Cambio de Estatus

El estatus del Ecuador pasó de ser un país Libre a ser Parcialmente Libre por causa de un incremento en los delitos violentos, en gran parte cometidos por grupos criminales organizados contra funcionarios, rivales y la ciudadanía en general, lo cual ha profundizado la crisis de seguridad.

Panorama General

Las elecciones en Ecuador se cumplen regularmente y en los últimos años algunas instituciones estatales claves han mostrado mayor independencia. No obstante, los delitos violentos, que han aumentado de manera notoria en los últimos tiempos, han tenido un grave impacto sobre el funcionamiento del gobierno y han afectado considerablemente la vida cotidiana de la ciudadanía en general. Actualmente, los grandes desafíos que afectan al país son las violaciones del debido proceso, los ataques contra periodistas y la corrupción oficial.

Desarrollos más importantes del año 2023

• En mayo, la legislatura votó a favor de un juicio político contra el actual Presidente Guillermo Lasso Mendoza por acusaciones de tolerancia con un plan de malversación de fondos en una empresa de propiedad del gobierno. Lasso invocó una cláusula constitucional que le permitía gobernar por decreto bajo vigilancia judicial y llamar a elecciones anticipadas.
• El periodo electoral se vio afectado por una ola de violencia, lo que generó miedo entre el electorado y obligó a los candidatos a limitar sus campañas. En julio, fue asesinado el alcalde de Manta, Agustín Intriago Quijano. En agosto, también lo fue el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio Valencia cuando salía de una manifestación en Quito.
• Daniel Noboa Azín ganó las elecciones presidenciales en la segunda vuelta de octubre. Noboa derrotó a Luisa González Alcívar de Revolución Ciudadana, partido fundado por el expresidente Rafael Correa Delgado y gobernará durante lo que queda del periodo de Lasso. Revolución Ciudadana surgió como el único partido mayoritario en las elecciones de congreso que se llevaron a cabo simultáneamente con la segunda vuelta presidencial.
• En diciembre, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar Méndez, reveló los últimos resultados de una investigación exhaustiva sobre la presunta colusión de funcionarios del gobierno, inclusive jueces, con grupos criminales. Al menos 29 personas fueron detenidas, dentro de las que se cuentan el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán Carrillo.

DERECHOS POLÍTICOS: 29 / 40 (−1)

A. PROCESO ELECTORAL: 11 / 12

A1. ¿Fueron el actual presidente del gobierno u otras autoridades de carácter nacional elegidos conforme a las normas de elecciones libres y justas? 4 / 4

La constitución de 2008 establece que el presidente debe ser elegido directamente. El presidente tiene la potestad de disolver la Asamblea Nacional, lo cual lo obliga a convocar a nuevas elecciones tanto de legislatura como de presidencia. En abril de 2021, Guillermo Lasso Mendoza, quien se había postulado sin éxito para dos elecciones anteriores, derrotó al candidato de la Unión por la Esperanza, Andrés Arauz Galarza. La legislatura fracasó en su intento por inhabilitar a Lasso en 2022, aunque en mayo de 2023 la mayoría votó por inhabilitarlo. Entonces Lasso invocó la cláusula constitucional de “muerte mutua”, la cual le permite gobernar por decreto bajo vigilancia judicial y obliga a llamar a elecciones anticipadas.

El periodo electoral de 2023 se vio afectado por una ola considerable de violencia. En julio, el alcalde de Manta, Agustín Intriago Quijano, fue asesinado y, a principios de agosto, el candidato presidencial, Fernando Villavicencio Valencia, cuya plataforma de gobierno era la anticorrupción, también fue asesinado cuando salía de una manifestación en Quito. Algunos hombres que reivindicaron ser parte del grupo Los Lobos, una organización criminal, se atribuyeron la responsabilidad del magnicidio de Villavicencio. Ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría en la primera vuelta celebrada en agosto.  En la segunda vuelta de octubre, Daniel Noboa Azín fue elegido presidente al derrotar a la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González Alcívar. Se espera que Noboa ocupe el cargo hasta mayo de 2025, cuando termine el periodo de Lasso, aunque éste puede optar por la reelección.

A2. ¿Los actuales representantes del poder legislativo nacional fueron elegidos mediante elecciones libres y justas? 4 / 4

Ecuador cuenta con una Asamblea Nacional unicameral de 137 escaños, con 116 miembros elegidos directamente, 15 elegidos por representación proporcional y 6 elegidos para distritos electorales de varios escaños que representan a los ecuatorianos residentes en el exterior. Los miembros ocupan el cargo por un periodo máximo de cuatro años.

