Nicaragua

Not Free
31
100
PR Political Rights 10 40
CL Civil Liberties 21 60
Last Year's Score & Status
32 100 Not Free
Global freedom statuses are calculated on a weighted scale. See the methodology.

Población:                              6.500.000

Capital:                                  Managua

Condición de libertad:         No libre

Democracia electoral:          No

 

Aspectos Generales

La elección en 2006 del líder sandinista Daniel Ortega dio inicio a un periodo de deterioro democrático caracterizado por la consolidación de todos los poderes del Estado en su partido, la restricción de las libertades fundamentales y la corrupción incontrolada en el gobierno.  En 2018 las fuerzas estatales, con la ayuda de grupos armados e informalmente aliados, respondieron con violencia y represión a un masivo movimiento antigubernamental. Se produjo un colapso del estado de derecho cuando el gobierno tomó medidas para sofocar dicho movimiento: según informes de observadores de derechos humanos hubo al menos 325 muertos, así como detenciones extrajudiciales, desapariciones y actos de tortura. La crisis continuó en 2019 con más detenciones y arrestos arbitrarios; quienes eran percibidos como opositores del gobierno indicaron ser objeto de vigilancia y supervisión.

Hechos clave en 2019

  • En mayo, tras la muerte de un preso político que se encontraba bajo la custodia del Estado, el grupo de oposición “Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia” suspendió su participación en un diálogo con el gobierno dirigido a la negociación de una solución a la crisis política del país. El gobierno puso formalmente fin al diálogo en agosto.
  • Entre marzo y junio las autoridades liberaron a casi 400 presos políticos que habían sido detenidos durante las manifestaciones de 2018, aunque muchos de ellos debieron someterse a arresto domiciliario. Sin perjuicio de ello continuaron las detenciones arbitrarias, lo que hizo que en noviembre la Oficina de Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresara su condena de la “persistente represión del disenso y el patrón sistemático de detenciones arbitrarias”.
  • En junio el gobierno promulgó una ley de amnistía de los delitos cometidos en el marco de las manifestaciones antigubernamentales de 2018. Críticos de esa norma legal expresaron su preocupación debido a que tiene el efecto de proteger a las autoridades estatales de enjuiciamientos por ejecuciones extrajudiciales y demás abusos, además de prohibir que los detenidos en las manifestaciones participen en futuras protestas.
  • El Estado continúa hostigando y reprimiendo a los medios. En septiembre El Nuevo Diario, uno de los periódicos más antiguos del país, anunció que se había visto obligado a cerrar sus puertas debido a que las autoridades le impedían obtener papel prensa y tinta.

 

Derechos Políticos: 10 / 40

A. Proceso Electoral: 3 / 12

A1. ¿El actual jefe de Estado u otro jefe de gobierno han sido elegidos mediante elecciones libres y justas?

1 / 4

La Constitución dispone que la elección del presidente se realizará en forma directa. Las elecciones se celebran cada cinco años. Las reformas constitucionales de 2014 han eliminado los límites temporales a los mandatos y exigido que el ganador de los comicios presidenciales logre una mayoría simple.

Daniel Ortega fue reelecto en 2016 con más del 72 por ciento de los votos en el marco de un proceso electoral sumamente irregular precedido por una sentencia de la Corte Suprema que le quitó a Eduardo Montealegre, el principal candidato de la oposición, el control de su Partido Liberal Independiente (PLI), despojándolo así del mecanismo político para su candidatura presidencial. Dicha sentencia paralizó al PLI: Maximino Rodríguez, del Partido Liberal Constitucional (PLC), el contrincante que se le acercaba más a Ortega, obtuvo solamente el 15 por ciento de los votos, en tanto que ninguno de los otros candidatos logró llegar al 5 por ciento. Rosario Murillo, la esposa de Ortega, se postuló como candidata a vicepresidente.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ganó en 135 de las 153 alcaldías disputadas en las elecciones municipales de 2017. Hubo informes antes de la votación que indicaban que el FSLN había hecho caso omiso a las encuestas primarias locales para colocar en el proceso eleccionario a sus candidatos preferidos. Según el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH), siete personas perdieron la vida en enfrentamientos postelectorales entre el gobierno y partidarios de la oposición.

