A1. ¿Fueron la actual cúpula del gobierno u otras altas autoridades nacionales elegidas mediante elecciones justas y libres? 0 / 4 

El presidente gobierna por un período de seis años y no está sujeto a los límites del período. Al presidente en ejercicio Nicolás Maduro se le otorgó un nuevo período presidencial después de ganar las elecciones anticipadas en 2018 con un 68 por ciento de los votos. Los sondeos mostraron una participación inusualmente baja del 46 por ciento, las principales figuras de la oposición fueron inhabilitadas para competir y por lo general los observadores regionales consideraron que el proceso había sido ilegítimo. 

En diciembre de 2022, los miembros que quedaban en la Asamblea Nacional controlada por la oposición, que habían sido elegidos en 2015, votaron por disolver formalmente el gobierno interino que ésta había creado en enero de 2019, con el fin de poner en entredicho la legitimidad de Maduro. Dicho gobierno, encabezado por el presidente interino Juan Guaidó, fue reconocido por muchos países democráticos, aunque nunca pudo desplazar a Maduro ni asumir en la práctica el control de las instituciones estatales. 

 Las elecciones presidenciales están programadas para el 2024, aunque a finales del año 2023 no se había anunciado una fecha para la votación. En octubre, se informó que el régimen de Maduro había llegado a un acuerdo con el gobierno de EE.UU. según el cual este último ablandaría algunas sanciones impuestas a Venezuela a cambio—entre otras cosas—de que el régimen permitiera la vigilancia de la votación de 2024 por parte de observadores independientes. Adicionalmente, el régimen acordó crear un proceso que permitiera que las cabezas inhabilitadas de la oposición pudieran participar en la contienda electoral del 2024.

A2. ¿Fueron los actuales representantes del poder legislativo elegidos mediante elecciones libres y justas? 0 / 4 

La Asamblea Nacional unicameral se elige popularmente por un periodo de cinco años mediante un voto que mezcla representación mayoritaria y representación proporcional. Los principales partidos de la oposición se negaron a participar en las elecciones de la Asamblea Nacional del 2020, invocando el control por parte del régimen sobre del CNE y los intentos recientes de reemplazar los propios líderes del partido. Según informes oficiales sobre los resultados, una coalición liderada por el actual partido de gobierno, Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ganó 253 escaños de los 277 de la asamblea. 

Mientras tanto, la Asamblea Nacional controlada por la oposición que había sido elegida en 2015 siguió funcionando y ha votado repetidamente por ampliar su período, a pesar de la decisión de diciembre de 2022 sobre la disolución el gobierno interino de Guaidó. En enero de 2023, los miembros votaron por ampliar su mandato por un año más y nombraron a tres legisladores en el exilio para reemplazar a Guaidó como cabeza de la cámara. 

Las elecciones regionales y locales que se llevaron a cabo en noviembre de 2021 se vieron opacadas por el abuso de recursos del estado y la interferencia judicial a favor del gobierno. Una misión de observación de las elecciones de la Unión Europea (UE) reportó que el resultado fue del 42,5 por ciento, el más bajo de los últimos 25 años. Los observadores de la UE fueron obligados a salir del país ese mismo diciembre y no se les permitió regresar para anunciar su informe final en 2022. 

A3. ¿Son justas las leyes y el marco electoral y se aplican de forma imparcial por parte de los cuerpos de gestión? 0 / 4 

El sistema electoral cuenta con enorme influencia gracias a la manipulación política y a la interferencia institucional en pro del PSUV. En junio de 2023, varios miembros del CNE afiliados al gobierno renunciaron de manera inesperada. Más tarde, en ese mismo mes, la cabeza de la Asamblea Nacional anunció que los legisladores volverían a nombrar a todos los miembros de este organismo de 15 escaños en un movimiento que el Observatorio Electoral de Venezuela (OEV), ente no gubernamental, calificó de “legalmente cuestionable.” Los legisladores seleccionaron nuevos miembros del CNE en agosto. Si bien algunos escaños fueron asignados a miembros de la oposición, el recientemente nombrado CNE retuvo la mayoría a favor del gobierno.  

