas para participar en la contienda electoral. Maduro buscaba intimidar a los votantes al insistir que debían presentar el denominado Carnet de la Patria (la tarjeta especial de identidad necesaria para recibir alimentos subsidiados y otros servicios) en casetas operadas por el gobierno cercanas a los sitios de votación. Esta situación generó una percepción de que a los que no votaran podría eliminárseles la ayuda. La mayoría de las informaciones internacionales indicaba que las elecciones habían carecido de siquiera un viso de competitividad.

En enero de 2019 la Asamblea Nacional elegida democráticamente declaró a Juan Guaidó, su presidente, presidente interino del país como respuesta constitucional a la reelección de maduro, lograda mediante un proceso electoral que no cumplía criterios internacionales mínimos y que fue condenado ampliamente como ilegítimo. A la fecha Guaidó ha recibido el apoyo de más de 50 países, incluido Estados Unidos. Para fines del año Maduro, quien cuenta con el apoyo generalizado de las fuerzas armadas venezolanas y mantiene un fuerte control de las instituciones del país, continuaba en el poder.

A2. ¿Los actuales representantes legislativos nacionales fueron elegidos mediante procesos electorales libres y justos?

0 / 4

La Asamblea Nacional es unicameral y cuenta con 167 escaños. Sus miembros son elegidos por voto popular por mandatos quinquenales mediante un mecanismo que combina votos mayoritarios y de representación proporcional. Se reservan tres escaños para los representantes de los pueblos indígenas. En las elecciones de 2015 la coalición opositora, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) logró 109 escaños, en tanto que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo 55. El gobierno impugnó ulteriormente ciertas victorias de la oposición, lo que impidió que el MUD consiguiera la mayoría de dos tercios.

 En el transcurso de 2016 el TSJ anuló legislación promulgada por la Asamblea Nacional. En 2017 el gobierno de Maduro la sustituyó por la Asamblea Nacional Constituyente, un nuevo órgano, conformada en su totalidad por legisladores leales al régimen elegidos mediante un proceso antidemocrático. En las elecciones de los miembros de la nueva asamblea no se les confirió a los votantes la opción de rechazar su creación; fueron ampliamente tildadas de inconstitucionales y desestimadas por la oposición, la cual boicoteó la votación.

Si bien en términos formales la tarea de la Asamblea Nacional Constituyente es la redacción de una nueva constitución, en la práctica ha funcionado como un órgano legislativo paralelo dedicado a empoderar a Maduro. Sus sesiones continuas en 2019 reforzaron la realidad de que, en los hechos, reemplaza a la legítima Asamblea Nacional.

En septiembre de 2019 el PSUV anunció que pondría fin al boicot trienal que había realizado a la Asamblea Nacional y que sus legisladores regresarían a sus escaños. Hay analistas que sugieren que esa situación constituye una señal de que es posible que Maduro procure controlar dicho órgano mediante una convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias en 2020.

A3. ¿El marco jurídico y la legislación en materia electoral son justos y los correspondientes órganos eleccionarios los aplican de manera imparcial?

0 / 4

El sistema electoral venezolano es objeto de manipulación política e interferencia institucional a favor del partido gobernante. El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene cinco miembros, cuatro de los cuales están abiertamente alineados con el PSUV. En muy pocas ocasiones el CNE determinó que el partido gobernante había vulnerado las normas, lo cual genera un sistema según el cual la oposición se halla sumamente regulada y el gobierno actúa en forma irrestricta. Tras su creación en 2017 la Asamblea Nacional Constituyente asumió la función constitucional de la Asamblea Nacional en materia de selección y confirmación de los integrantes del CNE. Asimismo, la Asamblea Nacional Constituyente se ha arrogado ciertas funciones del CNE, tales como la fijación de fechas para la celebración de elecciones. En mayo de 2019 Maduro le indicó a la debilitada Asamblea Nacional (encabezada por Juan Guaidó, líder de la oposición) que estaba dispuesto a realizar elecciones en 2019 en vez de en 2020, aunque finalmente desistió de esa idea.

Una de las características de los procesos electorales recientes ha sido que las autoridades no han respetado estándares reconocidos internacionalmente en materia de elecciones libres y justas. Tanto en las contiendas presidenciales como en las legislativas se han producido inhabilitaciones de prominentes candidatos de la oposición, abuso de los recursos públicos por parte del gobierno, acceso desigual a los medios masivos de comunicación dominados por el Estado, reducida presencia de observadores internacionales, intimidación de empleados públicos y división arbitraria de distritos electorales a favor del partido gobernante.