A2. ¿Los actuales representantes legislativos nacionales fueron elegidos mediante procesos electorales libres y justos?

1 / 4

La Constitución prevé una Asamblea Nacional unicameral compuesta por 92 miembros. Se reservan dos escaños en la legislatura para el presidente anterior y para quien haya salido segundo en las últimas elecciones presidenciales. Las elecciones legislativas se realizan cada cinco años.

En las elecciones legislativas de 2016 el FSLN de Ortega aumentó su mayoría en la Asamblea Nacional al conseguir 70 escaños, seguido por el PLC que obtuvo 13. El PLI logró solamente dos escaños, a diferencia de los 26 que había ganado en las elecciones de 2011. Ortega se rehusó a autorizar la presencia de misiones internacionales de observación electoral. Montealegre fue expulsado del PLI unos meses antes de las elecciones, lo cual perjudicó gravemente la competitividad del partido.

En Nicaragua la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) cuentan con consejos regionales para los que se celebraron elecciones en marzo de 2019. El FSLN obtuvo la mayoría de los votos en ambas regiones. El único grupo independiente de observación electoral informó que se registraron diversas irregularidades, como la participación de votantes de zonas no habilitadas para los comicios, bajos números de votantes y una considerable presencia militar en varias municipalidades durante la votación.

A3. ¿El marco jurídico y la legislación en materia electoral son justos y los correspondientes órganos eleccionarios los aplican de manera imparcial?

1 / 4

En términos generales el Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Poder Judicial están al servicio de los intereses del FSLN. En 2016 el CSE destituyó de la Asamblea Nacional a 16 legisladores opositores debido a que se negaron a reconocer la sentencia de la Corte Suprema por la que se expulsó a Montealegre del PLI. Más tarde ese mismo año el CSE homologó la reelección de Ortega, lograda tras un proceso electoral plagado de irregularidades.

En noviembre de 2019 Estados Unidos sancionó a Lumberto Campbell, presidente interino del CSE, debido al papel que desempeñó dicha institución en las “tácticas antidemocráticas para garantizar que el presidente Ortega y sus aliados ganen las elecciones, incluido el pedido a los empleados del gobierno de votar por Ortega y otros candidatos del FSLN”. En 2017 Roberto Rivas, presidente del CSE, fue sancionado por Estados Unidos dado que, entre otros delitos, presuntamente había “cometido fraude electoral en menoscabo de las instituciones electorales nicaragüenses”. Rivas renunció en mayo de 2018.

B. Pluralismo Y Participación Política: 4 / 16

B1. ¿El ciudadano tiene derecho a organizarse en diferentes partidos políticos o en otras agrupaciones políticas que participan en la contienda electoral? ¿El sistema carece de obstáculos indebidos que afecten el ascenso y caída de dichos partidos y agrupaciones?

1 / 4

Los partidos políticos enfrentan obstáculos legales y prácticos para su formación y funcionamiento. Resulta fácil que las instituciones alineadas con Ortega coopten o inhabiliten a dirigentes de partidos políticos. Para poder ocupar cargos en el empleo público suele exigirse la membresía en el FSLN, lo cual desalienta la afiliación a otros partidos. Tras las reformas constitucionales de 2014 los legisladores deben votar como les indica el partido o exponerse a perder sus escaños.

B2. ¿La oposición tiene realmente la oportunidad de aumentar su apoyo o lograr el poder mediante elecciones?

0 / 4

Los años de represión política del régimen de Ortega, perpetrada incluso mediante sentencias judiciales politizadas y otras medidas que impidieron la participación de figuras opositoras, restringieron considerablemente la capacidad de la oposición para acceder al poder por medio de elecciones. Hay muy pocos opositores que ocupan escaños en la legislatura y cargos públicos. En 2018 la policía y grupos armados partidarios del gobierno emplearon fuerza letal contra opositores y manifestantes antigubernamentales que protestaban pacíficamente: miles de ellos fueron detenidos y arrestados en forma arbitraria. Si bien esa violencia generalizada no se repitió en 2019, principalmente porque las movilizaciones han sido prohibidas para cualquier grupo opositor, ha continuado el acoso, la intimidación y la fuerte represión de la oposición. El gobierno se ha negado al diálogo sobre reformas electorales o elecciones anticipadas solicitadas por el pueblo nicaragüense.

