Población:                                29 100 000

Capital:                                     Caracas

Estatus:                                     No libre

Democracia electoral:          No

Aspectos generales

Si bien las instituciones democráticas venezolanas se han venido deteriorando desde 1999, las condiciones han empeorado marcadamente en los últimos años debido a la profundización de las medidas de mano dura contra la oposición y a que el partido gobernante se ha valido de procesos electorales ampliamente condenados para controlar todos los poderes del gobierno. Las autoridades han cerrado prácticamente todos los canales para el disenso político, restringido las libertades civiles y judicializado a quienes perciben como opositores, con total desestimación del debido proceso. La grave crisis humanitaria por la que atraviesa el país implica que millones de personas están luchando por cubrir sus necesidades básicas, además de ser un factor que impulsa la emigración masiva.

Hechos clave en 2021

• El actual partido gobernante, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), junto con otros partidos aliados, ganaron la mayoría de los cargos para gobernadores y alcaldes en las elecciones de noviembre, a pesar de que a nivel nacional los grupos opositores obtuvieron una mayoría de votos. Si bien los veedores electorales manifestaron en comparación con elecciones pasadas el proceso se efectuó en mejores condiciones, los comicios se vieron afectados por el mal uso de los recursos del Estado, prohibiciones impuestas a los candidatos y bajo número de votantes.
• En Marzo, Caracas lanzó una campaña militar contra el Frente 10, una facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) activa en Venezuela. Durante dicha operación las fuerzas de seguridad llevaron a cabo detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales de civiles. La campaña fue disminuyendo hacia fines de mayo con la efectiva retirada militar.
• En julio, a lo largo de varios días, las fuerzas de seguridad se enfrascaron en un prolongado enfrentamiento contra una banda delictiva en Caracas: el gobierno informó que veintidós delincuentes y cuatro oficiales de policía perdieron la vida. Los residentes de la zona afectada quedaron atrapados en sus hogares durante los enfrentamientos. 

DERECHOS POLÍTICOS: 1 / 40

A. PROCESO ELECTORAL: 0 / 12 

A1. ¿El actual jefe de Estado u otro jefe de gobierno han sido elegidos mediante elecciones libres y justas? 0 / 4

El presidente cumple mandatos de seis años, y no se imponen límites a la cantidad de mandatos. En enero de 2019 Nicolás Maduro Moros, presidente en funciones, prestó juramento para desempeñar un nuevo mandato tras haber logrado la victoria en las elecciones presidenciales anticipadas de 2018. El bajo nivel de participación en los comicios marcó un récord (46 % de los votantes), y la mayoría de las fuentes internacionales informó que las elecciones no tuvieron siquiera un viso de competitividad. En ese mes la Asamblea Nacional, con sus miembros elegidos democráticamente, declaró a Juan Guaidó (presidente de dicho órgano) presidente interino del país como una respuesta constitucional. 

En enero de 2020 el PSUV, que se encuentra en el poder, intentó socavar la legitimidad de Guaidó al urdir la elección de Luis Parra a la presidencia de la Asamblea Nacional. Fuerzas militares impidieron que la oposición ingresara al recinto para la correspondiente votación. En mayo la Cámara Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), alineado con Maduro, ratificó la elección de Parra. Aunque inicialmente más de cincuenta países reconocieron a Guaidó como presidente interino, algunos críticos han comenzado a expresar preocupación en cuanto a su capacidad para enfrentar al chavismo. En un principio menos de veinte países reconocieron la presidencia de Maduro; en general se trata de los aliados históricos de Venezuela y de los gobiernos con intereses económicos y de otra índole en el país, principalmente Rusia, China y Cuba. 

La antigua legislatura controlada por la oposición, que en diciembre de 2020 intentó mantener el control del poder legislativo mediante una votación para extender el período de su mandato, ese mismo mes reafirmó a Guaidó como presidente interino. No obstante, durante 2021el reconocimiento internacional de Guaidó ha disminuido. En enero de ese año los Estados miembros de la Unión Europea dejaron de reconocer a Guidó como presidente interino.  

A2. ¿Los actuales representantes legislativos nacionales fueron elegidos mediante procesos electorales libres y justos? 0 / 4

La Asamblea Nacional es unicameral. Sus miembros son elegidos por voto popular por mandatos quinquenales mediante un mecanismo que combina votos mayoritarios y de representación proporcional. Se reservan tres escaños para los representantes de los pueblos indígenas. En el periodo previo a los comicios de diciembre de 2020, las autoridades electorales anunciaron que la nueva Asamblea Nacional contaría con una cantidad mayor de bancas, pasando de 167 a 277.

