A1. ¿Fueron el actual jefe de gobierno u otras altas autoridades elegidos de manera libre y justa? 0 / 4

La constitución de Nicaragua promulga la elección directa del presidente y las elecciones se llevan a cabo cada cinco años. En el año 2014, mediante reformas constitucionales, se eliminaron los límites del período presidencial y se ordenó que el ganador de la votación presidencial debía alcanzar la mayoría simple de los votos. Daniel Ortega fue elegido por primera vez en 2006. 

 En 2020, la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) liderado por Ortega, aprobó la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, conocida también como Ley de Soberanía. La ley concede a las autoridades amplio poder para detener, investigar y prohibir arbitrariamente que las personas se postulen u ocupen cargos públicos. El régimen Ortega ha utilizado la mencionada ley para detener candidatos de la oposición y críticos del gobierno. 

En noviembre de 2021, el gobierno anunció que Ortega había sido reelegido, supuestamente con el 75 por ciento de los votos, derrotando al candidato del Partido Liberal Constitucionalista, Walter Espinoza. Las autoridades sostuvieron que la participación electoral de los votantes fue del 65 por ciento, aunque los veedores electorales locales, elegidos por la ciudadanía, registraron una participación más cercana al 18,5 por ciento. La Organización de Estados Americanos señaló que la votación no podía cumplir con los criterios de elecciones libres y justas. Ortega se posesionó para un cuarto período consecutivo en enero de 2022.

A2. ¿Fueron los actuales representantes del poder legislativo nacional elegidos mediante elecciones libres y justas? 0 / 4

La constitución crea una Asamblea Nacional unicameral de 92 escaños y sus miembros se eligen por representación proporcional. Se reservan dos escaños para el presidente anterior y el segundo en número de votantes en la elección inmediatamente anterior. Las elecciones legislativas se llevan a cabo cada cinco años. 

Antes de las elecciones legislativas de noviembre de 2021, el gobierno detuvo a varios candidatos de la oposición y miembros del partido, inclusive aquellos que optaban por escaños en la Asamblea Nacional. El Consejo Supremo Electoral (CSE) anuló el estatus jurídico del Partido de Restauración Democrática, de Ciudadanos por la Libertad (CxL) y de otros partidos rivales. Los partidos políticos que quedaron no representaban una amenaza significativa para el FSLN. El gobierno anunció que el FSLN había ganado el 74 por ciento de la votación y se le asignaron 75 escaños en el legislativo. No se permitió a las misiones de vigilancia electoral observar la votación.

A3. ¿Son justas las leyes y el marco electoral y los entes relevantes de gestión electoral las hacen cumplir de manera imparcial? 0 / 4

En general, el CSE y la judicatura sirven a los intereses del FSLN y han desempeñado un papel preponderante en el fortalecimiento de Ortega y del poder del FSLN. En 2021, la Asamblea Nacional nombró ciudadanos que mantenían estrechos vínculos con Ortega en el comité rector del CSE. El CSE también aplicó la Ley de Soberanía para prohibir a los candidatos de la oposición postularse para las elecciones legislativas de ese noviembre y ocupar cargos públicos de por vida.

B. PLURALISMO POLÍTICO Y PARTICIPACIÓN: 2 / 16 (−1)

B1. ¿Tienen los ciudadanos el derecho de organizarse en distintos partidos políticos o en las agrupaciones políticas competitivas que elijan y se abstiene el sistema de obstaculizar indebidamente el auge y caída de estos partidos o grupos competitivos? 0 / 4

Los partidos políticos encuentran obstáculos prácticos y jurídicos contra su formación y funcionamiento. Los líderes de los partidos son fácilmente inhibidos o descalificados por parte de las instituciones partidarias de Ortega. Normalmente, se exige ser miembro del FSLN para poder ocupar cargos públicos. Conforme a las reformas constitucionales de 2014, los legisladores deben votar con el partido o de lo contrario pierden sus escaños. 