B3. ¿Las opciones políticas de la ciudadanía no se encuentran dominadas por fuerzas ajenas a la política o por fuerzas políticas que recurren a métodos que están más allá del ámbito político?

1 / 4

El presidente Ortega ha consolidado a su familia en el control del partido y, en su partido el control de todos los poderes del Estado, así como la mayor parte de las instituciones públicas y los medios de comunicación del país, lo que permite que él, su familia y el FSLN ejerzan una gran influencia en las opciones políticas de la ciudadanía.

Los trabajadores del sector público fueron presionados para no participar en el movimiento de protesta contra el gobierno de 2018. Cientos de profesionales de la salud fueron dimitidos de los hospitales públicos por atender a manifestantes o por su presunta participación en las protestas antigubernamentales.

B4. ¿Los diversos segmentos de la población (étnicos, religiosos, de género, LGBT y demás grupos pertinentes) cuentan con derechos políticos y oportunidades electorales plenas?

2 / 4

Los grupos minoritarios, particularmente los habitantes indígenas de las regiones caribeña y oriental del país, no cuentan con representación suficiente en los partidos políticos; el gobierno y el FSLN generalmente hacen caso omiso a sus reivindicaciones. La represión de 2018 fue una señal de la intolerancia de Ortega para con todo activismo que pueda percibirse como desafiante de su gobierno, incluido el realizado por indígenas y por otros segmentos de la población que procuran una ampliación de sus derechos políticos.

Una nueva ley electoral municipal aprobada en 2012 prevé que la mitad de los candidatos de cada uno de los partidos que se postulen para escaños en alcaldías y consejos deben ser mujeres. Las mujeres ocupan el 45 por ciento de los escaños de la Asamblea Nacional. En la práctica la promoción exitosa de causas políticas realizada por mujeres se encuentra generalmente restringida a las iniciativas que provienen del FSLN, el cual no ha priorizado las inquietudes normativas femeninas.

C. Funcionamiento Del Gobierno: 3 / 12

C1. ¿Las políticas de gobierno son determinadas por el jefe de gobierno y por los representantes legislativos nacionales elegidos libremente?

1 / 4

El FSLN domina la mayoría de las instituciones públicas. La alianza tripartita entre el gobierno, el empresariado y el sindicalismo organizado, reconocida en el artículo 98 de la Constitución, perdió vigencia desde que el sector privado comenzó a distanciarse del gobierno tras los hechos violentos de 2018. La manipulación de las elecciones de 2016 y la expulsión de la legislatura de 16 diputados de la oposición impidieron que los representantes electos determinaran las políticas públicas.

Las reformas constitucionales de 2014 le confirieron a Ortega una amplia gama de facultades discrecionales para establecer las políticas.

C2. ¿Son sólidas y eficaces las protecciones en contra de la corrupción oficial?

1 / 4

Debido a que en términos generales el sistema de justicia y los demás órganos públicos se encuentran supeditados a Ortega y al FSLN, existen pocas probabilidades de que las denuncias de corrupción contra funcionarios gubernamentales sean investigadas o procesadas exhaustivamente. Son muy poco comunes las acusaciones de corrupción en contra de altos funcionarios del gobierno, en tanto que las causas por corrupción de las figuras de la oposición suelen ser criticadas por su motivación política.

Los hijos e hijas de Ortega fueron nombrados para ocupar cargos públicos promitentes, tales como los de embajador y asesor presidencial.

C3. ¿El gobierno funciona de forma abierta y transparente?

1 / 4

En general las operaciones del gobierno y su formulación de políticas no resultan transparentes. La Ley de Acceso a la Información Pública, sancionada en 2017, exige que las entidades públicas y las empresas privadas que operan con el Estado revelen  cierta información. Los órganos gubernamentales de todos los niveles generalmente hacen caso omiso de las disposiciones de dicha norma legal.

Ortega celebra muy pocas conferencias de prensa. El Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que controla las relaciones entre el gobierno y la prensa, está dirigido por el vicepresidente Murillo y ha sido acusado de restringir el acceso a la información.