Los partidos más importantes de la oposición se negaron a participar en las elecciones correspondientes a los mandatos de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026. Alegaron que no tenían motivos para creer que el gobierno de Maduro celebraría comicios justos. En particular señalaron el hecho de que se habían nombrado nuevos comisionados electorales sin consulta alguna a la oposición. Si bien el PSUV y sus aliados obtuvieron el 91 % de los escaños, la mayoría de las democracias del mundo, incluida la estadounidense, rechazó los resultados por estimarlos ilegítimos. A fines de diciembre los legisladores salientes de la Asamblea Nacional, hasta entonces controlada por la oposición, votaron a fin de que el periodo de sesiones se ampliara hasta bien entrado 2021. También en diciembre, Maduro anunció el cierre de la Asamblea Nacional Constituyente, órgano creado en 2017 para reemplazar a la Asamblea Nacional y conformado por lealistas al régimen elegidos mediante procesos no democráticos.

Las elecciones regionales y municipales se llevaron a cabo en noviembre de 2021. El gobierno y grupos opositores mantuvieron negociaciones en México a partir de agosto, destinadas en parte a considerar las cuestiones relativas a la próxima votación. Los negociadores lograron acuerdos preliminares respecto de algunos puntos de la agenda en septiembre. En octubre el gobierno suspendió las conversaciones en respuesta a la extradición de Cabo Verde a los Estados Unidos de Álex Saab Morán, empresario colombiano relacionado con Caracas. Los candidatos del oficialismo ganaron 20 de las 23 gobernaciones y 212 de las 335 alcaldías. Aunque muchas coaliciones de la oposición presentaron sus candidatos en las elecciones y obtuvieron mayoría de votos a nivel nacional, las divisiones en el seno de la oposición impidieron el triunfo general. Una Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) informó que se registró un 42,5 % de votantes, el número más bajo en 25 años. 

Si bien la MOE consideró que, en términos relativos el proceso electoral se realizó en mejores condiciones que los anteriores comicios, señaló el uso de recursos del Estado para financiar a los candidatos del oficialismo. Además, la votación se vio aquejada por la intervención judicial: a fines de noviembre el TSJ ordenó al Consejo Nacional Electoral que llevara adelante una nueva elección en el estado de Barinas cuando parecía que el candidato de Voluntad Popular lideraba las urnas para la gobernación. La contienda electoral se llevará a cabo por segunda vez en 2022. Los observadores de la UE fueron obligados a salir de Venezuela a principios de diciembre luego de que las autoridades rechazaran la renovación de sus visas.

A3. ¿El marco jurídico y la legislación en materia electoral son justos y los correspondientes órganos eleccionarios los aplican de manera imparcial? 0 / 4

El sistema electoral es objeto de manipulación política e interferencia institucional a favor del PSUV. Si bien la oposición no tuvo injerencia en la lista de inspectores del CNE para las elecciones legislativas de 2020, la lista anunciada en mayo de 2021 sí incluyó miembros de la oposición, aunque se mantuvo la inclinación en favor del gobierno.

Las elecciones celebradas recientemente, incluidas las presidenciales de 2018 y las legislativas de 2020, se han caracterizado por la inhabilitación de prominentes candidatos de la oposición, por el abuso gubernamental de los recursos públicos, por el acceso desigual a los medios de comunicación dominados por el Estado, por la menor presencia de observadores internacionales y por los actos de intimidación dirigidos a los empleados públicos. Las elecciones municipales y regionales de noviembre de 2021 también se vieron afectadas por el mal uso de los recursos y por prohibiciones impuestas a algunos candidatos. 

B. PLURALISMO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA: 1 / 16

B1. ¿El ciudadano tiene derecho a organizarse en diferentes partidos políticos o en otras agrupaciones políticas que participan en la contienda electoral? ¿El sistema carece de obstáculos indebidos que afecten el ascenso y caída de dichos partidos y agrupaciones? 0 / 4

Si bien existen coaliciones y partidos opositores, el PSUV gobernante utiliza los recursos del Estado y las fuerzas de seguridad, así como el Poder Judicial, para intervenir en las actividades de la oposición. En 2020, el TSJ suspendió a los dirigentes de dos partidos opositores prominentes, Acción Democrática y Voluntad Popular, reemplazándolos por figuras que ya habían sido suspendidas de esos partidos por su apoyo a la elección orquestada de Parra a la Asamblea Nacional. En las elecciones municipales y regionales de noviembre de 2021 los líderes destituidos continuaban sin poder ocupar sus cargos. Aunque la lista de candidatos de Mesa de Unidad Democrática fue prohibida en 2018, el CNE la rehabilitó en junio de 2021, lo que le permitió participar en los comicios de noviembre.

