Costa Rica

Free
88
100
A Obstacles to Access 21 25
B Limits on Content 34 35
C Violations of User Rights 33 40
Last Year's Score & Status
87 100 Free
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Resumen

Costa Rica continúa teniendo uno de los entornos digitales más libres del mundo. Las desigualdades socioeconómicas y geográficas persisten, pero en general el acceso a internet es robusto en la mayoría del territorio nacional. Las personas usuarias disfrutan de un acceso sin restricciones a los contenidos digitales, y su libertad de expresión continúa siendo ampliamente protegida por la legislación y los tribunales.

A pesar de lo anterior, el país enfrentó retos durante el período de estudio. Varias instituciones públicas enfrentaron violentos ciberataques, y la desinformación y propagación de noticias falsas a través de las redes sociales se convirtieron en una preocupación durante el período electoral que celebró el país entre octubre de 2020 y abril de 2022.

Costa Rica tiene un largo historial democrático de estabilidad, y cuenta con un sistema político multipartidista robusto, así como transiciones regulares del poder mediante elecciones libres y transparentes. Existe un Estado Social de Derecho sólido, aunque los presidentes se han visto implicados en escándalos de corrupción. Entre las preocupaciones actuales, se encuentra la discriminación que sufren las personas LGBTIQ+ e indígenas, así como las disputas por tierras que ocurren en los territorios indígenas del país.

Principales acontecimientos en el período de estudio (1 de junio, 2021 – 31 de mayo, 2022)

  • El acceso a internet continúa creciendo, al tiempo que las iniciativas para expandir su cobertura y reducir la brecha digital muestran progresos durante el período de estudio (Ver preguntas A1 y A2).
  • La desinformación y las noticias falsas se extendieron durante las elecciones nacionales de febrero de 2022. Por esa razón, varias instituciones lanzaron proyectos para combatir este problema. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) generó una alianza con Facebook para habilitar un canal directo entre la red social y los magistrados para eliminar publicaciones falsas sobre el proceso electoral (Ver pregunta B5).
  • Entre abril y mayo de 2022, casi 30 instituciones públicas fueron víctimas de ciberataques de ransomware lanzados desde organizaciones rusas. Estos ataques paralizaron servicios públicos esenciales durante más de un mes, y llevaron al presidente a declarar el estado de emergencia en el país (Ver pregunta C8).

A. Obstáculos en el acceso

A1 (0–6)

 

 ¿Las limitaciones de infraestructura restringen el acceso a Internet o la velocidad y calidad de las conexiones a Internet?

5/6

Cambio en el puntaje: El puntaje mejoró de 4 a 5 debido a un aumento en las tasas de penetración de internet.

En Costa Rica, el acceso a internet continúa creciendo. Para enero de 2022, la penetración de internet entre la población había alcanzado el 81,6%1 . Para ese momento, había 7,72 millones de conexiones de telefonía móvil en el país, equivalente al 149,6% de la población, y a un aumento del 2,9% con respecto al año anterior2 . La cobertura de telefonía móvil de tercera (3G) y cuarta generación (4G) está disponible para el 94% y 93% de la población respectivamente3 .

Según los datos más recientes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UTI), en 2020, el 85% de los hogares tenían acceso a internet y 91 de cada 100 habitantes tenían suscripciones activas de banda ancha móvil4 .

De acuerdo con el Speedtest Global Index de julio de 2022, la velocidad promedio de carga y descarga en banda ancha fija fue de 10,40 y 10,40 megabits por segundo (Mbps) respectivamente. Los mismos datos mostraron que la velocidad de carga y descarga promedio en conexiones móviles de 6,92 Mbps y 17,40 Mbps, respectivamente5 .

En los últimos años, ha aumentado la infraestructura de fibra óptica. La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) informó, en diciembre de 2021, que la infraestructura total de esta tecnología se había expandido un 28,5% entre junio de 2020 y 2021, para un total de 188.461 kilómetros aproximadamente6 . En agosto de 2022, fuera del período de estudio de este trabajo, el Gobierno inició un proceso para consultar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2022-2027 (PNDT), el cual tiene entre sus objetivos de política expandir y mejorar la conectividad de internet7 .

Los distintos actores públicos y privados han hecho esfuerzos en este sentido. En agosto de 2020, Kolbi, marca comercial del estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), anunció la expansión de su red 4G. Se establecieron alrededor de 200 nuevos sitios de cobertura celular en distintas comunidades rurales, con conexiones 3G y 4G disponibles en casi todo el país8 . Otros operadores también han avanzado en esta materia. Por ejemplo, la empresa Movistar anunció que se convertiría a 4G LTE a finales de 20219 .

Desde el 2018, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) incorporó metas relacionadas con la tecnología de quinta generación (5G) en el PNDT 2019-202210 , las cuales habían alcanzado, para finales del 2021, el 49,1% de su meta de progreso anual del 50%11 .

A pesar de estos avances, la implementación de la tecnología 5G ha enfrentado diversos retrasos. La Administración del presidente Carlos Alvarado Quesada (2018-2022) no pudo recuperar una serie de frecuencias del espectro radioeléctrico útiles para implementar la tecnología 5G, ni abrir una licitación con ellas debido a que estaban adjudicadas al ICE. La empresa estatal de telecomunicaciones decidió no devolverlas, a pesar de las reiteradas solicitudes del MICITT. Tras una prolongada disputa entre estas instituciones, el Gobierno abrió un procedimiento administrativo contra el ICE por posibles incumplimientos contractuales en marzo de 202212 . En mayo de este mismo año, el nuevo presidente Rodrigo Chaves Robles (2022-2026) le ordenó al ICE devolver, en un plazo de 6 meses, las frecuencias que no estaba utilizado. Posteriormente, en septiembre de 2022, informó que había logrado firmar un acuerdo con el Instituto para que éste devolviera aquellas frecuencias aptas para el 5G que no estaba utilizando13 .