La reorganización total del CNE se dio en un momento crucial: el ente recientemente nombrado administrará las elecciones presidenciales del 2024. La prologada ausencia de un CNE operante también obstaculizó la administración oficial de las primarias de la oposición en 2023, lo que contribuyó a la decisión de la oposición de “auto administrar” sus primarias presidenciales de octubre. Días más tarde, el TSJ suspendió tanto el proceso de las primarias de la oposición como los resultados de la votación. 

Los sondeos recientes se caracterizan por la descalificación de importantes candidatos de la oposición, el abuso de recursos públicos por parte del gobierno, el acceso desigual a los medios estatales, la disminución de la presencia de observadores internacionales y la intimidación de funcionarios estatales. A los millones de ciudadanos elegibles que salieron del país debido a la crisis económica no se les ha permitido actualizar su puesto de votación. Según el grupo venezolano Súmate que trabaja en favor de los derechos electorales, alrededor de 10 millones de votantes venezolanos se verían obligados a abstenerse de votar si el CNE no facilita la inscripción antes de las elecciones presidenciales del 2024.

B. PLURALISMO POLÍTICO Y PARTICIPACIÓN: 1 / 16

B1. ¿Tienen los ciudadanos el derecho a organizarse en los distintos partidos o grupos políticos de su preferencia y el sistema no obstaculiza indebidamente el repunte y la caída de estos grupos o partidos que compiten entre sí? 0 / 4 

Aunque existen coaliciones y partidos, el PSUV utiliza recursos del Estado, al igual que a las fuerzas de seguridad y a la rama judicial para boicotear los partidos que se oponen directamente a su posición dominante. En agosto de 2023, el TSJ intervino para sustituir a los líderes del Partido Comunista de Venezuela (PCV), presuntamente por causa de actos de corrupción. En los últimos años, el TSJ ha suspendido y reemplazado a los líderes de otros partidos de la oposición, inclusive de Acción Democrática y Voluntad Popular. 

Durante mucho tiempo, los líderes de la oposición han sido objeto de acoso, ataques, privación de la libertad u otros medios que les impiden participar en el proceso político. En enero de 2023, las autoridades judiciales ordenaron la detención de tres nuevos líderes de la Asamblea Nacional del 2015 controlada por la oposición y sus hogares fueron allanados por la policía. Días más tarde, el fiscal general ordenó la detención del líder de la oposición Julio Borges por presunta traición. En abril, el antiguo presidente interino Juan Guaidó salió de Venezuela debido a rumores sobre una posible detención. A diciembre, el gobierno había expedido órdenes de captura contra al menos tres miembros de la oposición pertenecientes al grupo de la candidata presidencial María Corina Machado.  

Según un grupo de la sociedad civil denominado Foro Penal, todavía había más de 275 presos políticos en Venezuela en diciembre de 2023, de los cuales más de 100 han permanecido privados de la libertad durante más de tres años, a la espera de juicio. Muchos grupos de derechos humanos han documentado el uso de torturas y desapariciones forzadas encaminadas a controlar a la disidencia.  

Los candidatos que se postularon para las elecciones primarias de la oposición de 2023 fueron objeto de amenazas, intimidación y hostigamiento, inclusive por parte de grupos violentos partidarios de Maduro y la policía del gobierno generalmente vigilaba los pasos de los candidatos. Algunos candidatos de la oposición fueron descalificados de manera arbitraria para participar en las elecciones. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) censuró el cubrimiento de las primarias de la oposición.

B2. ¿Existe la oportunidad realista de que la oposición aumente sus partidarios o asuma el poder mediante elecciones? 0 / 4 

Aunque el descontento generalizado con el régimen de Maduro sigue siendo amplio, el gobierno ha cerrado prácticamente todas las vías de acceso al cambio político a nivel nacional y ha utilizado una amplia gama de tácticas para crear divisiones dentro del movimiento opositor.  

En junio de 2023, a la líder de la oposición María Corina Machado se le prohibió participar en las elecciones, con argumentos espurios, inclusive por presuntas irregularidades en su declaración de activos del año 2015, cuando era miembro de la Asamblea Nacional. Machado apeló la prohibición en diciembre. Otras figuras prominentes de la oposición también fueron sometidas a prohibiciones arbitrarias de participar en las elecciones y, después de que Machado ganó las primarias de la oposición en octubre, el gobierno expidió órdenes de captura contra varios líderes de la oposición e integrantes del equipo de Machado. El gobierno de EE.UU. ha pedido al régimen de Maduro que levante estas órdenes a cambio de ablandar las sanciones económicas impuestas a Venezuela por Estados Unidos. El régimen de Maduro no lo había hecho al mes de diciembre.  

