Aspectos generales

La elección en 2006 del líder sandinista Daniel Ortega dio inicio a un periodo de deterioro democrático caracterizado por la consolidación de todos los poderes del Estado en su partido, la restricción de las libertades fundamentales y la corrupción incontrolada en el gobierno. En 2018 las fuerzas estatales, con la ayuda de grupos armados e informalmente aliados, respondieron con violencia y represión a un masivo movimiento antigubernamental. Se produjo un colapso del estado de derecho cuando el gobierno tomó medidas para sofocar dicho movimiento: según informes de observadores de derechos humanos hubo al menos 325 muertos, así como detenciones extrajudiciales, desapariciones y actos de tortura. Desde entonces continúan las detenciones y los arrestos arbitrarios. Quienes son percibidos como opositores del gobierno indicaron ser objeto de vigilancia y supervisión; el diálogo con la oposición ha fracasado.

Hechos clave en 2020

• El gobierno se rehusó a aplicar medidas de distanciamiento social para gestionar la pandemia de COVID-19, intencionalmente informó un número menor de casos y despidió a los trabajadores sanitarios críticos del modo en que las autoridades manejaron la situación.
• Los atentados a la población indígena continuaron impunes mientras que los colonos continuaban su invasión de los territorios indígenas.
• En octubre el gobierno sancionó dos normas legales que se percibieron como intentos para sofocar a la oposición: la Ley de Agentes Extranjeros, que dispone que todo nicaragüense que recibe fondos del exterior debe inscribirse como agente extranjero ante el Ministerio del Interior, impidiéndosele participar en actividades políticas u ocupar cargos públicos, y la Ley Especial de Ciberdelitos, que penaliza la difusión de información “falsa o tergiversada” por medio de tecnologías de la comunicación.
• En diciembre el gobierno promulgó una ley que autoriza a los funcionarios a inhabilitar a quienes sean designados “terroristas” o “traidores” para presentarse como candidatos a cargos públicos o a ocuparlos. El país celebrará sus próximas elecciones presidenciales en noviembre de 2021.

DERECHOS POLÍTICOS: 10 / 40

A. PROCESO ELECTORAL: 3 / 12

A1.      ¿El actual jefe de Estado u otro jefe de gobierno han sido elegidos mediante elecciones libres y justas? 1 / 4

La Constitución dispone que la elección del presidente se realizará en forma directa. Las elecciones se celebran cada cinco años. Las reformas constitucionales de 2014 han eliminado los límites temporales a los mandatos y exigido que el ganador de los comicios presidenciales logre una mayoría simple.

El presidente Ortega resultó reelecto en 2016 con más del 72 por ciento de los votos en el marco de un proceso electoral sumamente irregular precedido por una sentencia de la Corte Suprema que le quitó a Eduardo Montealegre, el principal candidato de la oposición, el control de su Partido Liberal Independiente (PLI), despojándolo así del mecanismo político para su candidatura presidencial. Dicha sentencia generó una seria disrupción de las operaciones del PLI: Maximino Rodríguez, del Partido Liberal Constitucional (PLC), el contrincante que se le acercaba más a Ortega, obtuvo solamente el 15 por ciento de los votos, en tanto que ninguno de los otros candidatos logró llegar al 5 por ciento. Rosario Murillo, la esposa de Ortega, se postuló como candidata a vicepresidente.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega ganó en 135 de las 153 alcaldías disputadas en las elecciones municipales de 2017. Hubo informes antes de la votación que indicaban que el FSLN había hecho caso omiso a las encuestas primarias locales para colocar en el proceso eleccionario a sus candidatos preferidos. Según el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH), siete personas perdieron la vida en enfrentamientos postelectorales entre el gobierno y partidarios de la oposición.

A2.      ¿Los actuales representantes legislativos nacionales fueron elegidos mediante procesos electorales libres y justos? 1 / 4

La Constitución prevé una Asamblea Nacional unicameral compuesta por 92 miembros. Se reservan dos escaños en la legislatura para el presidente anterior y para quien haya salido segundo en las últimas elecciones presidenciales. Las elecciones legislativas se realizan cada cinco años.