La conectividad del país es eficiente la mayoría de las veces, pero se ve afectada por distintos fenómenos. Por ejemplo, la temporada lluviosa que afecta de mayo a noviembre al país, y que conlleva riesgos de inundaciones. Otros fenómenos son los movimientos sísmicos, que son usuales en Costa Rica debido a que se encuentra en una zona de subducción donde interactúan tres placas tectónicas principales14 , o los huracanes, que también provocan inundaciones y, en algunas ocasiones, daños a la infraestructura15 .

El robo de cable también amenaza la conectividad. En marzo de 2021, el ICE informó que durante el último año este delito había dejado sin internet y sin telefonía a 36 mil usuarios en más de la mitad de los cantones del país16 .

 

A2 (0–3)

 

 ¿El acceso a Internet es excesivamente costoso o se encuentra fuera del alcance de ciertos segmentos de la población por razones geográficas, sociales u otras?

2

Si bien es cierto, Costa Rica reconoce el acceso a internet como un derecho fundamental desde 2010, las desigualdades en torno a este tema continúan existiendo. La mayoría de ellas son de carácter geográfico, como lo evidencia el hecho de que, en 2020, solo el 79% de los hogares rurales contaban con acceso a internet, frente al 87% de los hogares urbanos17 . Existen iniciativas para aumentar el acceso mediante proyectos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), pero las mismas enfrentan diversas críticas debido a su ritmo de implementación.

En 2022, el costo mensual promedio de tener una conexión fija de banda ancha era de $38.1618 . Un gigabyte (GB) en el servicio de telefonía móvil costaba, en promedio, 1.500 colones mensuales (aproximadamente $2.17). El precio más barato por 1 GB en el servicio de telefonía móvil era de 960 colones (aproximadamente $1,39), mientras que el más caro era de 6.667 colones (aproximadamente $9,64)19 . El ingreso mensual promedio por hogar en 2021 fue de 991.568 colones (aproximadamente $1.514,78)20 , pero con claras desigualdades entre las zonas urbanas y rurales. El ingreso familiar mensual promedio en las zonas urbanas fue de 1.119.073 colones (aproximadamente $1.709,56), mientras que en las zonas rurales fue de 651.511 colones ($995.29). Los planes de telefonía móvil prepago más baratos están condicionados por un menor rendimiento de la red. Estos planes constituyeron, en 2020, el 66,6% del mercado21 .

En el pliego tarifario que publica SUTEL se establecen las tarifas máximas de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público que se encuentran regulados. A abril de 2022, la tarifa máxima por 1 GB de internet móvil prepago era de 7.600 colones (aproximadamente $11,58), mientras que el internet móvil pospago, con un ancho de banda de 128/64 kbps, tenía un costo de $15 mensuales aproximadamente22 .

Costa Rica ocupa el 3° lugar entre 72 países en el Índice de Impulsores de Asequibilidad 2021 (ADI, por sus siglas en inglés), el cual mide los factores normativos y regulatorios que pueden impulsar una banda ancha más asequible23 .

Por otra parte, el país cuenta con proveedores de internet de carácter regional, como las cooperativas de electrificación rural. Por ejemplo, es posible ubicar a Coopelesca en la región norte y a Goopeguanacaste en la región Chorotega. La existencia de este modelo ha permitido diversificar y democratizar el acceso a internet fijo en el hogar para los territorios que están fuera del Valle Central24 . Como se mencionó, FONATEL tiene diversas iniciativas para ampliar la cobertura de internet a comunidades, zonas e instituciones que carecen de este servicio. Por ejemplo, mediante este fondo se brinda conexión gratuita a los Equipos Básicos Integrados de Salud (EBAIS), a los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI), y a las escuelas y colegios públicos del país25 . De igual forma, también implementa distintos proyectos con poblaciones vulnerabilizadas, los cuales se financian por medio de un pago que deben realizar las empresas de telecomunicaciones26 .

Según la Alliance for Affodable Internet, Costa Rica ha impulsado de manera proactiva diversos esfuerzos para reducir la brecha digital de género. Por ejemplo, el acceso a internet de las mujeres fue un tema que estuvo incluido en el PNDT 2015-2021 por medio del establecimiento de un subsidio para mujeres emprendedoras27 . La evaluación que hizo el MICITT de este plan determinó que, para diciembre de 2021, la iniciativa Hogares Conectados había logrado dar acceso a internet a casi 360.000 mujeres, cifra que incluye más de 120 mil hogares encabezados por mujeres28 .

El programa Espacios Públicos Conectados es otra iniciativa de FONATEL para reducir la brecha digital. Este proyecto brinda internet gratuito de alta velocidad en distintos espacios públicos del país como parques, plazas, librerías, estaciones de tren y centros cívicos para la paz. Se trata de un proyecto a largo plazo, con un modelo de sostenibilidad que incluye el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones (banda ancha), así como el fomento de la alfabetización digital en la población29 . Según datos de marzo de 2022, el proyecto ha logrado establecer 2.500 kilómetros de cable de fibra óptica en el país, y ha logrado conectar 513 espacios públicos, entre los que se encuentran 400 parques y plazas, 61 bibliotecas públicas, 28 estaciones de tren y 7 centros cívicos30 .

Como ya se mencionó, FONATEL ha enfrentado críticas recientes por el lento ritmo de ejecución en estos y otros planes, así como por su oposición a diversas iniciativas que buscan redireccionar sus fondos a otras instancias que permitan resolver más rápido los déficits generados en el sector de las telecomunicaciones31 .