Los partidos pueden perder su estatus jurídico o se les puede impedir participar en las elecciones. El gobierno ha utilizado la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (LAE) y la Ley de Soberanía, ambas aprobadas en 2020, para dar por terminado el estatus jurídico de los partidos de la oposición y así evitar que los candidatos participen en las elecciones. En octubre de 2023, el CSE inhabilitó a Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, partido político indígena, para participar en futuras elecciones. 

Los candidatos y activistas de la oposición están expuestos a la vigilancia y asedio de las fuerzas de seguridad del estado y grupos paramilitares. En 2022 alrededor de 50 críticos del gobierno, dentro de los cuales 7 se habían postulado para la presidencia en 2021, fueron condenados a prisión e inhabilitados para ocupar cargos públicos. Dentro de los 222 presos que fueron exiliados por el régimen en febrero de 2023 se encontraban dos candidatos presidenciales que estaban detenidos. En mayo, 57 personas que incluían miembros de la oposición, activistas de derechos humanos y periodistas, fueron detenidos y acusados de divulgar “noticias falsas” y de “conspirar para atentar contra la integridad nacional.”

B2. ¿Exista la posibilidad realista de que la oposición aumente sus seguidores o asuma el poder mediante elecciones? 0 / 4

La oposición nicaragüense no tiene oportunidad alguna de aumentar su apoyo ni de asumir el poder mediante elecciones, puesto que el gobierno emplea leyes, medidas represivas y violencia abierta en su contra con el fin de impedir las actividades de la oposición. Los candidatos y activistas opositores fueron detenidos de forma masiva poco antes de las elecciones de 2021.

B3. ¿Las preferencias políticas de los ciudadanos no están sujetas al dominio de fuerzas externas a la esfera política o de fuerzas políticas que emplean medios ajenos a lo político? 0 / 4 (−1)

El presidente Ortega controla todas las ramas del poder y las instituciones públicas, al igual que los medios de comunicación del país, lo cual le permite, tanto a él como al FSLN, ejercer injerencia significativa sobre las preferencias políticas de los ciudadanos. Se presionó a los trabajadores del sector público para que no participaran en las protestas anti-gobierno de 2018, mientras las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno han perseguido a presuntos opositores. 

En julio de 2023, la Asamblea Nacional modificó la Ley 872 y enmendó el Artículo 97 de la constitución para convertir explícitamente a la Policía Nacional en un brazo del ejecutivo, despojándola oficialmente de su función como entidad apolítica y civil. Conforme a la ley enmendada, los agentes de la policía que presuntamente desobedecen a sus superiores o desertan del cuerpo pueden ser condenados a prisión 

Cambio de puntaje: El puntaje bajó de 1 a 0 debido a que la Asamblea Nacional aprobó una ley que efectivamente convertía a la policía nacional en una entidad sometida al control del presidente y eliminó su estatus como entidad apolítica y civil.

B4. ¿Gozan los distintos segmentos de la población (inclusive los grupos étnicos, raciales, religiosos, de género, LGBT+ y demás colectivos relevantes) de plenos derechos políticos y oportunidades electorales? 2 / 4

Los grupos minoritarios, en especial los residentes indígenas de las regiones orientales y del Caribe, carecen de suficiente representación política. El gobierno y el FSLN suelen ignorar sus quejas. 

En 2021, George Henríquez pretendió convertirse en el primer presidente de descendencia afro-nicaragüense del país bajo la bandera del CxL, aunque su candidatura fue rechazada poco antes de que se disolviera el partido CxL. 

En la práctica, la defensa exitosa de la mujer se limita a iniciativas que cuentan con el apoyo del FSLN, cuya prioridad no son las reivindicaciones políticas de la mujer.

C. FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO: 2 / 12

C1. ¿El jefe de gobierno y los representantes del legislativo del país elegidos libremente determinan las políticas de gobierno? 0 / 4

Ortega y el FSLN dominan la mayor parte de las instituciones públicas. El FSLN ganó la mayoría absoluta de los escaños de la Asamblea Nacional en las elecciones de 2021, aunque éstas no fueron libres ni justas. 