B. Pluralismo Y Participación Política: 2 / 16 (−1)

B1. ¿El ciudadano tiene derecho a organizarse en diferentes partidos políticos o en otras agrupaciones políticas que participan en la contienda electoral? ¿El sistema carece de obstáculos indebidos que afecten el ascenso y caída de dichos partidos y agrupaciones?

0 / 4

Los líderes de la oposición son asediados, atacados y encarcelados, además de impedírseles mediante diversos mecanismos participar en procesos políticos o en puestos de dirigencia de partidos políticos en el marco de actividades pacíficas. Desde 2015 al menos 30 de los 112 diputados de la oposición elegidos para conformar la Asamblea Nacional, incluido su actual presidente, fueron despojados de su inmunidad parlamentaria o sufrieron algún otro tipo de represalia legal; la mayoría de esas instancias se suscitaron en 2018 y 2019.

En 2019 el gobierno tomó medidas de mano dura para con los aliados de Guaidó tras la declaración de la Asamblea Nacional, elegida democráticamente, de que este último fungiría como presidente interino del país. En marzo Roberto Marrero, su jefe de gabinete, fue detenido en su hogar y acusado de terrorismo; aún seguía detenido para fines del año. Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional, se encontraba entre las 17 personas detenidas en mayo por la presunta participación en un intento de derrocamiento de Maduro. Inicialmente su familia no consiguió el permiso para visitarlo, aunque lo obtuvo después de que Zambrano se embarcó en una huelga de hambre que duró 10 días. Si bien finalmente fue liberado en septiembre, las acusaciones contra él siguen vigentes.

Asimismo, en junio fueron detenidos seis militares y oficiales de policía acusados de participar en otro complot en contra de Maduro. Uno de ellos, un oficial de la armada venezolana de nombre Rafael Acosta, murió a fines de junio durante su detención. Guaidó, el Departamento de Estado estadounidense y los periodistas que tuvieron acceso a los informes de autopsia atribuyeron su fallecimiento a actos de tortura. A fines de diciembre de 2019 Maduro ordenó la detención de dos diputados de la oposición, Janet Fernández y Fernando Orozco, por su participación en una presunta conspiración en contra de su presidencia.

Por otro lado, Leopoldo López, fundador de dos de los partidos de la oposición, continuaba efectivamente confinado a fines de año, tras haberse asilado en la residencia del embajador de España en Venezuela después de haber escapado de su arresto domiciliario en abril de 2019.

Del 19 al 21 de junio de 2019 Venezuela permitió la visita al país de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El informe resultante de dicha visita elaborado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) indicó que en el transcurso de la última década el gobierno venezolano había aplicado una estrategia  orientada a “neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores políticos y a críticos del Gobierno”. El informe indica también que “hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad” y concluye que las fuerzas del gobierno torturaron a prisioneros políticos o les aplicaron tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes con el objeto de “extraer información y confesiones, intimidar y sancionar”. El informe agrega que entre dichas prácticas se encuentran “la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”.

B2. ¿La oposición tiene realmente la oportunidad de aumentar su apoyo o lograr el poder mediante elecciones?

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Si bien el descontento con el régimen de Maduro sigue siendo generalizado, el gobierno ha cortado prácticamente todas las vías hacia un cambio político. Tras haber avanzado con dificultades hasta lograr que, en efecto, la Asamblea Nacional fuera reemplazada por la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, en 2018 Maduro se aseguró de que ninguna de las figuras de la oposición conocidas públicamente pudiera competir con él en las elecciones presidenciales de dicho año. La Asamblea Nacional Constituyente prohibió que los partidos de la oposición (que boicotearon las elecciones municipales de 2017 debido a las condiciones injustas de su celebración) se presentaran en las elecciones presidenciales con sus propios nombres, lo que llevó a la coalición del MUD a declarar su boicot del proceso. Los partidos de la oposición boicotearon también los comicios municipales de diciembre de 2018, en los que participó solamente un 27% de los votantes. En 2019, después de que la Asamblea Nacional elegida democráticamente tomara la decisión de designar a Guaidó como presidente interino, Maduro seguía manteniendo un firme control del poder.

