Nicaragua

Not Free
23
100
PR Political Rights 5 40
CL Civil Liberties 18 60
Last Year's Score & Status
30 100 Not Free
Global freedom statuses are calculated on a weighted scale. See the methodology.

Población:                            6 700 000

Capital:                                 Managua

Estatus:                                No libre

Democracia electoral:      No

Aspectos generales

La elección en 2006 del líder sandinista Daniel Ortega dio inicio a un periodo de deterioro democrático caracterizado por la consolidación de todos los poderes del Estado en su partido, la restricción de las libertades fundamentales y la corrupción incontrolada en el gobierno. En 2018 las fuerzas estatales, con la ayuda de grupos armados e informalmente aliados, respondieron con violencia y represión a un masivo movimiento antigubernamental. Se produjo un colapso del estado de derecho cuando el gobierno tomó medidas para sofocar dicho movimiento: según informes de observadores de derechos humanos hubo al menos 325 muertos, así como detenciones extrajudiciales, desapariciones y actos de tortura. Desde entonces, activistas opositores al gobierno han denunciado ser objeto de vigilancia y supervisión, y Ortega ha consolidado su poder con detenciones generalizadas de sus opositores políticos.

Hechos clave en 2021

  • A partir de mayo el régimen de Ortega detuvo decenas de candidatos de la oposición tanto a la presidencia como a cargos de la Asamblea Nacional, así como a críticos del gobierno. El Consejo Supremo Electoral canceló la personería jurídica de los partidos que presentaban competencia legítima para el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega (FSLN), entre los que se encontraban el Partido Restauración Democrática (PRD) y el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), además de poner fin a la candidatura de los rivales de Ortega, prohibiéndoles postularse a cargos públicos u ocuparlos en un futuro.
  • En noviembre el gobierno anunció que Ortega había sido reelecto con el 75 % de los votos. Las autoridades informaron que el FSLN había obtenido el 74 % de los votos y 75 escaños en la Asamblea Nacional. Aunque las autoridades indicaron que el número de votantes alcanzó el 65 %, según registros del observatorio ciudadano electoral local denominado Urnas Abiertas la cantidad de votantes rondó el 18,5 %. Los grupos de observadores, a quienes se prohibió el monitoreo de los comicios, declararon que debido a la ofensiva ejercida contra la oposición las elecciones no fueron ni libres ni justas.
  • Las autoridades continuaron sus campañas de represión contra periodistas independientes y medios de comunicación. En agosto las fuerzas de seguridad allanaron las instalaciones de La Prensa y detuvieron a su gerente, Juan Lorenzo Holman. Fernando Chamorro, editor y fundador de El Confidencial, huyó a Costa Rica en junio tras la detención de su hermana, quien se había presentado como candidata a la presidencia.
  • En agosto la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de quince organizaciones, muchas de las cuales apoyaban proyectos para mujeres rurales. El Colectivo de Mujeres de Matagalpa, clausurado luego de 31 años de atención a mujeres y niños, bibliotecas y casas de comunidad, declaró que las acciones del gobierno estaban destinadas a imponer “miedo y silencio” a los grupos de la sociedad civil en Nicaragua.

DERECHOS POLÍTICOS: 5 / 40 (−5)

A.    PROCESO ELECTORAL: 0 / 12 (−3)

A1.  ¿El actual jefe de Estado u otro jefe de gobierno han sido elegidos mediante elecciones libres y justas? 0 / 4 (−1)

La Constitución dispone que la elección del presidente se realice en forma directa. Las elecciones se celebran cada cinco años. Las reformas constitucionales de 2014 han eliminado los límites temporales a los mandatos y exigido que el ganador de los comicios presidenciales logre una mayoría simple. Daniel Ortega es presidente desde su regreso al poder en 2006. Su reelección en 2016 se produjo mediante un proceso electoral plagado de irregularidades y manipulado por la Corte Suprema (CSJ) y el Consejo Supremo Electoral (CSE), ambos controlados por aliados de Ortega. La esposa de Ortega, Rosario Murillo, también fue reelecta como vicepresidenta.

En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional, controlada por el FSLN, sancionó la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, también conocida como “Ley de Soberanía”, que otorga a las autoridades un marco amplio para realizar detenciones e investigaciones de modo arbitrario y prohibir las candidaturas o la ocupación de cargos públicos. A partir de mayo de 2021 el gobierno de Ortega recurrió a dicha norma para detener a decenas de candidatos de la oposición, a miembros de importantes partidos opositores y a críticos del gobierno. Entre los detenidos se encuentran reconocidos aspirantes a la presidencia y a la vicepresidencia, como Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. Esta ola de represión continuó hasta octubre. El CSE también canceló la candidatura de los rivales de Ortega y les prohibió postularse a cargos públicos o a ocuparlos en un futuro.

