Venezuela

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Aspectos generales

Si bien las instituciones democráticas venezolanas se han venido deteriorando desde 1999, las condiciones han empeorado marcadamente en los últimos años debido a la profundización de las medidas de mano dura contra la oposición y a que el partido gobernante se ha valido de procesos electorales ampliamente condenados para controlar todos los poderes del gobierno. Las autoridades han cerrado prácticamente todos los canales para el disenso político, restringido las libertades civiles y judicializado a quienes perciben como opositores, con total desestimación del debido proceso. La grave crisis humanitaria por la que atraviesa el país implica que millones de personas están luchando por cubrir sus necesidades básicas, además de ser un factor que impulsa la emigración masiva.

Hechos clave en 2020

  • En enero el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que se encuentra en el poder, intentó socavar la legitimidad de Juan Guaidó, el presidente interino respaldado por la oposición democrática, al urdir la elección de Luis Parra al cargo de presidente de la Asamblea Nacional. Fuerzas militares impidieron que la oposición ingresara al recinto para correspondiente la votación; en mayo la Cámara Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), alineada con Nicolás Maduro, ratificó la elección de Parra.
  • Las elecciones para los escaños de la Asamblea Nacional, sumamente controladas, se celebraron en diciembre a pesar del boicot de la oposición, lo que se tradujo en un nuevo órgano con mayoría del partido gobernante. En respuesta a esta situación la antigua legislatura liderada por la oposición amplió su periodo de mandato en un intento por controlar el Poder Legislativo. A finales del año Venezuela contaba con presidentes y legislaturas rivales, con el firme control de Maduro y la grave debilitación de la oposición democrática.
  • Los periodistas, activistas, manifestantes, figuras de la oposición, así como todos los que el régimen percibe como disidentes, son objeto de una represión incesante que incluye detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
  • En respuesta a la pandemia de COVID-19 se decretó en marzo el estado de emergencia, lo cual produjo una alteración de la vida cotidiana. Las autoridades y los grupos armados aplicaron violentamente las restricciones a la circulación. Además de la pandemia los habitantes del país debieron soportar una gran escasez de gasolina, lo que exacerbó la miseria generalizada. Continuó el éxodo de enormes cantidades de venezolanos debido a la profundización de las diversas crisis. En un informe publicado en agosto el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que para fines de 2023 el número de emigrados podría alcanzar los 10 millones de personas.

DERECHOS POLÍTICOS: 1 / 40 (−1)

A. PROCESO ELECTORAL: 0 / 12

A1.      ¿El actual jefe de Estado u otro jefe de gobierno han sido elegidos mediante elecciones libres y justas? 0 / 4

El presidente cumple mandatos de seis años y no se imponen límites a la cantidad de mandatos. En enero de 2019 Nicolás Maduro, presidente en funciones, prestó juramento para desempeñar un nuevo mandato tras haber logrado la victoria en las elecciones anticipadas de 2018. El bajo nivel de participación en los comicios marcó un récord (46% de los votantes) y la mayoría de las fuentes internacionales informó que no tuvieron siquiera un viso de competitividad. En ese mes la Asamblea Nacional, con sus miembros elegidos democráticamente, declaró a Juan Guaidó (presidente de dicho órgano) presidente interino del país como una respuesta constitucional a la reelección de Maduro lograda mediante un proceso eleccionario fraudulento.

En enero de 2020 el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que se encuentra en el poder, intentó socavar la legitimidad de Juan Guaidó, el presidente interino respaldado por la oposición democrática, al urdir la elección de Luis Parra a la presidencia de la Asamblea Nacional. Fuerzas militares impidieron que la oposición ingresara al recinto para la correspondiente votación; en mayo la Cámara Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), alineada con Nicolás Maduro, ratificó la elección de Parra. En 2019 eran más de 50 los países que habían reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela, y continúan haciéndolo. No obstante, algunos críticos han comenzado a expresar preocupación en cuanto a su capacidad de enfrentar al chavismo. Menos de 20 países reconocen la presidencia de Maduro; en general se trata de los aliados históricos de Venezuela y de los gobiernos con intereses económicos y de otra índole en el país, principalmente Rusia, China y Cuba.

