STAY UP TO DATE: The Effects of the US Foreign Aid Freeze on Freedom House
Expanding Freedom and Democracy
Freedom on the Net 2022

Nicaragua

Partly Free
45
100
A Obstacles to Access 11 25
B Limits on Content 17 35
C Violations of User Rights 17 40
Last Year's Score & Status
48 100 Partly Free
Scores are based on a scale of 0 (least free) to 100 (most free). See the methodology and report acknowledgements.
A man holds up his chained wrists during a memorial on the one year anniversary of a government crackdown on a Mother's Day march. Managua, Nicaragua. 30 May 2019. Editorial credit: Alfredo Zuniga/​AP/​Shutterstock

Resumen

La libertad de Internet disminuyó en Nicaragua en un periodo electoral de noviembre de 2021 caracterizado por una dura represión de las figuras de la oposición, las voces disidentes y los periodistas independientes. El gobierno utilizó la legislación recientemente aprobada, como la Ley Especial de Ciberdelitos de 2020, para encarcelar a los disidentes por su discurso crítico en línea, incluso en relación con las elecciones; estas leyes han llevado a los usuarios a autocensurarse cada vez más y a optar por el anonimato cuando se expresan políticamente en línea. Las cuentas de redes sociales pertenecientes a medios independientes siguieron siendo víctimas de piratería informática, y los informes publicados durante el periodo de cobertura proporcionaron más pruebas de una campaña de influencia en línea dirigida por el Estado que abarca múltiples plataformas.

La elección de Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), como presidente en 2006 inició un periodo de deterioro democrático marcado por la consolidación de todos los poderes del Estado bajo el control de su partido, la limitación de las libertades fundamentales y la corrupción sin control. En 2018, las fuerzas del Estado y los grupos armados informales respondieron a un movimiento masivo de protesta antigubernamental con violencia y represión. El Estado de derecho se derrumbó cuando las autoridades se movilizaron para sofocar el movimiento, y los observadores de derechos informaron de la muerte de al menos 325 personas, detenciones extrajudiciales, desapariciones y torturas. Desde entonces han continuado las detenciones arbitrarias, los opositores percibidos por el gobierno denuncian vigilancia y seguimiento, y las conversaciones entre el régimen y la oposición han fracasado.

Principales acontecimientos, 1 de junio de 2021 - 31 de mayo de 2022

Aunque sigue existiendo un duopolio de facto en la prestación de servicios de telefonía fija y móvil, los informes del periodo de cobertura mostraron que allegados al presidente Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, tienen acciones en dos de los proveedores de servicios de Internet menos destacados del país, lo que algunos creen que podría permitir a la familia Ortega-Murillo ejercer un ligero nivel de control del mercado (véase A4). La autocensura aumentó durante el periodo de cobertura, exacerbada por el mayor uso de la legislación recientemente aprobada que criminaliza la expresión en línea y un clima de represión en torno a las elecciones generales de 2021. Sin embargo, en lugar de silenciarse por completo, las voces críticas siguieron participando en el discurso político utilizando canales de mensajería anónimos y encriptados (véase B4 y B8). Las operaciones de influencia del gobierno previamente documentadas se confirmaron aún más durante el período de cobertura cuando Meta informó de la eliminación de una granja de trolls operada por el gobierno y el partido gobernante que abarcaba al menos seis plataformas (ver B2 y B5). Las primeras sentencias de prisión dictadas en virtud de la Ley de Ciberdelitos de 2020 se dictaron durante el periodo de cobertura, incluyendo varias sentencias de 11 y 12 años por el discurso político de los usuarios en las redes sociales. Varias personas fueron detenidas en vísperas de las elecciones o acusadas por sus comentarios relacionados con las elecciones (véase C3). En enero de 2022 fueron pirateadas las cuentas de las redes sociales de al menos cuatro medios de comunicación online independientes (véase C8).

Obstáculos al acceso

A1: ¿Las limitaciones infraestructurales restringen el acceso a Internet o la velocidad y calidad de las conexiones a Internet? (0-6 puntos) – 2

A pesar del progreso sostenido en los últimos años, menos de la mitad de la población de Nicaragua tiene acceso a Internet. Las estadísticas no oficiales de enero de 2022 muestran que 2,98 millones de personas en el país tenían acceso a Internet, para una tasa de penetración del 44,2%. Los abonados a la telefonía móvil eran 8,21 millones, lo que significa que muchas personas tenían más de una suscripción.1

Según un informe de 2017 de la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones (CANITEL), se ha invertido constantemente en la expansión de las redes y los servicios desde 2004, contribuyendo a la instalación de más de 13.000 kilómetros de enlaces de fibra óptica y microondas en todo el país.2 El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Servicios Postales (TELCOR) señaló que el crecimiento del acceso se aceleró en las últimas dos décadas, pasando de

15.559 conexiones en el año 2000 a 207.275 en 2013.3

Según el Índice Global de Speedtest, Nicaragua ocupó el puesto 98 de 140 países encuestados en cuanto a velocidades de banda ancha móvil y el 105 de 182 países encuestados en cuanto a velocidades de banda ancha de línea fija en marzo de 2022. Las velocidades medias de descarga y subida de datos móviles de Nicaragua fueron de 27,94 megabits por segundo (Mbps) y 13,02 Mbps, respectivamente. La mediana de las velocidades de descarga y subida de banda ancha fija se situó en 42,17 Mbps y 15,52 Mbps, respectivamente. 4

Los frecuentes cortes de energía, causados por una infraestructura deficiente y por desastres naturales, también suponen una amenaza para la conectividad. Un fallo en el sistema eléctrico centroamericano en julio de 2021 causó un apagón total en Nicaragua que duró cinco horas,5 por ejemplo, con apagones similares reportados en junio,6 agosto,7 y noviembre de ese año.8 En noviembre de 2020, Nicaragua fue devastada por el huracán Iota; TELCOR interrumpió los sistemas de comunicaciones que gestionaba, incluidos los servicios de Internet, debido a las averías en el suministro eléctrico, la destrucción de las líneas de fibra óptica y los daños causados por el viento en las torres de transmisión.9

A2: ¿El acceso a Internet es prohibitivo o está fuera del alcance de ciertos segmentos de la población por razones geográficas, sociales o de otro tipo? (0-3 puntos) – 0

El acceso a Internet es caro en comparación con el salario mínimo, y existen grandes disparidades geográficas.