Desde hace ya tiempo los líderes de la oposición son asediados, atacados y encarcelados, además de impedírseles mediante diversos mecanismos participar en procesos políticos u ocupar puestos de dirigencia de partidos políticos en el marco de actividades pacíficas. en julio de 2021 las autoridades fueron tras destacados miembros del partido Voluntad Popular, liderado por Guaidó. Fabiana Rosales Guerrero, esposa de Guaidó, denunció que miembros de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) intentaron arrestarlo en su casa, pero los vecinos lograron impedirlo. Freddy Guevara, aliado de Guaidó,  fue detenido en julio, imputándosele cargos de terrorismo y traición, aunque se lo liberó en agosto. También en julio el exalcalde de Chacao, Emilio Graterón Colmenares, solicitó asilo en una sede diplomática de Chile en Caracas.

Las autoridades fueron tras los familiares durante 2021. En junio Guaidó denunció que oficiales de seguridad hostigaron a Rosales mientras se trasladaba a una consulta médica.

Según la ONG Foro Penal, en diciembre de 2021 había 244 presos políticos en Venezuela. Foro Penal también contabilizó otras 9.422 personas que enfrentaban posibles procesos judiciales.

B2. ¿La oposición tiene realmente la oportunidad de aumentar su apoyo o lograr el poder mediante elecciones? 0 / 4

Si bien el descontento con el régimen de Maduro sigue siendo generalizado, el gobierno ha cortado prácticamente todas las vías hacia un cambio político. La oposición ha boicoteado las recientes elecciones nacionales tras alegar que resultaba imposible cumplir los criterios internacionales de competitividad; no obstante, los grupos opositores sí participaron de las elecciones regionales y municipales de noviembre de 2021.

Se prohibió ocupar cargos públicos a destacadas figuras de la oposición, como Leopoldo López—que huyó a España en 2020—y al exgobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles Radonski. Sin embargo, el presidente Maduro convocó a Capriles para que participara en los comicios de noviembre de 2021.

B3. ¿Las opciones políticas de la ciudadanía no se encuentran dominadas por fuerzas ajenas a la política o por fuerzas políticas que recurren a métodos que están más allá del ámbito político? 0 / 4

Para retener el poder político, el régimen de Maduro recurre a las fuerzas militares y paramilitares, así como al turbio respaldo de Estados extranjeros. Los dirigentes militares han asumido el control de numerosas carteras, en tanto Maduro ha continuado fortaleciendo la Milicia Bolivariana, un grupo de huestes civiles creado en 2008 por el presidente Hugo Chávez Frías, ya fallecido, con el objeto de dar apoyo a las fuerzas armadas. Según Maduro, en abril de 2021 la Milicia contaba con más de 4,5 millones de miembros. 

Por otro lado existen los denominados “colectivos”, grupos armados irregulares afiliados al Estado, que rutinariamente cometen actos de violencia en contra de los civiles en especial en el marco de manifestaciones antigubernamentales, además de poner en práctica acciones de intimidación de votantes con el respaldo del gobierno. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) le atribuyó a los colectivos una serie de muertes que se produjeron durante las protestas realizadas en 2019.

Para mantener su poder, el régimen de Maduro depende cada vez más de la ayuda económica, médica, militar y de otra índole que le proporcionan sus aliados extranjeros, en particular Cuba, Turquía, Irán y Rusia. Presuntamente la campaña de Caracas contra el Frente 10 en el conflicto en la frontera entre Venezuela y Colombia que se inició en marzo de 2021 recibió apoyo de personal militar ruso. En septiembre Caracas celebró un acuerdo con el gobierno iraní para intercambiar productos petroleros.

B4. ¿Los diversos segmentos de la población (étnicos, religiosos, de género, LGBT+ y demás grupos pertinentes) cuentan con derechos políticos y oportunidades electorales plenas? 1 / 4

La dominancia política del PSUV deja pocas oportunidades para que los grupos étnicos, minoritarios y de otra índole hagan valer sus intereses.