En las elecciones legislativas de 2016 el FSLN de Ortega aumentó su mayoría en la Asamblea Nacional al conseguir 70 escaños, seguido por el PLC que obtuvo 13. El PLI logró solamente dos escaños, a diferencia de los 26 que había ganado en las elecciones de 2011. Ortega se rehusó a autorizar la presencia de misiones internacionales de observación electoral. Montealegre fue expulsado del PLI unos meses antes de las elecciones, lo cual perjudicó gravemente la competitividad del partido.

En Nicaragua la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) cuentan con consejos regionales para los que se celebraron elecciones en marzo de 2019. El FSLN obtuvo la mayoría de los votos en ambas regiones. El único grupo independiente de observación electoral informó que se registraron diversas irregularidades, como la participación de votantes de zonas no habilitadas para los comicios, bajos números de votantes y una considerable presencia militar en varias municipalidades durante la votación.

A3.      ¿El marco jurídico y la legislación en materia electoral son justos y los correspondientes órganos eleccionarios los aplican de manera imparcial? 1 / 4

En términos generales el Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Poder Judicial están al servicio de los intereses del FSLN. En 2016 el CSE destituyó de la Asamblea Nacional a 16 legisladores opositores debido a que se negaron a reconocer la sentencia de la Corte Suprema por la que se expulsó a Montealegre del PLI. Más tarde ese mismo año el CSE homologó la reelección de Ortega, lograda tras un proceso electoral plagado de irregularidades.

Lumberto Campbell, presidente interino del CSE, y Roberto Rivas, expresidente de dicho consejo, figuran en la lista de sancionados que lleva Estados Unidos debido al papel que desempeñó el CSE en la facilitación del proceso electoral sumamente viciado que se celebró en Nicaragua.

B. PLURALISMO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA: 4 / 16

B1.      ¿El ciudadano tiene derecho a organizarse en diferentes partidos políticos o en otras agrupaciones políticas que participan en la contienda electoral? ¿El sistema carece de obstáculos indebidos que afecten el ascenso y caída de dichos partidos y agrupaciones? 1 / 4

Los partidos políticos enfrentan obstáculos legales y prácticos para su formación y funcionamiento. Resulta fácil que las instituciones alineadas con Ortega coopten o inhabiliten a dirigentes de partidos políticos. Para poder ocupar cargos en el empleo público suele exigirse la membresía en el FSLN, lo cual desalienta la afiliación a otros partidos. Tras las reformas constitucionales de 2014 los legisladores deben votar como les indica el partido o exponerse a perder sus escaños.

La Ley de Agentes Extranjeros, promulgada en octubre de 2020, dispone que todo aquel que reciba fondos de gobiernos, organizaciones o personas del exterior debe inscribirse como agente extranjero, prohibiéndole participar en actividades políticas y ocupar cargos públicos. En diciembre de 2020 el Congreso sancionó una ley por la que se prohibiría que quienes fueran designados “traidores” ocupen puestos públicos o se candidateen a ellos. Los grupos internacionales de vigilancia, como Human Rights Watch, y los opositores al gobierno en Nicaragua perciben estas nuevas normas legales como indicios de que la administración de Ortega intenta reprimir a la oposición y evitar la competencia en los comicios de 2021.

B2.      ¿La oposición tiene realmente la oportunidad de aumentar su apoyo o lograr el poder mediante elecciones? 0 / 4

Los años de represión política del régimen de Ortega, perpetrada incluso mediante sentencias judiciales politizadas y otras medidas que impidieron la participación de figuras opositoras, restringieron considerablemente la capacidad de la oposición para acceder al poder por medio de elecciones. Hay muy pocos opositores que ocupan escaños en la legislatura u otros cargos públicos. En 2018 la policía y grupos armados partidarios del gobierno emplearon fuerza letal contra opositores y manifestantes antigubernamentales que protestaban pacíficamente: miles de ellos fueron detenidos y arrestados en forma arbitraria, y miles más huyeron hacia el exilio. Si bien esa violencia generalizada no se repitió en 2019 y en 2020, ha continuado la fuerte represión de la oposición, con denuncias frecuentes de acosos, detenciones arbitrarias y actos de violencia. El gobierno se ha negado a entablar un diálogo sobre las reformas electorales o las elecciones anticipadas solicitadas por el pueblo nicaragüense.