En enero de 2022, el salario mínimo de Nicaragua oscilaba entre 4.724 córdobas (132 dólares) y 10.572 córdobas (296 dólares) al mes, dependiendo del sector.10 La presión financiera ha aumentado durante la pandemia del COVID-19; las estadísticas oficiales mostraron un ligero crecimiento del desempleo durante 2021, hasta cerca del 4,8 por ciento, mientras que el 46,3 por ciento de la población estaba subempleada o empleada informalmente, ganando entre el 25 y el 50 por ciento del salario mínimo.11

El servicio de Internet en Nicaragua, aunque sigue siendo económicamente inaccesible para muchos, se hizo más asequible durante el periodo de cobertura. El coste medio mensual del servicio de banda ancha fija pasó de ser uno de los más altos de la región a uno de los más bajos. Un análisis de Cable.co.uk descubrió que el servicio mensual de banda ancha fija en el país costaba una media de 36,99 dólares en 2022, lo que supone entre el 13 y el 28 por ciento del salario medio mensual de una persona que gana el sueldo mínimo.12 Los planes de datos móviles más baratos de Centroamérica también se encuentran en Nicaragua, donde 1 gigabyte (GB) de datos cuesta 0,70 dólares de media.13

El coste de los dispositivos también es elevado. Según la Alianza para un Internet Asequible, un smartphone básico costaba casi el 34 por ciento del ingreso mensual medio de los nicaragüenses en 2020. 14

La conectividad en las zonas rurales es baja, en parte porque a los proveedores de servicios no les resulta rentable desarrollar infraestructuras allí; entre el 71 y el 89% de la población que vive en estas zonas no tiene acceso a Internet.15 Las mujeres de las zonas rurales están aún menos conectadas, ya que las mujeres en general se enfrentan a una disparidad en el acceso a tecnologías como los teléfonos móviles. 16

Hay poca información disponible sobre el acceso a Internet de los pueblos indígenas, aunque las organizaciones de la sociedad civil han creado algunas iniciativas para conectar a las comunidades tradicionalmente indígenas.17

En 2015, el régimen de Ortega impulsó un proyecto destinado a establecer puntos de acceso Wi-Fi en los parques municipales de todo el país.18 El proyecto fue propuesto por la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) y gestionado por cada municipio.19

En noviembre de 2021, el Gobierno informó de que 93 de los 153 municipios del país tenían cobertura de banda ancha, en parte gracias a los esfuerzos lanzados en el marco del Programa de Banda Ancha -un plan para ampliar la cobertura de banda ancha en todo el país- presentado por primera vez por el Gobierno en 2016. 20

A3: ¿Ejerce el gobierno un control técnico o legal sobre la infraestructura de Internet con el fin de restringir la conectividad? (0-6 puntos) – 5

Ha habido algunos casos en los que el gobierno restringió el acceso a internet, aunque no se informó de ninguno durante el periodo de cobertura. El más reciente fue en 2018, en el contexto de las masivas protestas antigubernamentales.21 Las interrupciones de Internet se produjeron a nivel regional ese año, incluyendo los departamentos de Jinotega, Matagalpa, León y Masaya, y duraron alrededor de un día. Los cortes coincidieron con ataques contra civiles por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados aliados. También se interrumpió el servicio de telefonía móvil,22 y el gobierno bloqueó las señales Wi-Fi en los parques públicos donde los manifestantes habían conectado sus dispositivos para informar sobre las manifestaciones.23

En diciembre de 2020 entró en vigor la Ley Especial de Ciberdelitos (ver C2).24 Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la ley autoriza a TELCOR y a la Cancillería a bloquear sitios web, redes, aplicaciones y otros servicios en línea y de comunicación.25

En cuanto a la conectividad internacional, el país está conectado al tráfico mundial de Internet por el cable submarino Americas Region Caribbean Ring System (ARCOS).26

A4: ¿Existen obstáculos legales, reglamentarios o económicos que limiten la diversidad de proveedores de servicios? (0-6 puntos) – 3

Cambio de puntuación: La puntuación bajó de 4 a 3 ante el duopolio de facto en la prestación del servicio de banda ancha fija y móvil.

La Ley General de Telecomunicaciones de Nicaragua estipula las normas y procedimientos a seguir en el sector de las telecomunicaciones, clasificando los servicios y describiendo los tipos de permisos o concesiones que se deben obtener para operar. También establece que hay libre competencia, permitiendo aparentemente que cualquier empresa interesada realice los trámites para establecerse en el país. Existen al menos tres proveedores de servicios de telefonía móvil,27 además de otros que prestan servicio de Internet para hogares y empresas.28 Sin embargo, el mercado está liderado en la práctica por dos proveedores, Claro y Tigo: Claro, propiedad del gigante mexicano de las telecomunicaciones América Móvil, domina tanto el sector de la banda ancha fija como el de la móvil, mientras que Tigo, propiedad de Millicom, con sede en Luxemburgo, ha captado alrededor del 33% del mercado de la telefonía móvil y el 10% del de la fija.29

Las licencias o concesiones para prestar el servicio de Internet sólo pueden otorgarse a personas físicas o jurídicas nicaragüenses, y en el caso de las empresas, al menos el 51 por ciento de las acciones deben ser de ciudadanos nicaragüenses. El proveedor también está obligado a firmar un acuerdo con cada cliente que sea justo para ambas partes.30

Informes recientes indican que la familia Ortega-Murillo tiene estrechos vínculos con varios accionistas del sector de las telecomunicaciones de Nicaragua. Un informe publicado por El Confidencial en febrero de 2022 descubrió que los accionistas de las empresas que conforman parcialmente dos ISP -CooTel y Yota- tienen vínculos con la familia presidencial. Por ejemplo, el abogado José María Enríquez Moncada, vinculado a Ortega, posee el 30 por ciento de las acciones de Inversiones Nicaragüenses de Telecomunicaciones, S. A., que opera el ISP CooTel junto a la empresa china Xinwei Telecom. Aunque algunos han expresado su preocupación por que esto permita a la familia ejercer el control del mercado, su impacto potencial está limitado por la cuota de mercado relativamente pequeña que tienen las empresas implicadas.31