En agosto de 2023 se realizaron sondeos legislativos, aunque algunos problemas telemáticos del sistema de votación que utilizan los ecuatorianos que viven fuera del país obligó a las autoridades electorales a repetir los sondeos en el mes de octubre. Ninguno de los partidos obtuvo la mayoría en las elecciones anticipadas. A partir de octubre, la Revolución Ciudadana, conformada por el expresidente Correa y sus aliados, aseguró 51 escaños. El Movimiento Construye Ecuador (MCE) de Villavicencio, quien fue asesinado en agosto, ganó 26 escaños. El Partido Social Cristiano (PSC) obtuvo 18 escaños. El partido Acción Democrática Nacional (ADN), que respaldaba a Noboa en su campaña presidencial, ganó 14 escaños. Ningún otro partido obtuvo más de 10 escaños. Varios miembros habían cambiado sus alianzas para el momento en que se reuniera la nueva legislatura en noviembre, dejando a Revolución Ciudadana con 51 miembros, al MCE y al SCP con 18 cada uno y al ADN con 17. Aunque la violencia opacó las elecciones, los observadores nacionales e internacionales concluyeron que éstas habían sido confiables y justas.

A3. ¿Son justas las leyes y el marco electoral, y los cuerpos relevantes de gestión electoral las aplican de manera imparcial? 3 / 4

Desde que todos los miembros activos del Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron elegidos y comenzaron su periodo de 6 años en 2018, el CNE ha mostrado transparencia e independencia. No obstante, en octubre de 2023, los observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) señalaron que la variación de los procesos electorales a nivel provincial constituye una “debilidad técnica.” Las partes interesadas del país también expresaron su insatisfacción por la división de responsabilidades dentro de la plenaria del CNE y a nivel provincial.

B. PLURALISMO POLÍTICO Y PARTICIPACIÓN: 12 / 16 (−1)

B1.  ¿Tienen las personas derecho a organizarse en distintos partidos políticos u otros grupos políticos competitivos de su preferencia y el sistema no obstaculiza indebidamente el crecimiento y la caída de estos partidos y grupos que compiten entre sí? 3 / 4

Conforme a la constitución del 2008, las organizaciones políticas deben recoger firmas de los votantes equivalentes al 1,5 por ciento del censo electoral para poder registrarse y participar en las elecciones generales. En caso de que un partido o grupo no alcance el 4 por ciento del voto durante dos elecciones consecutivas, se puede revocar su inscripción, lo cual va en detrimento de los partidos más pequeños.

El marco jurídico ecuatoriano abre la posibilidad de que las organizaciones políticas, de manera oportunista, dilaten y amenacen el registro de candidatos rivales, especialmente dentro del contexto de elecciones anticipadas. Los observadores de la OEA señalaron que ésta fue la causa del retraso en el registro del candidato que reemplazaría a Villavicencio.

B2. ¿Existe la oportunidad realista de que la oposición gane apoyo o poder mediante elecciones? 4 / 4

Durante décadas, los partidos políticos ecuatorianos han sido tradicionalmente personalistas, clientelistas y frágiles, aunque algunos partidos más pequeños del establecimiento o grupos más nuevos han ganado representación en los últimos años.

A partir de 2017, los partidos de la oposición han dominado la legislatura. La Revolución Ciudadana de Correa sigue siendo el partido único más grande y la fuerza política mejor organizada del país y de manera consistente conservó la pluralidad de escaños y amplió su contingente legislativo en las elecciones de 2023.

B3.  ¿Las opciones políticas de las personas no están dominadas por fuerzas ajenas a la esfera política o por fuerzas políticas que emplean medios que no son políticos? 2 / 4 (−1)

Las opciones políticas de los ecuatorianos están cada vez más restringidas debido a los grupos criminales y a la violencia. Durante la campaña de junio a agosto del 2023 asesinaron a un candidato al congreso, a un líder de un partido regional, a un alcalde, a un consejero local y a un candidato presidencial dentro del contexto del fortalecimiento del crimen organizado. En su informe de agosto, los observadores de la OEA señalaron que la persistencia de la violencia electoral trajo consigo el temor generalizado entre los votantes y obligó a los candidatos a recortar sus campañas. Además, informaron que los candidatos y alcaldes locales buscaron protección policial a medida que avanzaban en sus campañas, pero la Policía Nacional carecía de los recursos necesarios para cubrir la demanda.

