Sobre Puntaje y Metodología:

Las puntuaciones se basan en la metodología de Freedom House, que establece una escala que va del 0 (menos libre) al 100 (más libre). Si el resultado se encuentra ubicado en la horquilla entre 0 y 39 se considera un entorno digital sin libertad, si se ubica entre 40 y 69 se considera parcialmente libre, y si se encuentra entre 70 y 100 puntos se considera libre.

Resumen de los Resultados:

Costa Rica continúa teniendo uno de los entornos en línea más abiertos del mundo, aunque han surgido desafíos bajo el gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles. El acceso a Internet es en general sólido, aunque persisten desigualdades socioeconómicas y geográficas. Los usuarios disfrutan de acceso ilimitado al contenido en línea y su derecho a la libre expresión está protegido en gran medida por las leyes y los tribunales. Sin embargo, las instituciones gubernamentales han tenido que desarrollar resiliencia ante los ciberataques disruptivos. Bajo el gobierno de Chaves, el aumento de la intimidación en línea -particularmente contra periodistas críticos- ha comenzado a socavar la fuerte tradición de libertad de prensa del país.

Costa Rica tiene una larga historia de estabilidad democrática, con un sistema político multipartidista y alternancia regular en el poder a través de elecciones confiables. Las libertades de expresión y asociación son sólidas. El Estado de derecho es fuerte, aunque son frecuentes los escándalos de corrupción que involucran a presidentes. Entre otras preocupaciones actuales, las personas LGBT+ y las personas indígenas enfrentan discriminación, y persisten las disputas por tierras en diferentes comunidades indígenas.

Principales Acontecimientos en el Período:

Un aumento evidente del acoso selectivo en línea, aparentemente atribuible a miembros al gobierno del presidente Chaves, ha contribuido al creciente malestar y autocensura entre los periodistas del país (véanse preguntas B4, B5 y C7). En marzo de 2023, el Tribunal Penal de Goicoechea condenó al periodista Marlon Mora por dos cargos de difamación contra el candidato presidencial de 2018, Juan Diego Castro. Castro dijo que fue difamado por material del programa de sátira política Suave un Toque, que se transmitía en línea. Mora fue director de emisora del Canal UCR, que producía el programa (ver pregunta C3). Los esfuerzos para reformar o actualizar el marco de protección de datos existente en el país, la Ley de Protección de las Personas frente al Tratamiento de sus Datos Personales, con salvaguardias más sólidas, quedaron pendientes en la Asamblea Legislativa (ver pregunta C6). 3. Resultados por Temática

A. OBSTÁCULOS EN EL ACCESO

A1: ¿Las limitaciones de infraestructura restringen el acceso a Internet o la velocidad y calidad de las conexiones a Internet? (0–6 puntos): 5

El acceso a Internet en Costa Rica ha ido en constante aumento. En enero de 2023, la penetración de Internet había alcanzado el 89,6%1. En ese momento había en el país 7,86 millones de conexiones móviles, lo que equivale al 151,2% de la población total, un aumento del 2,3% respecto al año anterior2. La tecnología de tercera generación (3G) y cuarta generación (4G) para redes móviles está disponible para el 94 y el 93% de la población, respectivamente3.

Según los últimos datos disponibles de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en 2021, el 81% de los hogares contaba con acceso a Internet en casa, y 87 de cada 100 habitantes tenían suscripciones activas a banda ancha móvil4.

Según Speedtest Global Index, la velocidad media de descarga de banda ancha fija en mayo de 2023 fue de 73,04 megabits por segundo (Mbps) y de 22,67 Mbps de carga. El mismo período mostró la velocidad media de descarga de conexiones móviles en 28,60 Mbps y de carga en 8,19 Mbps5.

La infraestructura de fibra óptica de Costa Rica se ha expandido de manera constante en los últimos años. La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) informó que la infraestructura de esta tecnología alcanzó unos 191.589 kilómetros (119.048 millas) en 2022, y estas conexiones representaron el 40% de todas las suscripciones de línea fija ese año6. En diciembre de 2022, el gobierno presentó una actualización del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) para 2022-2027, que pretende ampliar y mejorar la conectividad por medio de inversión privada y reducir la brecha digital (ver presunta A2)7.

El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) tiene programado ofrecer al público servicios basados en tecnología 5G en el año 20248. En febrero de 2023, SUTEL presentó una recomendación formal al MICITT para que iniciara el proceso de licitación pública para el desarrollo de la red 5G en el país9.

Sin embargo, la implementación a nivel nacional de la tecnología 5G ha enfrentado retrasos. Desde 2022, las negociaciones sobre el acceso a las bandas del espectro 5G en condiciones de competencia justa han complicado los planes para implementar el servicio10. A pesar de ello, en mayo de 2023, el MICITT entregó a la SUTEL las bases para la licitación pública de las bandas 5G11 y el gobierno publicó ese mes un nuevo Plan Nacional de Asignación de Frecuencias (PNAF)12. Se estima que SUTEL realizará las primeras subastas del espectro 5G en octubre de 202313.

Si bien la infraestructura de conectividad del país es generalmente eficiente, factores climáticos y otros fenómenos naturales representan riesgos. Estos incluyen la temporada de lluvias de mayo a noviembre, que conlleva riesgos de inundaciones, y los movimientos sísmicos, ya que el país se encuentra en una zona donde interactúan tres grandes placas tectónicas.14 Los huracanes también representan un riesgo para la infraestructura15.

La conectividad también se ve amenazada por el robo de cable de cobre. En agosto de 2022, el ICE anunció un plan para desincentivar este delito, que entre 2015 y 2020 le había costado a la institución casi $700 millones16. Anteriormente, el ICE afirmó que entre 2020 y 2021 el robo de cable había dejado sin servicio de internet y telefonía a 36.000 usuarios en más de la mitad de los municipios del país17. En noviembre de 2022, el ICE anunció esfuerzos para reemplazar completamente la infraestructura de cable de cobre por sistemas de fibra óptica en el distrito de Chires de Puriscal, región donde el 80% de la infraestructura de cables había sido desmantelada desde 201918. En marzo de 2023, el presidente Chaves firmó una ley que reforzó las sanciones contra el robo de cable, introduciendo penas de hasta 10 años de prisión, que entró en vigor el mes siguiente19.

A2: ¿El acceso a Internet es excesivamente costoso o se encuentra fuera del alcance de ciertos segmentos de la población por razones geográficas, sociales u otras? (0–3 puntos): 2

Aunque Costa Rica reconoció el acceso a Internet como un derecho fundamental desde 2010, las desigualdades persisten. Las barreras son en parte geográficas: sólo el 71% de los hogares en áreas rurales, frente al 85% de los hogares en áreas urbanas, informaron tener acceso a Internet en 202120. El gobierno tiene varias iniciativas activas para mejorar el acceso, pero el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), que lidera muchas de ellas, ha enfrentado críticas recurrentes relacionadas con sus operaciones.

En 2023, el costo mensual promedio de una conexión fija de banda ancha fue de 42,43 dólares al mes21. En 2022, un gigabyte (GB) de servicio móvil costaba en promedio 1.500 colones (2,42 dólares) al mes. El precio más barato por 1 GB de servicio móvil fue de 960 colones ($1,50), mientras que el más caro fue de 6.667 colones ($10,80)22. El ingreso mensual promedio por hogar en 2022 fue de 1.023.641 colones ($1.660)23, aunque con diferencias entre las zonas urbanas y rurales; el ingreso mensual promedio de los hogares en las zonas urbanas fue de 1.147.414 colones ($1.860), mientras que en las zonas rurales fue de 696.987 colones ($1.130). Los planes de telefonía móvil prepago más baratos constituyeron el 42% de los planes de Internet móvil en el cuarto trimestre de 202224.

En el pliego tarifario que publica SUTEL se establecen las tarifas máximas que puedan cobrar los oferentes de servicios de telecomunicaciones. A mayo de 2023, la tarifa máxima de 1 GB de internet móvil prepago era de 7.969 colones ($13); Internet móvil pospago con ancho de banda de 128/64 kbps costaba $15 mensuales25.

Costa Rica ocupa el 3° lugar entre 72 países en el Índice de Impulsores de Asequibilidad 2021 (ADI, por sus siglas en inglés), el cual mide los factores normativos y regulatorios que pueden impulsar una banda ancha más asequible26.