En Venezuela la población indígena se halla políticamente infrarrepresentada. Los indígenas luchan para que el gobierno atienda cuestiones de importancia, como la desigualdad económica y las incursiones destructivas a las tierras ancestrales. En 2020 los indígenas se vieron aún más marginalizados debido a los cambios en la Asamblea Nacional: si bien se produjo un considerable aumento en la cantidad total de legisladores, de 167 a 277, el número de bancas reservadas para los legisladores indígenas no varió. Por otra parte, en julio de 2020 el CNE revocó el derecho de los grupos indígenas de votar en forma directa y secreta a sus representantes en la Asamblea Nacional; estas modificaciones normativas se efectuaron sin consulta a las comunidades indígenas. La reforma dio marcha atrás en agosto, debido a las protestas que generó.

Si bien varias mujeres ocupan altos cargos en el gobierno, sigue habiendo una falta de debates normativos sobre los temas que las afectan primordialmente. Prácticamente no hay personas abiertamente LGBT+ en altos puestos políticos u oficiales en el país. Tamara Adrián, miembro de Voluntad Popular, fue la primera diputada transgénero en ocupar una banca en la Asamblea Nacional, cargo que ocupó en el período 2015-2020. 

C. FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO: 0 / 12

C1. ¿Las políticas de gobierno son determinadas por el jefe de gobierno y por los representantes legislativos nacionales elegidos libremente? 0 / 4

Venezuela no funciona como una democracia representativa. En el periodo 2015-2020, la legislatura, controlada por la oposición, prácticamente no tuvo la capacidad de ejecutar su mandato constitucional, y fue suplantada por la Asamblea Nacional Constituyente, órgano favorable al régimen, que fue establecido en condiciones no democráticas. Después de que la oposición anunciara su boicot de las elecciones de la Asamblea Nacional de 2020, que en efecto garantizaron el control de dicha cámara al PSUV, Maduro anunció el cierre de la Asamblea Nacional Constituyente.

C2. ¿Son sólidas y eficaces las protecciones en contra de la corrupción oficial? 0 / 4

En Venezuela existe una corrupción desenfrenada. Las políticas económicas del gobierno, particularmente las relativas a su moneda y al control de precios, ofrecen considerables oportunidades de actividades en el mercado negro, así como de colusión entre los empleados públicos y las redes de delincuencia organizada. Estados Unidos, Canadá, Panamá y la Unión Europea (UE), entre otros, siguen aplicando sanciones a los funcionarios venezolanos por delitos de corrupción y por otros ilícitos que no se investigan en el país. En junio de 2021 representantes de Estados Unidos, Canadá y la UE manifestaron que estarían dispuestos a revisar las sanciones si el país llevase adelante elecciones más transparentes. 

La corrupción también ha afectado la respuesta de Venezuela al COVID-19. En abril de 2021 la ONG Transparencia Venezuela denunció que personal militar y policial pedía sobornos mientras aplicaba medidas contra la pandemia.

C3. ¿El gobierno funciona de forma abierta y transparente? 0 / 4

Prácticamente no existe transparencia en materia de gasto público. El régimen de Maduro continúa sin publicar datos fiables sobre la economía y la delincuencia, ni estadísticas de la inflación mensual o del producto interno bruto.

Organismos de vigilancia y otros actores cuestionaron seriamente la veracidad de los datos relativos a la crisis sanitaria de COVID-19, en tanto que distintas ONG e instituciones educativas consideraron no creíbles los números oficiales de fallecidos por la pandemia. En mayo de 2021 Transparencia Venezuela informó que el gobierno no reveló información respecto de los destinatarios de las vacunas contra el COVID-19 importadas desde China y Rusia. La ONG también indicó que los funcionarios del gobierno hicieron declaraciones contradictorias sobre la cantidad de vacunas que se habían aplicado.

LIBERTADES CIVILES: 13 / 60 

D. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE CREENCIA: 6 / 16 

D1. ¿Existen medios de comunicación libres e independientes? 1 / 4

Los periodistas independientes operan en un entorno jurídico y normativo sumamente restrictivos. Su labor los expone a riesgos de detención y de violencia física. Si bien el segmento de periódicos solía ser vibrante en Venezuela, gran cantidad de publicaciones han cerrado o han reducido sus operaciones. La ONG Prodavinci informó que si bien 22 diarios impresos aún operaban en junio de 2021, en 2013 dicho número alcanzaba los 121.

Durante 2021 los periodistas continuaron siendo objeto de detenciones y de la presión del gobierno. En marzo la periodista Milagros Mata-Gil y el poeta Juan Manuel Muñoz fueron detenidos luego de que se difundiera en redes sociales un artículo en el que se criticaba al fiscal general Tarek William Saab. En julio el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) contabilizó 213 violaciones a la libertad de prensa cometidas por el régimen de Maduro y sus seguidores en la primera mitad del año, contra 88 periodistas, 48 medios de comunicación y varias ONG. El IPYS contabilizó 10 arrestos ilegales, 85 incidentes de violencia física y 14 procesos judiciales iniciados contra periodistas y medios de comunicación. 