En las provincias costeras de Guayas, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas, las organizaciones criminales cada vez se dedicaban con mayor frecuencia a la actividad de financiación ilícita de campañas. Los actores criminales han mantenido diálogos con políticos o los han amenazado. En diciembre de 2023, la Fiscal General Salazar presentó pruebas de que Intriago, el fallecido alcalde de Manta, se había comunicado con un socio del narcotraficante Leandro Norero Tigua, quien también murió asesinado en 2022 durante una revuelta en la cárcel. Además, presuntamente Norero ordenó vigilar a Villavicencio.

Cambio de Puntaje: El puntaje bajó de 3 a 2 debido al auge de la violencia, como el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio Valencia ocurrido en agosto, al igual que la preocupación por la financiación de campañas por parte del crimen organizado.

B4. ¿Tienen los diferentes segmentos de la población (inclusive los grupos étnicos, raciales, religiosos, de género, LGBT+ y otros grupos relevantes) plenos derechos políticos y oportunidades electorales? 3 / 4

La constitución de Ecuador fomenta la no discriminación y propende por la adopción de medidas de acción afirmativa. Sin embargo, en la práctica, los grupos indígenas suelen carecer de voz en lo que se refiere a decisiones relacionadas con sus tierras y recursos. En las elecciones legislativas de 2023, los partidos indígenas afiliados vieron cómo disminuía su participación en la Asamblea Nacional, aunque no por causa de que existieran barreras formales contra su participación.

C. FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO: 6 / 12

C1.  ¿Son el gobierno elegido libremente y los representantes nacionales del poder legislativo quienes determinan las políticas del gobierno? 2 / 4

Los funcionarios elegidos afrontan cada vez mayor interferencia no estatal proveniente de actores criminales, lo que afecta su capacidad para adoptar políticas. De manera rutinaria el crimen organizado intimida, soborna y ataca a funcionarios públicos y sus actividades han debilitado el control estatal de las instituciones. Por ejemplo, el alcalde de Durán, Luis Chonillo Breilh, se vio obligado a salir del país con su familia después de que sicarios atacaran el convoy en el que viajaba, donde murieron 3 personas en mayo de 2023. Chonillo volvió al país, aunque no utiliza su despacho de la alcaldía de Durán, mientras su familia permanece en el extranjero.

La hostilidad entre el poder legislativo y el ejecutivo persiste, lo cual obstaculiza los esfuerzos del gobierno por desarrollar y aplicar políticas.

C2.  ¿Son las salvaguardas contra la corrupción pública lo suficientemente fuertes y eficaces? 2 / 4

Desde hace tiempo, Ecuador se ha visto azotado por la corrupción y la debilidad del poder judicial, además de que el gobierno carece de capacidad investigativa y vigilancia de las entidades públicas, lo que contribuye al ambiente de impunidad reinante. En marzo de 2023, el expresidente Lenín Moreno Garcés fue acusado de soborno, supuestamente por recibir dinero de una empresa china que en ese momento estaba construyendo una planta hidroeléctrica; Moreno fue vicepresidente de Correa durante una parte del periodo en cuestión.

Además, Lasso fue acusado de corrupción en 2023, cuando legisladores de la oposición sostuvieron que Lasso sabía y toleraba un plan de malversación por parte de una empresa estatal. Los congresistas impugnaron a Lasso por estas acusaciones en mayo y, en respuesta, Lasso disolvió el congreso y llamó a elecciones anticipadas.

C3. ¿Funciona el gobierno de manera abierta y transparente? 2 / 4

La ley garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública. Si bien el cumplimiento de la norma ha mejorado con los años, algunos entes gubernamentales siguen resistiéndose a revelar información. Los procesos de compra del Estado suelen ser opacos y es común encontrar malas prácticas que apuntan a los contratos con el gobierno.

LIBERTADES CIVILES: 38 / 60 (−2)

D. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y CULTO: 12 / 16 (−1)

D1.  ¿Existen medios de comunicación libres e independientes? 2 / 4 (−1)

Si bien anteriormente los medios controlados por el gobierno se inclinaban hacia el expresidente Correa, su sucesor inmediato, Moreno, propendió por un ambiente de comunicación relativamente más libre. La restrictiva Ley Orgánica de Telecomunicaciones fue enmendada durante la presidencia de Moreno y permitió un cubrimiento más diverso en los medios manejados por el Estado.