Costa Rica cuenta con proveedores de internet locales y regionales, que en muchos casos son cooperativas de electrificación rural, como Coopelesca en la región norte y Coopeguanacaste en la región Chorotega. Este modelo ha diversificado y democratizado el acceso a internet fijo en territorios fuera del valle central27. FONATEL, administrado por SUTEL, promueve el acceso universal, con el objetivo de ampliar la cobertura en comunidades que carecen del servicio. FONATEL brinda servicios gratuitos de internet a los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), los centros comunitarios inteligentes (CECI), y escuelas y colegios públicos28. FONATEL también brinda conectividad a varias poblaciones vulnerables, por medio de concesiones a empresas de telecomunicaciones29. Para agosto de 2022, por ejemplo, FONATEL había instalado 25 torres de telecomunicaciones para mejorar la conectividad en 14 territorios indígenas en todo el país, y tiene el objetivo de instalar 70 para marzo de 202430.

Costa Rica ha buscado proactivamente reducir la brecha digital de género. Datos de SUTEL muestran que la iniciativa Hogares Conectados había otorgado, hasta abril de 2023, acceso a Internet a más de 800.000 personas, incluidos unos 139.000 hogares con jefatura femenina31. El país también ha hecho esfuerzos para reducir las barreras de acceso para personas con discapacidad. El PNDT 2022-27 incluye el objetivo de promover la alfabetización digital de 600 personas con discapacidad para 202732.

El programa Espacios Públicos Conectados es otra iniciativa de FONATEL destinada a reducir la brecha digital. El programa busca llevar Internet gratuito y de alta velocidad a espacios públicos de todo el país, incluidos parques, plazas, bibliotecas públicas, estaciones de tren y centros cívicos. Se trata de un programa de largo plazo, con un modelo integral de sostenibilidad que incluye el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones (banda ancha) y la promoción de la alfabetización digital33. Para abril de 2023, 2.176 kilómetros de cable de fibra óptica han conectado 513 lugares públicos, incluidos 419 parques y plazas, 66 bibliotecas públicas y centros cívicos, y 28 estaciones de tren, y tiene presencia en 316 de los 492 distritos de Costa Rica34. Sin embargo, FONATEL ha enfrentado críticas en los últimos años por la lenta ejecución de sus proyectos y la reorientación de fondos destinados a ampliar el acceso para pagar los déficits generados por el sector de telecomunicaciones35.

A3: ¿El Gobierno ejerce un control técnico o legal sobre la infraestructura de internet con el fin de restringir de alguna manera la conectividad? (0–6 puntos): 6

En Costa Rica no existen controles del Gobierno que restrinjan la conectividad.

Cuatro cables submarinos de fibra óptica, dos de los cuales son parcialmente propiedad de la empresa estatal, conectan al país con la red global36. En noviembre de 2022, Claro Costa Rica anunció la conexión del país al cable submarino AMX-1, propiedad de la compañía mexicana América Móvil, con una inversión total aproximada de $500 millones37.

Desde abril de 2014, Costa Rica cuenta con un punto de intercambio de internet (Internet Exchange Point) denominado CRIX, operado por el Centro de Información de Redes Costa Rica (NIC-CR). El organismo es un departamento independiente de la Academia Nacional de Ciencias declarado de interés público por el gobierno a través del MICITT38.

A4: ¿Existen obstáculos de carácter legal, regulatorios o económicos que restrinjan la diversidad de proveedores de servicios? (0–6 puntos): 4

El ICE tuvo el monopolio estatal de las telecomunicaciones hasta el año 2008, cuando se abrió el mercado y comenzó a fomentarse la participación privada39. El PNDT 2022-27 define las políticas del sector, mientras que la SUTEL regula la competencia y promueve una participación libre de barreras y discriminación de operadores y proveedores en el mercado40.

El mercado de telefonía móvil de Costa Rica está dominado por tres proveedores. Según SUTEL, el ICE (bajo la marca Kolbi) acaparó el 45,4% de suscripciones en 2022. Liberty captó el 33,7% de los usuarios, seguida por América Móvil (bajo la marca Claro) con el 21%41. Si se desglosa por prepago o pospago, el ICE tenía el 46,5% de la participación de pospago, Liberty tenía el 29,8% y Claro tenía el 23,7%42. El ICE también lideró el mercado de prepago con un 41,5%, Liberty con un 40,4% y Claro con un 18,1%43.

El mercado de Internet fijo está algo menos concentrado. El ICE lideró la participación en este mercado en 2022 con un 26,6%44. Le siguen Liberty con el 24,6%, Telecable Económico con 21,2%, Tigo con el 18,1% y los demás proveedores se reparten el 9,5% restante45.

En junio de 2022, Movistar y Cabletica se unieron y conformaron Liberty Costa Rica, luego de que Liberty Latin America adquiriera ambas marcas como subsidiarias46. Dado que Movistar y Cabletica operaban en diferentes sectores de prestación de servicios de Internet, no se espera que su fusión altere significativamente la disponibilidad de los servicios.

Hay una serie de requisitos para poder brindar servicios de telecomunicaciones. Por ejemplo, todas las solicitudes de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico deben presentarse ante MICITT. Las concesiones de frecuencias se determinan en procedimientos de concurso público47.

La SUTEL cuenta con procedimientos claramente definidos, establecidos en el artículo 63 de la Ley N° 8642, para fijar las tarifas que las empresas de telecomunicaciones deben pagar por el uso del espectro radioeléctrico48.

El artículo 77 del Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones N° 34765-MINAE, establece los derechos de vía y uso compartido de la infraestructura. La infraestructura pública de telecomunicaciones, propiedad del ICE, debe ser compartida con operadores privados49.

A5: ¿Los organismos reguladores que supervisan a los proveedores de servicios, así como la tecnología digital actúan de forma libre, justa e independiente? (0–4 puntos): 4

En términos generales, los órganos reguladores son generalmente independientes. El MICITT está integrado por el Despacho del Ministro y dos viceministerios: el Viceministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, enfocado en promover la investigación, el uso de la tecnología digital y la aplicación de la innovación en los procesos entre los sectores académicos, gubernamental y empresarial; y el Viceministro de Telecomunicaciones, encargado de proponer las políticas de telecomunicaciones, así como la agenda digital del país. Este segundo viceministerio también gestiona el uso del espectro radioeléctrico y coordina la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Además, trabaja con otras instituciones públicas, con la SUTEL y con operadores públicos y privados50.

Por su parte, SUTEL es el órgano responsable de regular, supervisar, hacer cumplir y controlar el marco regulatorio de las telecomunicaciones. Además, tiene la responsabilidad de apoyar al MICITT en el desarrollo de políticas. También administra FONATEL, el fondo encargado de expandir el acceso a internet, y es el encargado de asegurar que los operadores de red y los proveedores de servicios de telecomunicaciones cumplan con las obligaciones de servicio y acceso universal establecidas en la ley. También es responsable de imponer sanciones por prácticas anticompetitivas, pero dichas acciones también requieren opiniones afirmativas de la Comisión para la Promoción de la Competencia (COPROCOM), que depende del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, al inicio del proceso de evaluación y antes de que se emitan sanciones51.

El marco normativo actual permite que el MICITT se separe de los criterios técnicos de SUTEL. Por ejemplo, en 2014 se negó a aceptar una propuesta del órgano regulador para poder establecer una metodología para medir la concentración del espectro52. Esto evidencia que hay espacio de mejora en las normas para consolidar el rol técnico e independiente de la SUTEL.

Las autoridades costarricenses apoyan un modelo de gobernanza de Internet de múltiples partes interesadas. Las políticas propuestas, así como los aspectos de su implementación, se discuten con partes interesadas públicas y privadas y en procesos de consulta pública en los que participan grupos de la sociedad civil53. El Plan Nacional de Telecomunicaciones (PNDT) 2022–27 fue sometido a un proceso de consulta pública en noviembre de 202154 y fue finalmente presentado en diciembre de 202255.

Aunque los organismos reguladores de las telecomunicaciones en Costa Rica son generalmente autónomos, algunos sectores han expresado preocupación por las denominadas “puertas giratorias”, por las que ex altos funcionarios del gobierno han participado en foros gubernamentales como representantes de empresas privadas56.

B. LÍMITES DEL CONTENIDO

B1: ¿El Estado bloquea o filtra, u obliga a los proveedores de servicios a bloquear o filtrar los contenidos de internet, particularmente el material protegido por las normas internacionales de derechos humanos? (0–6 puntos): 6

No existen reportes de que el Gobierno u otros actores bloqueen o filtren contenidos.

