Chile

Free
86
100
A Obstacles to Access 24 25
B Limits on Content 32 35
C Violations of User Rights 30 40
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Avances Claves, desde el 1° de junio 2023 al 31 de mayo de 2024

Chile tiene uno de los entornos en línea más abiertos del mundo, reforzado por fuertes protecciones a la libertad de expresión y un amplio acceso a Internet. Si bien las autoridades no censuran el contenido político, social o religioso en línea, los periodistas a veces enfrentan denuncias penales por su trabajo de investigación u otro trabajo delicado. El riesgo de demandas, acoso y vigilancia puede alentar la autocensura en línea. Las autoridades han trabajado para fortalecer las salvaguardas legales para la protección de datos en los últimos años.

En abril de 2024, el Congreso Nacional promulgó una ley para reconocer el acceso a Internet como un servicio público, como parte del plan del gobierno para eliminar la brecha digital (ver A2). En septiembre de 2023, la Corte Suprema ordenó al proveedor de servicios de Internet (ISP) Mundo Pacífico bloquear 23 sitios de apuestas ilegales. Otros ISP llegaron a un acuerdo con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) para implementar el bloqueo, a pesar de no haber recibido una orden judicial para hacerlo. El incidente planteó preguntas sobre cómo se regulan estos sitios en Chile (ver B1 y B3). La Ley Marco de Ciberseguridad, publicada en abril de 2024, fortaleció los estándares de privacidad y seguridad de los datos al reconocer explícitamente la encriptación y establecer la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI). La ley sin embargo aún no ha entrado en vigor a la fecha de corte de este reporte, a la espera de la dictación de reglamentos (ver C4 y C8). El país está cerca de la publicación de la nueva ley de protección de datos personales que finalmente fue aprobada por el Congreso Nacional en agosto de 2024. La nueva ley entrará en vigor dos años después de su publicación en el Diario Oficial y creará una Agencia de Protección de Datos Personales independiente, de la que el país actualmente carece (véase C6). Panorama Político

Chile es una democracia estable que ha experimentado una importante expansión de los derechos políticos y las libertades civiles desde el retorno del gobierno civil en 1990. Entre los problemas actuales se incluyen la corrupción y los disturbios vinculados a las disputas territoriales con el pueblo indígena mapuche.

A. Obstáculos de Acceso (0-25 puntos)

A1: Las limitaciones de infraestructura ¿restringen el acceso a internet o la velocidad y calidad de las conexiones a internet? (0–6 puntos): 6

Chile es líder entre los países latinoamericanos en cuanto a acceso a Internet. Según SUBTEL, el 94,3 % de los hogares reportaron tener acceso a Internet en 2023, frente al 79,3 % de penetración en 2016.1

Las velocidades de Internet del país para conexiones de línea fija se encuentran entre las más rápidas del mundo. Según Ookla, en mayo de 2024, la velocidad media de descarga para banda ancha fija era de 274,46 megabits por segundo (Mbps), mientras que la velocidad media de carga era de 185,06 Mbps, lo que lo coloca en el puesto 3 de los 181 países examinados. Sin embargo, las velocidades de Internet móvil en Chile son notablemente más lentas. Ese mismo mes, las velocidades medias de descarga y carga móviles fueron de 38,30 Mbps y 13,38 Mbps, respectivamente, lo que lo coloca en el puesto 71 de 147 países.2

En los últimos años, Chile ha seguido ampliando su robusta red de fibra óptica. Según la SUBTEL, la fibra óptica representaba el 69,7% de todas las conexiones fijas a marzo de 2024, frente al 68,1% a principios de 2023.3 En diciembre de 2021, Chile se convirtió en el primer país de América Latina en implementar una red de quinta generación (5G) para dispositivos móviles y desde entonces ha aumentado la disponibilidad de 5G.4 Según estadísticas oficiales, a marzo de 2024 había en Chile más de 4,2 millones de conexiones 5G, un aumento del 74% respecto al año anterior.5

Algunas zonas del país han sufrido interrupciones de la conectividad debido a desastres naturales. Sin embargo, las sólidas medidas de resiliencia han ayudado a mitigar el impacto de estos eventos. A principios de febrero de 2024, se produjeron una serie de incendios forestales catastróficos en la región de Valparaíso,6 provocando daños a la infraestructura de telecomunicaciones. SUBTEL informó que casi 300 antenas de comunicaciones habían quedado fuera de servicio, ya sea por daños físicos o cortes de energía, durante el momento más álgido del desastre el 3 de febrero.7 El 5 de febrero, los proveedores de servicios móviles Movistar y Entel informaron que el 95% y el 97% de sus respectivas redes estaban funcionando con normalidad en la región.8 Durante la interrupción, las autoridades alentaron a los usuarios a habilitar el roaming de emergencia nacional en sus dispositivos, lo que permitió que las personas afectadas pudieran conectarse a la red en funcionamiento más cercana y mantener los servicios de teléfono, datos y mensajería (SMS).9 SUBTEL dijo que había instado a las empresas de telecomunicaciones a adoptar medidas de resiliencia en preparación para posibles incendios forestales a partir de septiembre de 2023.10

A2: El acceso a Internet ¿es prohibitivamente caro o está fuera del alcance de ciertos segmentos de la población por razones geográficas, sociales o de otro tipo? (0–3 puntos): 3

En Chile, el acceso a Internet no es prohibitivamente caro para la mayoría de la población y existen relativamente pocas barreras para acceder a él. En los últimos años, el gobierno ha tomado medidas para impulsar la conectividad entre las comunidades poco conectadas.