Durante ese año el Grupo de Lima (integrado en su mayoría por gobiernos latinoamericanos), el Grupo de Contacto Internacional (que reúne a varios gobiernos de Europa y de América Latina), Estados Unidos y la Unión Europea (UE) hicieron un llamado, que prácticamente careció de efectos, para que un gobierno de transición organizara elecciones presidenciales libres y justas.

A2.      ¿Los actuales representantes legislativos nacionales fueron elegidos mediante procesos electorales libres y justos? 0 / 4

La Asamblea Nacional es unicameral. Sus miembros son elegidos por voto popular por mandatos quinquenales mediante un mecanismo que combina votos mayoritarios y de representación proporcional. Se reservan tres escaños para los representantes de los pueblos indígenas. En el periodo previo a los comicios de diciembre de 2020 las autoridades electorales anunciaron que la nueva Asamblea Nacional contaría con una cantidad mayor de bancas, pasándose de 167 a 277.

La mayoría de los partidos de la oposición se negaron a participar en las elecciones correspondientes a los mandatos de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026. Alegaron que no tenían motivos para creer que el gobierno de Maduro celebraría comicios justos. En particular señalaron el hecho de que se había nombrado nuevos comisionados electorales sin consultar a los legisladores de la oposición que integraban la Asamblea Nacional. Si bien el partido gobernante y sus aliados lograron el 91 por ciento de las bancas la mayoría de las democracias del mundo, incluida la estadounidense, rechazó los resultados por estimarlos ilegítimos. A fines de diciembre los legisladores salientes de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, votaron a fin de que el periodo de sesiones se ampliara hasta bien entrado 2021 en un intento de conservar el control del poder legislativo. Asimismo, en diciembre Maduro anunció el cierre de la Asamblea Nacional Constituyente, órgano creado en 2017 para reemplazar a la Asamblea Nacional y conformado por lealistas al régimen elegidos mediante procesos no democráticos.

A3.      ¿El marco jurídico y la legislación en materia electoral son justos y los correspondientes órganos eleccionarios los aplican de manera imparcial? 0 / 4

El sistema electoral venezolano es objeto de manipulación política e interferencia institucional a favor del PSUV. La totalidad de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), designados por el TSJ en 2020 sin participación de los legisladores de la oposición, son aliados del PSUV o de partidos minoritarios que no se hallan alienados con los principales partidos de la oposición. En septiembre Estados Unidos impuso sanciones a Indira Alfonso Izaguirre, el nuevo presidente del CNE, y a otros funcionarios oficiales en razón de sus acciones dirigidas a impedir elecciones libres y justas.

Las elecciones celebradas recientemente, incluidas las presidenciales de 2018 y las legislativas de 2020, se han caracterizado por la inhabilitación de prominentes candidatos de la oposición, por el abuso gubernamental de los recursos públicos, por el acceso desigual a los medios de comunicación dominados por el Estado, por la menor presencia de observadores internacionales y por los actos de intimidación dirigidos a los empleados públicos.

B. PLURALISMO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA: 1 / 16 (−1)

B1.      ¿El ciudadano tiene derecho a organizarse en diferentes partidos políticos o en otras agrupaciones políticas que participan en la contienda electoral? ¿El sistema carece de obstáculos indebidos que afecten el ascenso y caída de dichos partidos y agrupaciones? 0 / 4

Desde hace ya tiempo los líderes de la oposición son asediados, atacados y encarcelados, además de impedírseles mediante diversos mecanismos participar en procesos políticos u ocupar puestos de dirigencia de partidos políticos en el marco de actividades pacíficas. En septiembre de 2020, tras la indagación de más de 200 casos a partir de 2014 y el examen de miles de casos adicionales, una misión investigadora independiente perteneciente a las Naciones Unidas concluyó que el gobierno venezolano había ordenado la detención y la tortura de numerosos disidentes y que “incluso estimaciones conservadoras sugieren que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado”.

En 2020 se registraron muchas otras violaciones de derechos, en apariencia destinadas a impedir la competencia y las actividades de los partidos políticos. A fines de febrero partidarios del chavismo dispararon contra una manifestación que estaba realizando la oposición en la localidad de Barquisimeto. Hubo seis heridos y se lanzaron tiros al vehículo de Guaidó.