En años recientes, el gremio de taxistas ha presionado al gobierno para que bloquee las aplicaciones de transporte como Uber, DiDi o InDriver, pero no han tenido éxito en parte porque no existe ninguna disposición en la normativa nacional que permita esa acción. De hecho, la SUTEL afirmó en 2021 que la legislación vigente no permite el bloqueo de aplicaciones. Dijo que la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) establece los requisitos para que los operadores de telecomunicaciones ofrezcan a los usuarios y proveedores de servicios en línea un acceso gratuito, oportuno y no discriminatorio a sus redes57. En mayo de 2023, el gobierno presentó un proyecto para regular las aplicaciones de transporte en acuerdo con los taxistas tradicionales, lo que parece poner fin a los esfuerzos por bloquear estas plataformas58.

B2: ¿Los agentes estatales o no estatales emplean medios legales, administrativos o de otro tipo para obligar a los editores, generadores de contenido o a las plataformas a eliminar contenidos, en particular el material que está protegido por las normas internacionales en materia de derechos humanos? (0 a 4 puntos): 4

El Estado no elimina contenidos, excepto cuando lo ordena un Tribunal o en condiciones excepcionales, como eliminar imágenes de abuso sexual infantil. La normativa costarricense, además, limita la responsabilidad de los proveedores de servicios59.

Hace algunos años, la legislación que regula la protección de datos personales, en particular la relacionada con el derecho al olvido, obligó a algunos medios a retirar contenido de sus plataformas digitales. Sin embargo, la facultad de la Agencia de Protección de Datos Personales (PRODHAB) para ordenar la eliminación de contenidos en los medios de comunicación fue declarada inconstitucional. En junio de 2020, la Sala Constitucional anuló una resolución de 2015 de la PRODHAB que ordenaba al Diario Extra retirar una fotografía que mostraba el pasaporte de alguien que acusaba a la policía fronteriza de abusos. El tribunal dictaminó que la resolución iba en detrimento de la libertad de información, ya que la fotografía era de interés público, y que, por tanto, no requería del consentimiento informado de la persona para su publicación. El tribunal razonó que PRODHAB no puede abusar de su facultad para hacer cumplir la Ley de Protección a las Personas Físicas frenta al Tratamiento de Datos Personales, porque hacerlo constituiría censura estatal indirecta60.

Entre enero y julio de 2022, Facebook restringió 65 artículos denunciados por el Ministerio de Salud por la venta ilegal de productos médicos y dietéticos61.

B3: ¿Las restricciones a internet y a los contenidos digitales carecen de transparencia, de proporcionalidad o de un proceso de apelación independiente? (0 – 4 puntos): 4

En Costa Rica, las restricciones al contenido digital tienen un alcance limitado, son proporcionales y están alineadas con los estándares internacionales de derechos humanos.

Las restricciones de contenidos se derivan de leyes específicas que protegen el derecho al honor, la privacidad y la protección de datos personales, así como la protección de menores. La Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia frente al contenido nocivo de internet y otros medios electrónicos (Ley N° 8934) de 2011, por ejemplo, limita el acceso de esta población a contenidos considerados nocivos para su integridad moral o psicológica. El contenido sólo puede eliminarse mediante orden judicial.

De conformidad con el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, Costa Rica ha establecido un sistema de responsabilidad de intermediarios por infracción de derechos de autor. El usuario que considere vulnerados sus derechos deberá comunicarlo, por escrito, al prestador del servicio, que dispondrá de 15 días para retirar el contenido si la solicitud es legítima. El retiro de contenidos también puede ocurrir a través de una orden judicial. El sistema es relativamente equilibrado, ya que apunta a limitar la carga impuesta a los proveedores de servicios y mitigar los daños contra los titulares de derechos. Sin embargo, también ha sido criticada por su ambigüedad, ya que la responsabilidad limitada del intermediario se aplica a los proveedores de servicios que respetan voluntariamente las normas62.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictaminó que las instituciones públicas no pueden bloquear usuarios de sus perfiles y páginas de redes sociales cuando estos expresen críticas hacia la institución por medio de estas plataformas.63 El Tribunal dictaminó que en una sociedad abierta y democrática, la libertad de expresión incluye la crítica a la conducta o funcionamiento de las entidades públicas.

En relación con el bloqueo técnico, la Ley N° 8934 ya mencionada, obliga a los proveedores de servicios a aplicar filtros para determinados contenidos nocivos, como imágenes de abuso sexual infantil64

B4: ¿Los periodistas, comentaristas y personas usuarias de internet practican la autocensura? (0–4 puntos): 3

Cambio en el puntaje: La puntuación disminuyó de 4 a 3 debido al aumento de la autocensura entre los periodistas, debido en parte a la hostilidad del gobierno hacia los periodistas y medios de investigación.

Aunque la autocensura en línea no está muy extendida entre la mayoría de los usuarios de Internet en Costa Rica, se ha convertido en un problema más serio para los periodistas y otros actores críticos del gobierno actual.

En enero de 2023, Chaves acusó a periodistas de CRHoy, uno de los medios digitales más relevantes del país, así como a los de La Nación y Teletica, de ser “sicarios políticos”65. Ese comentario se dio en medio de investigaciones periodísticas sobre presuntos vínculos entre su gobierno y campañas coordinadas de acoso en línea (ver B5 y C7). Anteriormente, durante su campaña en 2022, Chaves dijo que si fuera elegido "destruiría" a La Nación y a otro medio, Canal 7, los cuales habían informado que Chaves fue degradado de su anterior cargo en el Banco Mundial por acusaciones de acoso sexual66. En mayo de 2023, la Sala Constitucional dictaminó que Chaves había violado la libertad de prensa a través de sus repetidos ataques a los medios de comunicación, incluidos esos ataques concretos que lanzó en enero de 202367.

Encuestas recientes muestran un aumento de la autocensura entre los periodistas. Un informe de noviembre de 2022 del Programa para la Libertad de Expresión, el Derecho a la Información y la Opinión Pública (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica, reveló que muchos periodistas costarricenses han dejado de informar sobre temas relacionados con el gobierno o se han autocensurado en las redes sociales. El 80% de los periodistas encuestados indicó que había eliminado material de sus redes sociales personales o de alguna otra manera había limitado su identidad digital; el 60% dijo que había eliminado publicaciones en las redes sociales para proteger su seguridad o la de su familia68. En enero de 2023, el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (COLPER), el gremio profesional de periodistas más importante de Costa Rica, emitió un comunicado en línea denunciando el trato de Chaves a la prensa69.

B5: ¿Las fuentes de información se encuentran controladas o manipuladas por el gobierno u otros actores poderosos para impulsar alguna agenda política particular? (0-4 puntos): 3

Aunque no era habitual que el gobierno de Costa Rica controlara o manipulara las fuentes de información en línea,70 durante el periodo de cobertura de este informe, una ministra de gobierno estuvo involucrada en la coordinación de una campaña de difamación en línea contra personas críticas a la administración de Chaves.

En diciembre de 2022, se reveló que Joselyn Chacón, ministra de salud pública, supuestamente había pagado a un troll que utilizaba el seudónimo “Piero Calandrelli” para atacar a periodistas y otros críticos del gobierno71. En enero de 2023, Alberto Vargas, el responsable de la cuenta de Piero Calandrelli, afirmó en una audiencia en la Asamblea Legislativa ser parte de una amplia red de trolls que recibía órdenes de Chacón y otras figuras políticas asociadas al gobierno de Chaves72. Ese mes, el gobierno de Chaves emitió una declaración negando cualquier participación oficial en la red de trolls, afirmando que “las supuestas acciones unilaterales y personales de algunos funcionarios vinculados al Ejecutivo y otras agencias oficiales no reflejan las acciones del gobierno”73.

Tanto la Asamblea Legislativa como la Fiscalía General de la República abrieron investigaciones sobre el caso74. En una audiencia ante la Comisión Investigadora del Financiamiento Electoral a finales de enero, Chacón confirmó haber pagado a Vargas para “atacar” a periodistas críticos, luego de haber dicho previamente que ese dinero estaba destinado a que Vargas promoviera una campaña en línea de vacunación75. Días después, en febrero de 2023, Chacón renunció al Ministerio de Salud76.

En esos días también surgió en redes sociales, incluidas Facebook y Twitter, otra red, aparentemente coordinada, de cuentas potencialmente no auténticas. Estas cuentas estaban dedicadas a defender el gobierno del presidente Chaves mediante un aluvión de comentarios positivos,77 y, en algunos casos, lanzaron campañas de acoso contra oponentes políticos, periodistas críticos y otras figuras públicas que opinaban contra el presidente (ver C7).