En noviembre de 2021 el gobierno anunció que Ortega había resultado reelecto, supuestamente con el 75 % de los votos, venciendo al candidato del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Walter Espinoza. Aunque las autoridades indicaron que el número de votantes alcanzó el 65 %, según registros del observatorio ciudadano electoral local denominado Urnas Abiertas la cantidad de votantes rondó el 18,5 %. En octubre la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló que debido a la ofensiva contra los contrincantes de Ortega la votación de noviembre no cumplió los criterios para ser considerada una elección libre y justa. Se prohibió la supervisión electoral por parte de periodistas y de observadores de la OEA y de la Unión Europea (UE). 

Cambio de calificación. La calificación se redujo de 1 a 0 debido a que la ofensiva del gobierno contra los candidatos de la oposición eliminó toda competencia creíble del proceso de elección presidencial.

A2.  ¿Los actuales representantes legislativos nacionales fueron elegidos mediante procesos electorales libres y justos? 0 / 4 (−1)

La Constitución dispone que la Asamblea Nacional es unicameral, se conforma de 92 escaños y sus miembros son elegidos por representación proporcional. En la legislatura hay dos bancas reservadas para el expresidente y para el candidato a presidente que haya resultado segundo en la elección más reciente. Las elecciones legislativas se realizan cada cinco años.

Con miras a las elecciones parlamentarias de noviembre de 2021 el gobierno de Ortega inició una ola de detenciones de los candidatos y miembros de los partidos opositores, incluidos aquellos que se postularon a cargos de legisladores de la Asamblea Nacional. El CSE canceló la personería jurídica de los rivales del FSLN, incluidos el PRD y el partido CxL. Los partidos políticos que quedaron en pie para enfrentarse al FSLN no representaban un verdadero desafío para su control de la legislatura. En noviembre el gobierno anunció que el FSLN había obtenido el 74 % de los votos, asignándosele 75 bancas en la Asamblea Nacional. No se permitió que las misiones de acompañamiento electoral observaran la votación. La OEA había rechazado la credibilidad de la elección un mes antes de su celebración, y alegó que las acciones del gobierno de Ortega habían eliminado toda posibilidad de elecciones libres y justas.

Cambio de calificación. La calificación se redujo de 1 a 0 porque la ofensiva del gobierno contra sus oponentes políticos eliminó toda oposición legítima que pudiera competir en las elecciones parlamentarias de ese año.

A3.  ¿El marco jurídico y la legislación en materia electoral son justos y los correspondientes órganos eleccionarios los aplican de manera imparcial? 0 / 4 (−1)

En términos generales el CSE y el Poder Judicial están al servicio de los intereses del FSLN y han desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de Ortega y del poder de dicho partido. En 2016 el CSE expulsó a Eduardo Montealegre de su puesto como líder del Partido Liberal Independiente y destituyó a dieciséis legisladores opositores que se manifestaron en contra de esa decisión.

Todos designados por la Asamblea Nacional, controlada por el FSLN, a principios de 2021 para integrar el nuevo comité ejecutivo del CSE tenían vínculos con Ortega y con el FSLN. Asimismo, el CSE recurrió a la Ley de Soberanía para prohibir que los candidatos de la oposición se presentaran a las elecciones de noviembre y que pudieran ocupar cargos públicos en un futuro. En mayo y agosto el CSE canceló la personería jurídica del PRD (miembro de la Coalición Nacional) y del partido CxL, respectivamente.

Cambio de calificación. La calificación se redujo de 1 a 0 porque el CSE, controlado por el gobierno, impidió que los partidos y candidatos competitivos de la oposición participaran en las elecciones del 2021.

B. PLURALISMO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA: 3 / 16 (−1)

B1.  ¿El ciudadano tiene derecho a organizarse en diferentes partidos políticos o en otras agrupaciones políticas que participan en la contienda electoral? ¿El sistema carece de obstáculos indebidos que afecten el ascenso y caída de dichos partidos y agrupaciones? 0 / 4 (−1)

Los partidos políticos enfrentan obstáculos legales y prácticos para su formación y funcionamiento. Resulta fácil que las instituciones alineadas con Ortega, incluido el CSE, coopten o inhabiliten a dirigentes de partidos políticos. Para poder ocupar cargos en el empleo público suele exigirse la membresía en el FSLN, lo cual desalienta la afiliación a otros partidos. Tras las reformas constitucionales de 2014, los legisladores deben votar como les indica el partido o exponerse a perder sus escaños.