A5: ¿Los organismos reguladores nacionales que supervisan a los proveedores de servicios y la tecnología digital no funcionan de forma libre, justa e independiente? (0-4 puntos) – 0

TELCOR es el principal organismo regulador de los proveedores de telecomunicaciones.32 Legalmente, se supone que funciona como una entidad descentralizada con activos independientes,33 pero en realidad, no respeta los principios de neutralidad e independencia. TELCOR es esencialmente una institución gubernamental, y responde a las políticas del gobierno (véase B5). La máxima autoridad del instituto es nombrada por el presidente, y según una reforma constitucional de 2006, todos esos nombramientos deben ser examinados y aprobados por la Asamblea Nacional, aunque esto nunca ha ocurrido en la práctica.34 También falta transparencia; el sitio web de TELCOR no se ha actualizado desde 2011.35

En mayo de 2020, TELCOR modificó un acuerdo administrativo de 2013 para exigir a los proveedores de telecomunicaciones que informen al organismo de sus nombramientos para puestos que incluyan jefes de tecnologías de la información, directores financieros, directores de regulación y jefes de seguridad. No hacerlo puede dar lugar a sanciones administrativas o penales.36

Límites del contenido

B1: ¿Bloquea o filtra el Estado, u obliga a los proveedores de servicios a bloquear o filtrar, los contenidos de Internet, especialmente el material protegido por las normas internacionales de derechos humanos? (0-6 puntos) – 6

No se ha informado de que el gobierno o los proveedores de servicios bloqueen o filtren contenidos. Aunque la Ley Especial de Ciberdelincuencia de 2020 permite a TELCOR y al Ministerio de Asuntos Exteriores bloquear los denominados sitios web peligrosos, el gobierno no parece tener capacidad para aplicar y hacer cumplir dicho bloqueo.37

B2: ¿Emplean los agentes estatales o no estatales medios legales, administrativos o de otro tipo para obligar a los editores, a los anfitriones de contenidos o a las plataformas digitales a eliminar contenidos, en particular el material que está protegido por las normas internacionales de derechos humanos? (0-4 puntos) – 1

El gobierno nicaragüense y sus aliados han recurrido a las leyes de derechos de autor, incluida la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA) de Estados Unidos, para garantizar la eliminación de los contenidos producidos por los medios de comunicación independientes.38 Dado que sólo el sector de los medios de comunicación progubernamentales

-muchos de los cuales están controlados por la familia de Ortega y otros vinculados al régimen- tiene acceso a los eventos y a las entrevistas con funcionarios del Estado, los medios independientes dependen de las imágenes y las grabaciones de estas fuentes, que luego presentan quejas por derechos de autor.39 Por ejemplo, en marzo de 2020, dos cuentas de YouTube de la emisora de noticias independiente 100% Noticias -cuya licencia fue revocada en 2018- fueron cerradas después de que un medio progubernamental presentara quejas por el uso que hacían de fotos y vídeos. 40

Como parte de la operación más amplia de influencia en línea del gobierno, se descubrió que los empleados del estado participaron en la denuncia masiva coordinada de contenido publicado en Facebook por los críticos del gobierno en 2018 y 2019 en un aparente esfuerzo para que se elimine (ver B5). Meta descubrió que estos esfuerzos, dirigidos a medios de comunicación, activistas y usuarios comunes, fueron en gran medida infructuosos. 41

Al parecer, la policía también ha coaccionado a los críticos del gobierno para que borren de sus dispositivos los vídeos o las fotos que muestran las protestas antigubernamentales.42

B3: ¿Las restricciones a Internet y a los contenidos digitales carecen de transparencia, de proporcionalidad con los objetivos declarados o de un proceso de apelación independiente? (0-4 puntos) – 1

Nicaragua carece de organismos independientes que garanticen la supervisión de los procesos de restricción de contenidos. Las autoridades no actúan de forma transparente cuando se trata de eliminar contenidos en línea.43 Según la Ley Especial de Ciberdelitos de 2020, las decisiones de bloquear sitios web deben ser tomadas por TELCOR y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ambos dominados de hecho por la presidencia. 44

En el caso de las retiradas de contenido que se basan en la DMCA, se establece un marco procesal específico en la propia ley estadounidense, que a menudo es invocado por las entidades nicaragüenses que se dirigen a material como los vídeos de YouTube (véase B2).45 Periodistas y activistas han informado de frustraciones con empresas de medios sociales que proporcionan justificaciones vagas para la eliminación de su contenido y retrasos en la recuperación de sus cuentas.46

B4: ¿Practican la autocensura los periodistas, los comentaristas y los usuarios de Internet? (0-4 puntos) – 1

Cambio de puntuación: La puntuación bajó de 2 a 1 debido a un aumento de la autocensura provocado por el mayor uso de la legislación que criminaliza la expresión en línea y un clima de represión en torno a las elecciones generales de 2021.

Desde principios de 2021, los periodistas, comentaristas y usuarios comunes han experimentado un clima de creciente autocensura que ha seguido intensificándose en medio de la creciente represión estatal de las voces críticas. 47

Los periodistas y los usuarios comunes se autocensuraban con frecuencia antes de los últimos esfuerzos del gobierno por silenciar a los críticos.48 Sin embargo, esta práctica se hizo aún más común durante el periodo de cobertura, al hacerse realidad el temor a las represalias por la expresión en línea en virtud de las leyes recientemente aprobadas, incluida la Ley Especial de Ciberdelitos de 2020 (véase C2 y C3). El período electoral de noviembre de 2021, caracterizado por una dura represión contra figuras de la oposición, voces disidentes y periodistas independientes, disuadió aún más a algunos nicaragüenses de expresarse (ver C3). 49

A pesar del ambiente represivo, muchos periodistas y usuarios comunes han seguido expresando su discurso político en línea utilizando plataformas anónimas y encriptadas, en lugar de censurarse por completo (véase B8 y C4). Los periodistas de los medios de comunicación independientes, por ejemplo, han dejado de utilizar en gran medida los titulares.50 Los usuarios de las redes sociales han aplicado prácticas similares para protegerse de la represión. Por ejemplo, muchos usuarios de Twitter crearon cuentas anónimas para seguir expresándose, mientras que los usuarios de Facebook e Instagram redujeron su audiencia, compartiendo contenidos políticos exclusivamente con aquellos que estaban en las listas de "amigos cercanos".51

Los altos niveles de vigilancia estatal también han contribuido a la autocensura,52 al igual que la presión extralegal por parte de las fuerzas alineadas con el régimen (véase C5 y C7).