En otra operación coordinada, en octubre de 2022, se descubrió que Daniel Blumberg, asesor político y partidario del presidente Chaves, había publicado conversaciones manipuladas de WhatsApp en Facebook en un aparente esfuerzo por socavar la credibilidad del periodista de CRHoy, Jason Ureña78.

En la pasada elección presidencial, durante el período de cobertura del informe anterior, se utilizaron cuentas falsas para generar y amplificar contenido en redes sociales. La Universidad Latina de Costa Rica descubrió que más del 11% de las publicaciones en redes sociales que examinó fueron hechas desde cuentas no auténticas, alcanzando picos del 19 y el 21% en las semanas previas a la votación79. Además, en abril de 2022, Meta anunció que había eliminado una red de 233 cuentas de Facebook, 84 páginas, 2 grupos y 27 cuentas de Instagram por violar su política sobre comportamiento no auténtico. La red, que se originó y se dirigió tanto a Costa Rica como a Ecuador, gastó más de $128.000 en publicidad digital y llegó a más de 212.000 cuentas de redes sociales. Publicaba páginas que se hacían pasar por medios de comunicación y amplificaba el contenido de las páginas sobre los políticos locales. Se descubrió que la red tenía vínculos con la firma de relaciones públicas Noelix Media, que tiene oficinas en ambos países80.

Diversas instituciones, organizaciones y medios de comunicación costarricenses han buscado combatir la desinformación en línea en los últimos años. Entre ellos se encuentra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que colaboró con Facebook para eliminar información electoral falsa de cara a las elecciones presidenciales de febrero de 202281 y la Universidad de Costa Rica, que cuenta con un proyecto de verificación de hechos llamado Double Check82.

B6: ¿Existen limitaciones económicas, legales o de otro tipo que afecten negativamente la capacidad de las personas usuarias para publicar contenidos en línea? (0 – 3 puntos): 3

Hay pocas limitaciones económicas, legales o de otro tipo que afecten negativamente la capacidad de las personas usuarias para expresarse, compartir o publicar contenidos en línea. Sin embargo, un informe de PROLEDI y de CICOM de 2018 encontró que los periodistas plantean como problemas el uso político de la publicidad estatal, la sostenibilidad financiera de los medios y la ausencia de políticas públicas para promover el pluralismo y la diversidad (ver B7).83 Muchos medios de comunicación dependen de la publicidad, y la mayoría se apoya en publicidad comercial (78%), seguida de publicidad estatal (43%) y pequeñas donaciones o financiación colectiva (16%). La alta concentración también provoca que un pequeño grupo de medios, principalmente televisión y radio, reciban la mayor parte de la publicidad estatal84.

Durante este período, el gobierno tomó acciones que impactaron negativamente la situación financiera de La Nación, un periódico impreso con una importante presencia digital. En julio de 2022, el gobierno suspendió el permiso de funcionamiento del Parque Viva, un centro de entretenimiento para conciertos propiedad del Grupo Nación, propietario de este medio85. El cierre del Parque Viva fue ampliamente percibido como una represalia por la cobertura periodística crítica al gobierno, y se produjo luego de las declaraciones del director general quien dijo que el parque era una fuente de ingresos relevante para el diario.86 En octubre de 2022, la Sala Constitucional revirtió la orden de cierre del lugar y condenó al gobierno por una violación indirecta a la libertad de expresión87.

Por otra parte, en enero de 2023, el Ministro de Hacienda anunció en conferencia de prensa la existencia de un posible caso de fraude fiscal que involucraba al empresario Leonel Baruch. Durante el anuncio, las autoridades omitieron mencionar que los fiscales ya habían solicitado el sobreseimiento del caso88. Baruch es el presidente de la junta directiva de CRHoy, un sitio web de noticias digitales muy leído y conocido por su escrutinio al gobierno. Baruch negó las acusaciones y las atribuyó a una persecución política relacionada con CRHoy. En junio, después del período de este informe, Baruch anunció que demandará al presidente Chaves por difamación89.

Costa Rica aún no cuenta con leyes o regulaciones que aborden directamente o desarrolle a profundidad prácticas para garantizar la neutralidad de la red, pero las autoridades han manifestado su apoyo a este principio. La Ley para el Fortalecimiento y la Modernización de las Instituciones del Sector de las Telecomunicaciones (Ley N° 8660) obliga a los operadores a brindar acceso abierto a las redes y servicios (Artículo 75), así como a promover la transparencia y la no discriminación en todas las inversiones que se realicen en materia de telecomunicaciones90.

B7: ¿Le falta diversidad y confiabilidad al panorama informativo en línea? (0 – 4 puntos): 4

El panorama informativo en línea es relativamente diverso y confiable.

Un estudio de PROLEDI y CICOM en 2020 encontró que los medios de comunicación, incluidos los digitales, se concentran cerca de la capital, y que 25 de los 82 cantones de Costa Rica no tienen medios dedicados a cubrir los asuntos locales. El 10% de los medios encuestados utilizan lenguas indígenas, el 33% indicó contar con personal LGBT+, el 30% emplea personas migrantes y refugiadas, un 20% personas afrodescendientes y el 14% personas indígenas. El estudio también evidenció la existencia de una brecha de género91.

Aunque el panorama de la información en línea sigue siendo en gran medida confiable, la desinformación puede nublar la capacidad de los usuarios para identificar información creíble. En mayo de 2019, según una publicación de CICOM de 2021, el 18 y el 19% de los encuestados habían compartido conscientemente información falsa en WhatsApp y Facebook, respectivamente. En ese momento, el 30% afirmó tener poca o ninguna capacidad para reconocer información falsa en línea92.

B8: ¿Existen condiciones que limiten la capacidad de las personas usuarias de movilizarse, formar comunidades y generar campañas sobre cuestiones políticas y sociales? (0 – 6 puntos): 6

Las herramientas digitales se utilizan para el activismo político y social. Las redes sociales han sido utilizadas para organizar movimientos, compartir información y recopilar pruebas para procesos legales. Por ejemplo, las activistas han creado campañas en las redes sociales, como Brujas Feministas CR93 y La Cadejos,94 para promover la agenda feminista y denunciar casos de violencia contra las mujeres.

C. VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DE USUARIO

C1: ¿La Constitución y las leyes fallan en proteger derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de prensa, incluida la de internet, y son aplicados por un poder judicial que carece de independencia? (0–6 puntos): 6

La Constitución Política de Costa Rica protege la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de prensa. El artículo 28 señala que nadie puede ser perseguido por expresar sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley95. El artículo 29, por su parte, establece que toda persona puede comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin censura previa, haciéndose responsable, eso sí, de los abusos que se comentan en el ejercicio de este derecho96. El Poder Judicial es independiente y protege la libertad de expresión y de prensa97.

Si bien Costa Rica no cuenta con una legislación específica sobre libertad de expresión en línea, el tema es cubierto en otras leyes y por decisiones judiciales. En varios fallos, la Sala Constitucional ha hecho referencia al ejercicio de la libertad de expresión en línea, tomando como base los artículos 28 y 29 de la constitución, así como diversos tratados internacionales firmados por el país98. También, el Código de la Niñez y la Adolescencia permite algunas restricciones a la libertad de expresión en línea para proteger los derechos de las personas menores de edad99.

Entre 2012 y 2015, la Sala Constitucional emitió varios fallos que impiden que las autoridades estatales que tienen cuentas en redes sociales puedan bloquear a otros usuarios, argumentando que las críticas al gobierno se enmarcan en el derecho a la libre expresión, y que dicha libertad se extiende al ámbito de la comunicación digital y las redes sociales (ver B3)100.

Costa Rica no cuenta con una ley de acceso a la información pública, pero existe vasta jurisprudencia constitucional que garantiza este derecho a la ciudadanía101. La Sala Constitucional ha establecido la obligación de las administraciones públicas y de las instituciones de facilitar los datos de sus operaciones para que puedan ser libremente usados y distribuidos102. El país también cuenta con una política de Gobierno Abierto y Datos Abiertos desde 2015, la cual busca promover el acceso a la información, la participación ciudadana y los principios de transparencia y rendición de cuentas103.

En mayo de 2022, durante el período del informe anterior, el entonces presidente Carlos Alvarado Quesada vetó parcialmente la Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia, que había sido aprobada por la Asamblea Legislativa un mes antes, al considerar que varios de sus artículos ponían en riesgo el derecho de acceso a la información y la libertad de prensa. Defensores de la libertad de prensa y activistas de derechos humanos, que la habían bautizado como “Ley Mordaza” en parte por las limitaciones que establecía al acceso a la información, aplaudieron la decisión104.