En junio y julio el TSJ suspendió a los dirigentes de los dos partidos opositores más prominentes, Acción Democrática y Voluntad Popular, reemplazándolos por figuras que ya habían sido suspendidas de ellos por su apoyo a la elección de Parra a la presidencia de la Asamblea Nacional y por haber negociado con el régimen de Maduro.

En 2020 los exchavistas siguieron siendo objeto de vulneraciones. Según Provea, una organización venezolana de defensa de derechos, desde 2017 fueron perseguidas 44 personas que habían sido lealistas del gobierno, violándose sus derechos de asociación, así como su integridad y libertad personales. Entre ellas se encuentra el activista y periodista Alí Domínguez, asesinado en 2019.

Según Foro Penal, un grupo de defensa de derechos, a fines de 2020 había 351 presos políticos en el país. En octubre Leopoldo López, fundador de dos partidos de oposición que en 2019 se había refugiado en la residencia del embajador de España en Venezuela tras escapar de su detención domiciliaria, huyó hacia dicha nación europea.

En mayo de 2020 fueron detenidas 82 personas por participar en un presunto plan para secuestrar a Maduro y trasladarlo a Estados Unidos, en donde en marzo se había fijado una recompensa oficial de 15 millones de dólares para quienes proporcionasen información que llevara a su captura o condena. Según la fiscalía nacional controlada por el partido gobernante, diecisiete de los detenidos confesaron y brindaron información relativa a los dirigentes opositores relacionados con el complot.

B2.      ¿La oposición tiene realmente la oportunidad de aumentar su apoyo o lograr el poder mediante elecciones? 0 / 4

Si bien el descontento con el régimen de Maduro sigue siendo generalizado, el gobierno ha cortado prácticamente todas las vías hacia un cambio político. La oposición ha boicoteado las recientes elecciones nacionales tras alegar que resultaba imposible cumplir los criterios internacionales de competitividad. Henrique Capriles Radonski, prominente figura opositora y exgobernador del estado de Miranda, y Leopoldo López están inhabilitados para ocupar cargos públicos.

B3.      ¿Las opciones políticas de la ciudadanía no se encuentran dominadas por fuerzas ajenas a la política o por fuerzas políticas que recurren a métodos que están más allá del ámbito político? 0 / 4

Para retener el poder político el régimen de Maduro recurre cada vez más a las fuerzas militares y paramilitares, así como al turbio respaldo de estados extranjeros. Los dirigentes militares han asumido el control de numerosas carteras. Maduro siguió fortaleciendo la Milicia Bolivariana, un grupo de huestes civiles creado en 2008 por el presidente Hugo Chávez Frías, ya fallecido, con el objeto de dar apoyo a las fuerzas armadas. Según el gobierno, en 2020 la Milicia Bolivariana contaba con más de 4 millones de miembros. En enero la Asamblea Nacional Constituyente aprobó normas legales a fin de que la milicia se considerara parte de las fuerzas militares oficiales del país; Maduro sostuvo que debería entregarse un arma a cada uno de los milicianos.

Por otro lado existen los denominados “colectivos”, grupos armados irregulares afiliados al Estado, que rutinariamente cometen actos de violencia en contra de los civiles en especial en el marco de manifestaciones antigubernamentales, además de poner en práctica acciones de intimidación de votantes con el respaldo del gobierno. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) le atribuyó a los colectivos una serie de muertes que se produjeron durante las protestas realizadas entre enero y mayo de 2019.

Para mantener su poder el régimen de Maduro depende cada vez más de la ayuda económica, médica, militar y de otra índole que le proporcionan sus aliados extranjeros, en particular Cuba, Turquía, Irán y Rusia.

B4.      ¿Los diversos segmentos de la población (étnicos, religiosos, de género, LGBT y demás grupos pertinentes) cuentan con derechos políticos y oportunidades electorales plenas? 1 / 4 (−1)

La creciente dominancia política del PSUV deja pocas oportunidades para que los grupos étnicos, minoritarios y de otra índole hagan valer sus intereses.