B5: ¿Las fuentes de información en línea están controladas o manipuladas por el gobierno u otros actores poderosos para promover un interés político particular? (0-4 puntos) – 1

El gobierno y sus aliados manipulan las fuentes de información en línea por diversos medios. En los últimos años, miembros de la familia del presidente y otros asociados cercanos al gobierno han comprado medios de comunicación, incluidos algunos que operan en línea. Esto ha socavado la independencia y la credibilidad de los medios en cuestión, permitiendo a las fuerzas del régimen controlar el discurso público más amplio a través de sus artículos y publicaciones en las redes sociales. El gobierno también ha dirigido la cobertura específica; en 2018, por ejemplo, después de que estallaran protestas masivas por un plan para reducir las pensiones y aumentar las contribuciones a la seguridad social, la esposa del vicepresidente Rosario Murillo-Ortega dio instrucciones a los medios progubernamentales, como el sitio de noticias El 19 Digital, para que no informaran sobre el movimiento.53

El régimen también organiza actividades inauténticas en las redes sociales para servir a sus intereses políticos. En una iniciativa conocida como Proyecto Digital, más de 100 empleados de varias instituciones públicas trabajan desde el edificio de Correos de Nicaragua para producir contenidos y publicarlos en múltiples plataformas de medios sociales, como TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. Células similares funcionan en otros edificios públicos de diferentes municipios. Uno de sus mandatos es crear y difundir noticias e información falsas para arrojar una luz positiva sobre el régimen de Ortega, desprestigiar a los críticos y causar ansiedad, por ejemplo insinuando que la policía va a detener a alguien. Murillo habría ordenado por primera vez la creación de estas "fábricas de trolls" en 2018.54 Durante las protestas masivas de ese año surgieron cuentas automatizadas tanto del bando oficialista como del antigubernamental, aunque el régimen empleó más bots, muchos de los cuales se habrían originado en Venezuela.55

Esta operación de influencia multiplataforma se confirmó y quedó más al descubierto durante el periodo de cobertura. En octubre de 2021, Meta informó de la eliminación de "una de las operaciones de trolling más intergubernamentales [que habían] desbaratado hasta la fecha": una red de más de 1.400 activos (362 cuentas de Instagram, 896 cuentas de Facebook, 132 páginas de Facebook y 24 grupos de Facebook) operados por el gobierno y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Estos hallazgos corroboraron informes anteriores, indicando que la red había utilizado cuentas falsas para publicar y amplificar contenido progubernamental, pro-FSLN y antiopositor desde 2018. 56

A partir de finales de 2019, la red lo consiguió cada vez más creando y amplificando un gran número de marcas de medios de comunicación con una amplia presencia en plataformas de medios sociales, sitios web y blogs. La operación de influencia más amplia abarcó al menos seis plataformas, incluyendo Twitter, Telegram, YouTube y TikTok. Meta alegó que el uso de las marcas, que a veces decían ser independientes o miembros de la comunidad local e incluso se hacían pasar por grupos políticos de la oposición, era un intento de crear la apariencia de un vibrante debate público mientras se inundaba el panorama en línea con contenido favorable al Estado.

Según el análisis del Laboratorio de Investigación Forense Digital (DFR Lab) del Atlantic Council, publicado en noviembre de 2021, las cuentas vinculadas a la operación de influencia en Facebook, Telegram y Twitter promovieron principalmente contenidos de apoyo a Ortega y a su campaña de reelección de 2021, especialmente en las semanas y meses previos a la votación. A partir de la publicación de la investigación de DFR Lab, las cuentas participantes seguían operando en Telegram y TikTok, mientras que las otras plataformas habían eliminado muchas cuentas participantes.57

En los últimos años, al menos seis iniciativas de medios de comunicación han intentado contrarrestar el distorsionado panorama de la información en línea, aunque muchas de ellas se vieron finalmente obligadas a cerrar por dificultades financieras (véase B7).58

B6: ¿Existen limitaciones económicas, normativas o de otro tipo que afecten negativamente a la capacidad de los usuarios para publicar contenidos en línea? (0-3 puntos) – 1

Los medios de comunicación independientes proliferaron después de las protestas de 2018; según los informes, se crearon al menos 24 medios entre abril de 2018 y mayo de 2020.59 Sin embargo, estas empresas y los blogueros individuales se enfrentan a importantes obstáculos financieros. Dado que el Estado no asigna fondos a los medios críticos, su financiación es poco fiable.60 Incluso cuando se crearon nuevos medios tras las protestas de 2018, muchos periodistas en línea abandonaron la profesión debido a los bajos ingresos y a las múltiples amenazas y obstáculos asociados a su trabajo. En marzo de 2022, el medio de periodismo de investigación Expediente Público denunció que los medios vinculados a la familia Ortega recibieron alrededor de la mitad de los fondos de publicidad del Estado entre 2018 y 2021.61

En los últimos años, el gobierno ha iniciado varios procesos judiciales o investigaciones fiscales contra directivos de medios de comunicación, incautando las salas de redacción y los locales donde se ubican las oficinas de los medios (véase C3). Entre los afectados están los medios tradicionales con gran presencia en Internet.62

La censura instigada por el régimen en YouTube puede afectar a la capacidad de monetización de los medios de comunicación independientes que dependen de la plataforma, silenciando en última instancia su información.63

En octubre de 2020, el gobierno promulgó la Ley nº 1040, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que obliga a toda persona física o jurídica que participe en cualquier tipo de actividad cívica o política pública y reciba fondos extranjeros a inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros. El artículo 9 de la ley explica que los "agentes extranjeros" deben informar previamente al gobierno del origen de los fondos que van a recibir y del uso que se les va a dar;64 como resultado, los "agentes extranjeros" tienen prohibido recibir donaciones anónimas. El gobierno tendrá la autoridad para evaluar y determinar si la información es adecuada. Si una entidad no cumple o no se registra como agente extranjero en un plazo determinado tras recibir la notificación de la autoridad pertinente, la ley autoriza al gobierno a restringir sus actividades relacionadas con la financiación en cuestión, imponer multas y cancelar su estatus legal.