La competencia en el mercado de las telecomunicaciones ha ayudado a mantener los precios al consumidor relativamente bajos (véase A4), a pesar de los desafíos de la inflación y el costo de vida. Hay al menos seis planes móviles disponibles por 10.000 pesos (11,49 dólares) o menos al mes.11 Según el sitio de comparación de precios Cable, con sede en el Reino Unido, el costo promedio de 1 gigabyte (GB) de datos móviles fue de 555,56 pesos (0,64 dólares) en 2023,12 mientras que el plan de banda ancha mensual promedio cuesta 20,990 pesos ($21.86) en 2024.13 La Encuesta Complementaria de Ingresos 2023 del Instituto Nacional de Estadística, en los datos más recientes disponibles, encontró que el ingreso mensual medio fue de 582,559 pesos ($669.50).14

Los analistas han señalado que las brechas en el acceso a Internet son menos pronunciadas en Chile que en gran parte de América Latina.15 Aproximadamente el 12% de la población vive en zonas rurales, según datos del censo de 2017,16 lo que convierte a Chile en un país altamente urbanizado. Sin embargo, la conectividad rural en Chile está rezagada respecto de las áreas urbanas del país, con poco más del 50% de los hogares rurales con acceso a Internet móvil.17 Un estudio de 2022 dirigido por el Centro de Encuestas de la Universidad Católica encontró que el 96,9% de los hogares en el quintil de ingresos más alto tenían acceso a Internet, en comparación con el 81,3% de los hogares en el quintil de ingresos más bajo.18

En los últimos años, algunas iniciativas han intentado abordar las brechas existentes. En abril de 2024, como parte del Plan Brecha Digital Cero 2022-25 del gobierno, el Congreso Nacional promulgó una ley que reconoce el acceso a Internet como un servicio público. Una vez que se emitan los reglamentos, la ley requerirá que las empresas de telecomunicaciones brinden cobertura a todos los usuarios dentro de un área de servicio, en lugar de partes de un solo municipio, y otorgará subsidios para ayudar con las cuentas de Internet.19 Lanzado por el gobierno del presidente Boric en mayo de 2022, el plan se centra en cuatro aspectos: promulgar regulaciones justas, modernizar la infraestructura digital, establecer una empresa pública de telecomunicaciones y abordar obstáculos en comunidades vulnerables, como el robo de cables.20 Los servicios de Internet satelital, como Starlink, ofrecen otra opción de conectividad en áreas rurales de difícil acceso.21

En julio de 2023, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció que, en cooperación con el gobierno chileno, emprendería estudios para comprender mejor las brechas de conectividad existentes. El estudio conjunto pretende ser un precursor de una mayor inversión en proyectos que apunten a cerrar la brecha digital.22

A pesar de que la ley de neutralidad de la red no permite a los proveedores de servicios “determinar arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios en función de su fuente de origen o propiedad” (ver B6), hay planes de tarifa cero, que ofrecen acceso gratuito a ciertas plataformas y contenidos, los que resultan populares para los planes móviles bajo el argumento de que ofrecen “redes sociales gratuitas”23

A3 El gobierno ¿ejerce control técnico o legal sobre la infraestructura de Internet con el fin de restringir la conectividad? (0–6 puntos): 6

El Estado no tiene la autoridad legal para obligar a los proveedores de telecomunicaciones a restringir la conectividad o bloquear el acceso a las plataformas digitales. En Chile no existen restricciones de conectividad impuestas por el gobierno.

Si bien el gobierno ha desarrollado asociaciones público-privadas con empresas de telecomunicaciones para invertir en mejoras de infraestructura,24 la infraestructura de Internet en Chile es de propiedad y operación privada.25 Por esa razón, no existe posibilidad de que el Estado centralice el control sobre la infraestructura.

A4: ¿Existen obstáculos legales, regulatorios o económicos que restrinjan la diversidad de proveedores de servicios? (0–6 puntos): 5

Existen relativamente pocos obstáculos que restringen la diversidad de proveedores de servicios y el Estado no ejerce una manipulación indebida sobre el mercado. Si bien la competencia es en general sólida, los sectores de telefonía fija y móvil están liderados en la práctica por un puñado de grandes proveedores de telecomunicaciones.26

Según las estadísticas de diciembre de 2023 de SUBTEL, el mercado de telefonía fija estaba liderado por Movistar (30,7% de las conexiones), seguido de VTR (23,9%), Mundo (18,4%), Entel (7,1%), GTD (7,0%) y Claro (6,8%), con grupos más pequeños con el 6,0% del mercado. El mercado móvil estaba ligeramente más concentrado. Entel lideró el mercado con el 34,6% de todas las conexiones móviles, seguido de WOM (25,7%), Movistar (20,9%), Claro (16,7%) y VTR Móvil (1,3%); otros representaron el 0,8%.27 Iniciativas como la Cooperativa Chilena de Telecomunicaciones (COTEL) han ayudado a apoyar a proveedores pequeños y medianos que ingresan al mercado.28

La Ley General de Telecomunicaciones (Ley N° 18.168), promulgada originalmente en 1982, tenía como objetivo fomentar la competencia en el mercado de las telecomunicaciones y ayudar a impulsar la privatización del sector.29 El artículo 2°, por ejemplo, garantiza el acceso libre e igualitario a las telecomunicaciones para todas las personas y garantiza que cualquier persona pueda solicitar un permiso o concesión.30 Las modificaciones a estas concesiones deben realizarse de acuerdo a la ley, lo que ayuda a reducir la arbitrariedad en el marco regulatorio. Si bien la ley exige que las personas jurídicas públicas o privadas que quieran obtener una concesión de telecomunicaciones estén constituidas y ubicadas en Chile, no existen restricciones a la propiedad o inversión extranjera.31

Las empresas de telecomunicaciones han tomado algunas medidas en los últimos años con el potencial de diluir la competencia. En junio de 2024, después del período de cobertura, se anunció que América Móvil adquiriría una participación controladora del 91% en ClaroVTR, una empresa conjunta entre Claro de América Móvil (un destacado proveedor de telefonía móvil) y VTR Communications de Liberty Latin America (un destacado proveedor de telefonía fija).32 Las empresas habían recibido la aprobación regulatoria para la fusión en octubre de 2022.33 En diciembre de 2023, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la venta de los activos de fibra óptica de Entel a la empresa mayorista de fibra óptica OnNet, un acuerdo que amenazaba con aumentar las barreras de entrada para los proveedores mayoristas.34

A5: ¿Funcionan de manera libre, justa e independiente los organismos reguladores nacionales que supervisan a los proveedores de servicios, las plataformas digitales e Internet en general? (0–4 puntos): 4

Si bien el regulador de Internet de Chile depende administrativamente del gobierno, en la práctica siempre ha ejercido independencia.

SUBTEL, el regulador de telecomunicaciones del país fue creado en 1977 durante la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet y opera dentro del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT). Sus principales responsabilidades incluyen la creación de políticas de telecomunicaciones; la publicación de normas técnicas sobre telecomunicaciones y la gestión del cumplimiento de ellas; la supervisión del espectro radioeléctrico; y la entrega de concesiones, permisos y licencias, de conformidad con la ley.35 Adicionalmente, la SUBTEL está facultada para colaborar con el Ministerio de Defensa Nacional y otras entidades para regular la importación y fabricación de equipos de telecomunicaciones.36

El Subsecretario de Telecomunicaciones, que es el titular de la SUBTEL, es designado por el presidente de la República. Si bien esto genera un potencial de politización, el titular de la SUBTEL generalmente tiene antecedentes técnicos o experiencia en la industria. El actual subsecretario, Claudio Araya San Martín, quien fue designado por el presidente Boric al inicio de su administración en 2022, trabajó anteriormente como asesor del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la SUBTEL.37 Los esfuerzos de la SUBTEL por alcanzar ciertos objetivos estratégicos, en particular los esfuerzos para ampliar la conectividad y reducir la brecha digital (ver A2), han trascendido las administraciones políticas.