B3.      ¿Las opciones políticas de la ciudadanía no se encuentran dominadas por fuerzas ajenas a la política o por fuerzas políticas que recurren a métodos que están más allá del ámbito político? 1 / 4

El presidente Ortega ha consolidado en su partido el control de todos los poderes del Estado, así como la mayor parte de las instituciones públicas y los medios de comunicación del país, lo que permite que él y el FSLN ejerzan una gran influencia en las opciones políticas de la ciudadanía.

Los trabajadores del sector público fueron presionados para no participar en el movimiento de protesta contra el gobierno de 2018. Cientos de profesionales de la salud fueron dimitidos de los hospitales públicos por atender a manifestantes o por su presunta participación en las protestas antigubernamentales.

La policía y los grupos armados aliados con el Estado fueron los principales autores de la violencia que se suscitó en el marco de la crisis de 2018. En 2020 siguieron atacando a quienes eran percibidos como opositores al régimen. En un informe publicado en diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó la existencia de un sistema de “puerta giratoria” relativo a las detenciones arbitrarias de corto plazo cuya intención era intimidar y perturbar a quienes se opusieran al régimen.

En noviembre de 2020 los huracanes Eta e Iota devastaron varias regiones del país. En el marco de la evaluación de los daños y de las actividades de ayuda surgieron acusaciones de que el gobierno estaba otorgando prioridad a las zonas dirigidas por sandinistas, además de obstaculizar la cobertura periodística independiente de la crisis.

B4.      ¿Los diversos segmentos de la población (étnicos, religiosos, de género, LGBT y demás grupos pertinentes) cuentan con derechos políticos y oportunidades electorales plenas? 2 / 4

Los grupos minoritarios, particularmente los habitantes indígenas de las regiones caribeña y oriental del país, no cuentan con representación suficiente en los partidos políticos; el gobierno y el FSLN generalmente hacen caso omiso de sus reivindicaciones. La población indígena y afrodescendiente se halla infrarrepresentada en la Asamblea Nacional: en 2020 había solamente un representante indígena, Brooklyn Rivera del partido Yatama, y dos representantes kriol.

La represión de 2018 fue una señal de la intolerancia de Ortega para con todo activismo que pueda percibirse como desafiante de su gobierno, incluido el realizado por indígenas y por otros segmentos de la población que procuran una ampliación de sus derechos políticos. Durante el breve debate parlamentario de la Ley de Agentes Extranjeros de 2020 Rivera expresó su preocupación de que dicha norma podía afectar desproporcionadamente a los grupos políticos infrarrepresentados.

Una nueva ley electoral municipal aprobada en 2012 prevé que la mitad de los candidatos de cada uno de los partidos que se postulen para escaños en alcaldías y consejos deben ser mujeres. Las mujeres ocupan el 45 por ciento de los escaños de la Asamblea Nacional. En la práctica la promoción exitosa de causas políticas realizada por mujeres se encuentra generalmente restringida a iniciativas respaldadas por el FSLN, el cual no ha priorizado las inquietudes normativas femeninas.

C. FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO: 3 / 12

C1.      ¿Las políticas de gobierno son determinadas por el jefe de gobierno y por los representantes legislativos nacionales elegidos libremente? 1 / 4

El FSLN domina la mayoría de las instituciones públicas. La alianza tripartita entre el gobierno, el empresariado y el sindicalismo organizado, reconocida en el artículo 98 de la Constitución, tiene una funcionalidad menor desde que el sector privado comenzó a distanciarse del gobierno tras los hechos violentos de 2018. La manipulación de las elecciones de 2016 y la expulsión de la legislatura de 16 diputados de la oposición impidieron que los representantes electos determinaran las políticas públicas.

Las reformas constitucionales de 2014 le confirieron a Ortega una amplia gama de facultades discrecionales para la elaboración de políticas. La dominación que posee el Poder Ejecutivo respecto de la muy polarizada legislatura genera una constante falta de fiscalización.

C2.      ¿Son sólidas y eficaces las protecciones en contra de la corrupción oficial? 1 / 4

Debido a que en términos generales el sistema de justicia y los demás órganos públicos se encuentran supeditados a Ortega y al FSLN, existen pocas probabilidades de que las denuncias de corrupción contra funcionarios gubernamentales sean investigadas o procesadas exhaustivamente. Son muy poco comunes las acusaciones de corrupción en contra de altos funcionarios del gobierno, en tanto que las causas por corrupción de las figuras de la oposición suelen ser criticadas por su motivación política.