López y Henrique Capriles, prominente figura de la oposición y exgobernador del estado de Miranda, se encuentran proscritos para ocupar cargos públicos.

B3. ¿Las opciones políticas de la ciudadanía no se encuentran dominadas por fuerzas ajenas a la política o por fuerzas políticas que recurren a métodos que están más allá del ámbito político?

0 / 4 (−1)

Para retener el poder político el régimen de Maduro recurre cada vez más a las fuerzas militares y paramilitares, así como al turbio respaldo de estados extranjeros.

Los dirigentes militares han tomado el control de numerosas carteras, además de aumentar su propia potencia política y económica, transformándose en uno de los grupos más importantes del seno de la coalición de poder de Maduro. Asimismo, en 2019 Maduro siguió fortaleciendo la Milicia Bolivariana, un grupo de milicias civiles creado en 2008 por el presidente Hugo Chávez Frías, ya fallecido, con el objeto de dar apoyo a las fuerzas armadas. Según el gobierno, en 2019 la Milicia Bolivariana contaba con más de 3 millones de miembros. En agosto un contingente de dicha milicia se incorporó a la Guardia Nacional, uno de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela. En noviembre Maduro anunció la distribución de más de 321.000 fusiles a integrantes de la milicia encargados de patrullar las calles en el marco del plan navideño de seguridad pública. En diciembre el gobierno anunció que la Asamblea Nacional Constituyente debatiría legislación por la cual la milicia sería considerada oficialmente el quinto componente de las fuerzas castrenses. Mientras tanto el informe de la Oficina de la ACNUDH, publicado tras la visita de Bachelet al país, indica que se ha producido “una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década”.

Por otro lado existen los denominados “colectivos”, grupos armados irregulares afiliados al Estado, que rutinariamente cometen actos de violencia civil, en particular en las manifestaciones en contra del régimen, además de poner en práctica acciones del gobierno para intimidar a los votantes. En el periodo entre enero y mayo de 2019 la Oficina de la ACNUDH le atribuyó a los colectivos una serie de muertes ocurridas durante las manifestaciones.

El gobierno de Maduro depende cada vez más de aliados extranjeros para mantener su poder, en particular de Cuba y Rusia. En 2019 medios de Rusia informaron que se habían programado inversiones públicas de ese país por 1.000 millones de dólares en el sector petrolero y minero de Venezuela, lo cual proporcionaría al régimen un apoyo esencial durante un periodo de grave crisis económica.

Cuba ejerce una influencia considerable en las fuerzas militares. En agosto de 2019 un informe de Reuters reveló que en 2008 Chávez y el presidente Fidel Castro, también ya fallecido, habían firmado convenios para permitir que las fuerzas armadas cubanas “entrenaran soldados en Venezuela, examinaran y restructuraran partes del sector castrense venezolano, capacitaran a agentes de inteligencia venezolanos en La Habana y cambiaran la misión de los servicios de inteligencia del espionaje a países rivales a la vigilancia de los propios soldados, oficiales e incluso comandantes de algo rango”. Las revelaciones indicaron que la influencia cubana es prominente en la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, que ha sido acusada de actos de tortura, espionaje político y detenciones arbitrarias. Los especialistas en seguridad entrevistados por Reuters señalaron que los acuerdos eran fundamentales para el establecimiento de un respaldo militar a Maduro, lo que lo ha ayudado a sobrevivir impugnaciones a su poder.

Cambio en la calificación. La calificación se redujo de 1 a 0 debido a que en los últimos años el régimen de Maduro se ha apoyado cada vez más en fuerzas militares y paramilitares, así como en el turbio respaldo de otros países para retener el poder político.

B4. ¿Los diversos segmentos de la población (étnicos, religiosos, de género, LGBT y demás grupos pertinentes) cuentan con derechos políticos y oportunidades electorales plenas?

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Si bien varias mujeres ocupan altos cargos en el gobierno, la deficiente representación femenina en el ámbito político contribuye a una falta de debates normativos sobre los temas que las afectan primordialmente, tales como la violencia de género. La discriminación de los venezolanos LGBT+ afecta su capacidad de participación en los procesos electorales y políticos. Si bien el gobierno ha expresado su apoyo a los derechos de los pueblos indígenas, en la práctica carecen de una representación política significativa. Algunos líderes indígenas no obtuvieron la autorización para presentarse como candidatos a cargos públicos; otros fueron objeto de campañas de estigmatización realizadas por el gobierno. 