Las decisiones que toma la SUBTEL se consideran, en general, justas y transparentes. La ley sobre participación ciudadana38 obliga a todos los organismos públicos a someter a consulta pública todos sus proyectos y la SUBTEL cumple cabalmente con esas reglas.39 Además, normas como la ley de acceso a la información de 2008 (Ley N° 20.285) y la ley de lobby de 2014 (Ley N° 20.730)40 ayudan a garantizar que las operaciones de la SUBTEL sean transparentes y abiertas al escrutinio público.

B. Limitaciones de Contenido (0-35 puntos)

B1: El Estado ¿bloquea o filtra, u obliga a los proveedores de servicios a bloquear o filtrar, el contenido de Internet, en particular el material protegido por las normas internacionales de derechos humanos? (0–6 puntos): 5

El Estado no suele intervenir para bloquear sitios web o plataformas digitales, y el contenido político, social y religioso sigue siendo de libre acceso. Sin embargo, durante el período de cobertura, las autoridades ordenaron el bloqueo de sitios web utilizados para juegos de azar considerados ilegales.

En septiembre de 2023, un fallo de la Corte Suprema obligó al ISP Mundo Pacífico a bloquear el acceso en Chile a varios sitios web internacionales de apuestas en línea, con el argumento de que Polla Chilena de Beneficencia, la entidad estatal de juegos de azar de Chile, es la única empresa autorizada para operar plataformas de juego.41 Ese mismo mes luego del fallo, SUBTEL instruyó, en coordinación con la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), a otros ISP a bloquear los 23 sitios de apuestas en línea señalados como ilegales en la sentencia de la Corte Suprema.42

La decisión de la SUBTEL de ampliar la aplicación del fallo de la Corte Suprema a los ISP que no fueron parte del caso fue algo inusual, ya que las decisiones judiciales en Chile normalmente solo tienen efectos vinculantes con respecto a los casos en que se emiten.43 Históricamente, los ISP no han sido considerados responsables del contenido de terceros (ver B2 y B3).44 Según informes de noviembre de 2023, los operadores de los sitios de juego eludieron la decisión modificando las URL que se ordenó bloquear.45

En línea con los estándares internacionales, los proveedores de servicios de Internet en Chile han implementado desde hace tiempo medidas para bloquear o filtrar contenido que no se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos, como imágenes de abuso sexual infantil. En 2008, VTR, en colaboración con la Internet Watch Foundation (IWF), implementó un filtro para bloquear automáticamente páginas web que contienen imágenes de abuso sexual infantil, siendo el primer proveedor de servicios de Internet en América Latina en hacerlo.46 No hay evidencia de que dicha tecnología se haya utilizado para censurar contenidos protegidos por las normas internacionales de derechos humanos.

B2: Los actores estatales o no estatales ¿emplean medios legales, administrativos o de otro tipo para obligar a los editores, plataformas digitales, servidores de contenido u otros intermediarios a eliminar contenido, en particular material protegido por normas internacionales de derechos humanos? (0–4 puntos): 3

El contenido político, social y religioso no está sujeto a la eliminación generalizada ni a otras restricciones, aunque los jueces sí emiten órdenes de eliminación de contenido en determinadas circunstancias. Dado que los intermediarios no enfrentan una responsabilidad indebida por las opiniones expresadas por terceros (véase B3), no existen incentivos obvios para que las plataformas eliminen contenido.

No existe ninguna disposición en la legislación chilena que proteja explícitamente el “derecho al olvido” o la capacidad de eliminar o desindexar ciertos contenidos de Internet, aunque los tribunales del país han confirmado el principio en algunos casos.47 Los críticos han advertido que el derecho al olvido podría ser objeto de abuso para censurar contenido periodístico legítimo o limitar de otro modo la libertad de expresión en línea.48 Al pronunciarse sobre el derecho al olvido, la Corte Suprema de Chile ha reconocido la tensión entre este derecho y otros derechos existentes, como la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y el derecho a la privacidad (véase C1). Un análisis realizado entre enero de 2023 y abril de 2024 reveló que, de 24 sentencias judiciales sobre el tema, 18 se decidieron en contra de la solicitud de eliminación o restricción de información, lo que demuestra un precedente en contra de la eliminación de contenido en línea.49

A veces, el contenido en línea se elimina en relación con las funas, denuncias que hacen personas contra otras, ya sea para acusarlas de un delito moral o para imputarles un delito, a menudo en publicaciones en las redes sociales.50 Con frecuencia, las personas inician acciones legales en respuesta a las funas que las atacan, buscando la eliminación de contenido supuestamente difamatorio (ver C3). Al sopesar el derecho a la libertad de expresión con el derecho al honor (ver C1), los tribunales chilenos han determinado en ocasiones que las funas son una manifestación abusiva de la expresión en línea y han ordenado al autor de la funa que elimine el contenido difamatorio.51

En el pasado se han producido intentos más generalizados de restringir el contenido en línea, en particular durante los disturbios sociales de 2019, en los que se produjeron protestas masivas y a veces violentas contra el gobierno por razones de desigualdad social. Durante ese período, las personas denunciaron haber recibido presiones directas e indirectas para eliminar contenido después de expresar su opinión sobre los acontecimientos. Un estudio publicado en 2020 documentó al menos 283 casos en los que las personas denunciaron algún tipo de restricción en sus cuentas de redes sociales, incluidas cuentas desactivadas y la eliminación de ciertas publicaciones, generalmente después de haber documentado abusos de derechos y otros acontecimientos relacionados con los disturbios.52 Lo anterior contribuyó durante este periodo a una notable autocensura, especialmente entre los periodistas (véase B4).

B3: Las restricciones de acceso a Internet y a los contenidos digitales ¿carecen de transparencia, de proporcionalidad con los objetivos establecidos o de un proceso de apelación independiente? (0–4 puntos): 4

Las restricciones a los contenidos digitales suelen ser transparentes y proporcionadas. Las restricciones existentes, como las reclamaciones basadas en derechos de autor, no suelen dar lugar a limitaciones demasiado amplias.