B7: ¿El panorama de la información en línea carece de diversidad y fiabilidad? (0-4 puntos) – 2

La gran mayoría de los medios de comunicación tradicionales están controlados por personas cercanas al gobierno y mantienen una línea editorial progubernamental. Los que no han sido comprados o cooptados por el gobierno y sus aliados tienen dificultades para acceder a la información oficial y seguir siendo económicamente viables. Muchos medios tradicionales independientes del país han quebrado, y sus antiguos periodistas han creado nuevas empresas digitales.

Entre 2018 y septiembre de 2020, se crearon al menos 28 nuevos puntos de venta en línea o portales digitales.65 Según el Instituto Internacional de la Prensa, al menos 20 medios de televisión o radio que se enfrentaban a la censura pasaron a operar en línea entre abril de 2018 y abril de 2021.66 El último periódico de Nicaragua con una edición impresa, La Prensa, suspendió su versión impresa en agosto de 2021, continuando sus operaciones exclusivamente en línea (ver C3).67

Faltan contenidos en línea dedicados a cuestiones de género y que representen a las mujeres de forma más amplia; en mayo de 2022, el medio en línea La Lupa parecía ser el único que ofrecía una perspectiva de género.68 La sociedad civil ha emprendido iniciativas para cultivar un entorno digital más inclusivo y representativo de las voces indígenas, incluso mediante la creación de contenidos en línea en lenguas indígenas miskito y mayangna. 69

Los efectos positivos de la proliferación de puntos de venta digitales se han visto contrarrestados por el empeoramiento de la desinformación en línea, especialmente durante la pandemia. El Estado no ha sido transparente y evita publicar abiertamente las estadísticas sanitarias; a falta de información oficial, los rumores y la desinformación se propagan por Internet.70 En respuesta, se creó la iniciativa independiente Observatorio Ciudadano,71 , que utiliza las redes sociales y su sitio web para publicar las cifras de nuevos contagios, muertes y recuperaciones por COVID-19, así como el número de muertes por neumonía que se sospecha que son por COVID-19.72 Sin embargo, en junio de 2021, los miembros de la organización declararon que su capacidad de vigilancia había disminuido debido al entorno político represivo, y que el miedo y la autocensura limitaban efectivamente la información que podían recopilar.73

B8: ¿Las condiciones impiden la capacidad de los usuarios para movilizarse, formar comunidades y hacer campañas, en particular sobre cuestiones políticas y sociales? (0-6 puntos) – 4

Los activistas que se organizan en línea se han enfrentado a detenciones y otras formas de persecución,74 especialmente durante las protestas de 2018.75 Las autoridades de entonces también restringieron el acceso a Internet y a los servicios móviles (véase A3).

A pesar de estos obstáculos, los ciudadanos siguen participando en el activismo digital para exigir la rendición de cuentas y una mayor transparencia del gobierno, así como para pedir la liberación de los presos políticos y el fin del régimen de Ortega. Este activismo se realiza cada vez más a través de cuentas anónimas y en plataformas encriptadas, como WhatsApp, ya que los usuarios y los periodistas tratan de evitar las represalias del Estado (ver B4 y C4).76 Algunos movimientos en las redes sociales se centran en el ecologismo,77 , mientras que otros han documentado violaciones de los derechos humanos perpetradas por personas cercanas al régimen.78 En abril de 2020, los disidentes nicaragüenses conmemoraron el segundo aniversario del levantamiento de 2018 a través de eventos virtuales, incluido un concierto retransmitido por Facebook Live, ya que la pandemia y la amenaza de injerencia del Estado impidieron las grandes reuniones presenciales.79

Violaciones de los derechos de los usuarios

C1: ¿La Constitución u otras leyes no protegen derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de prensa, incluso en Internet, y son aplicados por un poder judicial que carece de independencia? (0-6 puntos) – 2

Los derechos constitucionales no se respetan en la práctica, y el poder judicial está dominado por los leales al régimen. 80

La Constitución protege nominalmente los derechos fundamentales de libertad de expresión (artículo 30) y acceso a la información (artículo 66). Aunque no se menciona explícitamente la libertad de prensa, los ciudadanos tienen derecho a acceder a los "medios de comunicación social", y se declara que las "comunicaciones masivas públicas, corporativas o privadas" no estarán sujetas a censura previa (artículo 68). Sin embargo, el "derecho a informar" está sujeto a responsabilidades posteriores establecidas por la ley (Artículo 67). En 2007 se promulgó una Ley de Acceso a la Información (Ley nº 621).81

Los derechos formales señalados en la Constitución se violan con frecuencia. Por ejemplo, entre el estallido de las protestas de 2018 y julio de 2019, se informó de 1.080 casos en los que se violó la libertad de expresión, incluidos incidentes de intimidación y detención de periodistas (véase C3 y C7).82 Más de 120 periodistas huyeron del país entre abril de 2018 y abril de 2022, y 54 huyeron entre junio y diciembre de 2021.83

En marzo de 2019, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), de orientación opositora, y el gobierno de Ortega firmaron un acuerdo para fortalecer y garantizar los derechos de los ciudadanos; el pacto constituyó la base de un conjunto de protocolos que incluían la protección de los derechos constitucionales de libertad de expresión, acceso a la información y libertad de prensa. 84 Sin embargo, en marzo de 2022, la ACJD declaró que el gobierno no había cumplido con sus obligaciones y le exigió el cumplimiento del acuerdo.85

C2: ¿Existen leyes que asignen sanciones penales o responsabilidad civil a las actividades en línea, en particular las protegidas por las normas internacionales de derechos humanos? (0-4 puntos) – 1

La Ley Especial de Ciberdelitos de 2020 contiene importantes penas para las actividades en línea que están protegidas por las normas internacionales de derechos humanos. El artículo 28 prescribe de dos a cuatro años de prisión por el uso de las tecnologías de la información para calumniar el honor o el prestigio de una persona o divulgar sus secretos. El artículo 29 castiga a quien utilice las tecnologías de la información para ensalzar un delito o a su autor. Ambas disposiciones están redactadas con suficiente amplitud para permitir la supresión de la libertad de expresión en línea. El artículo 30 asigna penas de dos a cuatro años de prisión por la difusión de "noticias falsas", pero no diferencia entre la desinformación deliberada y la desinformación que se comparte sin intención maliciosa. El artículo tampoco explica cómo se puede calificar de falsa una noticia, lo que deja un amplio margen para los abusos. La pena aumenta de tres a cinco años de prisión si el contenido "incita al odio o a la violencia, o pone en riesgo la estabilidad económica, la salud pública, la soberanía nacional o el orden público". Además, los usuarios pueden enfrentarse a entre cuatro y seis años de prisión por revelar información "no autorizada", o a ocho años por acceder o difundir información que pueda dañar la seguridad nacional.86 La ley, que se aplica tanto a los usuarios de las redes sociales como a los medios de comunicación, podría utilizarse como herramienta para castigar la disidencia y controlar el flujo de información en línea.87

