La minería ilegal en Venezuela está intensificando la violencia, el ecocidio y la corrupción. La comunidad internacional debe actuar.

En medio de una deteriorada y severa crisis económica y humanitaria en Venezuela, la industria minera ilícita se encuentra en auge en los estados del sur, Bolívar y Amazonas, hogar de dos parques nacionales y más de diez comunidades Indígenas cuyas tradiciones ancestrales y modos de vida están íntimamente arraigadas a sus territorios. Operadas por grupos criminales que utilizan la violencia y el terror, las minas ilegales están no sólo desplazando a los Pueblos Indígenas, sino que han desatado la destrucción ambiental. Las ganancias obtenidas sostienen al régimen de Nicolás Maduro y contribuyen a la corrupción global. Para detener las atrocidades cometidas en contras de los derechos humanos y frenar el comercio transnacional ilegal de minerales, la comunidad internacional debe promover los mecanismos de rendición de cuentas y apoyar a los periodistas de investigación venezolanos y grupos de la sociedad civil que exponen los abusos relacionados con la minería. Una acción cooperativa eficaz no sólo mejoraría la vida de los venezolanos, sino que sus repercusiones reducirían la corrupción y mejorarían la gobernabilidad democrática en todo el mundo.

Las consecuencias globales del comercio ilícito de minerales en Venezuela

Durante casi una década, funcionarios del gobierno venezolano se han beneficiado de la minería ilegal para sobornar y obtener otras ganancias ilícitas que han servido de salvavidas para el régimen de Maduro. Esta industria ha devastado aún más el frágil ecosistema de la selva tropical de Venezuela y desplazado a comunidades Indígenas de sus tierras ancestrales, al tiempo que concentra millones de dólares en pocas manos. Las organizaciones criminales que manejan las minas han crecido con el reclutamiento de miembros de los Pueblos Indígenas y el ejercicio del control social mediante el uso de la fuerza. El aumento de la represión, los persistentes apagones por el colapso eléctrico y las limitaciones a la movilidad—resultado de la creciente inseguridad, las restricciones del COVID-19 y la aguda escasez de combustible—obstaculizan a periodistas de investigación y analistas de derechos humanos el acceso al sur de Venezuela. Las redes de corrupción internacional que sustentan la minería ilícita oscurecen aún más los análisis forenses y complican los esfuerzos para identificar y perseguir a los corruptos. La ausencia de independencia judicial en Venezuela, aunado a lagunas de información, merman la esperanza de lograr la rendición de cuentas a nivel nacional por las consecuencias adversas de la minería ilegal.

A nivel internacional, las operaciones ilegales de oro de Venezuela han permitido al régimen de Maduro fortalecer las alianzas estratégicas con otros gobiernos corruptos para evadir conjuntamente las sanciones internacionales. Turquía y los Emiratos Árabes Unidos se encuentran entre los principales beneficiarios del oro venezolano, también es bien conocido que Irán y Rusia ofrecen un puerto seguro a la riqueza ilícita venezolana; todos estos países están clasificados como "No Libres" de acuerdo con el informe anual de Freedom House, Freedom in the World. Sin embargo, según los recientes esfuerzos del periodismo de investigación, la proliferación transnacional de las actividades financieras ilícitas de Venezuela va más allá de los regímenes autocráticos y amenaza a las democracias tanto en el hemisferio occidental como en Europa.

Una oportunidad para la cooperación internacional

A pesar de representar desafíos complejos, la naturaleza transnacional y el impacto del comercio ilegal de minerales de Venezuela también podrían mejorar la cooperación global para frenar la corrupción y buscar justicia a nivel internacional. Las instituciones multilaterales y los Estados tienen la oportunidad y la responsabilidad de exponer y abordar la ilegalidad generalizada en los estados del sur venezolano, presionar y perseguir a los actores cómplices en terceros países y fomentar nuevos caminos hacia la justicia.

Como primer paso, la comunidad internacional debe reforzar los esfuerzos para investigar y evaluar las actividades ilícitas, la corrupción desenfrenada, las violaciones de derechos humanos y la destrucción ambiental en el Arco Minero del Orinoco de Venezuela. En ausencia de recursos internos efectivos, los mecanismos internacionales de rendición de cuentas representan la única esperanza para conocer la verdad y proporcionar a las victimas algún grado de justicia. Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas deben renovar el mandato de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela  el próximo 6 de octubre. Durante el año de mandato conferido, la Misión documentó con éxito la responsabilidad directa por crímenes cometidos contra la humanidad por autoridades de alto nivel e identificó un patrón sistemático de graves violaciones de los derechos humanos. Una extensión de la duración y el alcance de la Misión permitiría investigar los brutales abusos contra los Pueblos Indígenas y otras graves violaciones cometidas en el Arco Minero del Orinoco.

Teniendo en cuenta el impacto de la corrupción venezolana, los gobiernos extranjeros deben utilizar sus propios sistemas judiciales nacionales para investigar, procesar y sancionar a empresas e individuos cómplices de la extracción y el comercio ilícito de oro venezolano. Actualmente, existen al menos 86 casos abiertos relacionados con la corrupción venezolana pendientes en tribunales fuera de Venezuela, incluyendo países en donde el Estado de Derecho es sólido, como Estados Unidos, Suiza, Portugal y Costa Rica. Los Estados podrían utilizar la Ley Global Magnitsky, adoptada en los Estados Unidos en 2017, para desarrollar mecanismos adicionales de responsabilidad a nivel nacional. La Ley Global Magnitsky funciona como instrumento preventivo, que obliga a los funcionarios extranjeros a tomar en cuenta las repercusiones del gobierno de los Estados Unidos antes de participar en actividades corruptas, pero también ofrece incentivos para que los gobiernos mejoren sus propios sistemas de rendición de cuentas.

Para combatir el comercio ilícito de recursos naturales en Venezuela como el oro, los diamantes, el coltán y la bauxita, es imperativo que los Estados apliquen de manera efectiva las regulaciones existentes nacionales e internacionales de transparencia aplicadas a las corporaciones multinacionales, tal es el caso de medidas contra el lavado de dinero. Los Estados y las asociaciones comerciales pueden presionar a las corporaciones multinacionales para que implementen controles integrales en la cadena de suministro y procesos de debida diligencia, de conformidad con las normas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, especialmente en términos de medidas de transparencia de pagos. Los Estados también deben garantizar que se respete el Convenio de Minamata sobre el Mercurio. Los Estados deben cortar el flujo de mercurio a Venezuela, en un esfuerzo por eliminar el derrame de mercurio por las operaciones mineras ilegales, que envenena los ríos que suministran agua a las comunidades Indígenas.

La acción internacional y la aplicación de las regulaciones internacionales son cruciales para frustrar la corrupción y las atrocidades de derechos humanos alimentadas por el comercio ilícito de minerales en Venezuela. Sin embargo, si bien la dimensión internacional es fundamental, los aspectos internos de la crisis deben mantenerse en el centro de la estrategia. La comunidad internacional debe apoyar a los grupos Indígenas que arriesgan sus vidas para preservar sus territorios, a los periodistas de investigación que trabajan para documentar los graves abusos en el sur de Venezuela y a las organizaciones de derechos humanos que defienden los derechos de los venezolanos. La cooperación internacional debe fortalecer la capacidad técnica y los recursos de estos grupos, así como su acceso a tecnología y equipos seguros, de manera que la sociedad civil venezolana esté empoderada para contribuir con documentación e informes más sólidos y consistentes. Las soluciones duraderas para abordar la minería ilegal en Venezuela y su impacto transnacional están al alcance; es tiempo de que la comunidad internacional actúe.