El gobierno utilizó una serie de tácticas que los grupos de derechos humanos califican como un medio para reducir la participación en las elecciones primarias de la oposición. Por ejemplo, en septiembre, los cuatro grandes proveedores de internet de Venezuela, inclusive la CANTV de propiedad estatal, bloquearon la página web que informaba sobre los puestos de votación para las primarias de la oposición. 

B3. ¿Las opciones políticas elegidas por las personas están exentas del dominio de fuerzas ajenas a la esfera política, o por fuerzas políticas que utilizan medios que no son políticos? 0 / 4 

El régimen de Maduro depende del apoyo de las fuerzas militares y paramilitares y de la complacencia oscura de estados extranjeros para mantener su poder político. Los líderes militares han asumido el control de distintas entidades y Maduro sigue fortaleciendo las Milicias Bolivarianas, un fuerte grupo de millones de civiles establecido en 2008 para apoyar a las fuerzas militares.  

Por otra parte, grupos armados irregulares afiliados al gobierno, conocidos como colectivos, rutinariamente cometen actos violentos contra civiles e intimidan a los votantes con el respaldo del gobierno. Durante 2023, se reportó que los colectivos llevaron a cabo ataques violentos contra los candidatos de la oposición y sus seguidores a cambio de recursos y ayudas estatales. 

En septiembre de 2023, la misión internacional de Naciones Unidas (ONU) de determinación de los hechos sobre Venezuela reportó que el régimen de Maduro sigue violando los derechos humanos de los disidentes y además advierte que estas violaciones constituyen una “política de represión” contra los miembros de la oposición y que aparentemente el gobierno no está dispuesto a cambiar.

B4. ¿Tienen los distintos segmentos de la población (como grupos étnicos, raciales, religiosos, de género, LGBT+ y otros grupos relevantes) plenos derechos políticos y oportunidades electorales? 1 / 4 

El dominio político del PSUV da poca cabida a los grupos étnicos y otros que abogan por sus intereses de manera independiente. Los pueblos indígenas de Venezuela cuentan con representación política limitada y sus miembros luchan por atraer la atención del gobierno hacia sus necesidades.  

Aunque algunas mujeres ocupan altos cargos dentro del gobierno, no hay mayores discusiones sobre políticas relacionadas con temas que afectan principalmente a la mujer. Casi ningún miembro abiertamente perteneciente a la comunidad LGBT+ ocupa altos cargos públicos o gubernamentales en Venezuela. El primer miembro abiertamente transgénero de la Asamblea Nacional que pertenece al partido Voluntad Popular es Tamara Adrián, quien ocupa un escaño en la asamblea elegida en 2015 y participó en la contienda de las primarias de la oposición en el 2023.

C. FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO: 0 / 12

C1. ¿La cabeza del gobierno es elegida libremente y los representantes del poder legislativo nacional determinan las políticas de gobierno? 0 / 4 

Venezuela no funciona como democracia representativa. La última elección presidencial fue ampliamente considerada ilegítima y la legislatura controlada por la oposición en la práctica carecía de capacidad para llevar a cabo su mandato constitucional entre 2015 y 2020, cuando fue reemplazada por una Asamblea Nacional dominada por el PSUV. 

El régimen de Maduro depende cada vez más de asistencia económica, médica, militar y otras provenientes de otros países aliados, especialmente de los gobiernos de Rusia, Cuba, Turquía e Irán. Además, las guerrillas colombianas de izquierda han aumentado su injerencia en ciudades fronterizas con Venezuela. Según los investigadores de la ONU, la guerrilla autodenominada Ejército de Liberación Nacional (ELN) opera en el estado de Bolívar y pactó con el gobierno el control de la minería ilegal. 

C2. ¿Son las salvaguardas contra la corrupción oficial fuertes y eficaces? 0 / 4 

En Venezuela la corrupción sigue creciendo. Las políticas económicas del gobierno—en particular el control de la moneda y los precios—constituyen oportunidades importantes para las actividades comerciales ilícitas y facilitan la colusión entre redes de funcionarios públicos y el crimen organizado. Las autoridades de países como Estados Unidos, Canadá, Panamá y la Unión Europea han impuesto sanciones a funcionarios venezolanos por corrupción y otros delitos que no se investigan en Venezuela. 