No obstante, la libertad de prensa sigue amenazada. Los miembros de los medios sufren acoso y ataques, los cuales cada vez con mayor frecuencia provienen de grupos criminales que por lo general gozan de impunidad. Entre enero y septiembre de 2023, cinco periodistas huyeron de Ecuador después de recibir amenazas de muerte, de las cuales algunas provenían de funcionarios públicos. Villavicencio, el candidato presidencial asesinado en agosto, era periodista investigativo en activo en el momento de su muerte. Algunos periodistas ecuatorianos dan fe de la existencia de “zonas de silencio,” donde los medios de comunicación se abstienen de cubrir la política local debido a las presiones de grupos delictivos.

Cambio de Puntaje: El puntaje bajó de 3 a 2 debido a que los miembros de la prensa se ven cada vez más expuestos a amenazas y violencia en medio de la crisis de seguridad vigente en el país, lo cual impide que los reporteros cubran ciertos temas y obliga a muchos de ellos a autocensurarse o a salir del país.   

D2. ¿Las personas gozan de libertad para practicar y expresar sus creencias religiosas o su agnosticismo en público y en privado? 4 / 4

La libertad de culto se garantiza en la constitución y en la práctica por lo general se respeta.

D3. ¿Existe libertad académica y el sistema educativo no promulga el adoctrinamiento político? 3 / 4

Existe libertad académica y el sistema educativo no practica adoctrinamiento político.

D4.  ¿Son las personas libres de expresar sus posiciones políticas personales u otros temas delicados sin miedo a que las vigilen o castiguen? 3 / 4

Por lo general, las discusiones privadas acerca de temas controversiales son libres, aunque los grupos al margen de la ley intimidan a los votantes, líderes comunitarios y activistas en algunas regiones del país.

E. DERECHO DE ASOCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN: 9 / 12

E1.   ¿Existe libertad de asociación? 3 / 4

Las protestas son comunes en todo el país y transcurren sin incidentes. Sin embargo, la legislación de seguridad nacional incluye una amplia definición de sabotaje y terrorismo que se extiende a actos contra individuos y propiedades de personas no armadas. Las protestas del 2022 tuvieron una respuesta violenta por parte del Estado, aunque en 2023 no ocurrieron hechos comparables.

E2.  ¿Existe libertad para las organizaciones no gubernamentales, en especial aquéllas que defienden los derechos humanos– y que trabajan en temas relacionados con la gobernanza? 3 / 4

Actualmente, la regulación de las organizaciones no gubernamentales (ONGs), aunque es menos restrictiva que durante la época de Correa, todavía permite a las autoridades clausurar organizaciones de las que se sospecha participan en política u organizaciones que se considera realizan actividades distintas a aquéllas para las cuales fueron creadas.

E3. ¿Existe libertad para los sindicatos y otras organizaciones profesionales similares u organizaciones laborales? 3 / 4

Los sindicatos del sector privado tienen derecho al paro, aunque el código laboral limita las huelgas del sector público. Apenas una pequeña parte de la fuerza laboral está sindicalizada, en parte por causa de que muchas personas trabajan en el sector informal.

F. ESTADO DE DERECHO: 7 / 16 (−1)

F1. ¿Existe un poder judicial independiente? 2 / 4

Los entes judiciales ecuatorianos de más alto rango son la Corte Nacional de Justicia, conformada por 21 miembros y la Corte Constitucional con 9 miembros. La aprobación de un referendo en 2018 reestructuró el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), poderosa entidad a cargo del nombramiento del Fiscal General y del Consejo de la Judicatura, responsable del nombramiento de jueces. De manera controversial, el CPCCS transicional influía en la composición de la Corte Constitucional, a pesar de no estar dentro de su jurisdicción. El CPCCS transicional votó por destituir a los nueve miembros de la Corte Constitucional, alegando corrupción y falta de independencia; posteriormente, sus decisiones fueron ratificadas por los nuevos miembros de la Corte Constitucional.

Después de lo anterior, la Corte Constitucional adquirió la reputación de ser autónoma al demostrar repetidamente su voluntad de oponerse a los actuales gobiernos. En octubre de 2023 votó por destituir al presidente del CPCCS, Alembert Vera Rivera, quien estaba alineado con Correa. Vera había propuesto, sin fundamento jurídico alguno, la creación de un consejo ciudadano a cargo de la “vigilancia” de las decisiones del CPCCS transicional.