La fusión que existe entre la familia Ortega, el partido Sandinista y los intereses del gobierno ha sido criticada desde hace ya tiempo debido a que genera considerables conflictos de interés y oportunidades para la corrupción. Los hijos e hijas de Ortega fueron nombrados para ocupar cargos públicos promitentes, tales como los de embajador y asesor presidencial. Varios de los hijos del presidente se encuentran entre los muchos funcionarios nicaragüenses sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunta participación en actividades de corrupción, e incluso uno de ellos fue agregado a la lista de sancionados en julio de 2020.

C3.      ¿El gobierno funciona de forma abierta y transparente? 1 / 4

En general las operaciones del gobierno y su formulación de políticas no resultan transparentes. La Ley de Acceso a la Información Pública, sancionada en 2007, exige que las entidades públicas y las empresas privadas que operan con el Estado revelen cierta información. Los órganos gubernamentales de todos los niveles generalmente hacen caso omiso de las disposiciones de dicha norma legal.

Ortega raramente celebra conferencias de prensa. El Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que controla las relaciones entre el gobierno y la prensa, está dirigido por la vicepresidente Murillo y ha sido acusado de restringir el acceso a la información.

Hay observadores independientes que alegan que el gobierno, actuando en forma intencional, ha informado una cantidad menor de casos de COVID-19 que los que realmente ocurrieron en Nicaragua. No se permitió el acceso de representantes de la Organización Panamericana de la Salud a los hospitales del país. Muchas personas cuyas muertes se atribuyeron a una “neumonía atípica” fueron sumariamente enterradas sin que se permitiera la presencia de familiares. Según informes, en los hospitales públicos no se permitía que los trabajadores de la salud usaran equipos de protección personal ni que implementaran protocolos de seguridad. Decenas de médicos y enfermeras fueron demitidos tras firmar una carta en la que se criticaba la respuesta del gobierno a la pandemia.

LIBERTADES CIVILES: 20 / 60 (−1)

D. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE CREENCIA: 7 / 16

D1.      ¿Existen medios de comunicación libres e independientes? 1 / 4

Desde la vuelta al poder de Ortega en 2007 se ha registrado un aumento en el hostigamiento político y judicial de la prensa: el gobierno participa en acciones sistemáticas dirigidas a obstruir y a desacreditar a los medios críticos. Los periodistas han sido objeto de amenazas, detenciones y agresiones físicas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de varios periodistas en razón de actos de acoso y de amenazas de muerte.

La represión de periodistas se ha agudizado desde el estallido de la actual crisis política en 2018. El Estado emitió una orden a las televisoras y a los prestadores de servicios de telefonía móvil a fin de que sus sistemas cesaran la transmisión de varios canales noticiosos independientes. Diversos medios de comunicación fueron allanados y clausurados. Varios periodistas fueron detenidos y acusados de terrorismo. A abril de 2020 noventa trabajadores mediáticos se habían exiliado. Las restricciones establecidas para la obtención de papel prensa y tinta obligaron al periódico El Nuevo Diario a cerrar sus puertas en 2019. En febrero de 2020 el gobierno levantó la limitación del papel prensa que le había impuesto al diario La Prensa, aunque en el transcurso de dicho año no liberó los bienes que en 2018 le confiscó a ciertos medios importantes, siguió aplicando la legislación penal en materia de difamación e incautando activos; los partidarios del gobierno no cesaron de acosar y atacar impunemente a los periodistas. A fines de 2020 se produjo la violenta interrupción de una conferencia de prensa del periodista Carlos Fernando Chamorro en la que hacía un llamamiento al gobierno para que devolviera el edificio que había alojado a Confidencial y a Esta Semana.

En octubre el Congreso sancionó la Ley Especial de Ciberdelitos por la que se penaliza la difusión de “noticias falsas” mediante tecnologías de comunicación, así como las notas o comentarios que dañen la reputación de funcionarios públicos y la publicación de material que “incita al odio y a la violencia, [o] pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana”. Además de criticar el texto vago de la ley, los defensores de la libertad de prensa señalaron que obstruiría el periodismo de investigación y la revelación de la corrupción al prohibir la publicación de filtraciones de información proporcionadas por fuentes provenientes del seno del gobierno. 