El código penal nicaragüense ya tipifica como delito la difamación, la injuria y el desacato, que se castigan con multas de entre 100 y 300 días de salario. Estas disposiciones podrían aplicarse a la expresión en línea, aunque el código no lo especifica.88

La Ley de Seguridad Soberana de 2015 califica los ciberataques como amenazas a la "seguridad soberana",89 que se define como la existencia pacífica y la unidad permanente que da estabilidad y prosperidad a los ciudadanos nicaragüenses, abarcando asuntos como la educación, la salud y la economía. Sin embargo, la ley es demasiado amplia.90 Los miembros del CENIDH habían presentado un recurso contra la Ley de Seguridad Soberana en 2016 por considerar que violaba los derechos constitucionales.91

C3: ¿Se penaliza a las personas por sus actividades en línea, especialmente las protegidas por las normas internacionales de derechos humanos? (0-6 puntos) – 2

Cambio de puntuación: La puntuación bajó de 3 a 2 porque se dictaron numerosas condenas de varios años de prisión por actividades en línea de las personas, incluso en las primeras condenas en virtud de la ley de Ciberdelincuencia de 2020.

Los cargos penales por las actividades en línea de los individuos aumentaron durante el periodo de cobertura, con muchos usuarios detenidos y condenados en virtud de la legislación recientemente aprobada. En los seis meses previos a las elecciones generales de noviembre de 2021, el gobierno encarceló a decenas de presos políticos, utilizando a menudo como prueba su actividad pasada en las redes sociales.92

La Ley Especial de Ciberdelitos de 2020 se utilizó para acusar a voces disidentes por su discurso crítico en línea por primera vez durante el periodo de cobertura. Hasta enero de 2022, al menos 10 personas habían sido acusadas bajo la Ley Especial de Ciberdelitos, incluso por publicar contenido crítico en las redes sociales.93 La primera condena en virtud de la ley se llevó a cabo ese mes, cuando Donald Margarito Alvarenga Mendoza fue sentenciado a 12 años de prisión por supuestamente incitar al "odio y la violencia", socavar la integridad nacional y difundir noticias falsas a través de publicaciones en Facebook y mensajes de WhatsApp. Los informes constataron que las únicas publicaciones políticas en la página de Facebook de Mendoza eran las que exigían la libertad de los presos políticos y un llamamiento a no votar en las elecciones generales de 2021. La policía confiscó el teléfono de Mendoza cuando fue detenido en vísperas de las elecciones, lo que permitió a las autoridades descubrir los mensajes de WhatsApp utilizados, en parte, para acusarlo, que habían sido enviados por otras personas de un grupo al que pertenecía. 94

Ese mismo mes, el internauta Douglas Alfredo Cerros Lanzas fue declarado culpable de violar la Ley Especial de Ciberdelitos y fue condenado a 12 años de prisión poco después.95 También había sido detenido en la víspera de las elecciones, acusado de atentar contra la integridad nacional a través de Facebook y WhatsApp.96 Sus mensajes incluían preguntas sobre la integridad de las elecciones. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) absolvió a Lanzas en agosto de 2022, tras el periodo de cobertura, alegando irregularidades en el juicio.97

En marzo de 2022, el activista digital Yoel Ibzan Sandino Ibarra fue condenado a 11 años y 6 meses de prisión acusado de violar la Ley de Ciberdelitos y conspirar para atentar contra la integridad nacional. Ibarra había creado la página de Facebook Mentes Libres en 2018 al inicio de las protestas para compartir información sobre la crisis sociopolítica del país. En noviembre de 2021, dos días antes de las elecciones generales, Ibarra había publicado en la página sobre el encarcelamiento de siete candidatos presidenciales de la oposición. Ibarra fue detenido esa misma tarde e interrogado sobre la financiación de la página; al parecer, fue golpeado durante el interrogatorio. Los fiscales del caso utilizaron cuatro mensajes de Mentes Libres como prueba contra Ibarra, incluyendo el mensaje que hizo denunciando el encarcelamiento de los candidatos de la oposición y uno apoyando a la candidata Cristiana Chamorro.98

La Ley Especial de Ciberdelincuencia de 2020 también se habría utilizado para condenar a personas -entre las que se encuentran conocidos opositores al régimen de Ortega- a varios años de prisión, basándose en afirmaciones espurias del Estado sobre su actividad en las redes sociales. Los implicados afirman que los cargos presentados contra ellos son falsos.99

En febrero de 2022, el periodista Miguel Mendoza Urbina fue condenado a nueve años de prisión tras ser declarado culpable de conspiración para socavar la integridad nacional y difundir noticias falsas.100 Las autoridades presentaron como pruebas en el caso múltiples publicaciones en Facebook y al menos 30 tuits.101 Mendoza, periodista deportivo de larga trayectoria que había ganado popularidad publicando comentarios sociales y políticos en las redes sociales en los últimos años, fue detenido en junio de 2021 tras una redada policial en su domicilio. 102

Las fiscalías han abierto varias investigaciones contra periodistas y activistas políticos antes de las elecciones generales de noviembre de 2021.103 En agosto de 2021, las fuerzas policiales allanaron el destacado medio de comunicación crítico La Prensa, alegando que había participado en el blanqueo de dinero; el allanamiento se produjo un día después de que el medio anunciara que había suspendido sus operaciones de impresión debido a que las autoridades retuvieron los suministros de impresión. Durante la redada, no se permitió a los empleados del periódico salir de las instalaciones ni ponerse en contacto con nadie en el exterior, y se cortó el servicio de Internet en el edificio.104 En mayo de 2021 se produjo una redada en la oficina del sitio de noticias Confidencial, que ha sido crítico con el régimen de Ortega, y en el domicilio de su director, Carlos Fernando Chamorro. Varios periodistas del sitio fueron detenidos.105 Otros periodistas han sido amenazados con cargos en virtud de la Ley Especial de Ciberdelitos, y citados por los fiscales en el marco de un caso de blanqueo de dinero, de carácter político, contra la candidata presidencial de la oposición encarcelada, Cristiana Chamorro, hermana de Carlos Fernando Chamorro. 106