La Ley de Agentes Extranjeros, promulgada en octubre de 2020, dispone que todo aquel que reciba fondos de gobiernos, organizaciones o personas del exterior debe inscribirse como agente extranjero, y prohíbe que estos agentes participen en actividades políticas u ocupen cargos públicos. En diciembre de 2020 la Asamblea Nacional sancionó la Ley de Soberanía que permite que las autoridades prohíban que los arbitrariamente designados “traidores” ocupen cargos públicos o se presenten como candidatos a ellos de por vida. En los meses previos a la elección de 2021 el CSE, apoyándose en las facultes otorgadas por estas dos leyes, canceló la personería jurídica de partidos opositores e impidió la postulación electoral de candidatos legítimos. Las autoridades detuvieron decenas de candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia y a la Asamblea Nacional. Asimismo, los candidatos y activistas opositores son objeto de vigilancia y acoso a manos de las fuerzas de seguridad, que incluyen a la policía y a los grupos paramilitares.

Cambio de calificación. La calificación se redujo de 1 a 0 porque el CSE canceló la personería jurídica de partidos opositores legítimos y el gobierno detuvo a decenas de candidatos de la oposición en el período previo a las elecciones del año.

B2.  ¿La oposición tiene realmente la oportunidad de aumentar su apoyo o lograr el poder mediante elecciones? 0 / 4

La oposición en Nicaragua no tiene oportunidad de aumentar su apoyo o alcanzar el poder mediante procesos electorales. Hay muy pocos opositores que ocupan escaños en la legislatura u otros cargos públicos. En 2018 la policía y grupos armados partidarios del gobierno emplearon fuerza letal contra opositores y manifestantes antigubernamentales que protestaban pacíficamente. El gobierno ha mantenido su campaña de acoso, detenciones arbitrarias y violencia contra toda persona que se le oponga. En 2021 el CSE prohibió que los candidatos de los partidos de la oposición participen de las elecciones, asegurándose así de manera efectiva que solo los partidos y candidatos amigos de Ortega le disputaran la presidencia. Los candidatos y activistas opositores fueron arrestados en masa en el período previo a los comicios de noviembre de 2021.

B3.  ¿Las opciones políticas de la ciudadanía no se encuentran dominadas por fuerzas ajenas a la política o por fuerzas políticas que recurren a métodos que están más allá del ámbito político? 1 / 4

El presidente Ortega ha consolidado en su partido el control de todos los poderes del Estado, así como la mayor parte de las instituciones públicas y los medios de comunicación del país, lo que permite que él y el FSLN ejerzan una gran influencia en las opciones políticas de la ciudadanía. Los trabajadores del sector público fueron presionados para no participar en el movimiento de protesta contra el gobierno de 2018. Cientos de profesionales de la salud fueron despedidos de los hospitales públicos por atender a manifestantes o por su presunta participación en las protestas.

La policía y los grupos armados aliados con el Estado fueron los principales autores de la violencia que se suscitó en el marco de la crisis de 2018, y han continuado atacando a quienes son percibidos como opositores al régimen. En un informe publicado en diciembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó la existencia de un sistema de “puerta giratoria” relativo a las detenciones arbitrarias de corto plazo cuya intención era intimidar y perturbar a quienes se opusieran al régimen.

En noviembre de 2020, los huracanes Eta e Iota devastaron varias regiones del país. En el marco de la evaluación de los daños y del inicio de las actividades de ayuda, surgieron acusaciones de que el gobierno estaba otorgando prioridad a las zonas dirigidas por sandinistas, además de obstaculizar la cobertura periodística independiente de la crisis.

B4.  ¿Los diversos segmentos de la población (étnicos, religiosos, de género, LGBT+ y demás grupos pertinentes) cuentan con derechos políticos y oportunidades electorales plenas? 2 / 4

Los grupos minoritarios, particularmente los habitantes indígenas de las regiones caribeña y oriental del país, no cuentan con representación suficiente en los partidos políticos e instituciones, como la Asamblea Nacional. El gobierno y el FSLN generalmente hacen caso omiso de sus reivindicaciones.

En 2021, George Henríquez quiso convertirse en el primer presidente del país de ascendencia afronicaragüense con el partido CxL, pero su candidatura fue rechazada poco antes de que se produjera la disolución del partido.

En la práctica la promoción exitosa de causas políticas realizada por mujeres se encuentra generalmente restringida a iniciativas respaldadas por el FSLN, el cual no ha priorizado las inquietudes normativas femeninas. No obstante, Nicaragua se ubicó en el quinto puesto de la clasificación global del Foro Económico Mundial por el empoderamiento político de las mujeres en su Informe Global sobre la Brecha de Género de 2021.

C. FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO: 2 / 12 (−1)

C1.  ¿Las políticas de gobierno son determinadas por el jefe de gobierno y por los representantes legislativos nacionales elegidos libremente? 0 / 4 (−1)

El FSLN domina la mayoría de las instituciones públicas y el gobierno de Ortega cooptó otros órganos de gobierno que podrían haber servido como contralor de su poder. El FSLN obtuvo mayoría absoluta de escaños en la Asamblea Nacional en las elecciones de 2021, las que no fueron ni libres ni justas. Esto le permite FSLN establecer políticas sin necesidad de alegar, en forma creíble, que representa la voluntad del pueblo.