 

A3 (0-6)

 

¿El Gobierno ejerce un control técnico o legal sobre la infraestructura de internet con el fin de restringir de alguna manera la conectividad? 

6

No existen controles del Gobierno que restrinjan la conectividad32 . Tres cables submarinos de fibra óptica conectan al país con la red mundial de internet. Desde abril de 2014, país cuenta con un punto de intercambio de internet (IXP) denominado CRIX, el cual es operado por el Centro de Información de Redes de Costa Rica (NIC-CR), una instancia técnica independiente de la Academia Nacional de Ciencias que ha sido declarada de interés público por el Gobierno a través de MICITT33 .

 

A4 (0–6)

 

 ¿Existen obstáculos de carácter legal, regulatorios o económicos que restrinjan la diversidad de proveedores de servicios?

4

El ICE tuvo el monopolio estatal de las telecomunicaciones hasta 2008, año en que se abrió la competencia y en que el país comentó a fomentar la inversión privada en este ámbito34 . El PNDT 2015-2021 es el que establece las políticas y metas del sector, mientras que la SUTEL, como órgano regulador, es el encargado de garantizar la competencia entre operadores y proveedores de servicios, así como de garantizar que no existan barreras o manipulaciones en el mercado35 .

De acuerdo con datos de la SUTEL, para finales de 2020 el ICE - a través de su marca comercial kölbi - mantiene el 41,1% de las suscripciones de telefonía móvil del mercado. Telefónica, tenía alrededor del 38,6% de los usuarios bajo la marca comercial Movistar, mientras que América Móvil contaba con el 20,3% del mercado a través de su marca comercial Claro. El ICE también lideró la participación de mercado de internet fijo en 2020, con un 33,1%. Le siguió la empresa Cabletica con un 22,2%, Telecable con el 19,9%, Millicom con el 18,5% y otros 37 operadores y proveedores que se repartieron la participación restante36 .

Hay una serie de requisitos para poder brindar servicios de telecomunicaciones. Por ejemplo, todas las solicitudes de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico deben presentarse ante MICITT. Las concesiones de frecuencias se determinan en procedimientos de concurso público37 .

SUTEL tiene procedimientos definidos para la fijación tarifaria que las empresas de telecomunicaciones deben pagar por utilizar el espectro radioeléctrico, a partir del artículo 63 de la Ley General de Telecomunicaciones (Ley N° 8642). El reglamento de esta misma norma (Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, N° 34765-MINAE) establece, en un artículo 77, todo lo relacionado con los derechos de paso y uso compartido de la infraestructura pública de telecomunicaciones.

 

A5 (0-6)

 

¿Los organismos reguladores que supervisan a los proveedores de servicios, así como la tecnología digital actúan de forma libre, justa e independiente? 

4

En términos generales, los órganos reguladores son generalmente independientes. El MICITT está integrado por el Despacho del Ministro y dos viceministerios: el Viceministro de Ciencia y Tecnología, enfocado en promover la investigación, el uso de la tecnología digital y la aplicación de la innovación en los procesos entre los sectores académicos, gubernamental y empresarial; y el Viceministro de Telecomunicaciones, encargado de proponer las políticas de telecomunicaciones, así como la agenda digital del país. Este segundo viceministerio también gestiona el uso del espectro radioeléctrico y coordina la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Además, trabaja con otras instituciones públicas, con la SUTEL y con operadores públicos y privados38 .

Por su parte, SUTEL es el órgano responsable de regular, supervisar, hacer cumplir y controlar el marco regulatorio de las telecomunicaciones. Además, tiene la responsabilidad de apoyar al MICITT en el desarrollo de políticas. De igual forma, también administra FONATEL, el fondo encargado de expandir el acceso a internet, y es el encargado de asegurar que los operadores de red y los proveedores de servicios de telecomunicaciones cumplan con las obligaciones de servicio y acceso universal establecidas en la ley. La SUTEL también es la instancia responsable de imponer sanciones por prácticas anticompetitivas, en coordinación con la Comisión para la Promoción de la Competencia (COMPROCOM), una instancia que depende del Ministerio de Economía, Industria y Comercio39 .

El marco normativo actual permite que el MICITT se desvincule de criterios técnicos de SUTEL. Por ejemplo, en 2014 se negó a aceptar una propuesta del órgano regulador para poder establecer una metodología para medir la concentración de espectro40 . Esto evidencia que hay un espacio de mejora en las normas para consolidar el rol técnico e independiente de la SUTEL.

A nivel de gobernanza, las autoridades promueven un modelo de diálogo con las partes interesadas. Los eventuales cambios normativos, así como las políticas públicas y otros aspectos relacionados con su implementación, usualmente se discuten con los principales actores, públicos y privados, mediante procesos de consulta donde también participan diversos grupos de la sociedad civil41 . Al momento de escribir este informe, se encuentra abierto un proceso de consulta para el Plan Nacional de Telecomunicaciones 2022-202742 . Al cierre de la edición de este documento, dicho plan aún no había sido oficialmente publicado, y el periodo para recibir comentarios sobre el mismo fue ampliado hasta agosto de 202243 .

Aunque los organismos reguladores son autónomos y mayoritariamente independientes, diversos sectores han expresado su preocupación por la política de “puertas giratorias” en la que ex altos funcionarios del gobierno del área de telecomunicaciones pasan a ser representantes de empresas privadas, así como voceros del sector privado en diversos foros de toma de decisión44 .

 

B. Límites del contenido 

B1 (0–6)

 

B1: ¿El Estado bloquea o filtra, u obliga a los proveedores de servicios a bloquear o filtrar los contenidos de internet, particularmente el material protegido por las normas internacionales de derechos humanos?