C2: ¿Existen leyes que establezcan sanciones penales o de responsabilidad civil por las actividades en línea, en particular aquellas que están protegidas por normas internacionales de derechos humanos? (0 - 4 puntos): 3

No existen leyes específicas que establezcan sanciones penales o civiles por las actividades en línea. Sin embargo, los delitos contra el honor como la calumnia o la injuria se encuentran tipificados como delitos, tanto en el Código Penal105 como en la Ley de Imprenta106.

El artículo 145 del Código Penal tipifica como delito las injurias, y el artículo 146 la difamación. El artículo 147 establece que una persona puede ser castigada hasta con 150 días multa si atribuye falsamente a otra persona la comisión de un hecho delictivo. El artículo 148 tipifica como delito el daño a la reputación de una persona muerta mediante declaraciones injuriosas o difamatorias. La Ley de Imprenta contiene disposiciones similares para los medios de comunicación107. Estas disposiciones podrían utilizarse para presentar cargos penales por declaraciones realizadas en línea por la prensa o por usuarios que quieran denunciar temas de corrupción, degradación ambiental y similares108.

C3: ¿Las personas son sancionadas por sus actividades en línea, incluidas aquellas que están protegidas por normas internacionales de derechos humanos? (0 – 6 puntos): 5

Cambio en el puntaje: La puntuación bajó de 6 a 5 porque el director de televisión Marlon Mora fue condenado por un tribunal penal por cargos de difamación relacionados con un programa de sátira política transmitido en línea.

En los últimos años, los informes de usuarios arrestados o procesados por actividades en línea generalmente están relacionados con actividades ilegales como extorsionar a figuras públicas o compartir imágenes íntimas no consensuadas en Internet,109 y la divulgación de imágenes de abuso infantil110. Sin embargo, durante el período cubierto, un periodista fue condenado penalmente por difamación por un programa de sátira política transmitido en línea.

En marzo de 2023, el Juzgado Penal de Goicoechea condenó a Marlon Mora por el delito de difamación (ver C2). Mora fue declarado culpable de dos cargos de difamación contra el excandidato presidencial de 2018 Juan Diego Castro, por contenidos publicados en el programa Suave un Toque, en el que estudiantes de periodismo producían sátiras sobre temas de actualidad. El programa se transmitió por televisión y en línea, y el material sobre Castro se viralizó en redes sociales durante el período electoral.111 Mora en ese momento era el director del Canal UCR, que producía Suave un Toque112. Mora fue condenado a pagar una multa de 600.000 colones ($970), así como 15 millones de colones ($24.000) por daños civiles y 3 millones de colones ($5.000) por los gastos incurridos por Castro113. El tribunal también ordenó a Mora publicar la decisión del juez íntegramente en un medio de comunicación nacional. Durante el proceso, el juzgado aprobó la solicitud de Castro de confiscar los bienes de Mora, lo que Mora denunció como “mecanismos intimidatorios"114.

PROLEDI condenó la sentencia por considerarla contraria a los estándares interamericanos sobre libertad de expresión, y denunció que sentaba un peligroso precedente para el ejercicio del periodismo en Costa Rica. En un comunicado, COLPER también criticó la decisión por considerarla excesiva y “una forma de censura"115.

Por otra parte, en enero de 2023, el Ministro de Hacienda anunció en conferencia de prensa la existencia de un posible caso de fraude fiscal que involucraba a Leonel Baruch, empresario y político. Durante el anuncio, las autoridades omitieron mencionar que los fiscales ya habían solicitado el sobreseimiento del caso116. Baruch es el presidente de la junta directiva de CRHoy, un sitio web de noticias digitales muy leído y conocido por su escrutinio del gobierno. Baruch negó las acusaciones y las atribuyó a una persecución política relacionada con CRHoy. En junio, después del período de este informe, Baruch anunció que demandará al presidente Chaves por difamación117.

C4: ¿El Gobierno impone restricciones a las comunicaciones anónimas o encriptadas? (0–4 puntos): 3

No existen reportes que revelen limitaciones a las comunicaciones anónimas o encriptadas. El registro de la tarjeta SIM para telefonía móvil es obligatorio, pero existe un marco normativo que protege la privacidad de los datos118.

C5: ¿La vigilancia estatal de las actividades en internet vulnera el derecho a la intimidad de las personas usuarias? (0 – 6 puntos): 5

El derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto en las comunicaciones se encuentran garantizados en la Constitución Política, y son aplicables a las actividades en línea. El artículo 24 establece la inviolabilidad de los documentos privados y de las comunicaciones escritas, orales y de cualquier otro tipo. Este mismo artículo señala que las excepciones a este derecho se deben establecer mediante una ley aprobada por mayoría calificada en la Asamblea Legislativa119. Estas disposiciones han sido reforzadas por diversos fallos de la Sala Constitucional120.

SUTEL y PRODHAN están legalmente habilitados para proteger los derechos de las personas usuarias, pero solo lo hacen contra pedido y no proactivamente121.

No se tienen reportes de que el Gobierno recopile metadatos de comunicaciones, intercepte comunicaciones privadas que vigile a periodistas, figuras políticas o personas defensoras de los derechos humanos. Tampoco parece tener la capacidad técnica de hacerlo122. Sin embargo, la polémica sobre una eventual vigilancia gubernamental surgió en febrero de 2020, cuando los medios informaron de un decreto ejecutivo que creaba la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), adscrita a la Presidencia de la República. El decreto ejecutivo le otorgaba el poder a la UPAD de acceder a la “información confidencial en poder las instituciones públicas cuando así lo requiriera"123. El decreto fue derogado poco después de que trascendiera en medios de comunicación,124 pero generó una severa crisis política que incluyó la renuncia del Ministro de la Presidencia,125 cargos penales contra el presidente,126 la dimisión de varios asesores involucrados con la redacción del decreto,127 la instalación de una comisión legislativa en el Congreso para investigar si el presidente Alvarado violó el derecho a la intimidad de las personas con la UPAD128 y el allanamiento de la Casa Presidencial por parte de la Fiscalía General de la República129.

En febrero de 2022, la Fiscalía General de la República le solicitó a la Corte Suprema de Justicia levantar la inmunidad del entonces presidente Carlos Alvarado para iniciar un juicio por fraude de ley, abuso de autoridad y prevaricato por la creación de la UPAD130. El mismo mes, la Procuraduría de la Ética Pública inició una demanda por daños sociales causados por la UPAD contra Alvarado y Víctor Morales Mora, exministro de la presidencia y ex diputado. Los procesos penales se encuentran en curso131, pero las acusaciones de acceso irregular a información sensible por parte del gobierno no han sido corroboradas. En agosto de 2022, la Sala Constitucional determinó que el decreto que creaba la UPAD era inconstitucional, al dictaminar que uno de sus artículos relacionado con datos personales “violaba el derecho a la autodeterminación informativa” de las personas132.

En marzo de 2022, la representante permanente de Costa Rica ante Naciones Unidas en Ginebra, la embajadora Catalina Devandas, pidió una moratoria inmediata sobre el uso de tecnología de software espía “hasta que se implemente un marco regulatorio que proteja los derechos humanos”. Costa Rica se convirtió en el primer país en hacer tal llamado133.

En agosto de 2022, una investigación de Lighthouse Reports reveló que la empresa de vigilancia italiana Tykelab, había explotado las vulnerabilidades en las redes telefónicas globales para enviar “paquetes de seguimiento” secretos, lo que permitía a terceros ver las ubicaciones de los teléfonos y potencialmente interceptar llamadas sin ser detectados en todo el mundo, incluído Costa Rica134.

C6: ¿La Vigilancia y recopilación de datos de usuarios por parte de proveedores de servicios y otras empresas tecnológicas vulnera el derecho a la intimidad de las personas (0 – 6 puntos): 5

La Ley General de Telecomunicaciones establece que los proveedores deben garantizar el secreto y la privacidad de las comunicaciones en sus servicios, así como el derecho a la privacidad de los datos personales135. El artículo 42 de esta norma obliga a los proveedores a garantizar que las comunicaciones y metadatos de sus usuarios no serán almacenados ni monitoreados por terceros sin su consentimiento, o salvo que exista una orden judicial136.

La intercepción de comunicaciones solamente se aplica en escenarios extremos137. La ley sobre registro, secuestro y revisión de documentos privados e intervención de las comunicaciones establece que solo los tribunales podrán intervenir en las comunicaciones privadas, y solo cuando sea realmente indispensable para obtener las pruebas necesarias en casos penales de urgente necesidad social, como último recurso138.