Las reformas constitucionales de 2014 le confirieron al presidente Ortega una amplia gama de facultades discrecionales para la elaboración de políticas. La dominación que posee el Poder Ejecutivo sobre la legislatura genera una constante falta de fiscalización.

Cambio de calificación. La calificación se redujo de 1 a 0 debido a que ni el presidente ni el partido gobernante en la Asamblea Nacional fueron elegidos libremente.

C2.  ¿Son sólidas y eficaces las protecciones en contra de la corrupción oficial? 1 / 4

Aunque la corrupción en Nicaragua es generalizada, rara vez se la investiga. Dado que el sistema de justicia está dominado por Ortega, existen pocas probabilidades de que las denuncias de corrupción contra funcionarios gubernamentales sean investigadas o procesadas exhaustivamente. Si bien las autoridades suelen iniciar investigaciones de los miembros de la oposición destinadas a reducir la corrupción, dichas investigaciones tienden a formar parte de algún esquema motivado políticamente para deslegitimizar a los opositores o para detenerlos. Esa tendencia se ha profundizado con el nuevo marco legal creado por la Ley de Soberanía.

La fusión que existe entre la familia Ortega, el FSLN y los intereses del gobierno ha sido criticada desde hace ya tiempo, debido a que genera considerables conflictos de interés y oportunidades para la corrupción. Los hijos e hijas de Ortega fueron nombrados para ocupar cargos públicos promitentes, tales como los de embajador y asesor presidencial. Varios de los hijos del presidente se encuentran entre los muchos funcionarios nicaragüenses sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por presunta participación en actividades de corrupción. El gobierno estadounidense impuso sanciones a Ramón Avellán de la Policía Nacional, a Lumberto Campbell del CSE y a Roberto López del Instituto de Seguridad Social Nicaragüense, entre otros, por corrupción y otros abusos. En noviembre de 2021 el gobierno estadounidense anunció más sanciones contra los miembros de la familia Ortega y otras cien personas de la elite política y judicial del país. Asimismo, en octubre de 2021 la UE renovó sus sanciones del 2020.

La organización internacional dedicada a la lucha contra la corrupción Transparency International señaló que todos los aspectos de la respuesta del gobierno ante la pandemia por COVID-19 estuvieron salpicados por la corrupción.

C3.    ¿El gobierno funciona de forma abierta y transparente? 1 / 4

En general las operaciones del gobierno y su formulación de políticas no resultan transparentes. La Ley de Acceso a la Información Pública, sancionada en 2007, exige que las entidades públicas y las empresas privadas que operan con el Estado revelen cierta información. Los órganos gubernamentales de todos los niveles generalmente hacen caso omiso de las disposiciones de dicha norma legal.

Ortega rara vez celebra conferencias de prensa. El Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que controla las relaciones entre el gobierno y la prensa, está dirigido por la vicepresidenta Murillo y ha sido acusado de restringir el acceso a la información.

En 2020, observadores independientes alegaron que el gobierno, actuando en forma intencional, informó una cantidad menor de casos de COVID-19 que los que realmente ocurrieron en Nicaragua. No se permitió el acceso de representantes de la Organización Panamericana de la Salud a los hospitales del país. Muchas personas cuyas muertes se atribuyeron a una “neumonía atípica” fueron sumariamente enterradas sin que se permitiera la presencia de familiares. Según informes, en los hospitales públicos no se permitía que los trabajadores de la salud usaran equipos de protección personal (EPP) ni que implementaran protocolos de seguridad. Decenas de médicos y enfermeras fueron despedidos tras firmar una carta en la que se criticaba la respuesta del gobierno a la pandemia.

En 2021 se registraron actos de acoso y de amenaza contra médicos; algunos debieron exiliarse por cuestionar la respuesta del gobierno ante la pandemia. Los médicos que afirmaron que el número de casos y muertes era mucho más alto que el indicado por las cifras oficiales han sido acusados de dar “noticias falsas” y de cometer “terrorismo sanitario” por la vicepresidenta Murillo y por otros altos funcionarios del gobierno.

LIBERTADES CIVILES: 18 / 60 (−2)

D. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE CREENCIA: 5 / 16 (−2)

D1.  ¿Existen medios de comunicación libres e independientes? 0 / 4 (−1)

El régimen de Ortega ha tomado medidas duras contra los medios de comunicación y periodistas independientes. Participa en acciones sistemáticas dirigidas a obstruir y a desacreditar a los medios críticos. El gobierno, liderado por el FSLN, ha intimidado y detenido a periodistas, censurado cadenas de noticias y procurado privar a la prensa impresa de suministros esenciales, como la tinta y el papel. En 2019 estas medidas obligaron a El Nuevo Diario y a Metro a dejar de emitir sus publicaciones en papel. En 2020 la Asamblea Nacional, controlada por el FSLN, sancionó la Ley Especial de Ciberdelitos que facilita la penalización del disenso en los medios de noticias tradicionales y en las redes sociales.