En septiembre de 2019 el gobierno impidió el ingreso al país de los integrantes de una delegación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargada de realizar actividades diplomáticas de alto nivel a fin de procurar “una solución pacífica y eficaz para la crisis política y social de Nicaragua”.

LIBERTADES CIVILES: 21 / 60 (−1)

D. Libertad DE Expresión Y DE Creencia: 7 / 16 (−1)

D1. ¿Existen medios de comunicación libres e independientes?

1 / 4  

Desde la vuelta al poder de Ortega en 2007 se ha registrado un aumento  en el hostigamiento político y judicial de la prensa: el gobierno participa en acciones sistemáticas dirigidas a obstruir y a desacreditar a la prensa crítica. Los periodistas que cubren la crisis política han sido objeto de amenazas, detenciones y agresiones físicas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de varios periodistas en razón de actos de acoso y de amenazas de muerte.

La represión de periodistas se ha agudizado desde el estallido de la actual crisis política en 2018. El aumento del movimiento de protesta antigubernamental durante ese año hizo que el gobierno emitiera una orden a las televisoras y a los prestadores de servicios de telefonía móvil a fin de que sus sistemas cesaran la transmisión de varios canales noticiosos independientes. Diversos medios de comunicación fueron allanados y clausurados. En diciembre de 2018 efectivos policiales allanaron las instalaciones y confiscaron los equipos de la plataforma digital Confidencial y del programa televisivo Esta Semana, además de cerrar las puertas del canal noticioso 100% Noticias. En septiembre de 2019 anunció que no devolvería 100% Noticias a sus propietarios hasta concluir las investigaciones de Miguel Mora, director del canal, y de Lucía Pineda, la directora de noticias. Ambos fueron acusados de terrorismo y detenidos en 2018, aunque fueron liberados en junio del año siguiente.

En septiembre de 2019 el periódico El Nuevo Diario anunció su cierre tras casi 40 años de operaciones. Su director manifestó que el gobierno les impedía obtener papel prensa y tinta, problema que también persiste en el caso del periódico La Prensa, si bien aún permanecía en operaciones al final del año. En enero de 2019 el prominente periodista Carlos Fernando Chamorro comunicó que había tenido que exiliarse debido a amenazas de muerte.

D2. ¿Hay libertad para practicar y expresar en privado y en público la fe religiosa o el ateísmo?

2 / 4 (−1)

Si bien en términos generales la libertad religiosa era respetada antes de la crisis de 2018, algunos dirigentes de las iglesias católica y evangélica informaron la existencia de represalias del gobierno debidas a críticas al régimen de Ortega, tales como la confiscación o demora en la entrega de donaciones y de bienes importados. No obstante, desde el inicio de la crisis en dicho año, las autoridades han denunciado y desacreditado a funcionarios eclesiásticos por acompañar o defender a manifestantes antigubernamentales. Turbas afines al régimen han atacado iglesias en las que se refugiaban manifestantes antigubernamentales; miembros del clero fueron objeto de amenazas y de vigilancia. Se ha informado que partidarios de Ortega se infiltraron en las parroquias para hostigar o intimidar a los feligreses durante los oficios religiosos. En abril de 2019 Silvio José Báez, el obispo auxiliar de Managua que había sido crítico de Ortega, recibió órdenes de regresar al Vaticano tras haber recibido numerosas amenazas de muerte.

Los líderes confesionales han criticado los intentos del régimen de Ortega de cooptar las creencias religiosas con fines políticos: ha obligado a empleados públicos a asistir a festivales religiosos patrocinados por el gobierno, lo que ha hecho que deban ausentarse de eventos oficiales de la Iglesia Católica.

Cambio en la calificación. La calificación se redujo de 3 a 2 debido al aumento del acoso estatal de clérigos y feligreses.

D3. ¿Hay libertad académica y el sistema educativo no es objeto de adoctrinamientos políticos?

2 / 4

En términos generales antes de la crisis de 2018 se respetaba la libertad académica, aunque algunos académicos se abstenían de realizar críticas abiertas al gobierno. Desde entonces los docentes han manifestado que se les ha exigido asistir a cursos de capacitación que promueven las perspectivas del régimen y reafirman la versión del gobierno de la crisis política de 2018. Ha habido informes de que en las escuelas del sistema primario y secundario se exhiben materiales a favor del FSLN y se exige la participación de alumnos en mítines afines al gobierno.