En Chile, los tribunales son los únicos órganos facultados para decidir sobre restricciones de contenidos, y las órdenes de eliminación de contenidos solo pueden ejecutarse por una resolución judicial.53 El artículo 19 N°12 de la Constitución prohíbe la censura previa en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión (ver C1).54 Sin embargo, en septiembre de 2023, algunos expertos legales expresaron su preocupación después de que las empresas de telecomunicaciones dijeran que también cumplirían una decisión de la Corte Suprema que ordenaba a Mundo Pacífico bloquear 23 sitios de apuestas ilegales (ver B1), citando el hecho de que los otros ISP no habían recibido órdenes judiciales individuales para hacerlo. El director de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones (Chile Telcos) reconoció que había un “vacío regulatorio” en torno al tema de las apuestas en línea.55

Las restricciones de contenido en línea basadas en reclamos de derechos de autor se derivan de la ley de propiedad intelectual, que protege explícitamente a los intermediarios en línea de la responsabilidad por contenido que infrinja los derechos de autor publicado por terceros.56 La ley exige una resolución judicial para que los intermediarios eliminen el contenido infractor e incluye un mecanismo de apelación y establece un sistema de notificación y eliminación por orden judicial.57 Contiene ciertas excepciones a las restricciones de derechos de autor, incluso para las bibliotecas.58

Algunos analistas han expresado su preocupación por la falta de transparencia en torno a las decisiones de moderación de contenido y los algoritmos de recomendación de las plataformas, y han señalado que los moderadores para América Latina suelen estar radicados fuera de la región y, como resultado, carecen de un contexto local útil en su toma de decisiones.59

B4: Los periodistas, comentaristas y la gente común ¿practican la autocensura en línea? (0–4 puntos): 3

La autocensura en línea no es un asunto que sea considerado como un problema generalizado para la mayoría de las personas. Sin embargo, algunas personas, especialmente los periodistas, pueden ser más propensas a autocensurar el discurso sobre temas políticamente sensibles en línea debido al riesgo de acoso u otras represalias.

Los periodistas en Chile pueden verse alentados a practicar la autocensura debido a varios factores, incluido el deseo de evitar el acoso digital, que afecta particularmente a las mujeres (ver C7). Según la organización de libertad de prensa Reporteros Sin Fronteras (RSF), que clasificó a Chile en el puesto 52 de 180 países en su Índice Mundial de Libertad de Prensa 2024, los periodistas a menudo enfrentan intimidación legal en un esfuerzo por silenciar sus informes (ver C3).60 En los últimos años, también hay evidencia de que los periodistas de investigación han sido objeto de vigilancia estatal debido a sus informes críticos (ver C5), lo que también podría facilitar la autocensura en línea.

En ocasiones, el presidente Boric ha sido criticado por fomentar la fricción con los medios de comunicación. En octubre de 2023, la Asociación Nacional de Prensa (ANP)61 y la World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA)62 condenó los comentarios de Boric en los que señaló a tres medios de comunicación por su supuesto “afán” de informar sobre las malas noticias del país. En abril de 2024, durante el Encuentro Nacional Empresarial (ENADE), el presidente Boric afirmó en un discurso que la prensa brinda una “cobertura envidiable” a ciertos miembros del empresariado.63 Estos incidentes, si bien no son abiertamente amenazantes, representan una presión “suave” hacia los periodistas que podría afectar la manera en que informan sobre el gobierno en línea.

La autocensura surgió como una preocupación importante durante el malestar social de 2019. La respuesta de mano dura del estado al brote, que incluyó incidentes de brutalidad policial e intimidación contra la prensa,64 Ha creado importantes preocupaciones en relación con la libertad de expresión (véase B2). Durante los disturbios y en los años posteriores, este ambiente hostil ha disuadido a algunas personas de expresar públicamente sus opiniones políticas, por temor a posibles repercusiones con sus empleadores o a perder oportunidades de ser designadas para cargos públicos.65

B5: Las fuentes de información en línea ¿están controladas o manipuladas por el gobierno u otros actores poderosos para promover un interés favorecido? (0–4 puntos): 4

Hay poca evidencia de que las fuentes de información en línea en Chile estén controladas o manipuladas por el gobierno u otros actores poderosos, o que dichos actores ejerzan un control significativo sobre el espacio informativo en línea.

Si bien información falsa y engañosa se ha difundido en línea durante los períodos electorales, por regla general ha tenido un impacto relativamente limitado en Chile. Un estudio realizado por el Observatorio de Desinformación de Chile concluyó que, en el período previo al segundo plebiscito constitucional en diciembre de 2023, más del 81% de los casos de desinformación indexados, analizados tanto de fuentes en línea como fuera de línea, tenían como objetivo modificar las narrativas existentes.66 Durante el plebiscito de 2022, los opositores al proyecto de Constitución utilizaron las redes sociales para difundir afirmaciones falsas y engañosas sobre lo que haría la propuesta (como la idea de que eliminaría el derecho a la propiedad privada), aunque el público siguió siendo escéptico ante muchas de estas afirmaciones.67

Además, las investigaciones han indicado que se desplegaron "bots", o cuentas automatizadas en las redes sociales, durante las elecciones presidenciales de 2017 y 2021 para amplificar artificialmente el apoyo en línea a ciertos candidatos y atacar a sus oponentes.68 Un estudio que analizó publicaciones en Twitter (ahora llamado X) durante las elecciones de 2021, por ejemplo, encontró que los bots sospechosos que mencionaban al candidato de derecha José Antonio Kast eran universalmente positivos hacia él, mientras que los que mencionaban al candidato de izquierda (y eventual ganador) Gabriel Boric eran abrumadoramente negativos.69

Si bien algunos periodistas pueden sentirse obligados a practicar la autocensura en temas políticamente sensibles (ver B4), el gobierno no emite directivas a los medios digitales. Sin embargo, la decisión del gobierno en junio de 2023 de establecer una Comisión Asesora contra la Desinformación provocó críticas. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dijo que era motivo de preocupación cuando los gobiernos se involucran directamente "en el análisis de la información, la expresión, los medios o el periodismo",70 mientras que legisladores de oposición alegaron que la comisión buscaba “establecer cuáles son las verdades oficiales”.71 Algunos analistas dijeron que la creación del nuevo organismo exageró efectivamente el efecto de la desinformación en el comportamiento de los individuos y los resultados políticos, y que las afirmaciones falsas, en cambio, tienden a tener un alcance “amplio, pero superficial” en las redes sociales.72

La comisión asesora de múltiples partes interesadas completó su mandato durante el período de cobertura.73 Entre varias recomendaciones, instó a Chile a adoptar un código de prácticas sobre desinformación similar al de la Comisión Europea.74 No hubo indicios de que la comisión asesora fuera utilizada para difundir narrativas sesgadas o progubernamentales durante el período de cobertura.