En 2021 el régimen de Ortega intensificó sus acciones dirigidas a silenciar a periodistas. El gobierno del FSLN supervisó la clausura o la apropiación de veinte medios periodísticos independientes en doce departamentos regionales. Suspendió asimismo la transmisión de Confidencial Radio y Onda Local—dos programas de radio críticos del gobierno—impidiéndoles salir al aire por sus presuntos vínculos con el lavado de dinero. En agosto el gobierno incautó el papel utilizado para imprimir los periódicos La Prensa y Hoy, por lo que dichas publicaciones se vieron obligadas a interrumpir la circulación. También en agosto las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una redada en las instalaciones de La Prensa y detuvieron a su gerente, Juan Lorenzo Holman. Fernando Chamorro, editor y fundador de El Confidencial, huyó del país hacia Costa Rica en junio luego del arresto de su hermana, quien se había postulado como candidata a presidente.

En 2021 la censura del gobierno también ha alcanzado las cadenas extranjeras. Las autoridades citaron a María Lily Delgado, periodista independiente de Univision, para que declare en una causa política contra la candidata presidencial Cristiana Chamorro. Asimismo, en junio el régimen impidió que periodistas del New York Times ingresaran al país.

Cambio de calificación. La calificación se redujo de 1 a 0 debido a que el gobierno intensificó su campaña de censura y persecución dirigida a periodistas y a medios de comunicación.

D2.  ¿Hay libertad para practicar y expresar en privado y en público la fe religiosa o el ateísmo? 2 / 4

Si bien en términos generales la libertad religiosa era respetada antes de la crisis de 2018, algunos dirigentes de las Iglesias Católica y Evangélica informaron la existencia de represalias del gobierno, tales como la confiscación o demora en la entrega de donaciones y bienes importados, debido a críticas al régimen de Ortega y por dar asilo a manifestantes. No obstante, desde el estallido de la crisis política, las autoridades han denunciado y desacreditado a funcionarios eclesiásticos por acompañar o defender a manifestantes antigubernamentales. Turbas afines al régimen han atacado iglesias en las que se refugiaban manifestantes; miembros del clero fueron objeto de amenazas y de vigilancia. Se ha informado que partidarios de Ortega se infiltraron en las parroquias para hostigar o intimidar a los feligreses durante los oficios religiosos. Estos ataques continuaron en 2021. En 2020 Ortega acusó a obispos locales de haber participado en un complot para derrocarlo.

El régimen de Ortega se ha dirigido a los pastores evangélicos en busca de apoyo, aprovechando las tensiones existentes entre éstos y los dirigentes católicos. Hay informes que indican que Ortega recompensó a ministros leales con escrituras de valiosas propiedades. Los ministros favorables al gobierno han tenido un papel fundamental en la cancelación del PRD, partido liderado por el ministro evangélico Saturnino Cerrato.

D3.  ¿Hay libertad académica y el sistema educativo no es objeto de adoctrinamientos políticos? 2 / 4

Antes de la crisis de 2018, si bien en términos generales se respetaba la libertad académica, algunos académicos se abstenían de realizar críticas abiertas al gobierno. Desde entonces los docentes han manifestado que se les ha exigido asistir a cursos de capacitación que promueven las perspectivas del régimen y reafirman la versión del gobierno de la crisis política de 2018. Han sufrido hostigamiento por parte de las autoridades y grupos defensores del régimen y deben respetar pautas estrictas establecidas por el Ministerio de Educación. Hay informes que indican que en los edificios escolares del sistema de educación pública primaria y secundaria se exhiben materiales a favor del FSLN y se exige la participación de alumnos en mítines afines al gobierno.

Los estudiantes universitarios al frente del movimiento que exige que Ortega y Murillo renuncien al poder han sufrido represión extrema. La policía y los grupos paramilitares atacaron y mataron a estudiantes que participaban de las protestas de 2018; en 2021 continuaban su acoso y detención de estudiantes. Los integrantes del cuerpo docente que tienen vínculos con los manifestantes o con la oposición son objeto de intimidación y represalias, e incluso pueden perder sus puestos de trabajo.

D4.  ¿Hay libertad para expresar opiniones personales u otros temas sensibles sin temor de ser objeto de vigilancia o de represalias? 1 / 4 (−1)

Una campaña de represión e intimidación perpetrada por fuerzas estatales y afines al gobierno continúa generando un clima generalizado de temor y terror que coarta la libertad de expresión en Nicaragua. Es de rutina que las fuerzas estatales y afines al gobierno vigilen las actividades de los que se oponen al gobierno. Las familias de las víctimas de los actos de violencia del régimen y quienes regresan del exterior también son objeto de supervisión y vigilancia habitual. En 2019 la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH informó que se produjeron amenazas de actos de discriminación y represalias contra los empleados estatales que manifestaran su desacuerdo con las políticas del Estado o que actuaran en contra de ellas.