El reemplazo efectivo en 2017 de la Asamblea Nacional por la Asamblea Nacional Constituyente, partidaria del gobierno, suprimió en efecto las protecciones constitucionales creadas para asegurar la representación de indígenas y de otros grupos.

C. Funcionamiento Del Gobierno: 0 / 12

C1. ¿Las políticas de gobierno son determinadas por el jefe de gobierno y por los representantes legislativos nacionales elegidos libremente?

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Venezuela no funciona como una democracia representativa. En términos prácticos, desde las elecciones de 2015 la legislatura controlada por la oposición no ha tenido la capacidad de ejecutar su mandato constitucional. A partir de agosto de 2017 fue reemplazada por un órgano repleto de lealistas al régimen elegidos en condiciones antidemocráticas. Si bien la Asamblea Nacional nunca fue disuelta formalmente, la nueva Asamblea Constituyente se arrogó amplísimas facultades legislativas, lo que esencialmente despojó al órgano anterior de toda funcionalidad.

Varios oficiales militares, muchos de ellos en servicio activo, ocupan diversos cargos de jerarquía en los ministerios gubernamentales y en las administraciones estatales; las fuerzas armadas desempeñan rutinariamente deberes del gobierno.

C2. ¿Son sólidas y eficaces las protecciones en contra de la corrupción oficial?

0 / 4

En Venezuela existe una corrupción desenfrenada. Las políticas económicas del gobierno, particularmente las relativas a su moneda y al control de precios, ofrecen considerables oportunidades de actividades en el mercado negro y de colusión entre los empleados públicos y las redes de delincuencia organizada, al tiempo que exacerban los efectos de la crisis económica para los venezolanos de las clases media y baja.

Estados Unidos, Canadá, Panamá y la Unión Europea (UE), entre otros, siguen aplicando sanciones a los funcionarios venezolanos por delitos de corrupción y por otros ilícitos que no se investigan en el país. A modo de ejemplo cabe notar que en julio de 2019 Estados Unidos impuso sanciones a tres hijastros de Maduro y a 13 empresas por defalcar fondos provenientes de “contratos sobrevalorados”, entre los que se encontraban los relativos al programa público de distribución de alimentos, de importancia vital para los millones de venezolanos afectados por la escasez de comestibles, que los funcionarios suelen explotar con fines políticos.

C3. ¿El gobierno funciona de forma abierta y transparente?

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Prácticamente no existe transparencia en materia de gasto público. El régimen de Maduro continúa sin publicar datos económicos esenciales, tales como estadísticas correspondientes a la inflación mensual. En 2017 el presidente Maduro destituyó al ministro de salud después de que el ministerio publicara datos que confirmaban un drástico aumento en la mortalidad materna e infantil.

LIBERTADES CIVILES: 14 / 60 (−2)

D. Libertad DE Expresión Y DE Creencia: 7 / 16 (−1)

D1. ¿Existen medios de comunicación libres e independientes?

1 / 4

Los periodistas independientes de Venezuela operan en un entorno jurídico y normativo sumamente restrictivos. Su labor los expone a riesgos de detención y de violencia física. A fines de 2019 la mayoría de los periódicos independientes del país habían cerrado sus puertas o se habían trasladado a formato digital exclusivamente, lo que los hace objeto de frecuentes bloqueos que suelen suscitarse en momentos en los que la tensión política se ve profundizada. (Los periodistas venezolanos han señalado que el control gubernamental del papel prensa acelera la caída de las publicaciones escritas en el país).

Las restricciones a los medios de comunicación digitales son aplicadas principalmente por CANTV, la proveedora de servicios telefónicos y de internet propietaria de la mayoría de la infraestructura de comunicaciones, aunque también lo hacen los proveedores de servicios de internet (PSI) del sector privado. Los medios de comunicación independientes como El Pitazo, NTN24, VIVOplay, VPItv y La Patilla se encuentran entre los que sufrieron bloqueos recientes.

En 2019 continuó la obstrucción, intimidación, agresiones físicas, confiscación de equipos, así como las detenciones y arrestos de trabajadores de los medios. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, sólo en los primeros dos meses del año se produjeron más de 35 detenciones arbitrarias. Entre los detenidos se encontraba Luis Carlos Díaz, privado de la libertad por “instigar a la comisión de delitos” debido a su investigación de los graves apagones que sufrió el país en marzo. Fue excarcelado bajo la condición de que compareciera ante un juez cada ocho días.