En marzo de 2023, el ministro de petróleo Tareck El Aissami renunció de manera inesperada durante una investigación por corrupción dentro de la empresa petrolera del estado, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Antes de su renuncia, El Aissami era miembro de alto rango del régimen de Maduro, y amasó su propia base de poder; algunos analistas creen que el caso contra El Aissami posiblemente no sea un esfuerzo genuino por reforzar los mecanismos anticorrupción sino más bien un pretexto para que el régimen de Maduro persiga a sus opositores políticos.  

Las autoridades venezolanas llevaron a cabo 142 allanamientos y detuvieron a 44 personas en los meses de marzo y abril de 2023 por presunta participación en varios casos de corrupción, incluyendo el caso de PDVSA. Uno de los detenidos, Leoner Azuaje, supuestamente se suicidó dentro de su celda de la cárcel; algunos medios de comunicación venezolanos afirmaron que el cuerpo de Azuaje presentaba posibles señales de tortura. 

C3. ¿El gobierno actúa abiertamente y con transparencia? 0 / 4 

Prácticamente no existe transparencia en lo que se refiere a los gastos del gobierno. De manera consistente, el régimen de Maduro no publica datos confiables sobre delincuencia y economía, como las estadísticas mensuales sobre inflación, balanza de pagos y producto interno bruto anual. Algunos de los líderes de la sociedad civil alegan que la falta de transparencia que rodea a los datos oficiales no permite adoptar políticas eficaces para combatir y evitar problemas graves, como la violencia interna y el abuso infantil.

LIBERTADES CIVILES: 14 / 60 

D. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y CREDO: 6 / 16 

D1. ¿Existen medios libres e independientes? 1 / 4 

Los medios de comunicación funcionan dentro de un marco regulatorio y jurídico altamente restrictivo. Antiguamente, Venezuela gozaba de sectores vibrantes de prensa escrita, televisión y radio, pero muchos medios se han visto obligados a cerrar o a limitar su funcionamiento. Durante 2023, al menos seis emisoras radiales fueron obligadas a cerrar sus operaciones, inclusive Radio Caracas Radio, que funcionó durante más de 90 años. Además, más de 60 medios digitales fueron bloqueados arbitrariamente durante el año. El régimen de Maduro mantiene una infraestructura de medios controlada por el Estado que promociona su programa político e ideológico.  

Los periodistas independientes corren el riesgo de exponerse a presiones del gobierno, detención arbitraria y violencia física. En septiembre de 2023, el periodista Luis Alejandro Acosta fue detenido por informar acerca de operaciones militares contra la minería ilegal en el Parque Nacional Yacapana. Acosta permaneció detenido varios días antes de que lo liberaran con la condición de que no divulgara información sobre el caso. En enero, cuatro periodistas y el editor en jefe del periódico El Nacional fueron detenidos temporalmente e interrogados sobre su trabajo.  

La Organización No Gubernamental (ONG) Espacio Público documentó casi 300 casos de violación del derecho a la libertad de expresión, inclusive de censura e intimidación, durante los primeros nueve meses de 2023. Otro grupo dedicado a la libertad de prensa, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), registró 257 infracciones contra la libertad de expresión durante 2022, junto con restricciones de acceso a la información y agresión contra periodistas que son los tipos más comunes de vulneración de derechos. 

D2. ¿Gozan las personas de libertad para practicar y expresar sus creencias religiosas o su ateísmo en público y en privado? 3 / 4 

Por lo general, la garantía constitucional de libertad religiosa se respeta, aunque las relaciones entre el gobierno y la Iglesia Católica Romana siguen siendo tensas. Según la edición del 2021 el Informe Internacional de Libertad Religiosa del Departamento de Estado de Estados Unidos, algunos grupos Católicos Romanos y Cristianos Evangélicos se quejaron de hostigamiento, intimidación y retaliación por parte del gobierno contra sus miembros e inclusive contra el clero. El informe también señaló que existía un patrón de contenido antisemita en los medios de comunicación afiliados al régimen y en las publicaciones de las redes sociales.