En 2020 la Ley Especial de Ciberdelitos penalizó la difusión de “noticias falsas” y se dirigió a los empleados públicos que realizaban denuncias. La norma legal le otorga al gobierno un amplio acceso a los datos de los usuarios. Además, en enero de 2021, la Asamblea Nacional modificó la Constitución para autorizar la cadena perpetua por delitos de odio. Dado que es frecuente que Ortega se refiera a los actos de la oposición como delitos de odio, los analistas temen que se recurra a esa ley para sancionar a los opositores políticos.

En 2021 el gobierno de Ortega recurrió en reiteradas ocasiones a la Ley de Soberanía y a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros como fundamento de su ofensiva contra la oposición política. El número de presos políticos detenidos por su crítica al gobierno y su discurso político libre y legítimo aumentó drásticamente según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

Cambio de calificación. La calificación se redujo de 2 a 1 debido a que el gobierno intensificó la vigilancia, el acoso, y las detenciones contra ciudadanos comunes para silenciar su disidencia política.

E. DERECHOS A LA ASOCIACIÓN Y A LA ORGANIZACIÓN: 2 / 12

E1.  ¿Hay libertad de reunión? 0 / 4

La libertad de reunión se ha visto profundamente deteriorada desde las protestas de 2018, en las que al menos 325 personas murieron a causa de la feroz represión del movimiento de protesta contra el gobierno que se produjo ese año motivado por las reformas del sistema de seguridad social introducidas por las autoridades. Dicho movimiento se transformó rápidamente en una corriente antigubernamental más extensa dirigida a obligar al régimen de Ortega a dejar el poder. La mayoría de los abusos se atribuyeron a la policía nacional y a grupos aliados armados que, según un informe de 2018 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), operaban con “total impunidad”.

Las fuertes restricciones al derecho de reunión han continuado durante 2020 y 2021. En 2020 los intentos de reunión fueron obstruidos violentamente. Asimismo, la policía suele negar los permisos para la realización de marchas públicas y la ocupación de espacios públicos a fin de impedir las protestas.

En septiembre de 2021 el Consejo Supremo Electoral, dirigido por el FSLN, prohibió las concentraciones presenciales de más de doscientas personas con fines de campaña, supuestamente para evitar la propagación del COVID-19. Sin embargo, en julio el presidente Ortega celebró mítines a favor del gobierno en el marco del cuadragésimo segundo aniversario de la Revolución Sandinista y por el bicentenario del país en septiembre.

E2.  ¿Hay libertad para las organizaciones no gubernamentales, en particular para las que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y en temas de gobernanza? 0 / 4

En el contexto del régimen de Ortega los grupos críticos del gobierno o los que se concentran en temas como la corrupción funcionan en un entorno cada vez más restrictivo. Entre otras medidas, ha sancionado leyes de inscripción de entidades para cercenarles las fuentes de financiamiento.

Las autoridades se han dirigido a las organizaciones no gubernamentales (ONG), acusándolas de socavar el régimen o de actuar como agentes extranjeros. Grupos de derechos humanos han denunciado un control y vigilancia constantes. En septiembre de 2020 un grupo de ONG locales e internacionales defensoras de los derechos humanos denunció una ola de represión contra activistas, que incluyó agresiones sexuales a las mujeres que participaron de las protestas. El gobierno también ha reprimido acciones de distintas ONG y grupos religiosos que brindaban asistencia en salud pública a manifestantes y en respuesta a la pandemia por el COVID-19.

En agosto de 2021 la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de quince organizaciones, incluidas varias que apoyaban proyectos de desarrollo para las mujeres rurales. Muchas de las organizaciones clausuradas llevaban muchos años brindando ayuda a las comunidades de Nicaragua. El Colectivo de Mujeres de Matagalpa—clausurado luego proporcionar asistencia a mujeres y niños, bibliotecas y casas de comunidad durante más de 31 años—declaró que las acciones del gobierno estaban destinadas a generar “miedo y silencio” entre los grupos de ayuda del país. Desde 2018 el gobierno ha clausurado 55 organizaciones nacionales e internacionales.

La Ley de Agentes Extranjeros, promulgada en 2020, obstaculiza aún más las operaciones de los grupos independientes. Quienes reciben fondos provenientes del exterior y se inscriben como agentes extranjeros deben presentar informes mensuales con un detalle de todos los ingresos, así como de los gastos programados y efectivamente incurridos.