Bajo las reformas constitucionales del 2014, el Presidente Ortega cuenta con un gran número de poderes discrecionales para establecer políticas. El dominio del ejecutivo sobre el legislativo conlleva una falta consistente de vigilancia.

C2. ¿Son las salvaguardas contra la corrupción oficial fuertes y eficaces? 1 / 4

En Nicaragua, la corrupción está ampliamente difundida, aunque rara vez se investiga. En muy pocas ocasiones se indagan o encausan estas acusaciones de corrupción contra funcionarios públicos. Las autoridades han tomado medidas anticorrupción contra miembros de la oposición, generalmente con el objeto de deslegitimizarlos o detenerlos.

C3. ¿Funciona el gobierno con apertura y transparencia? 1 / 4

Las operaciones y formulación de políticas por parte del gobierno generalmente son opacas. La Ley de Acceso a la Información Pública del 2007 exige que los entes públicos y las empresas privadas que tienen negocios con el estado revelen cierta información. Por lo general, las entidades gubernamentales hacen caso omiso de esta ley. 

Ortega rara vez concede ruedas de prensa. El Consejo de Comunicación y Ciudanía de Nicaragua supervisa las relaciones del gobierno con la prensa y está bajo la dirección de la Vicepresidenta Rosario Murillo—cónyuge de Ortega—y esta entidad ha sido acusada de restringir el acceso a la información.

LIBERTADES CIVILES: 12 / 60 (−2)

D. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y CULTO: 2 / 16

D1. ¿Existen medios de comunicación libres e independientes? 0 / 4

El régimen Ortega ha doblegado a los medios y periodistas libres e independientes desde que volvió al poder en 2007. En 2020, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos (LEC), lo que facilita la criminalización de la discrepancia por parte de medios noticiosos tradicionales y redes sociales. 

Desde entonces, el gobierno ha intimidado y detenido a periodistas, ha censurado a medios de comunicación y ha hecho un esfuerzo por privar a los medios impresos de suministros esenciales como la tinta y el papel. Además, el régimen ha dirigido sus ataques hacia medios extranjeros. Según un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa y la Democracia, entre abril de 2018 y abril de 2023, se han registrado 1.329 infracciones contra la libertad de prensa, en su mayoría cometidas por entidades del gobierno. 

Los ataques del gobierno contra la libertad de prensa continuaron en 2023. En mayo, la policía detuvo a la periodista Hazel Zamora del Canal 10 de televisión, acusándola de divulgar “noticias falsas.” También en mayo, las autoridades acusaron a Víctor Ticay del Canal 10 por traición y difusión de “noticias falsas.” Ticay, quien originalmente había sido condenado por publicar imágenes de una celebración de Pascua en Facebook en el mes de abril, fue capturado en julio y en agosto fue condenado a ocho años de prisión. En julio, el gobierno evitó que el periodista exiliado Marcos Medina viajara a Nicaragua. 

D2. ¿Son los ciudadanos libres de practicar y expresar sus creencias religiosas o su agnosticismo, tanto en público como en privado? 1 / 4

Las autoridades han denunciado y difamado a funcionarios de la Iglesia Católica por acompañar o defender a los manifestantes antigobiernistas desde que fue reprimido el movimiento del 2018.  Hordas progobiernistas atacaron iglesias en las que se refugiaban manifestantes, mientras los miembros del clero recibían amenazas y eran objeto de vigilancia por parte del gobierno. 

Desde entonces el régimen ha seguido apuntando hacia el clero católico y continúa restringiendo la libre expresión religiosa. En febrero 2023, un tribunal condenó al obispo Rolando José Álvarez Lagos, crítico acérrimo del gobierno. detenido en 2022, a 26 años de cárcel por varias acusaciones, entre ellas la de traición al negarse al exilio en Estados Unidos. Además, el tribunal ordenó la revocatoria de la ciudadanía de Álvarez. En junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió su liberación. Aunque el régimen lo liberó brevemente, Álvarez volvió a prisión en julio por negarse al exilio. Al al finalizar el año permanecía bajo custodia.  