En Venezuela la población indígena se halla políticamente infrarrepresentada. Los indígenas luchan para que el gobierno atienda cuestiones de importancia, como la desigualdad económica y las incursiones destructivas a las tierras ancestrales. En 2020 los indígenas se vieron aún más marginalizados debido a los cambios en la estructura de la Asamblea Nacional: si bien se produjo un considerable aumento en la cantidad total de legisladores, de 167 a 277, el número de bancas reservadas para los legisladores indígenas no varió. Por otra parte, en julio el CNE revocó el derecho de los grupos indígenas de votar en forma directa y secreta a sus representantes en la Asamblea Nacional; estas modificaciones normativas se efectuaron sin consulta a las comunidades indígenas. Las nuevas normas disponen que un grupo de delegados de los grupos indígenas, previamente seleccionado en una asamblea abierta, será quien elija a los ocupantes de los tres escaños reservados para los representantes indígenas, lo que muy probablemente pondrá a las bancas en manos de aliados del PSUV. La reforma dio marcha atrás en agosto debido a las protestas que generó.

Si bien varias mujeres ocupan altos cargos en el gobierno sigue habiendo una falta de debates normativos sobre los temas que las afectan primordialmente. Prácticamente no hay personas abiertamente LGBTI+ en altos puestos políticos u oficiales en el país. 

Cambio en la calificación. La calificación se redujo de 2 a 1 debido a la marginalización de los representantes indígenas en la legislatura.

C. FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO: 0 / 12

C1.      ¿Las políticas de gobierno son determinadas por el jefe de gobierno y por los representantes legislativos nacionales elegidos libremente? 0 / 4

Venezuela no funciona como una democracia representativa. En el periodo 2015-2020 la legislatura controlada por la oposición prácticamente no tuvo la capacidad de ejecutar su mandato constitucional, y desde agosto de 2017 fue suplantada por la Asamblea Nacional Constituyente, órgano repleto de lealistas al régimen elegidos en condiciones no democráticas. Después de que la oposición anunciara su boicot de las elecciones de la Asamblea Nacional, lo que en efecto garantizó que el PSUV controlara dicha cámara, Maduro anunció el cierre de la Asamblea Nacional Constituyente.

C2.      ¿Son sólidas y eficaces las protecciones en contra de la corrupción oficial? 0 / 4

En Venezuela existe una corrupción desenfrenada. Las políticas económicas del gobierno, particularmente las relativas a su moneda y al control de precios, ofrecen considerables oportunidades de actividades en el mercado negro, así como de colusión entre los empleados públicos y las redes de delincuencia organizada. Estados Unidos, Canadá, Panamá y la Unión Europea (UE), entre otros, siguen aplicando sanciones a los funcionarios venezolanos por delitos de corrupción y por otros ilícitos que no se investigan en el país. A modo de ejemplo cabe notar que en 2020 William Barr, el fiscal general de Estados Unidos, acusó de narcotráfico a Maduro y a otros altos funcionarios.

C3.      ¿El gobierno funciona de forma abierta y transparente? 0 / 4

Prácticamente no existe transparencia en materia de gasto público. El régimen de Maduro continúa no publicando datos fiables sobre la economía y la delincuencia, ni estadísticas de la inflación mensual o del producto interno bruto.

En 2020 organismos de vigilancia y otros actores cuestionaron seriamente la veracidad de los datos relativos a la crisis sanitaria de COVID-19. Según legisladores de la oposición al 5 de octubre de dicho año se habían producido 1.412 muertes por ese tipo de coronavirus, lo que representa casi el doble de lo difundido por el gobierno en aquel momento. En un informe publicado en agosto Amnistía Internacional denunció a las autoridades por no revelar la cantidad de trabajadores de la salud que murieron de COVID-19. A fines del año el Sindicato de Médicos de Venezuela indicó que se habían producido 295 muertes. Amnistía Internacional expresó dudas sobre la veracidad de la cifra oficial de casos del nuevo coronavirus, en tanto que en mayo Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins señalaron que la cifra oficial de fallecimientos era “absurda” y “no creíble”.