E3.  ¿Hay libertad para los sindicatos y para asociaciones profesionales o laborales similares? 2 / 4

El FSLN controla muchos de los sindicatos del país. En la práctica los derechos de los sindicatos no afines al FSLN no se encuentran plenamente garantizados. Si bien el ordenamiento jurídico consagra el derecho a la huelga, el Ministerio del Trabajo prácticamente no lo confiere. Los empleadores suelen constituir sus propios gremios para evitar reconocer las organizaciones sindicales legítimas. Hay informes que indican que se han producido despidos de empleados debido a sus actividades sindicales. El ciudadano carece de recursos efectivos cuando quienes están en el poder vulneran las leyes laborales.

A principios de 2021, los sindicatos leales al régimen de Ortega cambiaron su postura respecto de los ajustes salariales, un golpe que afecta la fortaleza de los sindicatos organizados. En enero la Central Sandinista de Trabajadores, que representa a los principales sindicatos del sector público y que mantiene fuertes vínculos con el FSLN, expresó su respaldo a un aumento salarial del 5 %. Sin embargo, poco tiempo después la Central faltó a su palabra y apoyó el aumento del 3 % propuesto por el gobierno y por sus aliados del sector privado. Es más, los sindicatos controlados por el FSLN criticaron lo que consideraron una intervención extranjera de Estados Unidos y la UE en los asuntos internos de Nicaragua. Estos sindicatos respaldaron la campaña de Ortega para la reelección.

F. ESTADO DE DERECHO: 3 / 16

F1.   ¿Existe un Poder Judicial independiente? 1 / 4

Nicaragua no cuenta con un Poder Judicial independiente. El Poder Ejecutivo ejerce gran influencia en la designación de jueces, quienes son designados según su lealtad al partido gobernante. Los analistas locales estiman que más del 70 % de los jueces del país mantienen vínculos con el FSLN. En el período previo a las elecciones de 2021, el Poder Judicial desempeñó un papel fundamental al ordenar la detención de los miembros de la oposición y ratificar la cancelación de la personería jurídica de los partidos opositores, como ordenó el CSE. Distintos gobiernos extranjeros sancionaron a los integrantes del Poder Judicial, incluidos a los de la Corte Suprema, por el menoscabo a la democracia y por los graves abusos a los derechos humanos.

F2.   ¿En las causas civiles y penales prima el debido proceso? 0 / 4

Desde el estallido de las protestas en abril de 2018, investigadores de las Naciones Unidas y de otras organizaciones de derechos humanos han documentado amplias vulneraciones al debido proceso. Entre ellas se encuentran las detenciones y arrestos que la policía y las fuerzas aliadas armadas partidarias del gobierno realizan de modo arbitrario, generalizado y por motivos políticos, la falta de presentación de órdenes judiciales de allanamiento o de detención, la falta de comunicación en cuanto a los derechos de los detenidos, la falta de un registro público de los detenidos y de sus paraderos, así como la mantención de la persona en un estado de incomunicación durante el etapa inicial de su detención. El derecho al debido proceso continuó deteriorándose con la promulgación de nueva legislación represiva en 2020.

En febrero de 2019 el gobierno anunció la liberación de los presos políticos que habían sido detenidos durante las protestas de 2018. Entre mayo y junio liberó a casi 400 personas y otras 91 fueron liberadas a fines de diciembre; la mayoría debió someterse a arrestos domiciliarios mientras seguían vigentes los cargos en su contra. Quienes recuperaron la libertad fueron objeto de hostigamientos y vigilancia. Los abogados defensores de los presos políticos también indicaron haber sido acosados. En diciembre de 2021 el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas registró 160 presos políticos que aún se encontraban detenidos.

F3.   ¿Hay protecciones contra el uso ilegítimo de la fuerza física, así como ausencia de guerra e insurgencias? 1 / 4

La policía y las fuerzas armadas e informalmente aliadas reprimieron en forma violenta el movimiento de protestas antigubernamentales de 2018, así como otras manifestaciones celebradas desde entonces. Informes de la Oficina del ACNUDH en 2018 y denuncias de familiares de los presos políticos en 2021 han consignado en detalle graves abusos de los detenidos, tales como tortura física y psicológica, violencia sexual, confesiones forzadas, desapariciones, un deterioro considerable de las condiciones carcelarias y ejecuciones extrajudiciales. En 2019 se registraron informes de decenas de activistas antigubernamentales asesinados en localidades remotas del país, presuntamente a manos de policías y grupos paramilitares.

En abril de 2021 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estimó que desde 2018 más de 108 000 nicaragüenses huyeron del país debido a la violencia, y dos tercios de ellos solicitaron asilo en Costa Rica.

A fin de evitar la propagación del COVID-19 dentro de las cárceles, en mayo de 2020 el gobierno colocó a más de 2 800 presos en situación de detención domiciliaria, aunque los encarcelados por motivos políticos no fueron parte de ese grupo.