6

No existen reportes de que el Gobierno u otros actores bloqueen o filtren contenidos.

En años recientes, el gremio de taxistas ha presionado al gobierno para que realice un bloqueo de aplicaciones de transporte como Uber, DiDi o InDriver, pero no han tenido éxito en parte porque no existe ninguna disposición en la normativa nacional que permita tomar tal decisión45 . Es más, la SUTEL ha reiterado que la legislación vigente en el país impide realizar tales bloqueos. Por otro lado, la entidad también ha señalado que existen ciertos requisitos establecidos en la ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicas para que los operadores de telecomunicaciones ofrezcan a los usuarios y proveedores de servicios en línea un acceso gratuito, oportuno y no discriminatorio a sus redes.

 

B2 (0-4)

 

¿Los agentes estatales o no estatales emplean medios legales, administrativos o de otro tipo para obligar a los editores, generadores de contenido o a las plataformas a eliminar contenidos, en particular el material que está protegido por las normas internacionales en materia de derechos humanos?

3

Cambio en el puntaje: El puntaje mejoró de 3 a 4 por los esfuerzos que ha hecho el país para fortalecer las protecciones existentes contra la eliminación forzosa de contenidos.

El Estado no elimina contenidos, salvo cuando lo ordena un Tribunal o en condiciones excepcionales, como eliminar imágenes de abuso sexual infantil. La normativa costarricense, además, limita la responsabilidad de los proveedores de servicios46 .

Hace algunos años, la legislación que regula la protección de datos personales, en particular la relacionada con el derecho al olvido, obligó a algunos medios a retirar contenido de sus plataformas digitales. Sin embargo, también se han dado avances para evitar que se eliminen contenidos de manera forzosa. En junio de 2020, la Sala Constitucional anuló una resolución emitida por la PRODHAB en 2015 en donde le ordenaba al periódico Diario Extra retirar una fotografía que mostraba el pasaporte de alguien que acusaba a la policía fronteriza de abusos. El alto tribunal dictaminó que la resolución de la PRODHAB era perjudicial para la libertad de información, y que la fotografía era de interés público y que, por tanto, no requería del consentimiento informado de la persona para su publicación. En su argumentación, el Tribunal señaló que la PRODHAB no puede utilizar los fines de la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, para limitar el ejercicio legítimo de la libertad de prensa, porque ello sería una censura estatal indirecta, en control del Estado, de un derecho esencial para el sostenimiento del régimen democrático47 .

Entre julio y diciembre de 2021, Facebook restringió 17 artículos tras recibir informes del Ministerio de Salud48 . Twitter, por su parte, no reportó solicitudes de eliminación de contenidos en Costa Rica durante el mismo período49 .

 

B3 (0-4)

 

 ¿Las restricciones a internet y a los contenidos digitales carecen de transparencia, de proporcionalidad o de un proceso de apelación independiente? 

4

En Costa Rica, las restricciones de contenidos se encuentran reguladas en leyes específicas que buscan garantizar el derecho al honor, la intimidad, la protección de datos personales y la protección de personas menores de edad. Por ejemplo, está la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia frente al contenido nocivo de internet y otros medios electrónicos (Ley N° 8934), aprobada en 2011, que limita el acceso de esta población a contenidos considerados nocivos para su integridad moral o psicológica. El contenido solo se puede eliminar mediante una orden judicial.

De conformidad con el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, el país ha establecido un sistema de responsabilidad para garantizar los derechos de autor. Las personas usuarias que consideren vulnerados sus derechos pueden comunicarlo por escrito al prestador del servicio, que dispone de 15 días para retirar el contenido si la solicitud es legítima. El sistema es relativamente balanceado, ya que tiene como objetivo limitar la carga impuesta a los proveedores de servicios y mitigar los daños a los titulares de los derechos. No obstante, también ha sido criticado por su ambigüedad, ya que la responsabilidad limitada del intermediario se aplica a los proveedores de servicios que voluntariamente cumplen con las reglas50 .

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha determinado que las instituciones públicas que utilicen cuentas institucionales en redes sociales para comunicarse con la ciudadanía no pueden bloquear a personas usuarias que sean críticas contra esas cuentas o instituciones51 . La Sala determinó que, en una sociedad abierta y democrática, la libertad de expresión incluye la crítica a través de redes sociales al funcionamiento de dichas instituciones.

En cuanto al bloqueo técnico, La Ley N° 8934 ya mencionada obliga a los proveedores de servicios a aplicar filtros para determinados contenidos nocivos, como las imágenes de abuso sexual infantil.

 

B4 (0–4) 

 

¿Los periodistas, comentaristas y personas usuarias de internet practican la autocensura?

4

La autocensura en actividades en línea no está extendida. Sin embargo, PROLEDI y el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) realizaron un estudio con periodistas donde se detectó que el 30% de los consultados se autocensuraron durante 2019 por miedo al castigo, acoso o ataques. Ante la pregunta de qué sectores provienen estas amenazas, varios de los encuestados señalaron a los grupos políticos. El cuestionario fue entregado a 161 medios de comunicación, 18 de ellos digitales52

 

B5 (0-4)

 

 ¿Las fuentes de información se encuentran controladas o manipuladas por el gobierno u otros actores poderosos para impulsar alguna agenda política particular?

3

El gobierno no controla ni manipula las fuentes de información digitales53 . Sin embargo, se ha detectado un crecimiento de cuentas falsas en redes sociales que amplifican cierto contenido político y propagan desinformación.