LIBERTADES CIVILES: 13 / 60 (−1)

D. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE CREENCIA: 6 / 16

D1.      ¿Existen medios de comunicación libres e independientes? 1 / 4

Los periodistas independientes de Venezuela operan en un entorno jurídico y normativo sumamente restrictivos. Su labor los expone a riesgos de detención y de violencia física. La mayoría de los periódicos independientes del país han cerrado sus puertas o se han trasladado a formato digital exclusivamente, lo que los hace objeto de frecuentes bloqueos.

Según el Instituto Prensa y Sociedad en el primer semestre de 2020 se produjeron en el país al menos 12 detenciones arbitrarias de periodistas debidas a su cobertura de la pandemia de COVID-19. Durante ese periodo hubo detenciones de trabajadores de prensa por otros motivos, mayormente por su cobertura de la faltante de gasolina. Hasta mayo la organización no gubernamental (ONG) Espacio Público había documentado 112 actos violatorios de la libertad de expresión en el país, incluidos los de intimidación y censura, en su mayoría dirigidos a periodistas y cometidos por las fuerzas de seguridad o por otros agentes estatales. En agosto, integrantes de las Fuerzas de Acciones Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana asesinaron a dos trabajadores mediáticos del canal televisivo Guacamaya TV. La fiscalía pública se encuentra investigando el delito. En julio se detuvo al politólogo Nicmer Evans, acusándoselo de “incitación al odio” por haber hecho comentarios en medios sociales en los que criticaba las políticas de Maduro.

El régimen mantiene una infraestructura estatal de comunicaciones que utiliza para difundir su programa político e ideológico. En los primeros 10 meses de 2020 Maduro había realizado 151 apariciones en televisión. En comparación, las transmisiones en vivo de los discursos de Guaidó son objeto de bloqueos frecuentes.

D2.      ¿Hay libertad para practicar y expresar en privado y en público la fe religiosa o el ateísmo? 3 / 4

En términos generales se respetan las garantías constitucionales correspondientes a la libertad de religión, aunque el nivel de tensión entre el gobierno y la Iglesia Católica Romana continúa siendo alto. En ocasiones las relaciones entre el gobierno y la pequeña comunidad judía también han sido tensas.

D3.      ¿Hay libertad académica y el sistema educativo no es objeto de adoctrinamientos políticos? 1 / 4

La libertad académica ha sido objeto de crecientes presiones desde que el chavismo llegó al poder. Los recortes presupuestarios y otros problemas de financiamiento han menoscabado la autonomía universitaria y ha dado lugar a un éxodo de académicos del país. En 2020 varias universidades recibieron tan solo un 10 por ciento del financiamiento que solicitaron para los distintos programas del año.

En agosto de 2019 el TSJ suspendió al rector de la Universidad Central de Venezuela, la más grande y prestigiosa del país, modificó las reglas de votación para la elección de autoridades académicas y ordenó la celebración de elecciones en nueve universidades públicas consideradas bastiones de la oposición. Según la directiva si no se realizaban elecciones dentro de los seis meses de ese pronunciamiento judicial, el tribunal elegiría las nuevas autoridades. No obstante, tras una serie de manifestaciones estudiantiles, en febrero de 2020 el TSJ amplió el plazo para la celebración de las elecciones. Una sentencia del TSJ de marzo de dicho año contenía disposiciones en la materia que fueron calificadas de confusas por los dirigentes universitarios y que, según defensores de derechos, podrían dañar aún más la autonomía universitaria.

Debido a la pandemia de COVID-19 desde marzo de 2020 las clases se han dictado en forma virtual y los predios universitarios, mayormente abandonados, han sido objeto de frecuentes actos de vandalismo. La ONG Aula Abierta registró 112 incidentes de seguridad en las universidades durante el año.

D4.      ¿Hay libertad para expresar opiniones personales u otros temas sensibles sin temor de ser objeto de vigilancia o de represalias? 1 / 4

En Venezuela la libre expresión personal se halla sumamente restringida. En agosto de 2020 el IPYS brindó un detalle de acciones oficiales concertadas dirigidas a controlar la información en medios sociales y a reprimir la libertad de expresión. Según su informe, las autoridades emplean tropas cibernéticas para difundir noticias presuntamente falsas y para hackear a adversarios a fin de recabar información y usarla en su contra, en especial en Twitter y en Facebook.