También se formularon cargos contra personas por contenidos en línea que no eran explícitamente políticos ni estaban relacionados con las elecciones durante el período de cobertura. En septiembre de 2021, el Ministerio Público anunció cargos penales contra el activista ambiental e indígena Amaru Ruiz Alemán. Alemán, que ha estado en el exilio desde 2018, se enfrenta a cargos de difusión de información falsa en virtud de la Ley de Ciberdelitos por su activismo en las redes sociales en 2020 y 2021, que se centró en las violaciones de los derechos humanos contra las poblaciones indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. 107

Los usuarios han sido arrestados y detenidos por comentarios en línea en el pasado, aunque en un grado mucho menor. En diciembre de 2018, los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, del medio online 100% Noticias, fueron detenidos por su cobertura de las protestas de ese año y acusados de incitación y conspiración para cometer actos de terrorismo y delitos de odio.108 Ambos quedaron en libertad gracias a una ley de amnistía en junio de 2019, aunque nunca fueron juzgados ni condenados.109

C4: ¿El gobierno impone restricciones a la comunicación anónima o al cifrado? (0-4 puntos) – 4

Las autoridades nicaragüenses no imponen restricciones a la comunicación anónima ni al cifrado, y el uso de la mensajería cifrada y las reuniones clandestinas ha aumentado debido a los peligros asociados a la expresión de la disidencia en público.110 No es necesario registrar la tarjeta SIM. 111

C5: ¿La vigilancia estatal de las actividades en Internet vulnera el derecho a la intimidad de los usuarios? (0-6 puntos) – 2

Al parecer, las autoridades centran sus esfuerzos de vigilancia en los críticos del régimen, especialmente los periodistas independientes, en lugar de emplear la vigilancia masiva.112

En virtud de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros de 2020 (véase B6), las personas y entidades que estén obligadas a registrarse como "agentes extranjeros" -incluidas las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación- estarán sujetas a un amplio escrutinio por parte del gobierno.113 La Ley Especial de Ciberdelincuencia de 2020 también podría facilitar la vigilancia; según el CENIDH, la ley implica que las plataformas digitales serían vigiladas estrechamente en busca de infracciones, y los partidarios del gobierno habrían animado a los ciudadanos a informar a las autoridades de contenidos potencialmente ilegales.114

Incluso antes de la aprobación de esas dos leyes, las organizaciones no gubernamentales (ONG) habían denunciado que el gobierno vigilaba sus actividades en línea.115 Un informe de 2018 de Haaretz señaló que el gobierno nicaragüense había comprado programas espías y herramientas de recopilación de inteligencia a empresas israelíes, aunque los expertos no han podido decir definitivamente qué software se utiliza.116 Los empleados públicos desplegados como "trolls" en línea supuestamente rastrean la actividad pública en sitios web y plataformas de medios sociales, junto con los medios de comunicación nacionales e internacionales, e informan al vicepresidente Murillo.117

Las autoridades confiscan con frecuencia los dispositivos de los detenidos. En julio de 2021, casi 30 personas, entre ellas candidatos de la oposición, habían sido detenidas antes de las elecciones generales de noviembre. A los detenidos se les incautaron, al parecer, sus dispositivos y a algunos se les exigió que compartieran sus contraseñas.118

Existen algunas protecciones legales contra la vigilancia incontrolada, aunque no está claro si se cumplen en la práctica. El artículo 13 de la Ley de Seguridad Soberana de 2015 estipula que ninguna institución de seguridad del Estado puede realizar espionaje político, interceptar comunicaciones sin autorización judicial o divulgar indebidamente cualquier tipo de información que se adquiera en el ejercicio de sus funciones, entre otras prohibiciones.119

C6: ¿La monitorización y recopilación de datos de los usuarios por parte de los proveedores de servicios y otras empresas tecnológicas vulnera el derecho a la intimidad de los usuarios? (0-6 puntos) – 3

La Ley de Acceso a la Información de 2007 garantiza la protección de los datos personales,120 y en 2012 se aprobó una Ley de Protección de Datos Personales,121 , pero aún no se ha creado la Autoridad de Protección de Datos Personales (DIPRODAP) que debía velar por el cumplimiento de la legislación.122

El artículo 24 de la ley de 2012 permite la recogida y el tratamiento excepcionales de datos personales -sin el consentimiento o el conocimiento del interesado- para fines administrativos, incluida la conservación durante un máximo de cinco años.123 El artículo también otorga estas funciones a la policía y al ejército si es necesario para garantizar la seguridad nacional, pero no aclara si también se les permitiría conservar los datos durante cinco años. La ley añade que una empresa no puede revelar ni transferir la información privada que almacena a un funcionario del gobierno sin autorización judicial.124

En enero de 2021, como parte de la implementación de la Ley Especial de Ciberdelitos, TELCOR publicó el Acuerdo Administrativo 001-2021 sobre el Reglamento de Preservación de Datos e Información. Este reglamento ha suscitado la preocupación de varias organizaciones por sus amenazas a la privacidad de los titulares de los datos. El artículo 3 exige a las empresas de telecomunicaciones que recojan y conserven todos los datos necesarios para rastrear una comunicación; identificar al destinatario de una comunicación; identificar la hora, la fecha y la duración de una comunicación; identificar el tipo de comunicación, como teléfono móvil, Internet o teléfono fijo; identificar el equipo utilizado para realizar una comunicación; e identificar la geolocalización del equipo utilizado para una comunicación. Además, las empresas que ofrecen repetidores comunitarios y enlaces troncales deben poder presentar información sobre los servicios que prestan.125

Este acuerdo administrativo obliga además a las empresas a almacenar la información pertinente durante un máximo de 12 meses, a reserva de que la policía o los fiscales soliciten una orden judicial. Una vez que una de estas entidades solicita una orden judicial, un juez puede ordenar diversas acciones, como la entrega inmediata de la información contenida en los sistemas, la conservación de la información y la integridad de los sistemas durante un máximo de 90 días prorrogados, el acceso al sistema, la extracción de la información, la denegación del acceso a la información o cualquier otra medida aplicable necesaria para obtener y conservar los datos.126