Se utilizaron cuentas falsas para generar y amplificar contenidos en redes sociales antes de las elecciones nacionales de febrero de 2022. La Universidad Latina de Costa Rica descubrió que, en promedio, más del 11% del contenido de las redes sociales publicado durante el período electoral estuvo asociado a cuentas falsas, alcanzando picos del 19% y 21% en las semanas previas a la votación54 . Además, en abril de 2022, Meta anunció que había eliminado una red de 233 cuentas de Facebook, 84 páginas, 2 grupos y 27 cuentas de Instagram por violentar su política sobre comportamiento inauténtico coordinado. La red se originó y apuntó hacia Costa Rica y a Ecuador, gastó más de $128.000 en publicidad digital y llegó a más de 212.000 cuentas de redes sociales. Además, publicó páginas que se hacían pasar por medios de comunicación nuevos y amplificó algunos contenidos políticos particulares. Se descubrió que la red tenía vínculos con la firma de relaciones públicas Noelix Media, que tiene oficina en ambos países55 .

En las elecciones pasadas, también se detectaron movimientos de este tipo. Un informe publicado en enero de 2021 por la Universidad de Oxford y el Programa sobre Democracia y Tecnología del Instituto de Internet de Oxford encontró que, en el proceso electoral 2018, existieron “tropas cibernéticas” que utilizaron las redes sociales – en particular Facebook y Twitter – para difundir información falsa o engañosa sobre temas como la corrupción, la inmigración o el aborto. En ese mismo proceso de 2018, se reveló que el conservador Partido de Restauración Nacional (PRN) obtuvo ilegalmente datos privados de millones de usuarios de telefonía celular. También se evidenció que figuras políticas ligadas a esta agrupación, incluido su candidato presidencial, esparcieron informaciones engañosas. Una de las noticias falsas que difundieron fue que el Gobierno de entonces estaba aumentando el Impuesto Al Valor Agregado. Este informe señaló que la información no se difundía a través de cuentas automatizadas56 .

Varias instituciones públicas, organizaciones y medios han puesto en marcha esfuerzos para combatir la desinformación en redes sociales (Ver pregunta B2). Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha buscado promover la alfabetización digital, mientras que la Universidad de Costa Rica creó una iniciativa de verificación de información llamada Doble Check. Por su parte, el periódico La Nación, tiene el proyecto No Coma Cuento, que se utiliza para desmentir noticias e información falsa que circula en la red57 .

En enero de 2022, La Nación confirmó que Facebook estableció un canal de comunicación directo entre su plataforma y el TSE para que los magistrados y magistradas electorales solicitaran la eliminación de publicaciones que contuvieran información electoral falsa, que pudiera corroborarse como tal y que tuviera el potencial de socavar el derecho al voto de los costarricenses. El TSE detalló su plan de utilizar exclusivamente el canal para realizar solicitudes de destitución acelerada el día de las elecciones58 .

 

B6 (0-3)

 

¿Existen limitaciones económicas, legales o de otro tipo que afecten negativamente la capacidad de las personas usuarias para publicar contenidos en línea? 

3

Hay pocas limitaciones económicas, legales o de otro tipo que afecten negativamente la capacidad de las personas usuarias para expresarse, compartir o publicar contenidos en línea. Sin embargo, un informe de PROLEDI y de CICOM de 2018 encontró que los periodistas plantean como problemas el uso político de la publicidad estatal, la sostenibilidad financiera de los medios y la ausencia de políticas públicas para promover el pluralismo y la diversidad (Ver pregunta B7)59 . Los medios de comunicación dependen de la publicidad para operar, y la mayoría se apoya en la pauta comercial (78%), en la pauta estatal (48%) o en las pequeñas donaciones o crowdfunding (16%). La tendencia a la concentración de la propiedad ha llevado a que un pequeño grupo de empresas, principalmente televisión y radio, sean quienes reciban la mayor parte de la pauta gubernamental60 .

Costa Rica aún no cuenta con leyes o regulaciones que aborden directamente o desarrolle a profundidad prácticas para garantizar la neutralidad de la red, pero las autoridades han manifestado su apoyo a este principio. La Ley para el Fortalecimiento y la Modernización de las Instituciones del Sector de las Telecomunicaciones (Ley N° 8660) obliga a los operadores a brindar acceso abierto a las redes y servicios (Artículo 75), así como a promover la transparencia y la no discriminación en todas las inversiones que se realicen en materia de telecomunicaciones61 .

 

B7: (0-4)

 

 ¿Le falta diversidad y confiabilidad al panorama informativo en línea?

4

El panorama informativo en línea es relativamente diverso y confiable. De acuerdo con un informe de 2018 publicado por PROLEDI y el CICOM, el 47,4% de quienes practican periodismo en plataformas digitales creen que el panorama informativo en línea es diverso y plural62 .

Un informe de 2020 de las mismas organizaciones encontró que los medios de comunicación, incluidos los digitales, se encuentran concentrados en el Valle Central, y que 25 de los 82 cantones no cuentan con medios locales. El 10% de los medios consultados dijo utilizar idiomas indígenas, el 33% dijo emplear a personas LGBTIQ en sus planillas, el 30% dijo emplear migrantes y refugiados y el 20% afirmó emplear a afrodescendientes. A pesar de ello, todavía se evidencian brechas entre el personal y los niveles generacionales, así como una brecha en materia de género63 .

Aunque el panorama informativo en línea sigue siendo confiable, la desinformación puede generar problemas. Una encuesta hecha por el CICOM publicada en 2021 reveló que el 18% y 19% de las personas encuestadas había compartido información falsa en WhatsApp y Facebook, respectivamente. En ese momento, el 30% de las personas encuestadas afirmó tener poca o ninguna capacidad para reconocer la información falsa en línea.

 

B8 (0-6)

 

¿Existen condiciones que limiten la capacidad de las personas usuarias de movilizarse, formar comunidades y generar campañas sobre cuestiones políticas y sociales? 