En agosto de 2023, el régimen disolvió la Compañía de Jesús, más conocida como los Jesuitas de Nicaragua y confiscó sus bienes. El Ministerio del Interior acusó a la orden de violar el reglamento sobre organizaciones no gubernamentales (ONG).

D3. ¿Existe libertad académica y el sistema educativo no practica el adoctrinamiento político generalizado? 1 / 4

Desde la crisis del 2018, los maestros han sufrido acoso por parte de las autoridades y de grupos pro-gobierno y están obligados a seguir las estrictas normas del Ministerio de Educación. Se exige que los estudiantes de primero y segundo nivel asistan a las manifestaciones a favor del gobierno. En las escuelas se suele exhibir material propagandístico impreso proclive al FSLN. Bajo una ley del 2022, el Consejo Nacional de Universidades, controlado por el gobierno, funciona como cuerpo directivo de la academia, lo que limita la autonomía académica.  

Las autoridades han clausurado instituciones de educación superior en los últimos años y 28 de ellas se cerraron entre finales del 2021 y finales del 2023. En mayo, se clausuró la Universidad Católica Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de Managua. En julio se cerraron otras dos instituciones educativas. En agosto, el gobierno cerró la Universidad Centroamericana (UCA), adscrita a la orden de los Jesuitas.  El juez que ordenó la incautación de los bienes de la UCA acusó a la institución de terrorismo. En septiembre, el gobierno clausuró el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) e incautó sus bienes.

D4. ¿Son libres los ciudadanos de expresar sus opiniones personales acerca de la política u otros temas delicados sin miedo a la vigilancia o retaliación? 0 / 4

La actual campaña de represión e intimidación por parte de las fuerzas estatales y pro-gobiernistas genera un ambiente generalizado de miedo y terror que coarta la libertad de expresión. Las fuerzas estatales y pro-gobiernistas monitorean rutinariamente las actividades de las personas que se oponen al régimen. Las familias de las víctimas de la violencia del régimen y las personas que vuelven del exterior también son objeto de monitoreo y vigilancia. Se sabe que las autoridades utilizan el sistema de identidad internacional del suscriptor móvil (IMSI), lo que permite a los operadores interceptar las comunicaciones móviles de usuarios que de manera involuntaria se conectan al sistema. 

La LEC penalizó la divulgación de “noticias falsas” y su objetivo son los informantes que forman parte del gobierno. Además, la ley le da al gobierno amplio acceso a los datos del usuario. En 2021, la Asamblea Nacional enmendó la constitución para permitir las condenas a cadena perpetua por delitos de odio; así se ha referido Ortega a las actividades de la oposición. El gobierno también se ampara en la LAE y la Ley de Soberanía para tomar medidas enérgicas contra las actividades de la oposición.

E. DERECHOS DE ASOCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN: 2 / 12

E1. ¿Existe la libertad de reunión? 0 / 4

La libertad de reunión se ha venido deteriorando desde 2018, cuando al menos 328 personas murieron durante la brutal represión de las protestas contra el gobierno. La mayoría de los abusos se atribuyeron a la Policía Nacional y a los grupos armados aliados.  

Desde entonces se han restringido los derechos de reunión y las autoridades impiden a los católicos que lleven a cabo procesiones públicas y vigilan a los católicos practicantes que van a misa. En febrero de 2023, el régimen prohibió las reuniones públicas para celebrar la Cuaresma, el Viernes Santo y la Pascua. A finales de marzo, un sacerdote de nacionalidad panameña, acusado de invitar a una procesión de Pascua, fue expulsado de Nicaragua.