Según la Ley de Prevención, Investigación y Persecución de la Delincuencia Organizada de 2010, los proveedores de servicios están obligados a diseñar sus sistemas de forma que faciliten la vigilancia.127 La ley también obliga a las empresas a mantener un registro de sus usuarios al que puedan acceder las autoridades que investigan o persiguen un delito.128

Entre julio y diciembre de 2021, Facebook recibió tres solicitudes de emergencia del gobierno nicaragüense para revelar información sobre dos cuentas; en dos de los tres casos se concedieron algunos datos.129

C7: ¿Son las personas objeto de intimidación extralegal o violencia física por parte de las autoridades estatales o de cualquier otro agente en relación con sus actividades en línea? (0-5 puntos) – 2

Los usuarios de Internet, y los periodistas en particular, han sido objeto de intimidación y agresiones físicas en relación con su actividad en línea. La tortura durante la detención es habitual. Según la ONG Nicaragua Nunca Más, en diciembre de 2021 había al menos 167 presos políticos detenidos; habían recopilado 115 casos de tortura o malos tratos en 2021.130 Durante su detención de seis meses a partir de 2018, los periodistas de 100% Noticias Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau habrían sido torturados.131 Pineda vive ahora exiliada en Costa Rica, pero su equipo de reporteros en Nicaragua sigue sufriendo amenazas, vigilancia y otros abusos por parte de las autoridades.132 Gerall Chávez, uno de los fundadores del sitio de noticias Nicaragua Actual, siguió recibiendo amenazas de muerte y acoso a través de las redes sociales tras huir a Costa Rica a finales de 2018; en julio de 2020, sus padres también recibieron amenazas de muerte.133

Carlos Salinas, periodista que había trabajado para El País y el sitio de noticias Confidencial, también tuvo que abandonar el país en 2018 y ahora vive exiliado en México. En una entrevista con El País, señaló que el gobierno utilizó su homosexualidad para difundir afirmaciones difamatorias sobre él en las redes sociales.134 Explicó que los partidarios del régimen alteraron fotos de hombres para apoyar las afirmaciones de que había abusado físicamente de sus parejas. Antes de salir del país, Salinas dijo que a veces estaba confinado en su casa debido al peligro de violencia física mientras las autoridades diezmaban su reputación en Internet.135

El periodista independiente estadounidense-austriaco Carl David Goette-Luciak también sufrió intimidación extralegal mientras trabajaba en Nicaragua en 2018. El doxxing, los llamamientos a la violencia contra él y el uso de bots para compartir esos mensajes fueron algunos de los métodos que, según se informa, se emplearon para amenazarlo.136 Finalmente fue detenido y deportado en octubre de 2018.137

Los disidentes en línea informan de que, además de recibir amenazas, ellos y sus familiares suelen enfrentarse a la intimidación policial, al igual que los seres queridos de quienes viven en el exilio.138 En febrero de 2022, durante el allanamiento del domicilio de María Flordeliz Ordóñez, periodista del medio digital independiente Notimatv, la policía golpeó y amenazó al marido de Ordóñez mientras la interrogaba sobre sus reportajes.139 Los usuarios críticos también han denunciado haber sido golpeados durante las detenciones en un intento de la policía de hacerles entregar las contraseñas de los teléfonos móviles incautados.140

C8: ¿Están los sitios web, las entidades gubernamentales y privadas, los proveedores de servicios o los usuarios individuales sujetos a la piratería informática generalizada y a otras formas de ciberataque? (0-3 puntos) – 1

Los medios de comunicación independientes de Nicaragua han sido objeto de ciberataques desde las protestas de 2018.141 Las cuentas de las redes sociales pertenecientes a estos medios también habrían sido hackeadas y secuestradas durante el periodo de cobertura.

Confidencial y los periódicos La Prensa y Hoy habrían sufrido ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS), que impidieron a los usuarios legítimos acceder a su cobertura. Al comienzo de las protestas en abril de 2018, por ejemplo, se detectó y frustró un ataque al sitio web de La Prensa, pero un ataque paralelo dirigido a Confidencial lo dejó inaccesible durante siete horas. Los autores no fueron identificados, pero algunos sospecharon de actores estatales.142 En mayo de 2019, el sitio web de La Prensa sufrió un ataque DDoS que lo inhabilitó con éxito durante más de 24 horas.143

En enero de 2022, el diario online Confidencial denunció el hackeo de una cuenta de WhatsApp que utilizaba para enviar alertas y recibir quejas de los lectores. Algunos lectores denunciaron haber recibido imágenes pornográficas tras el hackeo, aunque Confidencial niega que el hacker tuviera acceso a listas de difusión o datos de sus lectores.144 Los usuarios también denunciaron haber recibido mensajes de contenido sexual desde una cuenta de WhatsApp del medio BacanalNica, que también fue hackeada.145 El medio digital Artículo 66 también denunció intentos de hackeo de su cuenta de WhatsApp por esas fechas, que ascendieron a 12 intentos diarios durante un periodo de 20 a 25 días.146 Ese mismo mes, la cuenta de Twitter de 100% Noticias también fue hackeada por supuestas fuerzas progubernamentales.147

Las entidades gubernamentales también han sido objeto de ciberataques, que suelen estar vinculados al grupo hacktivista Anonymous. En agosto de 2020, el grupo se atribuyó el ataque a la base de datos de COVID-19 del Ministerio de Salud, que permitió comprobar que el gobierno había estado proporcionando información engañosa sobre la propagación del virus y publicando recuentos inexactos de las infecciones de COVID-19 en el país.148 Desde 2018, Anonymous también ha golpeado los sitios web de entidades como el Banco Central de Nicaragua, el Ministerio de Hacienda y su Unidad de Análisis Financiero, el Instituto Nicaragüense de Turismo, la Asamblea Nacional, la Fiscalía General de la República y la Dirección General de Aeronáutica Civil, entre otros, al tiempo que ha atacado a medios de comunicación vinculados al gobierno como Canal 6.149

En septiembre de 2020, el Gobierno aprobó por decreto una Estrategia Nacional de Ciberseguridad.150

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