6

Las herramientas digitales se utilizan para el activismo social y político. Las redes sociales han sido utilizadas para organizar movimientos, compartir información y recopilar datos para desafíos legales. Activistas feministas han creado campañas en redes sociales para protestar. Sin embargo, algunos activistas han recibido amenazas como respuestas a sus actividades64 .

 

C. Violaciones de los derechos de usuario 

C1 (0-6)

 

C1: ¿La Constitución y las leyes fallan en proteger derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de prensa, incluida la de internet, y son aplicados por un poder judicial que carece de independencia?

6

La Constitución Política de Costa Rica protege la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de prensa. El artículo 28 señala que nadie puede ser perseguido por expresar sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley65 . El artículo 29, por su parte, establece que toda persona puede comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y a publicarlos sin censura previa, haciéndose responsable, eso sí, de los abusos que se comentan en el ejercicio de este derecho66 .

El Poder Judicial es independiente y proteger la liberad de expresión y de prensa67 .

Si bien es cierto, en Costa Rica no existe una legislación específica sobre la libertad de expresión en línea, el tema se encuentra cubierto mediante otras normas y en la jurisprudencia judicial. En varios fallos, la Sala Constitucional se ha referido al ejercicio de la libertad de expresión en línea tomando como base los artículos constitucionales 28 y 29, así como también los tratados internacionales suscritos por el país68 . Los límites a este derecho se encuentran claramente establecidos en diversas leyes. Pr ejemplo, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece ciertas restricciones para proteger los derechos de los niños69 .

Entre 2012 y 2015, la Sala Constitucional emitió varios fallos que impiden que las autoridades estatales que tienen cuentas en redes sociales puedan bloquear a otros usuarios, argumentando que las críticas al gobierno se enmarcan en el derecho a la libre expresión, y que dicha libertad se extiende al ámbito de la comunicación digital y las redes sociales (ver pregunta B3)70 .

Costa Rica no cuenta con una ley de acceso a la información pública, pero existe vasta jurisprudencia constitucional que garantiza este derecho a la ciudadanía71 . La Sala Constitucional ha establecido la obligación de las administraciones públicas y de las instituciones de facilitar los datos de sus operaciones para que puedan ser libremente usados y distribuidos72 .El país también cuenta con una política de Gobierno Abierto y Datos Abiertos desde 2015, la cual busca promover el acceso a la información, la participación ciudadana y los principios de transparencia y rendición de cuentas73 . En mayo de 2022, el entonces presidente Carlos Alvarado Quesada vetó parcialmente la “Ley General de Acceso a la Información Pública” que había sido aprobada por el Congreso un mes antes, por considerar que varias de los artículos ponían en riesgo el derecho a la libertad de prensa y acceso a la información. Defensores de prensa y de activistas de los derechos humanos la habían calificado como una “Ley Mordaza” debido a las limitaciones que establecía para acceder a información pública. Por un tema procedimental, el veto parcial del mandatario conllevó al archivo y no aplicación de la norma.

 

C2 

 

 ¿Existen leyes que establezcan sanciones penales o de responsabilidad civil por las actividades en línea, en particular aquellas que están protegidas por normas internacionales de derechos humanos?

3

No existen leyes específicas que establezcan sanciones penales o civiles por las actividades en línea. Sin embargo, los delitos contra el honor como la calumnia o la injuria se encuentran tipificados como delitos, tanto en el Código Penal74 como en la Ley de Imprenta75 .

El artículo 145 del Código Penal tipifica como delito las injurias, y el artículo 146 la difamación. El artículo 147 establece que una persona puede ser castigada hasta con 150 días multa si atribuye falsamente a otra persona la comisión de un hecho delictivo. El artículo 148 tipifica como delito el daño a la reputación de una persona muerta mediante declaraciones injuriosas o difamatorias. La Ley de Imprenta contiene disposiciones similares para los medios de comunicación. Varios actores políticos han señalado que estas disposiciones podrían utilizarse para presentar cargos penales por declaraciones realizadas en línea por la prensa o por usuarios que quieran denunciar temas de corrupción, degradación ambiental y similares76 .

 

C3 (0-6)

 

C3: ¿Las personas son sancionadas por sus actividades en línea, incluidas aquellas que están protegidas por normas internacionales de derechos humanos?

6

No existen reportes de que las personas usuarias sean penalizadas por sus actividades en línea, ni por tareas que estén protegidas por los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Se han procesado a personas particulares por estar involucradas en casos donde se utiliza el internet para extorsionar figuras públicas, compartir imágenes íntimas no consentidas77 y difundir imágenes de abuso sexual infantil78 .

 

C4 (0-4)

 

¿El Gobierno impone restricciones a las comunicaciones anónimas o encriptadas? 

3

No existen reportes que se importan limitaciones a las comunicaciones anónimas o encriptadas. El registro de la tarjeta SIM para telefonía móvil es obligatorio, pero existe un marco normativo que protege la privacidad de los datos79 .

 

C5 (0-6)

 

C5: ¿La Vigilancia estatal de las actividades en internet vulnera el derecho a la intimidad de las personas usuarias? 

5

El derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto en las comunicaciones se encuentran garantizados en la Constitución Política, y son aplicables a las actividades en línea. El artículo 24 constitucional establece la inviolabilidad de los documentos privados y de las comunicaciones escritas, orales y de cualquier otro tipo. Este mismo artículo señala que las excepciones a este derecho se deben establecer mediante una ley aprobada por mayoría calificada en la Asamblea Legislativa80 . Estas disposiciones han sido fortalecidas por diversos fallos de la Sala Constitucional81 .