E2. ¿Existe libertad para las organizaciones no gubernamentales, en particular aquellas que abogan por los derechos humanos y trabajan en temas relacionados con la gobernanza? 0 / 4

Bajo el régimen Ortega, los grupos que critican al gobierno o que se centran en temas como la corrupción han venido funcionando dentro de un entorno restrictivo. Las autoridades van tras las ONG y las acusan de minar el régimen o servir de agentes extranjeros. Los grupos de derechos humanos han informado que están expuestos a la constante vigilancia y monitoreo por parte de las autoridades y han denunciado represión en su contra, incluso el abuso sexual de mujeres activistas. 

Conforme a la ley que regula las ONG aprobada en 2022, el gobierno tiene la potestad de rescindir el estatus jurídico de las organizaciones que “promueven campañas para desestabilizar” a Nicaragua y en algunos casos puede incautar los bienes de las ONG. En marzo de 2023, el régimen ordenó el cierre de 24 ONG, inclusive una que ofrecía tratamientos para mujeres con cáncer. Según la ONG Expediente, una coalición de nicaragüenses exiliados que están activos en Costa Rica, al mes de marzo el régimen nicaragüense había cerrado un total de 3.372 ONG.

E3. ¿Existe libertad para los sindicatos y otras organizaciones laborales o profesionales similares? 2 / 4

El FSLN controla los sindicatos más influyentes de Nicaragua y en la práctica no se garantizan los derechos de los sindicatos que no pertenecen al FSLN. Los sindicatos controlados por el FSLN apoyaron la reelección de Ortega en 2021.

F. ESTADO DE DERECHO: 2 / 16 

F1. ¿Existe una judicatura independiente? 0 / 4 

Nicaragua carece de una judicatura independiente. La rama ejecutiva incide fuertemente sobre la nominación de magistrados y jueces, y la lealtad hacia el partido de gobierno determina sus nombramientos; se informa que muchos, por no decir la mayoría, de los jueces tienen vínculos con el FSLN.  En la carrera por las elecciones de 2021, el poder judicial desempeñó un papel crucial al ordenar la captura de miembros de la oposición y anular el estatus jurídico de los partidos opositores. Además, la judicatura ha presidido juicios falsos contra opositores del gobierno y los sindicados han sido condenados en procesos cerrados por “minar la integridad judicial”. 

En octubre del 2023, la vicepresidenta Murillo presidió una purga de la rama judicial. Al menos 900 jueces y funcionarios fueron destituidos, inclusive la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos. 

F2. ¿Prevalece el debido proceso en cuestiones civiles y penales? 0 / 4

Desde las protestas del 2018, las Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos documentaron claras vulneraciones del debido proceso. Tanto la policía como las fuerzas proclives al gobierno han participado en capturas y detenciones arbitrarias y de motivación política, mientras las autoridades actúan sin órdenes judiciales. Se desconoce la ubicación de los detenidos y estos están incomunicadas.  

A los presos políticos y activistas de la oposición se les niega el debido proceso. Los juicios del 2022 contra presos políticos de alto nivel se desarrollaron a puerta cerrada y se aceleraron los términos. Tanto miembros de la oposición, como defensores de derechos humanos y periodistas que fueron detenidos en mayo de 2023 fueron juzgados masivamente y no se les permitió nombrar a sus propios defensores. 

Una enmienda constitucional y sus leyes conexas, aprobadas en febrero de 2023, permiten al régimen despojar de su ciudadanía a los “traidores de la patria.” El régimen utilizó este poder para despojar de su ciudadanía a los 222 prisioneros que había exiliado ese mismo día, mientras otras 94 personas fueron despojadas de su ciudadanía más adelante en el mes de febrero. En un informe de octubre, el Mecanismo para el Reconocimiento de Presos Políticos informó que 91 todavía se encontraban detenidos en calidad de presos políticos e inclusive 10 habían sido detenidos antes de 2018. 