B6: ¿Existen restricciones económicas, regulatorias o de otro tipo que afecten negativamente la capacidad de las personas para publicar contenido en línea? (0–3 puntos): 3

Existen pocas restricciones económicas o regulatorias que afecten la capacidad de los usuarios de publicar contenido en línea. El Estado no toma medidas que tengan como objetivo limitar la capacidad de los medios digitales de aceptar publicidad o inversiones, ya sea de fuentes nacionales o extranjeras.

En Chile, los medios dominantes, como el conglomerado Grupo El Mercurio, tienden a recibir porciones significativas de los fondos de publicidad del Estado, aunque esos receptores no necesariamente están alineados con la línea editorial del gobierno. Algunas personas consultadas han expresado su preocupación por el hecho de que el Estado recurra a agencias de publicidad, que ejercen un poder discrecional sobre el uso de los fondos, lo que dificulta saber con precisión cómo se asigna la publicidad pública.75 Una investigación de 2019 del Observatorio de Gasto Fiscal de Chile pidió mayor transparencia en los gastos de publicidad de las entidades públicas, así como medidas para mejorar la competencia en la adjudicación de estos fondos.76

La participación total de la publicidad digital ha crecido significativamente en los últimos años. A partir de 2023, por primera vez, los medios digitales representaron más de la mitad de todos los gastos publicitarios en Chile, aumentando del 48,3% en 2022 al 51,1%.77 Gran parte de este crecimiento fue impulsado inicialmente por los cambios desde la pandemia de COVID-19; en 2020, la publicidad en medios digitales creció más de 12 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.78

No existe evidencia de que la normativa o el sistema tributario nacional representen obstáculos para la participación, el establecimiento o la gestión de plataformas de redes sociales o medios digitales. Desde junio de 2020, las plataformas digitales extranjeras que no están domiciliadas en Chile, como Google, Netflix y Meta, están sujetas al impuesto al valor agregado (IVA).

Chile emergió como pionero mundial luego de que en agosto de 2010 adoptara la legislación, la Ley N° 20.453, que consagra el principio de neutralidad de la red.79 Como tal, los ISP en Chile defienden la transparencia y la equidad al gestionar el tráfico de la red y la disponibilidad del ancho de banda.

B7: ¿Tiene el panorama de la información en línea alguna brecha de diversidad y confiabilidad? (0–4 puntos): 4

El panorama informativo en línea es generalmente sólido y diverso, aunque políticamente polarizado. Los usuarios chilenos pueden acceder a fuentes de noticias locales, regionales e internacionales, que brindan acceso a una variedad de opiniones.

Muchos sitios en línea fueron creados para representar intereses y comunidades específicas. Por ejemplo, varias denominadas religiosas,80 feministas,81 y LGBT+ chilenas82 todos ellos han creado espacios en línea dedicados a sus comunidades, y algunos sitios ofrecen noticias específicamente adaptadas a los intereses de estas personas.

Si bien existe cierta cantidad de información falsa en línea, la diversidad de fuentes en Chile ayuda a mantener el equilibrio en el panorama informativo y contrarrestar el impacto de las afirmaciones falsas y engañosas. Según el Informe de Noticias Digitales 2024 del Instituto Reuters, las plataformas en línea siguieron siendo la fuente general más popular de noticias en Chile, con un 77% de los encuestados indicando que consumen noticias en línea, en comparación con el 57% de la televisión y solo el 14% de los medios impresos.83 Sin embargo, los estudios han demostrado bajos niveles de confianza en los medios en general y desilusión con las noticias. El informe del Instituto Reuters encontró que solo el 32% de los encuestados confiaba en las noticias en general, aunque expresaron niveles notablemente más altos de confianza en medios específicos, como Cooperativa y CNN Chile.84 Un informe separado publicado en 2024 por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso encontró que las evaluaciones de ciertos medios estaban correlacionadas con las opiniones políticas de un individuo, lo que subraya la polarización del panorama mediático.85

Las plataformas y otros actores han puesto en marcha algunas iniciativas para mejorar la fiabilidad de la esfera informativa en línea. Por ejemplo, de cara al plebiscito constitucional de 2023, Google lanzó la iniciativa “Transparencia Chile”, que buscaba proporcionar información verificada sobre los anuncios electorales en sus plataformas, incluidos detalles sobre el financiamiento de dichos anuncios.86 Adicionalmente, iniciativas de verificación de datos como Fast Check, que se estableció durante los disturbios sociales de 2019,87 han ayudado a contrarrestar la difusión de información falsa en línea.

En el pasado, en particular durante los disturbios de 2019, la información falsa proliferó en línea, socavando la capacidad de discernir información confiable. En octubre de 2019, las afirmaciones de que la estación de metro Baquedano estaba siendo utilizada como un supuesto centro de tortura se volvieron virales, incluso entre políticos en las redes sociales.88 La noticia causó conmoción pública debido a los antecedentes de secuestros y torturas en Chile bajo la dictadura militar.

B8: ¿Existen factores que restrinjan la capacidad de los individuos para crear comunidades, organizarse y llevar a cabo campañas en línea, particularmente en cuestiones políticas y sociales? (0–6 puntos): 6

En Chile no existen condiciones que impidan organizarse, movilizarse o hacer campaña en línea. Las redes sociales se han utilizado desde hace mucho tiempo como herramienta de movilización política y social, en particular entre los jóvenes.89

En general, las comunidades pueden organizarse en línea sin ningún riesgo de persecución, censura o limitación de acceso a herramientas o sitios web. Por ejemplo, un movimiento en línea destacado que se mantuvo activo durante el período de cobertura es #ConMiPlataNo, que lanzó una petición digital y una campaña en las redes sociales para oponerse a las reformas de pensiones propuestas por el gobierno de Boric.90

La organización en línea fue ampliamente utilizada durante el estallido social de 2019. Un informe del gobierno publicado más tarde ese año afirmó que los jóvenes habían publicado más de 4 millones de reposteos entre el 18 y el 25 de octubre alentando la participación en las protestas.91