D3. ¿Existe libertad académica y el sistema educativo no practica el adoctrinamiento político extensivo? 1 / 4 

En los últimos años, la libertad académica ha estado sujeta a crecientes presiones, puesto que los recortes presupuestales y otros problemas de financiación han ocasionado una reducción de la capacidad de investigación científica dentro de Venezuela, han minado la autonomía de las universidades y han provocado el éxodo de los académicos. 

El régimen continúa ejerciendo injerencia política sobre las directivas universitarias. En 2022, el TSJ suspendió parcialmente los resultados de las elecciones internas celebradas en la Universidad Central de Venezuela (UCV), la mayor institución de educación superior del país, después de que los candidatos proclives al gobierno perdieran en todas las facultades y en 44 de las 49 escuelas. En julio de 2023 fue elegido un nuevo rector, Víctor Rago, cuando se repitieron las elecciones. 

D4. ¿Gozan los individuos de libertad para expresar sus puntos de vista personales acerca de opiniones políticas u otros temas delicados sin miedo a la vigilancia o retaliación? 1 / 4 

En Venezuela, la libertad de expresión personal está fuertemente coartada, en parte por causa del efecto disuasorio de la extrema vigilancia por parte del gobierno. En 2022, la empresa española de telecomunicaciones Movistar, que opera en Venezuela, informó que el gobierno de Maduro había solicitado más de 860.000 interceptaciones telefónicas a lo largo del año 2021 que afectaban a más de 1,5 millones de números telefónicos. Además, el gobierno ha utilizado los servicios sociales y sistemas de prestación de servicios de salud para vigilar a los venezolanos; el Carnet de la Patria es un documento electrónico de identificación que se utiliza tanto para repartir ayudas sociales como para vigilar la actividad en línea de los ciudadanos. 

Los usuarios de redes sociales han recibido diversas amenazas y castigos por publicaciones que las autoridades consideran contrarias al régimen. En diciembre de 2023, el bombero Alfredo Lizcano fue detenido cuando colgó un video en la página de la red social X en el que directamente se dirigía al presidente para solicitar al gobierno el pago de la bonificación de vacaciones que se les había prometido a los empleados públicos.

E. DERECHOS DE ASOCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN: 2 / 12

E1. ¿Existe el derecho de asociación? 0 / 4 

Si bien está garantizado en la constitución, en la práctica el derecho de asociación está ampliamente restringido y de hecho se sabe que han ocurrido enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) contó 4.351 protestas por distintos temas en el primer semestre de 2023—lo que representa un aumento del 12 por ciento comparado con el mismo período de 2022. El OVCS reportó que 95 de estas protestas fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad. El uso de exceso de fuerza por parte de las autoridades para dispersar protestas, en especial las que se refieren a derechos sociales y económicos, ha aumentado en los últimos años. Además, se conoce que los colectivos y otros grupos armados partidarios del gobierno utilizan las amenazas de violencia para evitar y reprimir estas protestas.

E2. ¿Existe libertad para las organizaciones no gubernamentales, en especial para aquéllas que se dedican a los derechos humanos y trabajan en temas relacionados con la gobernanza? 1 / 4 

Desde hace varios años, han venido aumentado el hostigamiento, las amenazas y las sanciones judiciales y administrativas contra activistas de derechos humanos y ONGs. Según el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), la cifra de ataques contra defensores y organizaciones de derechos humanos aumentó entre 2018 y 2021. A pesar de que en 2022 el número de ataques disminuyó, en 2023 esta cifra volvió a remontar, con 309 ataques documentados sucedidos en el primer semestre del año. El director de Fundaredes, Javier Tarazona, quien fue detenido en 2021 por debatir posibles vínculos entre el gobierno y las guerrillas izquierdistas colombianas que operan en el país, seguía detenido al finalizar el año 2023.  

En enero de 2023, la Asamblea Nacional aprobó en primera lectura una ley que, en caso de ser aprobada, regularía los ingresos y las actividades de las ONGs en Venezuela, lo cual amenaza su sostenibilidad. Al mes de septiembre, la ley no había sido aprobada. En agosto, el TSJ ordenó la reestructuración total de la Cruz Roja Venezolana y nombró un nuevo presidente. El dictamen del TSJ, que las autoridades sostienen se basó en acusaciones de que los voluntarios eran maltratados, fue posterior a que el prominente político progobiernista Diosdado Cabello criticara públicamente al entonces presidente de la organización.