En abril de 2021, la Cámara de Casación Civil del TSJ falló a favor del vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello Rondón, en su reclamo por difamación contra el diario El Nacional. Se ordenó a El Nacional pagar USD 13,2 millones a Cabello, aunque el diario no cumplió dicha orden. En mayo el TSJ autorizó el embargo de la redacción del diario en Caracas y adjudicó a Cabello el control de la sede.

El régimen de Maduro mantiene una infraestructura estatal de comunicaciones que utiliza para difundir su programa político e ideológico. Hasta el 20 de diciembre de 2021 Maduro había realizado 224 apariciones televisivas en el año. En comparación, las transmisiones en vivo de los discursos de Guaidó son objeto de bloqueos frecuentes. Los medios estatales también hicieron una cobertura favorable al gobierno durante las elecciones regionales y municipales en noviembre de 2021.

D2. ¿Hay libertad para practicar y expresar en privado y en público la fe religiosa o el ateísmo? 3 / 4

En términos generales se respetan las garantías constitucionales correspondientes a la libertad de religión, aunque el nivel de tensión entre el gobierno y la Iglesia Católica Romana continúa siendo alto. Según la edición de 2020 del Informe Internacional sobre Libertad Religiosa del Departamento de Estado de los Estados Unidos, grupos de la Iglesia Católica Romana y de la Iglesia Cristiana Evangélica denunciaron hostigamiento, intimidación y represalias por parte del gobierno contra sus miembros, incluso contra integrantes del clero. El informe también advirtió que grupos defensores del régimen adoptaron actitudes antisemitas en las redes sociales, en tanto los medios de comunicación favorables al gobierno difundieron contenido antisemita durante el año analizado.

D3. ¿Hay libertad académica y el sistema educativo no es objeto de adoctrinamientos políticos? 1 / 4

La libertad académica ha sido objeto de crecientes presiones desde que el chavismo llegó al poder. Los recortes presupuestarios y otros problemas de financiamiento han menoscabado la autonomía universitaria y han dado lugar a un éxodo de académicos del país. 

El régimen continuó ejerciendo su influencia sobre la actividad académica durante el año. En enero de 2021 el entonces ministro de Educación Superior, César Trómpiz Cecconi, anunció que el régimen priorizaría áreas de estudio específicas en función de sus prioridades económicas. En marzo el gobierno anunció que las nóminas del personal universitario se pagarían a través del Sistema Patria, una plataforma en línea centralizada para acceder a los beneficios y servicios del gobierno. En julio la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) citó el uso del Sistema Patria al advertir que los problemas presupuestarios constituían una amenaza para la libertad académica en Venezuela. En septiembre el Consejo Nacional de Universidades designó un nuevo rector de la Universidad Simón Bolívar en una sesión celebrada con irregularidades.

D4. ¿Hay libertad para expresar opiniones personales u otros temas sensibles sin temor de ser objeto de vigilancia o de represalias? 1 / 4

En Venezuela la libre expresión personal se halla sumamente restringida. En un informe publicado en mayo de 2021 el IPYS advirtió que el régimen mantuvo un control estricto de los proveedores de servicios de telecomunicaciones.

El gobierno utilizó asimismo los sistemas de servicio social y de salud para vigilar a los venezolanos. Las medidas sanitarias se vincularon al Carnet de la Patria, exigido para acceder a los servicios sociales. En 2020 puso en marcha las Brigadas de Prevención Popular para individualizar a los posibles contagiados de COVID-19 y supervisar que cumplían el asesoramiento sanitario que se les proporcionaba. En general las brigadas estaban integradas por miembros de la comunidad estrechamente vinculados al PSUV. Estas brigadas continuaron operando en 2021.

En algunos casos continúa la persecución de ciudadanos por su actividad en las redes sociales. En abril de 2021 Luis Morales, empleado del sistema ferroviario Ezequiel Zamora, fue interrogado por agentes de inteligencia por haber efectuado un comentario satírico sobre los efectos de la vacuna china contra el COVID-19. Morales fue despedido de su trabajo y eliminó su cuenta de TikTok por recomendación de los funcionarios del gobierno.