En 2020 el gobierno aumentó la vigilancia de la población mediante los sistemas de servicio social y de atención a la salud. Las medidas sanitarias se vincularon al Carnet de la Patria, exigido para acceder a los servicios sociales. Entre julio y agosto el gobierno puso en marcha las Brigadas de Prevención Popular para individualizar a los posibles contagiados de COVID-19 y supervisar que cumplían el asesoramiento sanitario que se les proporcionaba. El gobierno señala que en su conjunto las brigadas tienen más de 70.000 miembros, todos ellos dirigentes comunitarios estrechamente vinculados al PSUV. En julio Maduro alegó que el aumento en los casos de CPVID-19 se debía a los venezolanos que regresaban al país por pasos ilegales e instó a la ciudadanía a denunciarlos, tildándolos de “bioterroristas”.

Se detuvo a trabajadores de la salud por publicar información en medios sociales sobre posibles casos de COVID-19 y por protestar por la falta de equipamiento y de condiciones laborales adecuadas. En este contexto Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, amenazó desde la televisión pública a aquellos especialistas de la salud que cuestionaran las cifras oficiales de casos de COVID-19.

E. DERECHOS A LA ASOCIACIÓN Y A LA ORGANIZACIÓN: 2 / 12

E1.      ¿Hay libertad de reunión? 0 / 4

Si bien la Constitución garantiza la libertad de reunión, se encuentra sumamente restringida en la práctica. No obstante, aunque las protestas fueron frecuentes, aun con las limitaciones impuestas por el gobierno y la amenaza de actos de represión letal a manos de las fuerzas de seguridad, su número se redujo drásticamente debido al estado de emergencia y los confinamientos declarados a fin de evitar la propagación del COVID-19. Más de la mitad de las cerca de 4.400 manifestaciones registradas por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social durante la primera mitad del año fueron motivadas por la falta de servicios públicos, especialmente de electricidad, agua y gasolina; otras se debieron explícitamente a cuestiones políticas e incluso otras a la falta de equipos médicos o de protección. Dicho observatorio informó que 221 de ellas fueron reprimidas por fuerzas de seguridad o grupos paramilitares, que se produjeron 129 detenciones y que dos personas fueron asesinadas.

En los últimos años se han registrado violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. En las protestas de 2017 hubo más de 1.900 heridos y 136 muertos; aparentemente al menos 102 personas fueron asesinadas por integrantes de fuerzas de seguridad o de colectivos afiliados al estado.

E2.      ¿Hay libertad para las organizaciones no gubernamentales, en particular para las que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y en temas de gobernanza? 1 / 4

Los activistas y las ONG son objeto de frecuentes amenazas, actos de acoso y sanciones judiciales y administrativas por la labor que realizan. En los últimos años decenas de activistas de la sociedad civil fueron agredidos físicamente; el gobierno se ha concentrado principalmente en deslegitimar a las organizaciones de defensa de derechos acusándolas de confabular con gobiernos extranjeros.

E3.      ¿Hay libertad para los sindicatos y para asociaciones profesionales o laborales similares? 1 / 4

Por ley los trabajadores tienen derecho a constituir sindicatos, a negociar colectivamente y a hacer huelgas, si bien hay algunas restricciones a la capacidad de huelga de los empleados del sector público. El control de los sindicatos ha pasado de estar en manos de los líderes sindicales aliados con la oposición a las nuevas organizaciones de trabajadores que suelen estar alineadas con el gobierno. La competencia ha contribuido a generar un considerable aumento de la violencia sindical, así como confusión y demoras en los procesos de negociación colectiva de todo un sector industrial.

En diciembre de 2018 Rubén González, líder del sindicato de trabajadores de la empresa pública Ferrominera de Orinoco, fue detenido y condenado por un tribunal militar a casi seis años de prisión. En 2020 fue uno de los 110 dirigentes políticos indultados por el gobierno.

F. ESTADO DE DERECHO: 1 / 16

F1.       ¿Existe un poder judicial independiente? 0 / 4

La politización del poder judicial aumentó drásticamente durante la época de Chávez y se ha profundizado aún más con Maduro. En 2010 y otra vez en 2015 se designaron nuevos jueces leales al régimen, lo cual reforzó el control político del poder judicial.