C. Violaciones de los Derechos de los Usuarios (0-40 puntos)

C1: ¿Falla la constitución u otras leyes en proteger derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de prensa, incluyendo internet? ¿son aplicadas estas reglas por un poder judicial que carece de independencia? (0–6 puntos): 5

La actual Constitución de Chile, (1980) promulgada durante la dictadura militar y que desde entonces ha sido reformada en innumerables ocasiones, contiene protecciones para la libertad de expresión. El artículo 19 N°12 garantiza el derecho a expresar opiniones e informar “en cualquier forma y por cualquier medio” sin censura previa, así como el derecho a fundar y operar periódicos, revistas y publicaciones periódicas. La Constitución también defiende la independencia judicial, autonomía que generalmente se respeta en la práctica. El artículo 19 N°4 contiene protecciones para la vida privada y el honor de las personas y sus familias, incluida la protección de datos personales.92 En ocasiones, este derecho ha entrado en conflicto con los estándares de libertad de expresión cuando hay acciones legales relacionadas con la eliminación de contenido en línea y denuncias penales (ver B2 y C3).

Chile también ha adoptado leyes que garantizan la libertad de opinión y el ejercicio del periodismo (Ley 19.733),93 Ley de acceso a la información pública (Ley 20.285),94 y la ley protección de datos personales (Ley 19.628) (ver C6),95 entre otras leyes. Si bien no existen leyes que protejan explícitamente la libertad de expresión en línea, la Constitución y las leyes establecidas en ella generalmente han sido interpretadas por el poder judicial para extender estos derechos al entorno digital.

C2: ¿Existen leyes que impongan sanciones penales o responsabilidad civil por las actividades en línea, en particular aquellas que están protegidas por las normas internacionales de derechos humanos? (0–4 puntos): 2

El código penal chileno contiene varias disposiciones que resultan inquietantes y que podrían utilizarse para criminalizar las actividades en línea, incluidas las leyes que penalizan la calumnia y la injuria.

El artículo 412 reconoce la calumnia, definida como “la imputación de un delito determinado pero falso”, como delito penal.96 La pena incluye prisión de 61 días a tres años y multa, dependiendo de la infracción.97 El artículo 416 tipifica como delito la injuria, definida como “toda expresión emitida o acción realizada para deshonrar, desacreditar o menospreciar a otro”. El artículo siguiente establece ciertos criterios para las “injurias graves”, y las sanciona con penas que incluyen prisión de 61 días a tres años y multa.98 Estos actos se consideran delictivos incluso cuando se realizan mediante “alegorías, caricaturas, emblemas o alusiones”.

Algunos académicos chilenos han argumentado que las leyes penales sobre calumnia e injuria, aparentemente destinadas a proteger el derecho al honor, desalientan la libertad de expresión en Chile y promueven la autocensura (ver B4).99 En junio de 2024, transcurrido el periodo de cobertura, el Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento interpuesto en relación con el caso contra el periodista del medio digital Resumen, Felipe Soto Cortés (ver C3), que pretendía declarar inaplicables por inconstitucionalidad los artículos 416 a 419 del Código Penal. El tribunal rechazó finalmente la demanda porque el caso que la motivó ya había sido resuelto.100

En junio de 2022, las autoridades promulgaron una ley que establece sanciones para ciertos delitos informáticos (Ley N° 21.459), como el acceso ilegal a un sistema informático o la interceptación ilegal de datos informáticos.101

C3: ¿Se penaliza a las personas por sus actividades en línea, en particular aquellas protegidas por las normas internacionales de derechos humanos? (0–6 puntos): 5

Los periodistas, blogueros y usuarios de las redes sociales no suelen ser penalizados por sus actividades en línea. Sin embargo, las acciones legales interpuestas contra periodistas por artículos de injuria y calumnia siguen siendo una preocupación constante (ver C2), aunque estos casos no suelen dar lugar a sanciones penales efectivas o severas.

En marzo de 2024, la exdiputada Andrea Molina presentó una denuncia contra la periodista Josefa Barraza, directora de El Ciudadano, un medio digital e impreso. Molina acusó a Barraza de “injurias graves” después de que el medio publicara un artículo relacionado con un escándalo de corrupción masivo, que según Molina “afectaría su reputación”.102 En junio de 2024, vencido el plazo de cobertura, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago desestimó la causa contra Barraza.103

En noviembre de 2023, un tribunal de Santiago confirmó la decisión de declarar inadmisible una denuncia presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, contra los periodistas de La Tercera Leslie Ayala y José Santa María. Jadue había presentado la denuncia por “injurias graves con difusión pública” luego de que el medio informara que estaba considerando renunciar en medio de una investigación por corrupción, lo que Jadue afirmó que no era cierto. El tribunal rechazó la denuncia porque, si bien ciertos detalles del reportaje pueden haber sido inexactos, se basaba en información fundamentalmente verdadera. El fallo también señaló que Jadue, como funcionario público, debe tolerar un mayor grado de crítica pública.104

Durante el periodo de cobertura, específicamente en mayo de 2023, Víctor Herrero, editor del medio digital Interferencia, fue condenado por cargos penales y a pagar una multa de $126.000 pesos (145 dólares), así como las costas judiciales. La razón que explica la multa es que, en 2022, Interferencia había publicado un artículo en el que afirmaba que el teniente coronel de la policía Christian Beltrán había perdido su puesto debido a su presunta participación en actividades de tala ilegal, lo que la policía afirmó que no era cierto.105

En enero de 2023, un tribunal de Concepción condenó a Felipe Soto Cortés, exdirector del medio digital Resumen, a 61 días de prisión (que fueron conmutados por un año de libertad condicional) y una multa de $680.000 pesos (781 dólares) tras ser declarado culpable de “injurias graves”.106 La condena se debió a un artículo de julio de 2022 que informó que el director de la Unidad de Pesca y Acuicultura, Rodrigo Daroch, había aceptado dinero ilícitamente. La decisión fue condenada enérgicamente por la Sociedad Interamericana de Prensa.107

Los usuarios comunes de las redes sociales presentan regularmente acciones legales en respuesta a las funas que contienen contenido presuntamente difamatorio; para resolver estos casos, los jueces a veces ordenan a las personas que eliminen el contenido en línea ofensivo (ver B2).

C4: ¿El gobierno impone restricciones a la comunicación anónima en línea o al cifrado? (0–4 puntos): 4

El gobierno chileno no prohíbe ni restringe las comunicaciones anónimas en línea ni el cifrado. Durante el período de cobertura, se promulgó una legislación que reconocía protecciones para el derecho a utilizar el cifrado.