D4. ¿Hay libertad para expresar opiniones personales u otros temas sensibles sin temor de ser objeto de vigilancia o de represalias?

2 / 4

En 2019 la represión e intimidación perpetradas por fuerzas estatales y afines al gobierno contribuyeron a un clima generalizado de temor y terror que sigue coartando la libertad de expresión. Las familias de las víctimas de los actos de violencia del régimen son supervisadas, vigiladas y acosadas en forma habitual. En 2019 la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH informó que existía preocupación por las amenazas de actos de discriminación y represalias contra los empleados estatales que manifestaran su desacuerdo con las políticas del Estado o que actuaran en contra de ellas.

El acceso a internet continúa sin restricciones. Muchos expresan sus opiniones libremente en las redes sociales.

E. Derechos a La Asociación Y a La Organización: 2 / 12

E1. ¿Hay libertad de reunión?

0 / 4

En 2018 la libertad de reunión se vio profundamente deteriorada debido a los no menos de 325 muertos y 2.000 heridos resultantes de la feroz represión del movimiento de protesta contra el gobierno que se inició en abril después de que las autoridades anunciaran la reforma del sistema de seguridad social. Dicho movimiento se transformó rápidamente en una corriente antigubernamental más extensa dirigida a sacar al régimen del poder. La mayoría de los abusos se atribuyen a la policía nacional y a grupos aliados armados que, según un informe de 2018 de la Oficina de la ACNUDH, operan con “total impunidad”. En septiembre del año pasado la policía nacional emitió un comunicado que declaraba “ilegal” toda marcha y manifestación no autorizada. Desde entonces la policía se ha negado a otorgar permisos para manifestaciones públicas a cualquier organización que se considere opositora, además de ocupar los espacios públicos para evitar actividades de protesta.

En 2019 la policía bloqueó o dispersó varios intentos de manifestación. En marzo de dicho año más de 100 personas fueron detenidas por intentar una protesta en Managua, aunque finalmente se las liberó. En abril la policía antimotines impidió una manifestación convocada para conmemorar el inicio de las protestas del año anterior, al rodear a grupos de manifestantes antes de que pudieran comenzar a marchar; según una coalición de la oposición se produjeron 22 detenciones. En septiembre la policía dispersó violentamente otra congregación realizada para conmemorar la muerte de un adolescente que perdió la vida en una de las protestas de 2018. En noviembre más de una docena de activistas fueron detenidos y acusados de tráfico de armas y municiones por su intento de llevar agua a una iglesia en Masaya en la que se alojaban huelguistas de hambre que eran parientes de manifestantes detenidos.

Una ley de amnistía promulgada en 2019 dispone que todo manifestante que sea liberado no puede ser parte de actos que lleven a otros “delitos” lo cual, en efecto, les impone una prohibición de participar nuevamente en protestas antigubernamentales.

E2. ¿Hay libertad para las organizaciones no gubernamentales, en particular para las que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y en temas de gobernanza?

0 / 4

En el marco del gobierno de Ortega los grupos críticos del gobierno o los que se concentran en temas como la corrupción funcionan en un entorno cada vez más restrictivo. Entre otras medidas el régimen ha recurrido a leyes de inscripción de entidades para cercenarles las fuentes de financiamiento. Desde abril de 2018 defensores de derechos humanos y dirigentes de organizaciones de la sociedad civil han sido objeto de graves acosos, así como de detenciones y expulsiones arbitrarias. Para fines de 2018 se habían cancelado las inscripciones de doce ONG, en su mayoría dedicadas principalmente a cuestiones de democracia, derechos humanos o libertad de prensa. En 2019 organizaciones de derechos humanos informaron que eran objeto de supervisión y vigilancia continuas.

E3. ¿Hay libertad para los sindicatos y para asociaciones profesionales o laborales similares?

2 / 4

El FSLN controla muchos de los sindicatos del país. En la práctica los derechos de los sindicatos no afines al FSLN no se encuentran plenamente garantizados. Si bien el ordenamiento jurídico consagra el derecho a la huelga, el Ministerio del Trabajo prácticamente no lo confiere. Los empleadores suelen constituir sus propios gremios para evitar reconocer las organizaciones sindicales legítimas. Hay informes que indican que se han producido despidos de empleados debido a sus actividades sindicales. El ciudadano carece de recursos efectivos cuando quienes están en el poder vulneran las leyes laborales.