D2.      ¿Hay libertad para practicar y expresar en privado y en público la fe religiosa o el ateísmo? 2 / 4

Si bien en términos generales la libertad religiosa era respetada antes de la crisis de 2018, algunos dirigentes de las iglesias católica y evangélica informaron la existencia de represalias del gobierno debidas a críticas al régimen de Ortega, tales como la confiscación o demora en la entrega de donaciones y bienes importados. No obstante, desde el estallido de la crisis política las autoridades han denunciado y desacreditado a funcionarios eclesiásticos por acompañar o defender a manifestantes antigubernamentales. Turbas afines al régimen han atacado iglesias en las que se refugiaban manifestantes antigubernamentales; miembros del clero fueron objeto de amenazas y de vigilancia. Se ha informado que partidarios de Ortega se infiltraron en las parroquias para hostigar o intimidar a los feligreses durante los oficios religiosos. En 2020 Ortega acusó a obispos locales de haber participado en un complot para derrocarlo. La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) publicó un informe en el que expresaba su preocupación por la represión de católicos.

Los líderes confesionales han criticado los intentos del régimen de Ortega de cooptar las creencias religiosas con fines políticos: ha obligado a empleados públicos a asistir a festivales religiosos patrocinados por el gobierno, lo que ha hecho que deban ausentarse de eventos oficiales de la Iglesia Católica.

D3.      ¿Hay libertad académica y el sistema educativo no es objeto de adoctrinamientos políticos? 2 / 4

En términos generales antes de la crisis de 2018 se respetaba la libertad académica, aunque algunos académicos se abstenían de realizar críticas abiertas al gobierno. Desde entonces los docentes han manifestado que se les ha exigido asistir a cursos de capacitación que promueven las perspectivas del régimen y reafirman la versión del gobierno de la crisis política de 2018. Ha habido informes de que en los edificios escolares del sistema primario y secundario se exhiben materiales a favor del FSLN y se exige la participación de alumnos en mítines afines al gobierno.

D4.      ¿Hay libertad para expresar opiniones personales u otros temas sensibles sin temor de ser objeto de vigilancia o de represalias? 2 / 4

En 2020 la represión e intimidación perpetradas por fuerzas estatales y afines al gobierno contribuyeron a un clima generalizado de temor y terror que sigue coartando la libertad de expresión. Las familias de las víctimas de los actos de violencia del régimen son supervisadas y vigiladas en forma habitual. Quienes regresan del exterior han indicado que tras su viaje fueron vigilados. En 2019 la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH informó que existía preocupación por las amenazas de actos de discriminación y represalias contra los empleados estatales que manifestaran su desacuerdo con las políticas del Estado o que actuaran en contra de ellas.

En 2020 la Ley de Ciberdelitos penalizó la difusión de “noticias falsas” y se dirigió a los empleados públicos que realizaban denuncias. La norma legal le otorga al gobierno un amplio acceso a los datos de los usuarios. Además, en noviembre el Congreso realizó las dos lecturas exigidas por la normativa correspondientes a una enmienda constitucional por la que se autorizaría la cadena perpetua por delitos de odio. Dado que es frecuente que Ortega se refiera a los actos de la oposición como delitos de odio, los analistas temen que se recurra a esa ley para sancionar a los opositores políticos.

E. DERECHOS A LA ASOCIACIÓN Y A LA ORGANIZACIÓN: 2 / 12

E1.      ¿Hay libertad de reunión? 0 / 4

En 2018 la libertad de reunión se vio profundamente deteriorada debido a los no menos de 325 muertos y 2.000 heridos resultantes de la feroz represión del movimiento de protesta contra el gobierno que se inició en abril después de que las autoridades anunciaran la reforma del sistema de seguridad social. Dicho movimiento se transformó rápidamente en una corriente antigubernamental más extensa dirigida a obligar al régimen a dejar el poder. La mayoría de los abusos se atribuye a la policía nacional y a grupos aliados armados que, según un informe de agosto de 2018 de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), operan con “total impunidad”. En septiembre de ese año la policía nacional emitió un comunicado que declaraba “ilegal” toda marcha y manifestación no autorizada. Desde entonces la policía se ha negado a otorgar permisos para manifestaciones públicas, además de ocupar los espacios públicos para evitar actividades de protesta.