La Ley Marco de Ciberseguridad (Ley N° 21.663), que fue aprobada por el Congreso Nacional en diciembre de 2023 y publicada oficialmente en abril de 2024,108 incluye el “principio de seguridad informática” como uno de sus preceptos rectores. Así, el artículo 3.6 establece que “toda persona tiene derecho a adoptar las medidas técnicas de seguridad informática que considere necesarias, incluido el cifrado.”109 Varias organizaciones de derechos digitales, incluidas la Internet Freedom Foundation y la Internet Society, aplaudieron la decisión del gobierno de proteger el derecho al cifrado.110

Los usuarios de redes sociales o blogueros no tienen obligación de registrarse ante el gobierno, ni tampoco es obligatorio que las personas utilicen su nombre real para interactuar en línea.111

Las compañías de telecomunicaciones están obligadas a recopilar información básica sobre sus suscriptores de prepago y pospago, aunque no es obligatorio registrar las tarjetas SIM de prepago en ninguna base de datos gubernamental.112 Esta obligación se deriva del Decreto N° 18 de SUBTEL, publicado en 2014, que exige a los proveedores “guardar y mantener a disposición del abonado y de las autoridades competentes, copia completa y fiel del contrato suscrito” y que “consideren mecanismos que permitan conocer sin lugar a dudas la identidad de las partes”.113

Un proyecto de ley presentado a la Cámara de Diputados en 2022114 habría exigido el registro obligatorio de tarjetas SIM prepago, incluida la identificación con el nombre real, y habría establecido un registro oficial de SIM115 pero la propuesta no ha tenido movimiento en el parlamento.116

C5: ¿La vigilancia estatal de las actividades en Internet vulnera el derecho a la privacidad de los individuos? (0–6 puntos): 4

La Constitución chilena garantiza el derecho a la privacidad y el honor de la persona y su familia, incluida la protección de datos personales,117 este último derecho fue incorporado en 2018.118 Si bien los actores estatales generalmente respetan estas garantías, los episodios de vigilancia contra periodistas en los últimos años han suscitado inquietudes sobre las prácticas de vigilancia del gobierno.

La constitución contiene protecciones para la inviolabilidad de todas las formas de comunicaciones privadas, estableciendo que las comunicaciones privadas sólo pueden ser “interceptadas, abiertas o registradas en los casos y formas determinados por la ley”.119 Como el artículo sólo se refiere a las comunicaciones en general, su alcance puede extenderse a las formas modernas de comunicación electrónica.

Para la interceptación de las comunicaciones se requiere autorización judicial. El artículo 222 del Código Procesal Penal (Ley N° 19.696) establece que la interceptación podrá ordenarse “cuando existan sospechas fundadas, fundadas en hechos concretos”, de que una persona ha incurrido en actividades delictivas, sin que el plazo de la interceptación pueda exceder de 60 días, aunque podrá ser prorrogado por el juez.120 Los proveedores de servicios de telecomunicaciones están obligados por ley a cumplir las órdenes judiciales de interceptar comunicaciones privadas (ver C6).

La legislación chilena también castiga a quienes violen las comunicaciones privadas sin la debida autorización. El artículo 161-A del Código Penal castiga con prisión y multa a quien capte, intercepte, grabe o reproduzca comunicaciones privadas sin autorización del afectado.121

Un escándalo de espionaje en curso ha suscitado inquietudes sobre las prácticas de espionaje del Estado. Según una denuncia presentada por el Consejo de Defensa del Estado, el ex juez Juan Antonio Poblete Méndez y el ex jefe de inteligencia del ejército, Schafik Gonzalo Nazal Lázaro,122 supuestamente se coludieron para autorizar y realizar escuchas telefónicas ilegales contra cuatro oficiales militares y el periodista de investigación Mauricio Weibel123 (Weibel había informado sobre fraude y malversación de fondos en el ejército entre 2015 y 2019).124 A partir de agosto de 2024, después del período de cobertura, Poblete Méndez se encontraba bajo arresto domiciliario, Nazal Lázaro estaba detenido,125 y la investigación sobre la presunta operación de espionaje estaba en curso.

Se sabe que las fuerzas del orden y otras autoridades realizan un seguimiento digital, incluso de las plataformas de redes sociales de código abierto. En 2022, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) dijo que implementaría una denominada estrategia policial digital para prevenir e investigar ciertos delitos, en particular los relacionados con el crimen organizado.126 Ese año, la PDI también compartió que un “patrullaje virtual” le había permitido identificar y judicializar un caso que involucraba imágenes de abuso sexual infantil.127 También se ha implementado un seguimiento en asuntos no relacionados con las investigaciones penales. En marzo de 2022, se informó que el equipo de comunicaciones del presidente Boric rastrearía las conversaciones en las redes sociales para identificar el estado de ánimo del público sobre temas de actualidad e informar su estrategia de comunicación.128

Investigaciones anteriores han documentado la probable compra por parte del Estado de ciertas tecnologías de vigilancia, aunque no está claro en qué medida se utilizan. Una investigación de 2020 realizada por The Citizen Lab informó que el PDI era un probable cliente de Circles, una empresa de vigilancia supuestamente capaz de monitorear teléfonos móviles sin piratear los dispositivos.129 Anteriormente, un informe de 2016 de Derechos Digitales reveló que Chile había comprado licencias para utilizar el software espía Galileo (o Da Vinci) de Hacking Team, que según la PDI se utilizó dentro de parámetros legales bajo autorización judicial.130

C6: El monitoreo y la recopilación de datos de los usuarios por parte de proveedores de servicios y otras empresas tecnológicas ¿infringen el derecho a la privacidad de las personas? (0–6 puntos): 4

El marco legal de Chile contiene salvaguardas para la protección de datos personales, y durante el período de cobertura la actualización de este marco legal se encontraba en plena tramitación. Algunas leyes obligan a las empresas de telecomunicaciones a cumplir con las solicitudes de datos de los usuarios, aunque sus prácticas de protección de datos han mejorado en general en los últimos años.