F. Estado DE Derecho: 4 / 16

F1. ¿Existe un Poder Judicial independiente?

1 / 4

El Poder Judicial sigue estando dominado por personas nombradas por el FSLN y el PLC. La Corte Suprema es un órgano sumamente politizado y controlado por jueces sandinistas.

F2. ¿En las causas civiles y penales prima el debido proceso?

0 / 4

Desde el estallido de las protestas en abril de 2018 investigadores de las Naciones Unidas y de otras organizaciones de derechos humanos han documentado amplias vulneraciones al debido proceso. Entre ellas se encuentran las detenciones y arrestos que realizan de modo arbitrario y generalizado la policía y las fuerzas aliadas armadas partidarias del gobierno, la falta de presentación de órdenes judiciales de allanamiento o de detención, la falta de comunicación en cuanto a los derechos de los detenidos, la falta de un registro público de los detenidos y de sus paraderos, así como la mantención de la persona en un estado de incomunicación durante el etapa inicial de su detención. 

En febrero de 2019 el gobierno anunció la liberación de los presos políticos que habían sido detenidos durante las protestas de 2018. Entre mediados de mayo y mediados de junio liberó a casi 400 personas detenidas por actividades relativas a las manifestaciones de 2018, 286 de las cuales debieron someterse a arrestos domiciliarios mientras seguían tramitándose los cargos en su contra. Quienes recuperaron la libertad fueron objeto de hostigamientos y vigilancia. Los abogados defensores de los presos políticos también indicaron haber sido acosados. En el transcurso de 2019 el gobierno de Ortega se rehusó a brindar información de la condición de los detenidos a sus parientes y abogados. En noviembre un vocero de la Oficina de la ACNUDH condenó al gobierno por su “persistente represión del disenso y el patrón sistemático de detenciones arbitrarias”.

Una ley de amnistía promulgada en 2019 abarca los delitos cometidos en el marco de las protestas de 2018. Si bien la norma legal reconoce que quedan excluidos de la amnistía los delitos previstos en los tratados internacionales, como los crímenes de lesa humanidad, sus críticos temen que se la utilice como mecanismo para que el Estado y sus agentes no hagan frente a su responsabilidad por los abusos cometidos.

F3. ¿Hay protecciones contra el uso ilegítimo de la fuerza física, así como ausencia de guerra e insurgencias?

1 / 4

La policía y las fuerzas armadas e informalmente aliadas reprimieron en forma violenta el movimiento de protestas antigubernamentales de 2018, lo que ocasionó al menos 325 muertes. En un informe de dicho año relativo a la represión del mencionado movimiento la Oficina de la ACNUDH consignó en detalle graves abusos, tales como tortura física y psicológica de los detenidos, violencia sexual, confesiones forzadas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. En 2019 se registraron informes de decenas de activistas antigubernamentales asesinados en localidades remotas del país, presuntamente a manos de policías y paramilitares. En mayo Eddy Montes Praslin murió como consecuencia de disparos en la cárcel La Modelo, sita en las cercanías de Managua: según se dice, había sido encarcelado en octubre del año anterior tras haberse quejado a la policía de que activistas afines al gobierno se encontraban ocupando su propiedad. La noticia de su muerte dio lugar a que el grupo opositor Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se retirara de un diálogo con el gobierno hasta que las autoridades liberasen a los presos políticos individualizados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El diálogo concluyó en agosto debido a que fue formalmente suspendido por el gobierno.

Las modificaciones realizadas en 2014 al código militar y a la normativa de la policía nacional le confieren al presidente facultades para desplegar al ejército a efectos de la seguridad interna y para nombrar el jefe de la policía nacional, además de autorizar la intervención de las fuerzas policíacas en actividades políticas. La Ley de Seguridad Soberana de 2015 fue criticada por su militarización de los órganos civiles.

En abril de 2019 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estimó que en 2018 y 2019 62.000 nicaragüenses salieron de su país: 55.000 de ellos buscaron asilo en Costa Rica. Según cálculos de dicho órgano, al mes de octubre 82.000 nicaragüenses habían dejado su tierra y más de 68.000 se encontraban en Costa Rica.