Existe la percepción de que las magistraturas menores cada vez están menos dispuestas o se les impide aplicar la ley a miembros de los carteles del narcotráfico. Varios sospechosos de tráfico de drogas y jefes de grupos criminales buscaban o recibían órdenes de habeas corpus. Tanto la policía como la fiscalía general han objetado el abuso indiscriminado de las órdenes de habeas corpus emitidas por las magistraturas menores, las cuales están sometidas a presiones para que dejen en libertad o absuelvan a traficantes y delincuentes. En diciembre de 2023, la Fiscal General Salazar anunció los primeros resultados de una amplia investigación sobre una presunta colusión por parte de funcionarios públicos, incluso jueces, con grupos criminales. La investigación comenzó después de que Norero, el narcotraficante, fuera asesinado en prisión en 2022. Al menos 29 personas fueron detenidas, de las cuales 10 eran jueces tanto antiguos como nuevos. El presidente del Consejo de la Judicatura Terán, quien fue uno de los detenidos, dijo que la medida del gobierno había sido arbitraria.

F2.   ¿Prevalece el debido proceso en cuestiones civiles y penales? 2 / 4

Los procesos judiciales siguen siendo lentos y se han implantado procedimientos diseñados para acelerar las causas, en detrimento del derecho de los acusados al debido proceso. Son muchas las personas que permanecen en detención preventiva previa al juicio por más tiempo del que dispone la ley. Si bien en los últimos años ha aumentado el número de defensores públicos, el Estado carece de la capacidad para prestar el servicio de asesoría legal adecuada a todos los indiciados que no están en capacidad de contratar un defensor.

A pesar de las mejoras logradas en la época posterior a la de Correa, durante las administraciones de Moreno y Lasso continuaron las quejas por infracciones al debido proceso, como demoras en los juicios y “presiones indebidas” sobre el poder judicial.

F3. ¿Existe protección contra el uso ilegítimo de la fuerza física y contra la guerra y la insurgencia? 1 / 4 (−1)

En Ecuador el delito se ha convertido en un serio motivo de preocupación puesto que en 2023 se registraron 45 homicidios por cada 100.000 habitantes; en 2021 la cifra fue de 13,7 y en 2022 de 25,9. En años recientes, los grupos armados rivales han venido luchando por controlar el lucrativo negocio del narcotráfico. Uno de los principales grupos ilícitos del país, Los Lobos, mantiene nexos importantes con organizaciones criminales extranjeras. Los informes del 2023 sugieren que el Tren de Aragua, una pandilla criminal venezolana, también delinque activamente en algunas zonas del Ecuador. Las organizaciones criminales emplean la violencia extrema contra sus objetivos, participan en extorsiones cada vez más generalizadas y se han infiltrado dentro de las fuerzas policiales. En mayo el presidente Lasso firmó un decreto que permitía el despliegue de las fuerzas militares para combatir a estos grupos delincuenciales, un mes después de que estas organizaciones fueran señaladas como terroristas por parte del Consejo de Seguridad Pública y del Estado.

Las penitenciarías están desbordadas por el número de internos y carecen del suficiente personal de seguridad. A noviembre de 2023, alrededor de 31.000 personas estaban privadas de la libertad, de las cuales 35 por ciento se encontraban en detención previa al juicio, según el informe mundial de prisiones (World Prison Brief). Las pandillas – y la violencia relacionada con el narcotráfico - campan a sus anchas y los incidentes graves de seguridad normalmente ocurren en las cárceles. A finales de julio del 2023, los militares llevaron a cabo una redada en una cárcel de Guayaquil cuando miembros de varios grupos ilícitos se embarcaron en enfrentamientos prolongados. En este incidente hubo al menos 31 víctimas mortales. En respuesta, el gobierno declaró el estado de emergencia durante 60 días en todas las prisiones del país. Ese mismo mes, el medio digital de noticias GK reportó la muerte de más de 500 internos en 14 incidentes separados desde el mes de febrero de 2021. A finales de agosto de 2023, detonaron cuatro carros bomba en dos puntos del Ecuador—inclusive uno de ellos explotó en las afueras de las oficinas de la autoridad penitenciaria del país—y más de 50 funcionarios de la policía fueron tomados como rehenes por grupos delincuenciales en varias prisiones.

Tanto candidatos como funcionarios electos fueron objeto de la violencia en 2023. El alcalde Chonillo de Durán fue blanco de un ataque sicarial en mayo, mientras el alcalde de Manta, Intriago, fue asesinado en el mes de julio. De manera conspicua, la escolta de seguridad asignada por el gobierno no protegió al candidato presidencial Villavicencio, quien fue asesinado en agosto. En octubre, siete de los sospechosos del magnicidio de Villavicencio fueron asesinados en la cárcel en circunstancias misteriosas.