En 2017 la Asamblea Nacional Constituyente aprobó una ley en contra del discurso de odio, que dispone multas y hasta 20 años de prisión para todo aquel que difunda por medios sociales o por medios de comunicación tradicionales información considerada “intolerante”. Asimismo, la ley confiere a las autoridades fundamentos jurídicos más amplios para bloquear aquellos contenidos digitales que estimen violatorios de la normativa.  

El gobierno de Maduro mantiene una infraestructura estatal de comunicaciones que utiliza para difundir su programa político e ideológico. Para agosto de 2019 Maduro había realizado 146 apariciones en televisión; acumuló más de 1900 desde que asumió en 2013. (En comparación, las transmisiones en vivo de los discursos de Guaidó fueron objeto de bloqueos frecuentes).

D2. ¿Hay libertad para practicar y expresar en privado y en público la fe religiosa o el ateísmo?

3 / 4

En términos generales se respetan las garantías constitucionales correspondientes a la libertad de religión, aunque el nivel de tensión entre el gobierno y la Iglesia Católica Romana continúa siendo alto. En ocasiones las relaciones entre el gobierno y la pequeña comunidad judía también han sido tensas.

D3. ¿Hay libertad académica y el sistema educativo no es objeto de adoctrinamientos políticos?

1 / 4 (−1)

La libertad académica ha sido objeto de crecientes presiones desde que el chavismo llegó al poder. Un programa escolar de estudios elaborado por el gobierno de Chávez enfatizaba conceptos socialistas. Los recortes presupuestarios y otros problemas de financiamiento han menoscabado la autonomía universitaria y ha dado lugar a un éxodo de académicos del país. En consecuencia, ha aumentado la cantidad de estudiantes que abandonan sus carreras. En marzo de 2019 el gobierno se rehusó a transferir fondos para pagar a los docentes de las universidades públicas que se negaran a reconocer formalmente a Maduro como presidente. 

En agosto de 2019 la Corte Suprema de Justicia suspendió al rector de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la más grande y prestigiosa del país, modificó las reglas de votación y ordenó la celebración de elecciones en nueve universidades consideradas bastiones de la oposición. Según esa directiva si no se realizaran elecciones dentro de los seis meses de ese pronunciamiento judicial, la corte elegiría las nuevas autoridades. El mismo mes Maduro designó a César Trómpiz, un aliado muy cercano a él, para que liderara el gabinete del órgano responsable de la educación universitaria. Se le encargó a Trómpiz poner al sistema educativo “al servicio de los grandes intereses de la nación”.

Los estudiantes y profesores que se perciben con opiniones contrarias al gobierno son objeto de ataques y hostigamientos. En febrero, cuando el gobierno comenzó a recabar firmas en contra de la intervención estadounidense y en respaldo del chavismo, un grupo de alumnos de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas fue amenazado de expulsión si no firmaba. Un informe de 2019 de la organización no gubernamental “Aula Abierta” documentó al menos 15 ataques, que incluyeron amenazas e instancias de agresión física, perpetrados contra estudiantes y docentes que procuraban defender los derechos humanos en sus instituciones. En marzo se encontró el cuerpo de Alí Domínguez, quien había denunciado la existencia de corrupción en la Universidad Bolivariana de Venezuela en la que muchos de los miembros del cuerpo docente son partidarios del gobierno. El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) informó que el cuerpo mostró signos de trauma craneano, una fractura en el tabique nasal y dientes faltantes.

Cambio en la calificación. La calificación se redujo de 2 a 1 debido a que el régimen de Maduro ha intensificado su interferencia en el funcionamiento de las universidades del país, incluso mediante el reemplazo de sus dirigentes, y a que el activismo universitario se ha transformado en una actividad cada vez más insegura.

D4. ¿Hay libertad para expresar opiniones personales u otros temas sensibles sin temor de ser objeto de vigilancia o de represalias?