E. DERECHOS A LA ASOCIACIÓN Y A LA ORGANIZACIÓN: 2 / 12

E1. ¿Hay libertad de reunión? 0 / 4

Aunque se halla garantizada en la Constitución, la libertad de reunión se encuentra sumamente restringida en la práctica. Las protestas fueron frecuentes, aun con las limitaciones impuestas por el gobierno, y en los últimos años se realizaron muchas manifestaciones por motivos políticos. Se sabe que han ocurrido violentos enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden. Sin embargo, se registró una reducción en la cantidad de protestas debido a las restricciones impuestas por el COVID-19. 

El Observatorio Venezolano de Conflicto Social (OVCS) contabilizó 3.393 protestas en la primera mitad de 2021, lo que se traduce en una disminución del 23 % respecto de la primera mitad de 2020. El OVCS también informó que 59 protestas realizadas en la primera mitad de 2021 fueron violentamente reprimidas, con 25 detenidos, 7 heridos y 1 muerto en ese período. En noviembre, la Corte Penal Internacional (CPI) inició un proceso para investigar la respuesta del gobierno ante las manifestaciones.

E2. ¿Hay libertad para las organizaciones no gubernamentales, en particular para las que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y en temas de gobernanza? 1 / 4

Los activistas y las ONG son objeto de frecuentes amenazas, actos de acoso y sanciones judiciales y administrativas por la labor que realizan. En enero de 2021 Cabello, vicepresidente del PSUV, denunció al Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) cuando la ONG alegó que el partido se había beneficiado con fondos británicos. Cabello pidió además que se investigara a uno de los miembros del personal de la ONG. Ese mismo mes seis integrantes de Azul Positivo, que presta servicios médicos en el estado Zulia, fueron detenidos por agentes de inteligencia. El director de Fundaredes, Javier Tarazona, fue detenido en julio tras haber hablado de posibles vínculos entre Caracas y las guerrillas colombianas que operan en Venezuela. A mediados de diciembre se realizó una audiencia preliminar en el proceso contra Tarazona, quien continuaba detenido. 

E3. ¿Hay libertad para los sindicatos y para asociaciones profesionales o laborales similares? 1 / 4

Por ley los trabajadores tienen derecho a constituir sindicatos, a negociar colectivamente y a hacer huelgas, si bien hay algunas restricciones a la capacidad de huelga de los empleados del sector público. El control de los sindicatos ha pasado de estar en manos de los líderes sindicales tradicionalmente aliados con la oposición a las nuevas organizaciones de trabajadores que suelen estar alineadas con el gobierno. La competencia ha contribuido a generar un considerable aumento de la violencia sindical, así como confusión y demoras en los procesos de negociación colectiva de todo un sector industrial.

En julio de 2021 un miembro de la Coalición Sindical Nacional de Venezuela informó que desde el principio del año hasta esa fecha se habían producido once detenciones de dirigentes sindicales. En septiembre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela expresó preocupación por la constante criminalización que deben enfrentar los líderes sindicales. 

F. ESTADO DE DERECHO: 1 / 16

F1. ¿Existe un Poder Judicial independiente? 0 / 4 

La politización del Poder Judicial aumentó drásticamente durante la época de Chávez y se ha profundizado aún más con Maduro. Durante la década de 2010 se designaron nuevos jueces leales al régimen, lo cual reforzó el control político del Poder Judicial.

En los últimos años el TSJ ha dictado numerosas sentencias que han favorecido al régimen de Maduro. En 2020 declaró nula la prórroga del mandato de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y dejó sin efecto la reelección de Juan Guaidó a la presidencia de dicho órgano, además de cambiar la dirigencia de los principales partidos políticos opositores. En septiembre de 2021 miembros de la misión de derechos humanos de las Naciones Unidas en Venezuela criticaron la falta de independencia del Poder Judicial.

F2. ¿En las causas civiles y penales prima el debido proceso? 0 / 4

Es común que quienes se oponen al gobierno y al PSUV sean detenidos y procesados judicialmente sin consideración alguna del debido proceso. Las víctimas de la violencia estatal no cuentan con ninguna vía realista hacia el resarcimiento. 

En su informe de junio de 2021 la Oficina del ACNUDH documentó diecisiete asesinatos “que coinciden con patrones de ejecuciones extrajudiciales previamente documentados” el periodo de  junio de 2020 a abril de 2021. En la mayoría de esos casos los agentes de seguridad entraron por la fuerza en los hogares de las víctimas. La Oficina del ACNUDH señaló tres agencias gubernamentales como las principales responsables: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la Policía Nacional Bolivariana; la Dirección de Investigaciones Penales; y la FAES. Un informe de las Naciones Unidas de septiembre de 2021 señaló que los fiscales e integrantes del Poder Judicial colaboraron efectivamente con los abusos de derechos humanos. 