F4. ¿La legislación, normativa y prácticas garantizan un trato igualitario de los diversos sectores de la población?

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La Constitución y las leyes reconocen de modo nominal los derechos de las comunidades indígenas, aunque en la práctica no se los respeta. Cerca del 5 por ciento de la población es indígena y habita mayormente en la RACCN y en la RACCS.

La población LGBT+ del país es objeto de discriminación y amenazas ocasionales.

G. Autonomía DE La Persona Y Derechos Individuales: 8 / 16

G1. ¿La persona goza de libertad de circulación, incluida la capacidad de cambiar su lugar de residencia, de empleo o de educación?

2 / 4

El colapso institucional y la sangrienta ofensiva contra los disidentes en 2018, así como la continua represión estatal a partir de ese año han generado un clima de temor y desconfianza que desalienta la libertad de circulación. En algunas de las zonas con mayoría indígena la circulación se ve restringida por una infraestructura deficiente.

G2. ¿La persona puede ejercer su derecho de propiedad y constituir emprendimientos privados sin la interferencia indebida de actores estatales y no estatales?

2 / 4

Si bien la normativa consagra la protección de los derechos de propiedad, en la práctica dicha protección es tenue. Es frecuente la impugnación de títulos de propiedad. Quienes tienen contactos en el FSLN suelen correr con ventaja en los litigios patrimoniales. En 2019 continuaron los conflictos por tierras entre habitantes del grupo indígena Miskito y los colonos, lo que produjo numerosas muertes de individuos de ese grupo étnico. En un informe publicado en agosto el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) advirtió que las comunidades miskitas del norte del país podrían estar en peligro de extinción por la invasión de sus tierras.

Personas y comunidades de la zona de construcción del proyecto del canal interoceánico   han informado que fueron intimidadas por topógrafos y actores anónimos, aunque en apariencia el proyecto se encuentra paralizado.

G3. ¿La persona goza de libertades personales sociales, tales como la elección de su pareja a efectos matrimoniales y el tamaño de su familia, la protección en casos de violencia doméstica y el control de su apariencia personal?

2 / 4

Los habitantes gozan de amplias libertades en cuanto a sus relaciones interpersonales y a su apariencia personal.

La violencia doméstica sigue siendo generalizada. El número de casos denunciados está muy por debajo de la realidad y pocos de ellos son procesados judicialmente. La Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres aborda las formas de violencia física y estructural, además de reconocer que se trata de una cuestión de seguridad y salud públicas. Una de las reformas de la ley, realizada en 2013, permite la mediación entre la víctima y el acusado, a pesar de las reservas expresadas por grupos de defensa de derechos. El Código de Familia dispone protecciones para las menores embarazadas y para los adultos mayores, prevé la igualdad en las obligaciones de padres y madres y prohíbe el castigo físico de los niños. Define al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, por lo que las parejas del mismo sexo carecen del derecho de adoptar y de recibir tratamientos de fertilidad.

El aborto es ilegal y punible con pena de prisión, incluso si se efectúa para salvar la vida de la madre o en casos de violación o incesto. Es posible que la tipificación penal de la interrupción del embarazo lleve a la mujer a procurar abortos ilegales que pueden hacer peligrar su salud.

G4. ¿La persona goza de igualdad de oportunidades y no es objeto de explotación económica?

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Nicaragua es país de origen de mujeres y menores obligados a ejercer la prostitución. Los adultos y los niños son vulnerables a las prácticas de trabajos forzados, particularmente en los sectores agrícola y minero, y al servicio doméstico. En su Informe sobre la Trata de Personas de 2019 el Departamento de Estado estadounidense señaló que, aunque reconocía los “considerables esfuerzos” del gobierno para combatir la trata, Nicaragua no demostraba un aumento en sus acciones en la materia en comparación con el año anterior, y que las regiones costeras del Caribe seguían estando desproporcionalmente afectadas debido a la debilidad institucional en la zona.

Gran parte de la economía es informal, por lo que los trabajadores de ese sector carecen de las protecciones legales que confiere el empleo formal. El salario legal mínimo no es suficiente para cubrir el costo de los bienes de la canasta básica.

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