En 2019 y en 2020 la policía siguió bloqueando o dispersando varios intentos de manifestación. En marzo de 2019 más de 100 personas fueron detenidas por intentar una protesta en Managua, aunque finalmente se las liberó. En 2020 los intentos de reunión fueron obstruidos violentamente, como en el caso de una marcha celebrada en febrero en apoyo a presos políticos que habían sufrido golpizas a manos de la policía, de la serie de mítines por el Día Internacional de la Mujer en marzo en los que hubo bloqueos y ataques policiacos y la satírica protesta estudiantil de octubre que fue objeto de ataques perpetrados por la policía y por grupos civiles armados.

Una ley de amnistía promulgada en 2019 dispone que todo manifestante que sea liberado no puede ser parte de actos que lleven a otros “delitos” lo cual, en efecto, les impone una prohibición de participar nuevamente en protestas antigubernamentales.

E2.      ¿Hay libertad para las organizaciones no gubernamentales, en particular para las que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y en temas de gobernanza? 0 / 4

En el marco del gobierno de Ortega los grupos críticos del gobierno o los que se concentran en temas como la corrupción funcionan en un entorno cada vez más restrictivo. Entre otras medidas el régimen ha sancionado leyes de inscripción de entidades para cercenarles las fuentes de financiamiento. Desde abril de 2018 defensores de derechos humanos y dirigentes de organizaciones de la sociedad civil han sido objeto de graves acosos, así como de detenciones y expulsiones arbitrarias. A fines de 2018 se habían cancelado las inscripciones de doce ONG, en su mayoría dedicadas principalmente a cuestiones de democracia, derechos humanos o libertad de prensa.

En 2020 las organizaciones de derechos humanos indicaron estar sujetas a una vigilancia y supervisión continuas. En septiembre un grupo de ONG regionales y locales del ámbito de los derechos humanos, incluidas Amnistía Internacional y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, denunció una ola de represión a activistas que incluyó actos de agresión sexual en contra de mujeres activistas. El gobierno ha reprimido actividades de ONG y de grupos eclesiásticos dirigidas a proporcionar ayuda sanitaria a la población durante la pandemia de COVID-19.

La Ley de Agentes Extranjeros promulgada en 2020 amenaza con obstaculizar aún más las operaciones de los grupos independientes. Quienes reciben fondos provenientes del exterior y se inscriben como agentes extranjeros deben presentar informes mensuales con un detalle de todos los ingresos, así como de los gastos programados y efectivamente incurridos.

E3.      ¿Hay libertad para los sindicatos y para asociaciones profesionales o laborales similares? 2 / 4

El FSLN controla muchos de los sindicatos del país. En la práctica los derechos de los sindicatos no afines al FSLN no se encuentran plenamente garantizados. Si bien el ordenamiento jurídico consagra el derecho a la huelga, el Ministerio del Trabajo prácticamente no lo confiere. Los empleadores suelen constituir sus propios gremios para evitar reconocer las organizaciones sindicales legítimas. Hay informes que indican que se han producido despidos de empleados debido a sus actividades sindicales. El ciudadano carece de recursos efectivos cuando quienes están en el poder vulneran las leyes laborales.

F. ESTADO DE DERECHO: 3 / 16 (−1)

F1.       ¿Existe un Poder Judicial independiente? 1 / 4

El Poder Judicial sigue estando dominado por personas nombradas por el FSLN y el PLC. La Corte Suprema es un órgano sumamente politizado y controlado por jueces sandinistas.

F2.       ¿En las causas civiles y penales prima el debido proceso? 0 / 4

Desde el estallido de las protestas en abril de 2018 investigadores de las Naciones Unidas y de otras organizaciones de derechos humanos han documentado amplias vulneraciones al debido proceso. Entre ellas se encuentran las detenciones y arrestos que la policía y las fuerzas aliadas armadas partidarias del gobierno realizan de modo arbitrario y generalizado, la falta de presentación de órdenes judiciales de allanamiento o de detención, la falta de comunicación en cuanto a los derechos de los detenidos, la falta de un registro público de los detenidos y de sus paraderos, así como la mantención de la persona en un estado de incomunicación durante el etapa inicial de su detención. Durante 2020 el debido proceso continuó deteriorándose debido a la promulgación de nueva legislación represiva y a la falta de fiscalización realizada por entidades independientes.