Las fuerzas militares también han asumido funciones anteriormente reservadas a las instituciones civiles de aplicación de la ley. Según Provea y Foro Penal, 870 civiles fueron enjuiciados en tribunales castrenses entre 2014 y agosto de 2020.

F3. ¿Hay protecciones contra el uso ilegítimo de la fuerza física, así como ausencia de guerra e insurgencias? 0 / 4

Los venezolanos sufren inseguridad y violencia física provocadas por diversos actores, incluidos grupos armados irregulares, fuerzas de seguridad y bandas organizadas. 

En marzo de 2021 el gobierno lanzó una campaña militar en el estado de Apure, al sudoeste de Venezuela, cuyo objetivo era el Frente 10, una facción disidente de las FARC que, según se cree, participa en actividades de narcotráfico. Las fuerzas militares realizaron bombardeos aéreos y desplegaron soldados, en tanto el Frente 10 empleó tácticas guerrilleras. A fines de abril la ONG Human Rights Watch (HRW) denunció que las fuerzas de seguridad venezolanas efectuaron detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, además de emplear métodos de tortura contra las personas sospechadas de colaborar con el Frente 10. Si bien Caracas no ha informado, de manera sistemática, la cantidad de fallecidos, una figura de la oposición sostuvo que varias decenas de soldados murieron durante la campaña, que finalizó a fines de mayo con la retirada efectiva de los militares.

Datos estadísticos de 2020 difundidos en diciembre de ese año por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) indican que en el país el índice de muertes violentas—incluidos homicidios, muerte a manos de las autoridades y otras muertes sospechosas—es de 45,6 por cada 100.000 habitantes, el número más alto en América Latina. El informe del OVV también señaló que desde 2016 se ha producido un “aumento sostenido” de las muertes causadas por las autoridades. Por primera vez, en el año 2020 el OVV registró más muertes provocadas por la policía que por otros delincuentes.

La violencia relacionada con las bandas también pone en peligro a los venezolanos. En julio de 2021 las fuerzas de seguridad se enfrentaron durante varios días a la banda del Koki en Caracas. Mientras que el gobierno informó que veintidós “delincuentes” y cuatro policías habían perdido la vida, grupos defensores de derechos humanos sostienen que cuatro personas murieron al ser alcanzadas por balas perdidas. Los residentes de la zona quedaron atrapados en sus hogares durante los enfrentamientos. En diciembre el Tribunal Estadal Cuarto condenó a nueve personas implicadas en las luchas, en tanto otras quince enfrentaban cargos por actos de terrorismo y tráfico de armas.

Las condiciones carcelarias en Venezuela siguen estando entre las peores de América. Los “pranes”, como se conoce a los líderes pandilleros que operan desde las cárceles, coordinan libremente redes delictivas en todo el país. Quienes se hallan encarcelados casi no reciben asistencia médica y corren el riesgo de contagiarse de COVID-19. En enero de 2021 Salvador Franco, integrante del grupo indígena pemón, murió mientras se encontraba detenido luego de padecer un mal estado de salud, a pesar de una orden judicial dictada en noviembre de 2020 que exigía que se lo enviara a un centro médico. En septiembre de 2021 el periodista Roland Carreño, que se encontraba preso, fue diagnosticado con COVID-19. En octubre Raúl Isaías Baduel, ministro de Defensa de la era Chávez, falleció de COVID-19. Isaías, quien luego se opuso a Chávez, estaba preso desde 2017 por cargos de conspiración.

F4. ¿La legislación, normativa y prácticas garantizan un trato igualitario de los diversos sectores de la población? 1 / 4

Los pueblos indígenas representan el 2,5 % de la población y sus derechos se encuentran salvaguardados en la Constitución, aunque su protección por las autoridades es deficiente. Los grupos indígenas son discriminados y tratados de modo desigual, especialmente en Bolívar en donde son objeto de explotación laboral, extorsión a manos de paramilitares, trata con fines sexuales (en el caso de algunas mujeres) y apropiaciones de tierras por causa de la minería ilegal que también genera la destrucción de bosques y de otros elementos naturales que se encuentran en tierras indígenas. Según un informe publicado por World Heritage Watch en 2021, más de 18.000 acres dentro del Parque Nacional Canaima, hogar del pueblo pemón, se han visto afectados por la minería ilegal.

Si bien la discriminación por motivos de orientación sexual se encuentra prohibida, los venezolanos LGBT+ se enfrentan a intolerancia y violencia generalizadas. Según la ONG Nunca Dejes de Soñar al menos cuatro venezolanos transgénero, de género no binario o no conforme fueron asesinados durante los primeros ocho meses de 2021.