E3. ¿Gozan de libertad los sindicatos y las organizaciones profesionales o laborales similares? 1 / 4 

Por ley, los trabajadores tienen derecho a formar sindicatos, a negociar colectivamente y a declarar huelgas, con algunas restricciones del derecho a la huelga entre los trabajadores del sector público. El control de los sindicatos ha pasado de la huelga tradicional convocada por líderes sindicales aliados con la oposición a organizaciones de trabajadores alineadas con el gobierno. La competencia ha contribuido a un marcado aumento de la violencia laboral. 

Según el informe de 2022 publicado por el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), al menos 44 líderes sindicales fueron asesinados entre 2015 y 2020. En agosto de 2023, 6 sindicalistas fueron sentenciados a 16 años de prisión por cargos de conspiración y terrorismo.  Los seis habían sido detenidos en 2022 por su participación en protestas en favor del aumento salarial. Todos ellos fueron excarcelados en diciembre de 2023 como parte de un acuerdo entre los gobiernos de EE.UU. y Venezuela para que el régimen liberara a varios prisioneros a cambio de devolver al aliado de Maduro, Alex Saab, quien se encontraba detenido en Estados Unidos desde 2021 por cargos de corrupción.  

También en agosto, dos expertos en derechos humanos de la ONU expresaron preocupación por lo que consideraban “abuso crónico” por parte de funcionarios venezolanos de las leyes antiterroristas dirigidas contra sindicalistas. Más de 20 trabajadores fueron detenidos entre enero y junio por manifestarse a favor de mejores condiciones laborales. 

F. ESTADO DE DERECHO: 1 / 16

F1. ¿Existe una judicatura independiente? 0 / 4 

La politización de la rama judicial, que aumentó drásticamente bajo el expresidente Hugo Chávez, lo ha hecho aún más con Maduro. En abril de 2022, la Asamblea Nacional controlada por el PSUV eligió 20 nuevos magistrados del TSJ bajo una ley que redujo el tamaño del tribunal que era de 32 magistrados. Varios de los elegidos ya habían sido magistrados del antiguo tribunal, lo que provocó preocupación porque podían violar el límite de 12 años impuesto por la constitución. En los últimos años, el TSJ ha dictado numerosas sentencias que favorecen al régimen de Maduro y los expertos de la ONU han criticado repetidamente la falta de independencia de la rama judicial.

F2. ¿Prevalece el debido proceso en cuestiones tanto civiles como penales? 0 / 4 

Los presuntos opositores del gobierno y el PSUV son detenidos y juzgados de manera rutinaria sin tener en cuenta el debido proceso. Dentro de éstos también se cuentan civiles y miembros del servicio público que son juzgados por tribunales militares. 

Las víctimas de la violencia a manos del Estado no cuentan con un medio realista para su reparación. El informe de la ONU de 2021 señaló que los fiscales y miembros de la judicatura han colaborado de manera eficaz con los abusos de los derechos humanos por parte del régimen.

F3. ¿Existe protección contra el uso ilegítimo de la fuerza física y contra la guerra y la insurgencia? 0 / 4 

Los venezolanos enfrentan inseguridad física y violencia provenientes de distintas fuentes, como grupos armados irregulares, fuerzas de seguridad y pandillas organizadas. En abril de 2023, la ONG venezolana de derechos humanos Provea (Programa Venezolano de Educación–Acción en Derechos Humanos) reportó que entre 2013 y 2023, la organización documentó 9.465 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas policiales y militares.  

En 2023, las ONGs y los líderes políticos locales hicieron un llamado al gobierno para abordar la amenaza de las guerrillas y organizaciones criminales colombianas que siguen delinquiendo en el lado venezolano de la frontera. 

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) encontró que en 2023 la tasa global de muertes violentas en el país—incluyendo los homicidios cometidos por civiles, las muertes a manos de las autoridades y otras muertes sospechosas—fue de 26,8 por cada 100.000 habitantes, lo que representa una considerable reducción comparada con la de 35,3 por cada 100.000 habitantes registrada en 2022. A pesar de este avance, Venezuela sigue siendo uno de los países más violentos de la región. 

En Venezuela, las cárceles también son de las peores de la región. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) encontró que de los 76 prisioneros fallecidos en 2022, la mayoría murieron por desnutrición y tuberculosis. Los pranes o líderes de las pandillas que operan dentro las prisiones, coordinan libremente redes criminales en todo el país. 