En los últimos años el TSJ ha dictado numerosas sentencias que han profundizado el poder de Maduro. En 2020 se dejó sin efecto la reelección de Juan Guaidó a la presidencia de la Asamblea Nacional, se cambió la dirigencia de los principales partidos políticos y el tribunal eligió a los nuevos integrantes del CNE sin consultar a la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, conforme lo exige la ley.

Un informe de las Naciones Unidas de 2020 sobre los derechos en Venezuela indicó que la falta de independencia judicial contribuye a que las autoridades no logren proteger los derechos humanos.

F2.       ¿En las causas civiles y penales prima el debido proceso? 0 / 4

Es común que quienes se oponen al gobierno y al PSUV sean detenidos y procesados judicialmente sin consideración alguna del debido proceso. Las víctimas de la violencia estatal no cuentan con ninguna vía realista hacia el resarcimiento.

En septiembre de 2020 un informe de las Naciones Unidas alegó que desde 2014 Maduro y su gobierno cometieron al menos 223 violaciones a los derechos humanos, incluidas torturas y ejecuciones extrajudiciales. El documento identificaba como principales responsables a tres fuerzas policiacas y de inteligencia: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y las FAES. Si bien en 2019 las Naciones Unidas presentaron una solicitud al gobierno venezolano para que disolviera las FAES, el órgano continúa operando. En lo últimos años el SEBIN desempeña cada vez más funciones de policía y detiene a periodistas y a políticos de la oposición sin comunicarlo al Ministerio Público ni presentar oficialmente acusaciones formales.

Las fuerzas militares también han asumido funciones anteriormente reservadas a las instituciones civiles de aplicación de la ley. Según grupos venezolanos de derechos humanos, desde 2017 cientos de civiles fueron enjuiciados en tribunales castrenses.

En 2020 muchos juzgados cerraron sus puertas debido a la pandemia de COVID-19 lo que generó considerables demoras en los juicios y demás procesos.

F3.       ¿Hay protecciones contra el uso ilegítimo de la fuerza física, así como ausencia de guerra e insurgencias? 0 / 4

Datos estadísticos de 2019 difundidos en enero de 2020 por el Observatorio Venezolano de Violencia indican que el índice de homicidios del país es de 60,3 por 100.000 habitantes, lo que representa una disminución en comparación con 2018 aunque aún se encuentra entre los más altos del mundo.

Las condiciones carcelarias en Venezuela siguen estando entre las peores de América. Los “pranes”, como se conoce a los líderes pandilleros que operan desde las cárceles, coordinan libremente redes delictivas en todo el país. En mayo de 2020 fueron asesinadas 46 personas y más de 70 resultaron heridas, en su mayoría reclusos, en disturbios en una cárcel del estado de Portuguesa motivados por las restricciones impuestas en el marco de la pandemia a los alimentos que podían ingresar los visitantes.

F4.       ¿La legislación, normativa y prácticas garantizan un trato igualitario de los diversos sectores de la población? 1 / 4

Los pueblos indígenas representan el 2,5 por ciento de la población y sus derechos se encuentran salvaguardados en la Constitución, aunque su protección por las autoridades es deficiente. Los grupos indígenas son discriminados y tratados de modo desigual, especialmente en Bolívar en donde son objeto de explotación laboral, extorsión a manos de paramilitares, trata con fines sexuales (en el caso de algunas mujeres) y apropiaciones de tierras por causa de la minería ilegal que también genera la destrucción de bosques y de otros elementos naturales que se encuentran en tierras indígenas. El ACNUDH documentó siete instancias de violencia letal en contra de indígenas que tuvieron lugar en los primeros cinco meses de 2019.

Si bien la discriminación por motivos de orientación sexual se encuentra prohibida, los venezolanos LGBT+ se enfrentan a una intolerancia generalizada y en ocasiones suelen ser objeto de actos de violencia.