En la misma línea, la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley N° 8968) reconoce el derecho a la autodeterminación informativa, que comprende garantías para el tratamiento legítimo de sus datos personales. También otorga a los usuarios el derecho de rectificación y al acceso a sus datos personales139. Este reconocimiento es uno de los mecanismos para garantizar el derecho constitucional a la privacidad y la intimidad y es, al mismo tiempo, la directriz que se debe cumplir para recolectar, retener o inspeccionar datos personales de los habitantes.

La Ley N° 8968 ha sido criticada por diversos sectores debido a que es una norma incompleta y desactualizada, que no aborda adecuadamente desafíos contemporáneos como los relacionados con la recopilación y el procesamiento automatizado de datos, la geolocalización y el conocimiento de donde se almacenan los datos140. También han señalado que la redacción ambigua de algunos de sus artículos podrían generar interpretaciones que vayan en detrimento de la privacidad de las personas141.

En los últimos años se han presentado diferentes propuestas para abordar estas deficiencias. Una propuesta del Partido Acción Ciudadana y apoyada por organizaciones de la sociedad civil142 presentada en enero de 2021143 actualiza los principios de la Ley, garantiza los derechos de los usuarios en la era digital, otorga independencia a la agencia nacional de protección de datos personales y regula la extraterritorialidad del procesamiento de datos144.

Después de que esa reforma no prosperó en la Asamblea Legislativa, otro proyecto de ley presentado en mayo de 2022, el N° 23.097, propone derogar totalmente la Ley de Protección a las Personas Físicas, reemplazandola por una nueva Ley de Protección de Datos Personales145. La ley propuesta actualiza los principios de protección de datos personales, crea estándares para las transferencias de datos en el sector público y regula los flujos internacionales de datos personales. La propuesta de Ley de Protección de Datos Personales también crea una nueva Agencia de Protección de Datos Personales independiente para hacer cumplir las disposiciones de la ley e imponer sanciones por los incumplimientos146. El proyecto de Ley N° 23.097 estaba pendiente de votación en la Asamblea Legislativa al finalizar el periodo que cubre este informe.

Los proponentes de esas reformas a la Ley también han expresado interés en que el país se adhiera al Convenio 108+, un tratado del Consejo de Europa sobre la protección de datos personales en línea147. Argentina y Uruguay son los únicos países latinoamericanos que han logrado formar parte de este Convenio.

En agosto de 2022, miles de costarricenses recibieron un mensaje de texto vía SMS no solicitado del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) invitándolos a ver un evento televisado del presidente Chaves148. El incidente generó críticas de sectores políticos, expertos en comunicaciones y otros. El SINART se defendió argumentando que utilizó legalmente una base de datos de kölbi, la marca comercial del operador estatal de telecomunicaciones,149 aunque se desconoce el número de personas que recibieron el mensaje. PRODHAB anunció que investigaría el tema, pero al cierre de este reporte no ha habido más comunicaciones sobre el tema150.

Entre enero y junio de 2022, Facebook recibió 13 solicitudes de información sobre 17 cuentas. La empresa produjo información en respuesta a aproximadamente el 54% de esas solicitudes. Todos estaban relacionados con solicitudes de divulgación de emergencia151.

C7: ¿Las personas son objeto de intimidación extralegal o de violencia física por parte de autoridades estatales o de cualquier otro agente en relación con sus actividades en línea? (0 – 5 puntos).: 3

Cambio en el puntaje: La puntuación disminuyó de 4 a 3 debido a un aumento de la intimidación selectiva y las amenazas en línea, en gran parte dirigidas a críticos del gobierno de Chaves.

El entorno de relativa libertad de expresión en Costa Rica disminuyó durante el período de este reporte. Las amenazas gubernamentales contra la prensa y los opositores políticos, las campañas coordinadas de acoso por parte de cuentas que exhiben un comportamiento aparentemente no auténtico y la intimidación en línea, incluido el discurso de odio, han dado como resultado un entorno cada vez más negativo para la libertad y la comunicación en línea. El acoso en línea también se dirige a mujeres políticas, personas LGBT+, migrantes, afrodescendientes y jóvenes.

En junio de 2022, Alberto Padilla, periodista mexicano residente en Costa Rica, recibió la visita de cinco policías migratorios armados en su estación de radio. La policía afirmó que la visita era parte de sus labores habituales y que pretendía aclarar la situación migratoria del comunicador basándose en una consulta ciudadana anónima152. Padilla relacionó esa visita de la policía migratoria con un tuit que había publicado semanas antes criticando al presidente Chaves.

Durante el período de este informe, figuras de alto perfil político recibieron amenazas y acoso en línea después de criticar a la administración de Chaves. En julio de 2022, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, dijo que experimentó una avalancha de acoso en línea después de criticar en un tuit la hostilidad del presidente Chaves hacia los medios de comunicación153. En diciembre de 2022, una red de cuentas lanzó un ataque aparentemente coordinado contra el congresista opositor Ariel Robles luego de que publicara críticas al gobierno de Chaves en Facebook154. Las cuentas, que parecían proceder de varios países, mostraban signos de comportamiento no auténtico155. A finales de enero de 2023, Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, fue atacado en su cuenta de Facebook por un “ejército de trolls” luego de que afirmara que el gobierno de Chaves había incurrido en un abuso de poder156. Casi al mismo tiempo, el diputado opositor José Francisco Nicolás Alvarado fue acosado por trolls en Facebook luego de que criticara a la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón. La propia Chacón estuvo implicada en el financiamiento de operaciones coordinadas de difamación contra periodistas críticos (ver B5), admitiendo que tenía la intención de “dañar” a ciertos periodistas mediante el acoso en línea.

En agosto de 2022, un estudio de la Universidad Latina de Costa Rica encontró que la ex primera dama, Claudia Dobles, fue el blanco más frecuente de comentarios negativos y mensajes de odio en redes sociales durante los primeros tres meses del gobierno de Chávez157. Los ataques se intensificaron después de que ella criticó la decisión del presidente de cancelar un proyecto de tren eléctrico que ella había liderado. La investigación señaló que el 20% de los comentarios negativos hechos contra figuras públicas femeninas durante este período (incluidas Dobles, Chacón y Chinchilla) hacían referencia a su sexo o apariencia física158.

Las denuncias sobre el uso de trolls para atacar a determinadas figuras han aumentado desde que Chávez asumió el poder159. Este ambiente ha contribuido a aumentar el malestar y la autocensura entre periodistas (ver B4).

En junio de 2022, COES Comunicación y Naciones Unidas publicaron una investigación que mostró evidencia de más 937.000 mensajes y conversaciones en redes sociales vinculados con discursos de odio y discriminación en Costa Rica entre junio de 2021 y mayo de 2022, un aumento del 71% con respecto al año anterior160.

En noviembre de 2022, Naciones Unidas expresó su preocupación por el aumento de discursos de odio contra las personas migrantes en el país161. Un estudio sobre los discursos de odio en línea encontró que, entre mayo de 2022 y mayo de 2023, las expresiones xenofóbicas habían aumentado en un 110% con respecto al año anterior. También se registraron aumentos notables en los discursos misóginos (+72%) y homofóbicos (+24%)162.

Otras personalidades críticas al gobierno de Chaves también han recibido amenazas de violencia física. En junio de 2023, finalizado el período de cobertura de este reporte, el director del medio digital No Pasa Nada CR, informó que había recibido dos amenazas de muerte durante los seis meses anteriores, y que tales amenazas nunca habían ocurrido durante el gobierno anterior a Chaves163 .

C8: ¿Los sitios web, las instituciones públicas, los actores privados, los proveedores de servicios o las personas usuarias son objeto de piratería informática generalizada o de otras formas de ciberataques? (0 – 3 puntos): 1

Los sitios web de entidades gubernamentales han sido blanco de diferentes tipos de ciberataques164. Los dos más importantes ocurrieron en 2022, y las autoridades aún no han logrado determinar sus causas.

En 2022, durante el reporte anterior, dos importantes ataques de ransomware paralizaron instituciones y servicios públicos esenciales y provocaron la pérdida de millones de dólares en el sector privado. Desde mediados de abril hasta principios de mayo de 2022, un grupo de ransomware vinculado a Rusia, conocido como Conti, atacó casi 30 ministerios e instituciones públicas, empezando por el Ministerio de Hacienda165. El grupo exigía el pago de $20 millones para devolver y no filtrar toda la información robada166. En otra declaración, el grupo advirtió sus intenciones de derrocar al gobierno mediante ciberataques. Los ataques, que afectaron los sistemas de recaudación de impuestos y de exportaciones durante más de un mes, llevaron al presidente Chaves a declarar emergencia nacional el 8 de mayo de 2022167.