1 / 4

La vigilancia de la conducta ciudadana mediante el Carnet de la Patria y la fiscalización del contenido publicado en las plataformas de los medios sociales han generado un ambiente de temor. Hay usuarios de medios sociales que han sido detenidos por causa de comentarios colocados en línea. Desde 2014 al menos a 18 personas fueron detenidas por opiniones vertidas en Twitter, tomando solamente dicha plataforma. En junio de 2019 Karen Palacios, clarinetista de la Orquesta Filarmónica Nacional, fue detenida durante 46 días por mensajes en Twitter críticos del gobierno.   

 Se informa que, con el asesoramiento de la empresa china ZTE, las autoridades elaboraron un avanzado sistema de vigilancia vinculado con el Carnet de la Patria que les permite excluir a los opositores políticos asistencia alimentaria y otros servicios y recabar una enorme cantidad de información valiosa de la ciudadanía relativa a patrones de votación, historiales médicos y otras actividades.

E. Derechos a La Asociación Y a La Organización: 2 / 12

E1. ¿Hay libertad de reunión?

0 / 4

Si bien la Constitución garantiza la libertad de reunión, en la práctica no se le da cumplimiento.Puede acusarse a los manifestantes de graves delitos según varias leyes. Las manifestaciones que se perciben como una impugnación directa del gobierno de Maduro son objeto de violencia policial y de grupos armados afiliados al Estado. En 2017 hubo más de 1.900 heridos y 136 muertos cuando las manifestaciones generalizadas en contra del gobierno durante la primavera y el verano dieron lugar a enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad. Al parecer, por lo menos 102 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad o de colectivos afiliados al Estado. Durante el primer semestre de 2019 se produjeron masivas manifestaciones de los partidarios de la proclamación presidencial de Juan Guaidó, particularmente en enero y mayo. La policía estatal y municipal, así como  los colectivos armados respondieron con violencia y se registraron decenas de muertes por las protestas. Las grandes manifestaciones se vieron acompañadas de detenciones arbitrarias en masa. Amnistía Internacional informó que en un solo día del mes de enero se produjo la detención de 770 manifestantes.

A pesar del peligro de lesiones o incluso de muerte se produjeron miles de manifestaciones durante el año, en su mayoría debidas al descontento por el deterioro de las condiciones socioeconómicas.

E2. ¿Hay libertad para las organizaciones no gubernamentales, en particular para las que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y en temas de gobernanza?

1 / 4

Los activistas y las organizaciones no gubernamentales (ONG) son objeto de frecuentes amenazas y actos de acoso, así  como de sanciones judiciales y administrativas por la labor que realizan. En los últimos años decenas de activistas de la sociedad civil fueron agredidos físicamente; el gobierno se ha concentrado principalmente en deslegitimar a estas organizaciones acusándolas de confabulación con gobiernos extranjeros.

E3. ¿Hay libertad para los sindicatos y para asociaciones profesionales o laborales similares?

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Por ley los trabajadores tienen derecho a constituir sindicatos, a la negociación colectiva y a la huelga, si bien hay algunas restricciones a la capacidad de huelga de los trabajadores del sector público. El control de los sindicatos ha pasado de estar en manos de líderes sindicales aliados con la oposición a nuevas organizaciones de trabajadores que suelen estar alineadas con el gobierno. La competencia ha contribuido a generar un considerable aumento de la violencia sindical, así como confusión y demoras en los procesos de negociación colectiva de todo un sector.

En diciembre de 2018 Rubén González, líder del sindicato de trabajadores de la empresa pública Ferrominera de Orinoco, fue detenido después de una manifestación: se alegó que había vulnerado el convenio colectivo de trabajo del sindicato. La causa se presentó ante un tribunal militar, lo cual conculca las normas de derechos humanos, que lo condenó a casi seis años de prisión.

F. Estado DE Derecho: 1 / 16

F1. ¿Existe un poder judicial independiente?

0 / 4

La politización del poder judicial aumentó drásticamente durante la época de Chávez y se ha profundizado aún más con Maduro. En términos generales los altos tribunales no se pronuncian en contra del gobierno. En 2010 y 2015 se designaron nuevos jueces leales al régimen lo cual reforzó el control político del poder judicial precisamente antes de la entrada en funciones de la Asamblea Nacional controlada por la oposición. 