G. AUTONOMÍA DE LA PERSONA Y DERECHOS INDIVIDUALES: 4 / 16 (−1)

G1.      ¿La persona goza de libertad de circulación, incluida la capacidad de cambiar su lugar de residencia, de empleo o de educación? 1 / 4 (−1)

En marzo de 2020 el gobierno declaró el estado de emergencia por COVID-19 e impuso duras restricciones a la población. Las autoridades y los grupos paramilitares detuvieron arbitrariamente, agredieron y torturaron a civiles que incumplieron la cuarentena y otras instrucciones de seguridad. A su arribo los venezolanos que regresaban a pie de países vecinos fueron sometidos a duras restricciones a la circulación. Según organizaciones de derechos humanos se los obligada a confinarse durante 25 días en escuálidos centros públicos custodiados por militares y colectivos en donde no había insumos sanitarios ni otros suministros básicos.

Los venezolanos continuaron dejando el país en forma masiva debido a las constantes crisis sociales y económicas que lo afectan. En agosto de 2020 el FMI informó que para finales de 2023 la emigración venezolana podría llegar a los 10 millones de personas.

Cambio en la calificación. La calificación se redujo de 2 a 1 debido a que las fuerzas de seguridad y las milicias aliadas al gobierno utilizaron métodos abusivos para aplicar las restricciones a la circulación motivadas por el COVID-19 al recurrir a sanciones desproporcionadas tales como las detenciones arbitrarias, las agresiones y la tortura.

G2.      ¿La persona puede ejercer su derecho de propiedad y constituir emprendimientos privados sin la interferencia indebida de actores estatales y no estatales? 1 / 4

Los derechos de propiedad se han visto afectados por años de controles de precios, nacionalizaciones, reglamentación excesiva y corrupción. Son comunes las acusaciones de mala administración, subinversiones, soborno político y prácticas de contratación politizadas en el seno de las empresas del Estado.

G3.      ¿La persona goza de libertades personales sociales, tales como la elección de su pareja a efectos matrimoniales y el tamaño de su familia, la protección en casos de violencia doméstica y el control de su apariencia personal? 2 / 4

El colapso económico del país, impulsado políticamente, ha disminuido la disponibilidad de la atención en materia de salud reproductiva. Se ha producido un aumento en la mortalidad materna e infantil. Debido al carácter restrictivo de las leyes de interrupción del embarazo, muchas mujeres y jóvenes recurren a abortos clandestinos que frecuentemente son inseguros y no sanitarios.

Las familiares de presos políticos son objeto de actos de humillación y de violencia sexual y de género durante sus visitas a los centros de detención, así como en operaciones de seguridad y allanamientos domiciliarios. Las presas políticas han indicado haber sufrido agresiones perpetradas por las fuerzas de seguridad, tales como instancias de violencia sexual, desnudez forzada y amenazas de violación.

En 2007 se promulgó una ley destinada a combatir la violencia contra la mujer, aunque la violencia doméstica y las violaciones siguen siendo comunes y raramente son punidas en la práctica. Los confinamientos motivados por el COVID-19 aumentaron el riesgo de comisión de actos de violencia de género. Durante el primer trimestre de 2020 fueron asesinadas 137 mujeres, lo que representa un aumento del 67 por ciento en comparación con el mismo periodo en 2019, conforme lo señala la ONG Monitor de Femicidios.

La comunidad LGBTI+ del país aún no goza de derechos fundamentales como el matrimonio legal, la adopción y la identidad de género.

G4.      ¿La persona goza de igualdad de oportunidades y no es objeto de explotación económica? 0 / 4

Las mujeres y niños venezolanos son cada vez más vulnerables a la trata con fines sexuales dentro del país y en naciones vecinas, así como en Europa; el problema se ve exacerbado por el empeoramiento de la situación económica y por la crisis de COVID-19.

La escasez cada vez mayor de oportunidades laborales durante la pandemia de COVID-19 y la falta de ajuste de los sueldos por hiperinflación hacen que cada vez más ciudadanos recurran a empleos en la economía informal, lo que implica que quedan más expuestos a condiciones de trabajo que los coloca en situaciones de peligro o de explotación. En el caso de las empresas que se encuentran registradas legalmente las sanciones por incumplimiento de la legislación laboral, cuando se aplican, generalmente se dirigen a las operaciones del sector privado y no a las gestionadas por el Estado.

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