G. AUTONOMÍA DE LA PERSONA Y DERECHOS INDIVIDUALES: 4 / 16

G1. ¿La persona goza de libertad de circulación, incluida la capacidad de cambiar su lugar de residencia, de empleo o de educación? 1 / 4

El estado de emergencia por COVID-19, vigente entre marzo de 2020 y marzo de 2021, impuso duras restricciones para la circulación de la población. Las autoridades y los grupos paramilitares detuvieron arbitrariamente, atacaron físicamente y torturaron a civiles que incumplieron la cuarentena y otras instrucciones de seguridad durante el estado de emergencia.

Continúa en éxodo masivo desde Venezuela debido a las constantes crisis sociales y económicas que afectan al país. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó que a octubre de 2021 más de 5,9 millones de venezolanos habían huido del país. Los niños dejan Venezuela sin la compañía de adultos: en mayo de 2021, el Centro de Derechos Humanos en la Universidad Católica de Andrés Bello (CDH UCAB) señaló entre octubre de 2020 y febrero de 2021 al menos 430 menores no acompañados.

Los venezolanos que vivían cerca de la frontera con Colombia huyeron cuando las fuerzas de seguridad llevaron adelante una campaña armada contra el Frente 10 entre marzo y mayo de 2021. Se calcula que durante los enfrentamientos unas 7.000 personas cruzaron la frontera para salir de Venezuela. 

G2. ¿La persona puede ejercer su derecho de propiedad y constituir emprendimientos privados sin la interferencia indebida de actores estatales y no estatales? 1 / 4

Los derechos de propiedad se han visto afectados por años de controles de precios, nacionalizaciones, reglamentación excesiva y corrupción. Son comunes las acusaciones de mala administración, subinversiones, soborno político y prácticas de contratación politizadas en el seno de las empresas del Estado.

G3. ¿La persona goza de libertades personales sociales, tales como la elección de su pareja a efectos matrimoniales y el tamaño de su familia, la protección en casos de violencia doméstica y el control de su apariencia personal? 2 / 4

El colapso económico del país, impulsado políticamente, ha disminuido la disponibilidad de la atención en materia de salud reproductiva. Se ha producido un aumento en la mortalidad materna e infantil. Debido al carácter restrictivo de las leyes de interrupción del embarazo, muchas mujeres y jóvenes recurren a abortos clandestinos que frecuentemente son inseguros y no sanitarios o viajan al exterior.

Las presas políticas han indicado haber sufrido agresiones perpetradas por las fuerzas de seguridad, tales como instancias de violencia sexual, desnudez forzada y amenazas de violación. Las familiares de presos políticos son objeto de actos de humillación y violencia de género durante sus visitas a los centros de detención, así como en operaciones de seguridad y allanamientos domiciliarios.

En 2007 se promulgó una ley destinada a combatir la violencia contra la mujer, aunque la violencia doméstica y las violaciones siguen siendo comunes y raramente son punidas en la práctica. Durante la primera mitad de 2021 se produjeron 116 homicidios de mujeres, en tanto 137 fueron asesinadas durante la primera mitad de 2020, según informes de la ONG Monitor de Femicidios.

La comunidad LGBT+ del país aún no goza de derechos fundamentales, como el matrimonio legal, la adopción y la identidad de género.

G4. ¿La persona goza de igualdad de oportunidades y no es objeto de explotación económica? 0 / 4

Las mujeres y niños venezolanos son cada vez más vulnerables a la trata con fines sexuales dentro del país y en el exterior; y el problema se ve exacerbado por el empeoramiento de la situación económica y por la crisis de COVID-19. En agosto de 2021 el CDH UCAB señaló que el 21 % de los migrantes venezolanos en Costa Rica, la República Dominicana, Guyana, Panamá y Trinidad y Tobago fue sometido a formas análogas de esclavitud, incluido, entre otras, el trabajo sexual forzado.   

La escasez de oportunidades laborales y la falta de ajuste de los sueldos por hiperinflación hacen que cada vez más ciudadanos venezolanos recurran a empleos en la economía informal, lo que implica que quedan más expuestos a condiciones de trabajo que los colocan en situaciones de peligro o de explotación. En el caso de las empresas que se encuentran registradas legalmente, las sanciones por incumplimiento de la legislación laboral, cuando se aplican, generalmente se dirigen a las operaciones del sector privado y no a las gestionadas por el Estado.