 Son comunes las denuncias de abuso policial presentadas por indiciados y detenidos. Persisten las alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, a pesar de la ley de 2022 que reglamenta esta práctica.

Cambio de Puntaje: El puntaje bajó de 2 a 1 debido a que persisten los delitos violentos, los cuales siguieron aumentando durante el año, lo que contribuye a un drástico incremento de la tasa de homicidios y al deterioro de la seguridad básica tanto de funcionarios púbicos como de ciudadanos del común.

F4.  ¿Garantizan las leyes, políticas y prácticas el trato igualitario de los distintos segmentos de la población? 2 / 4

Los pueblos indígenas sufren discriminación social generalizada y los proyectos de perforación de petróleo y minería en terrenos indígenas se suelen llevar a cabo sin consultar con las comunidades locales, como lo exige la constitución. En 2020, la Corte Constitucional endureció los requisitos de consulta para los cambios propuestos sobre el estatus de estos territorios ancestrales. Uno de los avances positivos fue que la Corte Constitucional atendió la persistente solicitud de llevar a cabo un referendo para poner fin a nuevas exploraciones de petróleo en el Parque Nacional Yasuní. El referendo realizado en agosto de 2023, fue aprobado por una amplia mayoría.

Ecuador es uno de los grandes receptores de refugiados de América Latina. Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, a diciembre de 2023 Ecuador había acogido a 475.000 venezolanos. Muchos inmigrantes de ese país se han quejado de ser objeto de discriminación y xenofobia. Miles de refugiados colombianos que vinieron a Ecuador en la década de los 90 aún permanecen allí.

G. AUTONOMÍA PERSONAL Y DERECHOS INDIVIDUALES: 10 / 16

G1. ¿Gozan los individuos de libertad de movimiento, inclusive de la capacidad de cambiar su lugar de residencia, empleo o educación? 3 / 4

La libertad de movimiento para salir y entrar a Ecuador normalmente no está restringida. Sin embargo, los trabajadores de la industria del aceite de palma están expuestos a restricciones de sus movimientos, impuestos por sus patronos, e inclusive están sujetos a toques de queda. En términos generales, las personas son libres para determinar su lugar de trabajo y estudio.

G2.  ¿Pueden las personas ejercer el derecho a la propiedad y establecer negocios particulares sin interferencia indebida por parte de actores estatales o no estatales? 2 / 4

El gobierno no impone restricciones significativas al derecho de posesión de propiedades y de establecer negocios privados. No obstante, la corrupción puede ser un impedimento para la actividad comercial y la extorsión por parte de grupos criminales constituye una amenaza contra el derecho de propiedad.

G3. ¿Gozan las personas de libertades sociales individuales, como el derecho a elegir su pareja y el tamaño de su familia, a la protección contra la violencia intrafamiliar y al control de su apariencia? 3 / 4

En 2019, la Corte Constitucional falló por estrecho margen que la prohibición de contraer matrimonio entre parejas del mismo sexo era inconstitucional, basándose en una opinión anterior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual recomendaba reconocer el enlace entre parejas del mismo sexo. En los meses siguientes, estas parejas solicitaron licencias de matrimonio con buenos resultados. El matrimonio civil ya había sido reconocido en Ecuador.

Ecuador afronta un serio y persistente problema en cuanto a proteger a las mujeres contra la violencia y el abuso. Un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos encontró que el 65 por ciento de las mujeres ecuatorianas habían sido objeto de abuso en algún momento de su vida. Las ONGs ecuatorianas reportaron que en los primeros nueve meses de 2023 ocurrieron 238 feminicidios, lo que representa un marcado aumento respecto de 2022.

El aborto sigue siendo delito en Ecuador, con unas pocas excepciones.

G4. ¿Gozan las personas de igualdad de oportunidades y de no ser blanco de explotación económica? 2 / 4

En Ecuador, en ocasiones tanto adultos como menores son obligados a realizar trabajos forzados y prestar servicios sexuales. Los más vulnerables siguen siendo los indígenas y afro-ecuatorianos, al igual que los migrantes y refugiados.

El gobierno ha tomado algunas medidas para abordar el problema de la explotación económica, inclusive aumentando los operativos policiales relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, los servicios de ayuda a las víctimas son insuficientes y se cree que algunos funcionarios públicos son cómplices de las operaciones de tráfico y han burlado el castigo.