SUTEL y PRODHAN están legalmente habilitados para proteger los derechos de las personas usuarias, pero solo lo hacen contra pedido y no proactivamente82 .

No se tienen reportes de que el Gobierno recopile metadatos de comunicaciones, intercepte comunicaciones privadas sin consentimiento o que vigile a periodistas, figuras políticas o derechos de los derechos humanos. Tampoco parece tener la capacidad técnica de hacerlo83 . Sin embargo, la polémica sobre una eventual vigilancia gubernamental surgió en febrero de 2020, cuando los medios informaron de un decreto ejecutivo que creaba la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), adscrita a la Presidencia de la República. El decreto ejecutivo le otorgaba el poder a la UPAD de acceder a la “información confidencial en poder las instituciones públicas cuando así lo requiriera”84 . El decreto fue derogado poco después de que el tema fuera publicado en los medios de comunicación85 , pero el asunto generó una severa crisis política en el Gobierno que incluyó la renuncia del Ministro de la Presidencia86 , cargos criminales contra el presidente87 , la renuncia de varios asesores involucrados en la elaboración del decreto88 , la instalación de una comisión legislativa en el Congreso para investigar si el presidente Alvarado violó el derecho a la intimidad de las personas con la UPAD89 y el allanamiento de la Casa Presidencial por parte de la Fiscalía General de la República90 .

En febrero de 2022, la fiscalía general de la República le solicitó a la Corte Suprema de Justicia levantar la inmunidad del entonces presidente Carlos Alvarado para poder iniciar un juicio por fraude de ley, abuso de autoridad y prevaricato por la creación de la UPAD91 . El mismo mes, la procuraduría de la ética pública inició una demanda por daños sociales contra el presidente Alvarado y el antiguo ministro de la presidencia, Victor Morales Mora, por este mismo tema92 . Los casos todavía se encontraban abiertos al momento de cierre de edición de este informe, y a la fecha las acusaciones hechas contra los implicados no habían sido corroboradas.

En junio de 2021, una nueva aplicación para notificar una posible exposición al COVID-19 se instaló automáticamente en los teléfonos celulares de usuarios costarricenses. Las personas usuarias de Apple fueron notificadas, y se les dio la oportunidad de instalarlo o no, pero a las personas usuarias de Android se les instaló el sistema sin más información, y antes de que se dieran detalles de este. El incidente generó acusaciones de vigilancia del gobierno por parte de algunos sectores93 , pero el Ministerio de Salud respondió las críticas y aclaró que la aplicación no utiliza ni recopila datos de geolocalización u otros datos de carácter sensible o personal94 .

En marzo de 2022, la representante permanente de Costa Rica en la sede de Naciones Unidas, la embajadora Catalina Devandas, solicitó una moratoria inmediata sobre el uso de tecnologías spyware, convirtiendo a Costa Rica en el primer país en hacerlo95 . En Agosto de 2022, fura del período de estudio, una investigación de Lighthouse Report reveló que la compañía de vigilancia italiana Tykelab había explotado las vulnerabilidades en las redes telefónicas globales para enviar “paquetes de seguimiento” secretos, lo que permitía a terceros ver las ubicaciones de los teléfonos y potencialmente interceptar las llamadas sin ser detectados a personas de países de todo el mundo, incluido Costa Rica96 .

 

C6 (0-6)

 

 ¿La Vigilancia y recopilación de datos de usuarios por parte de proveedores de servicios y otras empresas tecnológicas vulnera el derecho a la intimidad de las personas (0 – 6 puntos)  

5

La Ley General de Telecomunicaciones establece que los proveedores deben garantizar el secreto y la privacidad de las comunicaciones en sus servicios, así como el derecho a la privacidad de los datos personales97 . El artículo 42 de esta norma obliga a los proveedores a garantizar que las comunicaciones y metadatos de sus usuarios no serán almacenados ni monitoreados por terceros sin su consentimiento, o salvo que exista una orden judicial para ello98 .

La intercepción de comunicaciones solamente se aplica en escenarios extremos99 . La ley sobre registro, secuestro y revisión de documentos privados e intervención de las comunicaciones establece que solo los tribunales podrán intervenir en las comunicaciones privadas, y solo cuando sea realmente indispensable para obtener las pruebas necesarias en casos penales de urgente necesidad social100 .

En la misma línea, la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus daos personales (Ley N° 8968) garantiza el derecho a la autodeterminación informativa. También otorga a los usuarios el derecho de rectificación, así como el derecho a acceder a sus datos personales101 . Este reconocimiento es uno de los mecanismos para garantizar el derecho constitucional a la privacidad y a la intimidad.

La Ley N° 8968 ha sido criticada por diversos sectores debido a que es una norma incompleta y obsoleta, con omisiones de distinto tipo, que no abordan adecuadamente lo desafíos contemporáneos, como lo relacionado con la recopilación y el procesamiento automatizado de datos, la geolocalización de datos y el conocimiento de donde se almacenan los datos102 . Estos mismos críticos han señalado que la redacción ambigua de algunos sus artículos podrían generar interpretaciones que vayan en detrimento de la privacidad de las personas103 . Una propuesta de reforma de ley impulsada por el Partido Acción Ciudadana104 , y apoyada por organizaciones de la sociedad civil, actualizaría principios, garantizaría los derechos de los usuarios en la era digital, otorgaría independencia al organismo nacional de protección de datos personales y regularía la extraterritorialidad del tratamiento de datos 105 .

En febrero de 2022, el Comité Consultivo del Convenio 108+ para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal del Consejo de Europa envió una carta pública al presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica respaldando el proyecto de ley del Partido Acción Ciudadana106 . Los proponentes de esta iniciativa expresaron en su momento el interés de que Costa Rica se adhiriera a este convenio107 . Argentina, México, and Uruguay son los únicos países latinoamericanos que han ratificado esta convención. Al momento de escribir este informe, la reforma estaba pendiente de votación en la Asamblea Legislativa.