En febrero de 2019 el gobierno anunció la liberación de los presos políticos que habían sido detenidos durante las protestas de 2018. Entre mediados de mayo y mediados de junio liberó a casi 400 personas detenidas por actividades relativas a las manifestaciones de 2018, otras 91 fueron liberadas a fines de diciembre; la mayoría debió someterse a arrestos domiciliarios mientras seguían vigentes los cargos en su contra. Quienes recuperaron la libertad fueron objeto de hostigamientos y vigilancia. Los abogados defensores de los presos políticos también indicaron haber sido acosados. La CIDH informó que a septiembre de 2020 aún se encontraban detenidos 94 presos políticos.

Una ley de amnistía de 2019 abarca los delitos cometidos en el marco de las protestas de 2018. Si bien la norma legal reconoce que quedan excluidos de la amnistía los delitos previstos en los tratados internacionales, como los crímenes de lesa humanidad, sus críticos temen que se la utilice como mecanismo para que el Estado y sus agentes no hagan frente a su responsabilidad por los abusos cometidos. La ausencia generalizada del debido proceso profundiza la preocupación de los activistas en cuanto a la aplicación de las leyes de agentes extranjeros, de ciberseguridad y de sanciones a los traidores, que fueran promulgadas en 2020, así como a la enmienda constitucional relativa a los delitos de odio, que se halla en trámite.

F3.       ¿Hay protecciones contra el uso ilegítimo de la fuerza física, así como ausencia de guerra e insurgencias? 1 / 4

La policía y las fuerzas armadas e informalmente aliadas reprimieron en forma violenta el movimiento de protestas antigubernamentales de 2018, lo que ocasionó al menos 325 muertes. En un informe de agosto de dicho año relativo a la represión del mencionado movimiento la Oficina del ACNUDH consignó en detalle graves abusos, tales como tortura física y psicológica de los detenidos, violencia sexual, confesiones forzadas y desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. En 2019 se registraron informes de decenas de activistas antigubernamentales asesinados en localidades remotas del país, presuntamente a manos de policías y paramilitares.

Las modificaciones realizadas en 2014 al código militar y a la normativa de la policía nacional le confieren al presidente facultades para desplegar al ejército por motivos de seguridad interna y para nombrar el jefe de la policía nacional, además de autorizar la intervención de las fuerzas policíacas en actividades políticas. La Ley de Seguridad Soberana de 2015 fue criticada por su militarización de los órganos civiles.

En marzo de 2020 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estimó que habían huido del país más de 100.000 nicaragüenses, más de 77.000 de ellos a Costa Rica.

Las cárceles suelen caracterizarse por el hacinamiento y la falta de higiene. A efectos de evitar la propagación de COVID-19 en el entorno carcelario en mayo de 2020 el gobierno liberó a más de 2.800 reclusos, colocándolos en situación de detención domiciliaria, aunque ese grupo no incluyó presos políticos.

F4.       ¿La legislación, normativa y prácticas garantizan un trato igualitario de los diversos sectores de la población? 1 / 4 (−1)

La Constitución y las leyes reconocen de modo nominal los derechos de las comunidades indígenas, aunque en la práctica no se los respeta. Cerca del 5 por ciento de la población es indígena y habita mayormente en la RACCN y en la RACCS. Si bien se ha conferido a los indígenas derechos y protecciones en materia territorial previstas en normas legales, el gobierno no hace cumplir dichas leyes.

En los últimos años se han registrado ataques a poblaciones indígenas e incursiones a sus tierras, que han quedado impunes. En marzo de 2020 la CIDH censuró el hecho de que Nicaragua no protegió a los indígenas de situaciones de violencia y de expulsión de sus territorios tradicionales. A diciembre de 2020 habían sido asesinados 12 integrantes de los pueblos mayangna y misquito, que se agregan a los casi 50 homicidios de estos indígenas producidos desde 2015. Las Los huracanes de noviembre de 2020 causaron grandes daños a las comunidades indígenas y quienes defienden sus derechos han advertido que pueden aumentar las incursiones de colonos a los territorios protegidos.