F4.   ¿La legislación, normativa y prácticas garantizan un trato igualitario de los diversos sectores de la población? 1 / 4

La Constitución y las leyes reconocen de modo nominal los derechos de las comunidades indígenas, aunque en la práctica no se los respeta. Cerca del 5 % de la población es indígena y habita mayormente en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS). Si bien se han conferido a los indígenas derechos y protecciones en materia territorial en las normas legales, el gobierno no hace cumplir dichas leyes.

En los últimos años, se han registrado ataques a poblaciones indígenas e incursiones a sus tierras que han quedado impunes. El Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas y la Fundación del Río informaron que en agosto de 2021 ciertos colonos asesinaron a doce indígenas miskitos y mayangnas y torturaron a otros tantos en la Reserva de Bosawás, área protegida en la que, según se ha denunciado, se realizan actividades ilegales de minería y explotación forestal. En octubre otro indígena mayangna fue asesinado, y otros tres han desaparecido luego de que agresores, probablemente colonos, les dispararan.

La población LGBT+ sufre amenazas y discriminación y muchos, en especial los nicaragüenses transgénero, se han visto obligados al exilio.

G. AUTONOMÍA DE LA PERSONA Y DERECHOS INDIVIDUALES: 8 / 16

G1.  ¿La persona goza de libertad de circulación, incluida la capacidad de cambiar su lugar de residencia, de empleo o de educación? 2 / 4

El colapso institucional y la sangrienta ofensiva dirigida a los disidentes que tuvieron lugar en 2018, así como las duras medidas contra la oposición política en 2021 y la constante vigilancia y hostigamiento a manos de la policía y de los grupos paramilitares han generado un clima de temor y desconfianza que desalienta la libertad de circulación. En algunas de las zonas de mayoría indígena la circulación se ve restringida porque la infraestructura es deficiente.

Hacia fines de 2020 los huracanes Eta e Iota azotaron la costa caribeña del noreste del país y ocasionaron grandes daños que limitaron la libre circulación. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostuvo que como consecuencia de los huracanes perecieron al menos 21 personas y otras 160 000 resultaron desplazadas.

G2.  ¿La persona puede ejercer su derecho de propiedad y constituir emprendimientos privados sin la interferencia indebida de actores estatales y no estatales? 2 / 4

Si bien la normativa consagra la protección de los derechos de propiedad, en la práctica dicha protección es tenue. Es frecuente la impugnación de títulos de propiedad. Quienes tienen contactos en el FSLN suelen correr con ventaja en los litigios patrimoniales. En 2021, continuaron en la RACCS y en la RACCN los conflictos por tierras entre indígenas y colonos, lo que produjo numerosas muertes. En un informe de 2019, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) advirtió que las comunidades misquitas del norte del país podrían estar en peligro de extinción por la invasión de sus tierras.

G3.  ¿La persona goza de libertades personales sociales, tales como la elección de su pareja a efectos matrimoniales y el tamaño de su familia, la protección en casos de violencia doméstica y el control de su apariencia personal? 2 / 4

La violencia por motivos de género ha aumentado en los últimos años. La Red de Mujeres contra la Violencia denunció que los índices crecientes de femicidios indican que se han niveles casi epidémicos. Según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, entre 2010 y 2020 se produjeron 716 homicidios de mujeres. La legislación promulgada a fin de dar respuesta a la violencia de género, es decir la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres de 2012 y sus posteriores modificaciones, ha tenido resultados escasos, y permite la mediación entre el autor del hecho violento y la víctima de violencia sexual, a pesar de la preocupación expresada al respecto por los grupos de defensoría de derechos. En enero de 2021 la Asamblea Nacional aumentó la pena por femicidio de treinta años a cadena perpetua.

El aborto es ilegal y sancionable con pena de prisión, incluso si se efectúa para salvar la vida de la madre o en casos de violación o incesto. Los profesionales médicos que efectúan abortos y las mujeres que se los realizan son pasibles de condenas de ocho años de prisión.

G4.  ¿La persona goza de igualdad de oportunidades y no es objeto de explotación económica? 2 / 4

Nicaragua es país de origen de mujeres y menores obligados a ejercer la prostitución. Los adultos y los niños son vulnerables a las prácticas de trabajos forzados, particularmente en los sectores agrícola y minero, y al servicio doméstico. El Informe sobre Trata de Personas 2021 del Departamento de Estado de los Estados Unidos ubicó a Nicaragua en la Categoría 3 debido a su falta de cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas (TVPA, en inglés) y a la ausencia de acciones para dar una respuesta a la situación. El informe también advierte que los afronicaragüenses y los indígenas son particularmente susceptibles a la explotación

On Nicaragua

See all data, scores & information on this country or territory.

See More
  • Global Freedom Score

    23 100 not free
  • Internet Freedom Score

    48 100 partly free