Conti también atacó otros sitios web de municipalidades e instituciones académicas durante este período168. El impacto de los ataques fue duradero: el sistema en línea de la Administración Tributaria Virtual (ATV) del Ministerio de Hacienda permaneció fuera de servicio hasta el 13 de junio de 2022169. Algunos comentaristas dijeron que el ataque de Conti estaba motivado por el apoyo de Costa Rica a Ucrania en el contexto de la invasión rusa, pero los expertos en ciberseguridad creen que estaban motivados exclusivamente por la posibilidad de cobrar por el rescate.170

Posteriormente, mientras el país aún lidiaba con las consecuencias del primer ataque, la institucionalidad costarricense fue víctima de otro ataque de ransomware. El 31 de mayo de 2022, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fue blanco de un ciberataque con Hive ransomware, que obligó a la institución a desconectar sus sistemas171. El grupo Hive, que se cree tiene vínculos con Conti, exigió $5 millones en bitcoins para desencriptar los sistemas172. La Caja declaró emergencia institucional unos días después. Más de la mitad de los 1500 servidores de los servicios de salud se vieron afectados con interrupciones importantes, provocando entre otras afectaciones la reprogramación de casi 35.000 citas médicas173.

Un año después de los ataques de 2022, aún queda mucho por aclarar sobre lo que sucedió y cuánta información se perdió. En abril de 2023, durante una audiencia legislativa, un experto en privacidad señaló que “no sabemos qué pasó, no sabemos qué datos fueron robados, no sabemos si los hemos recuperado, no sabemos cuánto cuesta la recuperación”174. Un informe de la Contraloría General de la República, que abarca de enero de 2021 a noviembre de 2022, señaló una falta de coordinación entre instituciones ante ciberataques y una acción tardía por parte del MICITT175. Además, el informe encontró que el sector público costarricense carece de claridad sobre la prevalencia de incidentes de ciberseguridad176.

Desde los ciberataques de 2022, el gobierno ha implementado algunas estrategias de resiliencia. En junio de 2022, poco después de los ataques de ransomware de abril y mayo, el MICITT anunció un esfuerzo conjunto con universidades estatales para abordar los problemas de ciberseguridad del país. La iniciativa tiene como objetivo utilizar las herramientas y el conocimiento de las universidades para fortalecer la capacidad de las instituciones de responder a este tipo de incidentes177.

En diciembre de 2022, el MICITT y la Unión Europea (UE) firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer la ciberseguridad en el país.178 En enero de 2023, el gobierno estadounidense ofreció los servicios de un equipo de especialistas para asesorar al MICITT en temas de ciberseguridad179 y en marzo de 2023, Estados Unidos prometió $25 millones al país para fortalecer sus ciber defensas180. Ese mismo mes, el gobierno israelí reveló que especialistas de su país habían advertido al gobierno costarricense antes del ataque a Conti sobre la alta probabilidad de sufrir ese tipo de ataques debido a sus vulnerabilidades en tecnologías de la información181.

En 2012 se creó el Centro de Respuesta a Incidentes en Seguridad Informática, con sede en el MICITT,182 con el objetivo de trabajar en conjunto con otras instituciones gubernamentales como bancos estatales en materia de información y ciberseguridad183. Tras los ataques, en noviembre de 2022, el MICITT aumentó la capacidad del centro, que ahora cuenta con 12 personas y ofrece servicio 24 horas al día184.

En enero de 2023, el MICITT y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) confirmaron un nuevo ciberataque tipo ransomware contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica. El incidente no tuvo mayor impacto en los servicios públicos185