La necesidad de reformar la Ley N° 8968 se ha hecho visible en casos recientes relacionados con el registro de datos biométricos. Las autoridades de la ciudad de Alajuela, por ejemplo, anunciaron en noviembre de 2020 la instalación de 195 cámaras que utilizarían tecnología de reconocimiento facial e inteligencia artificial con el fin de combatir la inseguridad, aún cuando el país carece de una ley especial que regule el almacenamiento y procesamiento de datos biométricos108 . Tras una consulta, la Procuraduría General de la República determinó que las municipalidades carecían de las facultades para gestionar el registro facial de las personas, y reiteró que se requería de una ley que regulara esta materia109 . La iniciativa propuesta por el Partido Acción Ciudadana corregiría este problema.

C7 (0-5)

 

¿Las personas son objeto de intimidación extralegal o de violencia física por parte de autoridades estatales o de cualquier otro agente en relación con sus actividades en línea? 

4

Ciertos segmentos de la población enfrentan acoso e intimidación. Por ejemplo, en el pasado mujeres activistas que luchan contra el monocultivo de piña mediante el uso de redes sociales o teléfonos inteligentes han sido amenazadas en línea110 .

En junio de 2022, fuera del periodo de estudio, un periodista mexicano radicado en Costa Rica fue visitado en la estación radiofónica donde trabaja por 5 integrantes de la policía migratoria fuertemente armados luego de que publicara un tuit criticando al presidente Rodrigo Chaves. La policía emitió un comunicado donde informó que solamente estaba buscando información del estatus migratorio del periodista tras una denuncia anónima que recibieron. Sin embargo, el periodista, Alberto Padilla, indicó que sospechaba que la visita estaba relacionada con su tuit111 .

Anteriormente, la iniciativa para luchar contra la desinformación del periódico La Nación conocida como No Coma Cuenta, publicó un reportaje donde señalaba que los migrantes y refugiados fueron las principales víctimas de muchas de las noticias falsas que se difundieron antes de las elecciones municipales de Costa Rica112 . En el mismo sentido, las redes sociales también se han utilizado para publicar noticias falsas e incitar el odio contra los migrantes nicaragüenses que viven en Costa Rica. Durante 2020 y 2021, páginas anónimas de Facebook publicaron imágenes falsas donde se observaban a supuestos grupos de migrantes nicaragüenses con COVID-19 entrando de manera masiva por la frontera norte del país113 .

C8 (0-3)

 

C8: ¿Los sitios web, las instituciones públicas, los actores privados, los proveedores de servicios o las personas usuarias son objeto de piratería informática generalizada o de otras formas de ciberataques? 

2

Cambio en el puntaje: El puntaje disminuyó de 2 a 1 por los ciberataques que sufrió el país en abril y mayo de 2022, que paralizaron diversos servicios públicos esenciales para garantizar derechos a la población.

Los sitios web gubernamentales son objeto de diferentes tipos de ciberataques114 .

Dos importantes ataques de ransomware paralizaron instituciones y servicios públicos esenciales para garantizar derechos a la población, y provocaron la pérdida de millones de dólares en el sector privado durante el periodo de estudio. Desde mediados de abril hasta inicios de mayo de 2022, un grupo de ransomware vinculado a Rusia, y conocido como CONTI, atacó casi 30 ministerios e instituciones públicas, iniciando con el Ministerio de Hacienda115 . El grupo pidió que el gobierno le pagara $20 millones a cambio de devolverle la información que había robado de este sitio web116 . Este ciberataque interrumpió el sistema digital para la declaración de impuestos, así como otros sistemas relacionados con las exportaciones, y llevó al presidente Chaves a declarar la emergencia nacional el 8 de mayo de 2022117 . Conti también atacó otros sitios web de municipalidades y de otras instituciones durante este período118 . El impacto fue significativo: el sistema en línea de la Administración Tributaria Virtual (conocido como ATV) del Ministerio de Hacienda permaneció fuera de línea hasta el 13 de junio de 2022119 . Algunos sectores señalaron que Conti atacó a Costa Rica debido al apoyo que el país le había dado a Ucrania en el contexto de la invasión rusa, aunque los expertos en seguridad cibernética señalaron, más bien, que el ataque se explicaba por una cuestión puramente financiera y de ganancias mediante la extorsión120 .

Posteriormente, mientras el país aún lidiaba con las secuelas del primer ataque, el estado costarricense fue víctima de otro ataque de ransomware. El 31 de mayo de 2022, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue blanco de un violento ciberataque obligó a la institución a desconectar sus sistemas121 . El grupo Hive, que se cree tiene vínculos con Conti, exigió $5 millones en bitcoins para desencriptar los sistemas. La Caja declaró emergencia institucional unos días después. El ataque provocó serias afectaciones en la prestación de los servicios de salud por distintos motivos, y obligó a reprogramar casi 35.000 citas médicas122 .

En junio de 2022, luego de los ataques de abril y mayo, el MICITT anunció una alianza con el Consejo Nacional de Rectores para abordar los problemas de ciberseguridad del país. Según detalló el Ministerio, la iniciativa tiene como fin utilizar las herramientas y el conocimiento de las universidades estatales para fortalecer la capacidad de respuesta nacional a este tipo de incidentes123 .

En 2012, el Centro de Respuesta a Incidentes en Seguridad Informática del MICITT124 había sido creado para trabajar con oficinas gubernamentales e instituciones públicas como bancos estatales en materia de ciberseguridad125 .

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