En los últimos años el TSJ ha dictado numerosas sentencias que han profundizado el poder de Maduro. Algunas de ellas permitieron que las fuerzas de seguridad desmantelaran manifestaciones no autorizadas, negaron la mayoría reforzada de la oposición después de las elecciones de 2015 al impedir que tres legisladores nuevos ocuparan sus escaños, anularon la mayoría de las leyes promulgadas por la legislatura controlada por la oposición y, en última instancia, despojaron a la Asamblea Nacional de sus facultades, reemplazándola por una Asamblea Nacional Constituyente elegida mediante un proceso profundamente antidemocrático y compuesta exclusivamente de lealistas al régimen. 

F2. ¿En las causas civiles y penales prima el debido proceso?

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Es común que quienes se oponen al gobierno y al partido en el poder sean detenidos y procesados judicialmente sin consideración alguna del debido proceso. En los últimos años el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) desempeña cada vez más funciones de policía y detiene a periodistas y a políticos de la oposición sin comunicarlo al Ministerio Público ni presentar oficialmente acusaciones formales. Las fuerzas militares también han asumido funciones anteriormente  reservadas a las instituciones civiles de aplicación de la ley. Hay gobiernos extranjeros que alegan que las fuerzas militares han adoptado una actitud permisiva frente al narcotráfico. Según grupos venezolanos de derechos humanos, desde 2017 cientos de civiles fueron enjuiciados en tribunales castrenses.

F3. ¿Hay protecciones contra el uso ilegítimo de la fuerza física, así como ausencia de guerra e insurgencias?

0 / 4

En Venezuela los índices de delincuencia violenta se encuentran entre los más altos del mundo. Datos estadísticos de 2018 difundidos por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) indican que el índice de homicidios del país es de 81,4 por 100.000 habitantes. Insight Crime, una organización de investigación que recaba datos estadísticos en materia de delincuencia en la región, manifiesta que esa cifra señala que dicho país, por un amplio margen, es el más peligroso de Latinoamérica. Venezuela se ubicó en el antepenúltimo lugar en relación con todos los países analizados en el informe “Global Ley y Orden 2019” elaborado por Gallup: solamente el 26 por ciento de los encuestados venezolanos dijeron que se sentían seguros andando a pie durante la noche.

Las condiciones carcelarias en Venezuela siguen estando entre las peores de América. Los “pranes”, como se conoce a los líderes de pandillas que operan desde las cárceles, coordinan libremente redes delictivas por todo el país.

La policía y las fuerzas militares han sido proclives a la corrupción, a la tortura y a las ejecuciones extrajudiciales. En su informe de 2019 sobre Venezuela la Oficina de la ACNUDH señaló que durante las operaciones de seguridad que tuvieron lugar en los primeros cinco meses de dicho año se produjeron al menos 2.124 muertes, además de solicitar al gobierno la disolución de la unidad de fuerzas especiales denominada FAES cuyos miembros han sido acusados de una cantidad “sorprendentemente elevada” de ejecuciones extrajudiciales en el marco de operaciones de seguridad.

F4. ¿La legislación, normativa y prácticas garantizan un trato igualitario de los diversos sectores de la población?

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Los pueblos indígenas representan el 2,5 por ciento de la población y sus derechos se encuentran salvaguardados en la Constitución, aunque su protección por las autoridades es deficiente. El informe de la Oficina de la ACNUDH de julio de 2019 señala que los derechos socioeconómicos de los pueblos indígenas se vieron desproporcionadamente afectados por la situación humanitaria. Indica que resultan particularmente preocupantes las actividades mineras en el estado de Bolívar, que han vulnerado derechos colectivos tales como los de mantener costumbres, formas tradicionales de vida y relaciones espirituales con sus tierras. Dicha oficina documentó siete instancias de violencia letal en contra de indígenas que tuvieron lugar en los primeros cinco meses de 2019 e incluyeron al menos tres muertes durante una operación militar en una comunidad habitada principalmente por integrantes del grupo indígena Pemón. Estos hechos generaron el éxodo de más de 900 Pemónes a Brasil: muchos de los que salieron de Venezuela manifestaron que no regresarían por temor a ser perseguidos.

Si bien la discriminación por motivos de orientación sexual se encuentra prohibida, los venezolanos LGBT+ se enfrentan a una intolerancia generalizada y en ocasiones suelen ser objeto de actos de violencia. Segmentos de la población que ya se encuentran desfavorecidos o marginalizados han sufrido en forma desproporcionada las crisis económicas y sanitarias del país. Quienes padecen de VIH/SIDA también han sufrido debido a la decisión del gobierno de dejar de subsidiar los medicamentos retrovirales.