F4. ¿Las leyes, políticas y prácticas garantizan el trato igualitario de los distintos segmentos de la población? 1 / 4 

En la práctica, no se aplica correctamente la protección constitucional contra la discriminación por género, raza y otras características. La mujer sigue sufriendo gran desigualdad en lo que se refiere a educación, compensación y empleo, y se ha visto afectada de manera desproporcionada por la crisis económica impulsada por la política del país. 

La constitución garantiza los derechos de los pueblos indígenas, que representan el 2,5 por ciento de la población, aunque están muy poco protegidos. Los grupos indígenas suelen estar expuestos a discriminación, explotación laboral, extorsión por parte de grupos militares y paramilitares, tráfico sexual e invasión de tierras con fines de minería ilegal, con la consiguiente destrucción de la selva nativa y otros recursos naturales de los que dependen las comunidades indígenas. 

Aunque la discriminación por la orientación sexual está prohibida, los venezolanos pertenecientes al colectivo LGBT+ encuentran gran intolerancia y violencia. En julio de 2023, 33 hombres LGBT+ fueron detenidos durante una redada policial en un bar sauna privado. Entre otras cosas, los hombres fueron acusados de “comportamiento obsceno” y contaminación acústica; los 33 fueron dejados en libertad condicional bajo palabra a los 10 días. El estatuto que penalizaba las relaciones sexuales entre el mismo sexo dentro de las fuerzas militares fue abolido a principios de 2023.

G. AUTONOMÍA PERSONAL Y DERECHOS INDIVIDUALES: 5 / 16 

G1. ¿Gozan las personas de libertad de movimiento y pueden cambiar de lugar de residencia, trabajo o educación? 2 / 4 

En algunas regiones del país el movimiento interno es limitado por causa de amenazas contra la seguridad física y los venezolanos siguen huyendo al extranjero por persecución política, inseguridad y crisis económicas y sociales. Según la Plataforma Regional de Coordinación Interinstitucional para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), a agosto de 2023 habían salido del país un total de 7,7 millones de migrantes y refugiados venezolanos.

G2. ¿Pueden las personas ejercer su derecho a la propiedad y establecer negocios privados sin interferencia indebida por parte de actores estatales y no estatales? 1 / 4 

El derecho a la propiedad se ha visto negativamente afectado por años de control de precios, nacionalización, sobrerregulación y corrupción. Las invasiones ilícitas de tierras y la extorsión por parte de grupos armados también siguen minando el derecho a la propiedad y a las actividades comerciales privadas. 

G3. ¿Gozan las personas de libertad social personal, como elegir pareja para casarse y el tamaño de su familia, protección contra la violencia intrafamiliar y control de su apariencia? 2 / 4 

Por lo general se respetan las libertades sociales personales relacionadas con el matrimonio, el divorcio y la custodia de los hijos, aunque algunos miembros del colectivo LGBT+ siguen sin tener acceso igualitario a derechos fundamentales como el matrimonio legal, la adopción y el reconocimiento de la propia identidad de género. 

En Venezuela el colapso económico impulsado por lo político ha disminuido la disponibilidad de atención médica reproductiva. La mortalidad materna e infantil ha crecido. Puesto que el aborto es ilegal a menos que peligre la vida de la paciente, muchas mujeres y niñas se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos insalubres e inseguros o a viajar al exterior. 

Aunque en 2007 se promulgó una ley que combate la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar y la violación siguen siendo comunes. El Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), una ONG venezolana que defiende los derechos humanos, registró 282 feminicidios en 2022. Las mujeres que han sido presas políticas informaron de los abusos que sufren por parte de las fuerzas de seguridad, dentro de los que se cuentan la violencia sexual, las amenazas de violación y la desnudez forzada.

G4. ¿Gozan las personas de igualdad de oportunidades y protección contra la explotación económica? 0 / 4 

La prolongada crisis económica ha dejado a la población en un estado extremo de vulnerabilidad ante el tráfico de personas y la explotación laboral. Así mismo, las mujeres y los niños están expuestos al tráfico sexual tanto dentro de Venezuela como en el exterior y se han conocido informes en el sentido de que los grupos armados al margen de la ley practican el reclutamiento forzado de menores.