La población LGBT+ del país es objeto de discriminación y amenazas ocasionales.

Cambio en la calificación. La calificación se redujo de 2 a 1 debido a que el gobierno no protegió a los indígenas de las violentas apropiaciones de tierras perpetradas por los colonos.

G. AUTONOMÍA DE LA PERSONA Y DERECHOS INDIVIDUALES: 8 / 16

G1.      ¿La persona goza de libertad de circulación, incluida la capacidad de cambiar su lugar de residencia, de empleo o de educación? 2 / 4

El colapso institucional y la sangrienta ofensiva contra los disidentes que tuvieron lugar en 2018, así como la continua represión estatal a partir de ese año han generado un clima de temor y desconfianza que desalienta la libertad de circulación. En algunas de las zonas con mayoría indígena la circulación se ve restringida por una infraestructura deficiente.

G2.      ¿La persona puede ejercer su derecho de propiedad y constituir emprendimientos privados sin la interferencia indebida de actores estatales y no estatales? 2 / 4

            Si bien la normativa consagra la protección de los derechos de propiedad, en la práctica dicha protección es tenue. Es frecuente la impugnación de títulos de propiedad. Quienes tienen contactos en el FSLN suelen correr con ventaja en los litigios patrimoniales. En 2020 continuaron en la RACCS y en la RACCN los conflictos por tierras entre indígenas y colonos, lo que produjo numerosas muertes. En un informe de 2019 el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) advirtió que las comunidades misquitas del norte del país podrían estar en peligro de extinción por la invasión de sus tierras.

Personas y comunidades de la zona de construcción del proyecto del canal interoceánico han informado que fueron intimidadas por topógrafos y actores anónimos, aunque en apariencia la obra se encuentra paralizada.

G3.      ¿La persona goza de libertades personales sociales, tales como la elección de su pareja a efectos matrimoniales y el tamaño de su familia, la protección en casos de violencia doméstica y el control de su apariencia personal? 2 / 4

Los habitantes gozan de amplias libertades en cuanto a sus relaciones interpersonales y a su apariencia personal.

La violencia doméstica sigue siendo generalizada. El número de casos denunciados está muy por debajo de la realidad y pocos de ellos son procesados judicialmente. La Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres de 2012 aborda las formas de violencia física y estructural, además de reconocer que se trata de una cuestión de seguridad y salud públicas. Una de las reformas de la ley, realizada en 2013, permite la mediación entre la víctima y el acusado, a pesar de las reservas expresadas por grupos de defensa de derechos. El Código de Familia dispone protecciones para las menores embarazadas y para los adultos mayores, prevé la igualdad en las obligaciones de padres y madres y prohíbe el castigo físico de los niños. Define al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, por lo que las parejas del mismo sexo carecen del derecho de adoptar y de recibir tratamientos de fertilidad.

El aborto es ilegal y sancionable con pena de prisión, incluso si se efectúa para salvar la vida de la madre o en casos de violación o incesto. Es posible que la tipificación penal de la interrupción del embarazo lleve a la mujer a procurar abortos ilegales que pueden hacer peligrar su salud.

G4.      ¿La persona goza de igualdad de oportunidades y no es objeto de explotación económica? 2 / 4

Nicaragua es país de origen de mujeres y menores obligados a ejercer la prostitución. Los adultos y los niños son vulnerables a las prácticas de trabajos forzados, particularmente en los sectores agrícola y minero, y al servicio doméstico. En su Informe sobre la Trata de Personas de 2020 el Departamento de Estado estadounidense bajó a Nicaragua al nivel 3, debido a que aunque en 2019 el gobierno inició unas pocas investigaciones y un procesamiento judicial, en términos generales había reducido sus acciones de judicialización, protección y prevención, además de no colaborar con las ONG en la coalición de lucha contra la trata de personas.

Gran parte de la economía es informal, por lo que los trabajadores de ese sector carecen de las protecciones legales que confiere el empleo formal. El salario legal mínimo no es suficiente para cubrir el costo de los bienes de la canasta básica.