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• 56Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA), “#Denuncia: ¡Queda claro una vez más el cruce de intereses entre las cámaras empresariales y el MICITT!” April 23, 2021, https://www.facebook.com/redmica/photos/a.190357247706303/5273764506032…
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• 58“Costa Rica anuncia plan para equiparar plataformas de transporte y taxis [Costa Rica announces plan to equate transport platforms and taxis],” La Vanguardia, May 4, 2023, https://www.lavanguardia.com/vida/20230504/8940987/costa-rica-anuncia-p….
• 59Decreto Ejecutivo No. 36880 de 18 de Octubre de 2011, “Reglamento sobre la limitación a la responsabilidad de los proveedores de servicios por infracciones a Derechos de Autor y Conexos de Acuerdo con el Artículo 15.11.27 del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos,” https://www.sutel.go.cr/sites/default/files/normativas/reglamento_sobre….
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• 64Cooperativa Sulá Batsú, “Examinando los Derechos y las libertades en Internet en Latinoamérica (EXLILA): Informe nacional Costa Rica,” Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), 2016, https://www.apc.org/sites/default/files/EXLILA_informe%20nacional%20Cos…
• 65Delfino, “Presidente Rodrigo Chaves acusa a medios de comunicación de tener ‘sicarios políticos’ [President Rodrigo Chaves accuses the media of having ‘political hitmen’],” January 9, 2023, https://delfino.cr/2023/01/presidente-rodrigo-chaves-acusa-a-medios-de-….
• 66Ronny Rojas and Noticias Telemundo, “Costa Rica's new president calls the press the enemy. Journalists warn 'nothing like this had ever happened." NBC News, August 24, 2022, https://www.nbcnews.com/news/latino/costa-ricas-new-president-calls-pre….
• 67Álvaro Murillo, “Insultar a periodistas le cuesta a Rodrigo Chaves una inédita condena de la Sala Constitucional [Insulting journalists costs Rodrigo Chaves an unprecedented sentence from the Constitutional Chamber],” Divergentes, May 25, 2023, https://www.divergentes.com/sala-constitucional-sentencia-rodrigo-chave….
• 68PROLEDI, ”Primer Informe del Estado de la Libertad de Expresión y la Seguridad del Ejercicio Periodístico en Centroamérica.“ University of Costa Rica, November 2022, https://sv.boell.org/sites/default/files/2022-11/primer-informe-de-la-l….
• 69Mauricio León, “Colper señala a Chaves por su intolerancia y confrontación hacia las críticas contra su gobierno”. AM Prensa, january 10, 2023. https://amprensa.com/2023/01/colper-senala-a-chaves-por-su-intolerancia…
• 70In exercising the freedom to inform, journalists and representatives from the media and communication sectors have sought, on many occasions, protections for the right of access to public information by appealing to the Constitutional Chamber. A large number of votes contribute to the development of the legal nature, scope, and guarantees for access to public information, in addition to broadening the conditions for the democratic exercise of freedom of the press. The Constitutional Court has also tackled, among other issues, access to open data, legislative information, registration of the actions of police forces, and the right of access to public information in the context of the health emergency.
• 71Allan Madriz, “Piden a Joselyn Chacón rendir cuentas por denuncia de pagos a trol para atacar prensa nacional [They ask Joselyn Chacón to be accountable for denouncing payments to trolls to attack the national press],” La República, December 24, 2022, https://www.larepublica.net/noticia/piden-a-joselyn-chacon-rendir-cuent….
• 72Rico, “’Troll’ affirms he received orders to attack the press.” QCostaRica, January 12, 2023, https://qcostarica.com/troll-affirms-he-received-orders-to-attack-the-p….
• 73Rico, “Government denies links to troll networks,” QCostaRica, January 5, 2023, https://qcostarica.com/government-denies-links-to-troll-networks/.
• 74Mario Bermudez Vives,“Confusa declaración de Mayuli Ortega: se abstiene de declarar, admitió pago a trol y a cuentagoras mencionó funciones en Casa Presidencial y en pasada campana [Confusing statement by Mayuli Ortega: she abstains from testifying, admitted paying to trolls and accountants, mentioned functions in the Presidential House and in the last campaign],” Semanario UNIVERSIDAD, January 23, 2023, https://semanariouniversidad.com/pais/confusa-declaracion-de-mayuli-ort…; “Fiscalía de Costa Rica investiga a Joselyn Chacón por pagos a troll [Costa Rican Prosecutor's Office investigates Joselyn Chacón for payments to trolls],” DW, January 11, 2023. https://www.dw.com/es/fiscal%C3%ADa-de-costa-rica-investiga-a-joselyn-c….
• 75Rico, “Joselyn Chacón admits having paid to ‘put the hurt on’ the media],” QCostaRica, February 1, 2023, https://qcostarica.com/joselyn-chacon-admits-having-paid-to-put-the-hur….
• 76Sebastian May Grosser, “Joselyn Chacón renuncia al Ministerio de Salud ‘por motivos personales’ [Joselyn Chacón resigns from the Ministry of Health ‘for personal reasons’],” Delfino, February 7, 2023, https://delfino.cr/2023/02/joselyn-chacon-renuncia-al-ministerio-de-sal….
• 77Andrea Mora, “Presidencia confirma interacción de cuentas "que podrían no ser legítimas" en sus redes sociales”, Delfino, January, 2023 https://delfino.cr/2023/01/presidencia-confirma-interaccion-de-cuentas-….
• 78Johel Solano, “Financista de Chaves propagó en redes ataque contra periodista de forma coordinada [Chaves financier spread attack against journalist in networks in a coordinated way],” CRHoy, January 6, 2023, https://www.crhoy.com/nacionales/financista-de-chaves-propago-en-redes-….
• 79“Proceso Electoral 2022: Reporte 15 [Electoral Process 2022: Report 15],”Observatorio de la Comunicación Digital de la Universidad Latina, June 2022, https://www.ulatina.ac.cr/area-de-investigacion/grupos-de-investigacion…
• 80“Adversarial Threat Report,” Meta, April 2022, https://about.fb.com/wp-content/uploads/2022/04/Meta-Quarterly-Adversar…;
• 81Sofía Chinchilla Cerdas, “TSE y Facebook acuerdan eliminar publicaciones falsas sobre elecciones [TSE and Facebook agree to remove false posts about elections],” La Nación, January 28, 2022, https://www.nacion.com/el-pais/politica/tse-y-facebook-acuerdan-elimina….
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• 84Proledi, “Il Informe Del Estado De La Libertad De Expresión En Costa Rica,” April 2020, https://proledi.ucr.ac.cr/ii-informe-del-estado-de-la-libertad-de-expre….
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• 86Esteban Oviedo, “Activos de grupo Nación superan en mucho el valor de los bonos emitidos [Assets of the Nación group far exceed the value of the bonds issued],” La Nación, July 7, 2022, https://www.nacion.com/el-pais/politica/activos-de-grupo-nacion-superan….
• 87Álvaro Murillo, “Sala IV revierte cierre de Parque Viva por violar libertad de prensa de La Nación [Sala IV reverses closure of Parque Viva for violating press freedom of ‘La Nación,’” Semanario Universidad, October 21, 2022. https://semanariouniversidad.com/pais/sala-iv-revierte-cierre-de-parque….
• 88Josué Alfaro, “¿Qué pasó con el mega caso de evasión que anunció Hacienda y por qué los diputados le pedirán cuentas al ministro Acosta? [What happened to the mega evasion case that the Treasury announced and why will the deputies ask Minister Acosta to account?]” El Financiero, January 30, 2023, https://www.elfinancierocr.com/el-explicador/que-paso-con-el-megacaso-d….
• 89Aaron Sequeira y Esteban Oviedo, “Leonel Baruch demandará al presidente Rodrigo Chaves [Leonel Baruch will sue President Rodrigo Chaves],” La Nación, June 2023, https://www.nacion.com/el-pais/politica/leonel-baruch-demandara-al-pres….
• 90Karine Perset, “Digital Economy Policy in Costa Rica,” OECD, February 2020, https://www.oecd.org/countries/costarica/digital-economy-policy-in-cost…
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• 92“Verdad en extinción: miradas interdisciplinarias a la desinformación en Costa Rica [Truth in extinction: interdisciplinary views of disinformation in Costa Rica],” CICOM, 2021, https://cicom.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2021/11/Siles_Tristan_Carazo…
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• 97Programa Estado de la Nación, “Tercer Informe del Estado de la Justicia,” 2020, https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2020/06/PEN_Estado_Justic… ; Freedom House, “Freedom in the World 2021: Costa Rica,” 2021, https://freedomhouse.org/country/costa-rica/freedom-world/2021
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• 101In exercising the freedom to inform, journalists and representatives from the media and communication sectors have sought, on many occasions, protections for the right of access to public information by appealing to the Constitutional Chamber. A large number of votes contribute to the development of the legal nature, scope, and guarantees for access to public information, in addition to broadening the conditions for the democratic exercise of freedom of the press. The Constitutional Court has also tackled, among other issues, access to open data, legislative information, registration of the actions of police forces, and the right of access to public information in the context of the health emergency.
• 102See Constitutional Chamber of Costa Rica, Resolution No. 15104-2018 of 9:20 a.m. on September 14, 2018.
• 103See Executive Decrees No. 38994, of April 29, 2015, and No. 40199 of April 27, 2017.
• 104“Costa Rica: Partial Veto of New Access To Information Law,” CIVICUS, May 11, 2022, https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/11/costa-rica-partial-veto-…
• 105Legislative Assembly of Costa Rica, “Ley 4573 Código Penal de Costa Rica (1970). Publicado en el Diario Oficial La Gaceta 257 del 15 de noviembre de 1970,” November 15, 1970, http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?p…
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• 107CPJ, “Criminal Defamation Laws in Central America,” March 2016, https://cpj.org/reports/2016/03/central-america/
• 108Fernanda Romero, “Frente Amplio propone convertir delitos contra el honor en faltas civiles,” Monumental, February 23, 2021, https://www.monumental.co.cr/2021/02/23/frente-amplio-propone-convertir…
• 109“Hombre intervino redes sociales y correos electrónicos de mujer para extorsionarla con fotos íntimas,” La Nación, October 13, 2020, https://www.nacion.com/sucesos/crimenes/hombre-intervino-redes-sociales…; “Banda utilizaba redes sociales para secuestrar y extorsionar empresarios,” Noticias Repretel, September 8, 2019, https://www.repretel.com/noticia/banda-utilizaba-redes-sociales-para-se…
• 110Luis Jiménez, “Jóvenes detenidos por difundir pornografía infantil en redes sociales,” Teletica, November 11, 2020, https://www.teletica.com/sucesos/jovenes-detenidos-por-difundir-pornogr…
• 111Hugo Solano, “Exdirector de Canal 15 de UCR apelará condenatoria dictada en su contra por difamación”. La Nación, March 6, 2023. https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/exdirector-de-canal-15-de-ucr…
• 112Hulda Miranda Picado, “Productor y guionista de Suave un Toque declaran: Era un programa de humor y opinions [Producer and scriptwriter of Suave un Toque declare: It was a program of humor and opinions],” Interferencia, November 19, 2020, https://radios.ucr.ac.cr/2020/11/interferencia/suave-un-toque-juicio/.
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• 114Ingrid Hidalgo, “Periodista Marlon Mora sobre embargo de bienes: ‘Son mecanismos intimidatorios’ [Journalist Marlon Mora on asset seizure: ‘They are intimidating mechanisms’], CRHoy, February 9, 2023, https://www.crhoy.com/nacionales/periodista-marlon-mora-sobre-embargo-d….
• 115Association of Journalists and Professionals in Communication Sciences of Costa Rica (Colper), “El Colper se pronuncia por el caso del fallo contra el periodista Marlon Mora [Colper releases a statement on the case of the ruling against the journalist Marlon Mora],” March 7, 2023, https://colper.or.cr/app/cms/www/index.php?pk_noticia=385&pagenum=0.
• 116Josué Alfaro, “¿Qué pasó con el mega caso de evasión que anunció Hacienda y por qué los diputados le pedirán cuentas al ministro Acosta?. El Financiero, January 30, 2023. https://www.elfinancierocr.com/el-explicador/que-paso-con-el-megacaso-d…
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• 122Renata Avila, “Mapa de Actores y Temas emergentes sobre la Libertad de Internet en Centroamérica,” January 2018, https://drive.google.com/file/d/1appjobUn_7fw1pHqFnof76Xr3FcSD2UQ/view
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• 124Fiorella Sánchez, “Gobierno deroga controversial decreto minutos después que ministra de Comunicación salió a defenderlo,” El Mundo, February 21, 2020, https://www.elmundo.cr/costa-rica/gobierno-deroga-controversial-decreto…; "President Alvarado testifies in response to data-collection controversy," The Tico Times, February 10, 2021, https://ticotimes.net/2021/02/10/president-alvarado-testifies-in-respon…
• 125Josué Bravo, “Víctor Morales renuncia al cargo de ministro de la Presidencia por decreto de UPAD,” La Nación, March 4, 2020, https://www.nacion.com/el-pais/politica/victor-morales-renuncia-al-carg…
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