La SUBTEL exige que las empresas de telecomunicaciones cumplan con las órdenes judiciales de interceptar comunicaciones privadas, aunque ordena que “las intervenciones se realicen de manera tal que se proteja la privacidad y seguridad de las comunicaciones cuya interceptación y grabación no fue autorizada.”131 De acuerdo con el artículo 222 del Código de Procedimiento Penal, los ISP deben conservar los registros de conexión de Protocolo de Internet (IP) de sus suscriptores durante al menos un año.132 Además, la Ley Marco de Ciberseguridad excluye explícitamente las direcciones IP de su definición de datos personales, lo que permite el acceso a esta información tras incidentes de ciberseguridad.133

En agosto de 2024, después del período de cobertura, el Congreso Nacional aprobó un marco actualizado de protección de datos, la Ley de Protección de Datos Personales.134 La ley, que entrará en vigor dos años después de su publicación oficial, establece una nueva Agencia de Protección de Datos Personales, que estará facultada para hacer cumplir la ley mediante multas en caso de incumplimiento. También alinea los estándares de protección de datos de Chile con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, estableciendo varios derechos clave para los titulares de datos, incluido el derecho a rectificar los datos u oponerse a su procesamiento, entre otros.135 Mientras tanto, sigue en vigor una ley de protección de datos promulgada en 1999.136 En su momento, la ley se consideró pionera en la región, pero desde entonces ha sido criticada por “obsoleta”. Los analistas también han criticado a las autoridades por no establecer una agencia independiente de protección de datos para hacer cumplir el marco legal, un problema que el nuevo marco pretende corregir.137

En el pasado se han producido controversias relacionadas con el tratamiento de datos personales. En mayo de 2018, la SUBTEL ordenó a las empresas de telecomunicaciones que proporcionaran determinados datos personales, entre ellos el número de teléfono móvil y la región, de todos los abonados a la telefonía móvil, es decir, aproximadamente 15 millones de personas. La SUBTEL indicó que estos datos se facilitarían a la empresa de investigación de mercados CADEM para ayudar a crear una encuesta de satisfacción del cliente.138 La asociación de telecomunicaciones “Chile Telcos” se opuso a esta solicitud, argumentando que era contraria a la legislación vigente en materia de protección de datos y desproporcionada con respecto a los objetivos declarados de SUBTEL. En abril de 2021, la orden de SUBTEL fue confirmada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), que decidió que SUBTEL tenía la autoridad legal para solicitar la información.139 Derechos Digitales criticó la decisión del CPLT y dijo que subrayaba la necesidad de una autoridad de protección de datos independiente.140

En octubre de 2022, Derechos Digitales señaló que, si bien los proveedores han avanzado en la publicación de informes de transparencia, la necesidad de emitir notificaciones a los usuarios sobre las solicitudes de sus datos personales sigue siendo un área particular de mejora.141

C7: ¿Están las personas sujetas a intimidación extralegal o violencia física por parte de las autoridades estatales o cualquier otro actor en relación con sus actividades en línea? (0–5 puntos): 4

Las personas en Chile no suelen sufrir violencia física por parte de actores estatales o no estatales en relación con sus actividades en línea, aunque tales incidentes han ocurrido en el pasado.142 El acoso en línea, especialmente contra las mujeres, sigue siendo sin embargo una preocupación constante.

Un estudio de 2018 de Datos Protegidos subrayó el riesgo particular que suponen para las mujeres y las personas LGBT+ el acoso y la intimidación en línea, el doxing y la difusión no consentida de imágenes íntimas.143 Una encuesta a 531 mujeres realizada por la organización no gubernamental (ONG) Amaranta en 2020 encontró que el 73,8% de las encuestadas había sufrido alguna forma de violencia en línea, siendo las formas más comunes la violencia verbal, el acoso y/o acecho y el intercambio no solicitado de imágenes íntimas.144

Las mujeres periodistas y políticas siguen bajo la amenaza de estas formas de acoso y abuso en línea. Durante el período de cobertura, Valeria Cárcamo, comentarista política y miembro del partido de izquierda Revolución Democrática, informó que experimentó una escalada de odio en línea después de que Gabriel Alemparte, vicepresidente del Partido Demócratas, apareció en un programa de televisión político en enero de 2024 y cuestionó abiertamente si Cárcamo había sido víctima de agresión sexual.145

Durante el período de cobertura fue posible documentar la tramitación legislativa de un proyecto de ley que fortalecería las protecciones contra la violencia para periodistas y trabajadores de las comunicaciones.146

C8: Los sitios web, las entidades gubernamentales y privadas, los proveedores de servicios o los individuos ¿están sujetos a piratería informática generalizada y otras formas de ciberataque? (0–3 puntos): 2

Si bien los ciberataques han tenido como objetivo a instituciones públicas y al sector privado, los ciberataques con motivaciones políticas dirigidos a los medios de comunicación, la oposición política o la sociedad civil son poco frecuentes. El Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT) del gobierno proporciona coordinación para "incidentes de ciberseguridad con un impacto significativo”.147

En octubre de 2023, el proveedor de servicios digitales e Internet GTD fue víctima de un supuesto ataque de ransomware que afectó a parte de la plataforma de infraestructura como servicio (IaaS) de la empresa.148 El ciberataque afectó las operaciones normales de los clientes de GTD tanto del sector privado como del público durante al menos varias semanas, incluidas interrupciones en las plataformas digitales de 72 municipios, lo que dificultó el pago de salarios en algunos casos.149

Un mes después, en noviembre, el medio de investigación CIPER fue víctima de un aparente hackeo, interrumpiendo temporalmente el funcionamiento normal de su sitio web.150 Tras el incidente, CIPER dijo que experimentó “problemas técnicos”, y que el ataque sólo había interrumpido el material alojado en WordPress.151 Se estima que el ciberataque ocurrió poco después de que el medio publicara grabaciones de audio relacionadas con un caso de corrupción de alto perfil, pero lo cierto es que no había más información disponible sobre el motivo del ataque o quién fue el responsable.

En abril de 2024, el gobierno publicó la Ley Marco de Ciberseguridad,152 un proyecto legislativo que se presentó originalmente en 2022 durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera y que se extendió durante varios años.153 La ley, que no ha entrado en vigor al final del período de cobertura, establece la primera Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) de América Latina, un regulador independiente de la ciberseguridad con autoridad sancionadora.154 También crea obligaciones de notificación de incidentes de ciberseguridad para las instituciones públicas y privadas cubiertas por la ley.155

Nota del Editor: Tras la publicación de este informe, el medio de investigación CIPER se puso en contacto con Freedom House para aclarar que el medio no consideraba que la interrupción del servicio de noviembre de 2023 fuera un ciberataque, sino más bien "problemas técnicos" relacionados con la "alta demanda de los lectores". Si bien se describe en este informe, esta interrupción no afectó la puntuación de Chile.

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