G. Autonomía DE La Persona Y Derechos Individuales: 5 / 16 (−1)

G1. ¿La persona goza de libertad de circulación, incluida la capacidad de cambiar su lugar de residencia, de empleo o de educación?

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Los controles cambiarios y otras políticas económicas del país, junto con la  enorme reducción en la cantidad de vuelos desde y hacia Venezuela y los cierres periódicos de la frontera han hecho que sea extremadamente difícil que los venezolanos viajen al exterior. No obstante, en 2019 los venezolanos de todas las clases sociales seguían saliendo del país en forma masiva. En junio el ACNUR, el organismo de las Naciones Unidas para los refugiados, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) anunciaron que el número total de emigrantes había superado los 4 millones: 1 millón de ellos había salido del país desde noviembre de 2018.

G2. ¿La persona puede ejercer su derecho de propiedad y constituir emprendimientos privados sin la interferencia indebida de actores estatales y no estatales?

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Los derechos de propiedad se han visto afectados por años de controles de precios, nacionalizaciones, reglamentación excesiva y corrupción. Son comunes las acusaciones de mala administración, subinversiones, soborno político y prácticas de contratación politizadas en el seno de las empresas del Estado.

G3. ¿La persona goza de libertades personales sociales, tales como la elección de su pareja a efectos matrimoniales y el tamaño de su familia, la protección en casos de violencia doméstica y el control de su apariencia personal?

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Las personas gozan de amplia libertad en cuanto a sus relaciones interpersonales y de pareja, así como en lo relativo a su apariencia personal.

El colapso económico del país, impulsado políticamente, ha disminuido la disponibilidad de la atención en materia de salud reproductiva. Se ha producido un aumento en la mortalidad materna e infantil debido a la falta de parteras calificadas y de insumos médicos, así como a las deficientes condiciones hospitalarias. Si bien los datos en la materia son limitados, es probable que la escasez de anticonceptivos haya generado un aumento en los embarazos de jóvenes y adolescentes. Debido a una legislación restrictiva en materia de interrupción del embarazo, muchas mujeres y jóvenes recurren a abortos clandestinos que frecuentemente son inseguros y no sanitarios. Quienes cuentan con los medios para hacerlo deben viajar al extranjero para acceder a abortos legales y seguros.

Las familiares de presos políticos son objeto de actos de humillación y de violencia sexual y de género durante sus visitas a los centros de detención, así como en operaciones de seguridad y allanamientos domiciliarios. Las mujeres que han sido presas políticas han hecho referencia a agresiones perpetradas por las fuerzas de seguridad, tales como instancias de violencia sexual, desnudez forzada y amenazas de violación.

En 2007 se promulgó una ley diseñada a combatir la violencia contra la mujer, aunque la violencia doméstica y las violaciones siguen siendo comunes y raramente son sancionadas por el sistema de justicia en la práctica. El matrimonio entre personas del mismo sexo aún no es legal en Venezuela.

Cambio en la calificación. La calificación se redujo de 3 a 2 debido a que la combinación de una legislación restrictiva del aborto y el colapso económico impulsado políticamente han generado importantes aumentos en la mortalidad materna e infantil en los últimos años, y a que las fuerzas de seguridad han sometido a disidentes y a sus familiares a actos de violencia sexual.

G4. ¿La persona goza de igualdad de oportunidades y no es objeto de explotación económica?

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Las mujeres y niños del país son cada vez más vulnerables a la trata con fines sexuales dentro de Venezuela y en países vecinos, así como en Europa; el problema se ve exacerbado por el empeoramiento de la situación económica. Quienes emigraron a Venezuela también han sido objeto de trabajos forzados y de trata con fines sexuales. Hay información que indica que el gobierno ha hecho muy poco para combatir la trata de personas.

La escasez cada vez mayor de oportunidades laborales y la falta de ajuste de los sueldos por hiperinflación hacen que cada vez más ciudadanos recurran a empleos en la economía informal, lo que implica que quedan más expuestos a condiciones de trabajo que los coloca en situaciones de peligro o de explotación. En el caso de las empresas que se encuentran registradas legalmente las sanciones por incumplimiento de la legislación laboral, cuando se aplican, generalmente se dirigen a las operaciones del sector privado y no a las gestionadas por el Estado.

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