F3. ¿Existe alguna protección contra el uso ilegítimo de la fuerza física y contra la guerra y la insurgencia? 1 / 4

Desde el año 2018, los movimientos de protesta y otras marchas posteriores son objeto de represión violenta por parte de la policía y las organizaciones armadas informales aliadas de con el gobierno. Los informes del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) y los parientes de presos políticos han documentados abusos graves. Los detenidos son sometidos a tortura sicológica y física, violencia sexual, confesiones forzadas, desapariciones, deterioro significativo de las condiciones carcelarias y homicidios extrajudiciales.  

En 2022, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) calculó que más de 150.000 nicaragüenses habían sido expatriados a Costa Rica desde 2018. En una declaración del 2023, ACNUR informó que 45.900 nicaragüenses solicitaron asilo en Costa Rica entre septiembre de 2022 y julio de 2023.

F4. ¿Garantizan las leyes, políticas y prácticas el trato igualitario de los diversos segmentos de la población? 1 / 4

Nominalmente la constitución y la ley reconocen los derechos de las comunidades indígenas, aunque estos derechos en la práctica no se respetan. Aproximadamente el 5 por ciento de la población es indígena y vive principalmente en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS). Si bien a las poblaciones indígenas se les han concedido derechos legales y protección de sus tierras, el gobierno no hace cumplir la ley. 

En los últimos años se han cometido ataques contra poblaciones indígenas e invasiones de tierras y estos delitos permanecen en la impunidad.  En 2022, representantes indígenas informaron que corren “un gran riesgo de etnocidio” debido al maltrato y a la pérdida de sus derechos sobre la tierra. Ese mismo año, la ACNUR expresó su preocupación por la violencia contra los indígenas nicaragüenses y los residentes de origen africano. 

El colectivo LGBT+ está sujeto a amenazas y discriminación y muchos de sus miembros, en especial los nicaragüenses transgénero, se han visto obligados a buscar el exilio.

G. AUTONOMÍA PERSONAL Y DERECHOS INDIVIDUALES: 6 / 16 (−2)

G1. ¿Gozan las personas de libertad de movimiento, inclusive de la capacidad de cambiar su lugar de residencia, empleo o educación? 1 / 4 (−1)

La represión ocurrida en 2018 contra manifestantes, las enérgicas medidas contra oponentes políticos del 2021 y la permanente vigilancia y acoso por parte de la policía y los grupos paramilitares han creado un clima de miedo y desconfianza que desalienta la formación de todo movimiento libre. La mala infraestructura disuade el tránsito libre en zonas mayoritariamente indígenas. 

En febrero de 2023, la Asamblea Nacional enmendó el Artículo 21 de la constitución y aprobó una ley relacionada con este artículo que permite al gobierno despojar de la ciudadanía a aquellos que considera “traidores de la patria.” Los 222 presos excarcelados unilateralmente ese mes perdieron su ciudadanía y se convirtieron en apátridas. Otras 94 personas, de las cuales la mayoría ya viven en el exilio, perdieron su ciudadanía más tarde en el mes de febrero. En incidentes separados ocurridos en julio y agosto, las autoridades detuvieron a los exiliados que regresaron a Nicaragua.

Cambio de Puntaje: El puntaje pasó de 2 a 1 debido a que la enmienda constitucional permitió al gobierno revocar arbitrariamente la nacionalidad de los ciudadanos que considere “traidores de la patria.” Posteriormente, cientos de disidentes se convirtieron en apátridas, lo cual les impide viajar libremente.

G2. ¿Pueden las personas ejercer su derecho a la propiedad y a establecer empresas privadas sin la interferencia indebida de actores estatales y no estatales? 1 / 4 (−1)

En el papel, se protege el derecho a la propiedad, aunque en términos reales estos derechos son tenues. La titularidad se suele impugnar y las personas conectadas con el FSLN tienen la ventaja cuando se presentan controversias por la propiedad. En un informe de 2019, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional advirtió que las comunidades Miskito del norte del país corrían el riesgo de extinguirse debido a la invasión de sus tierras.  

En 2023, el régimen Ortega endureció su política de incautar arbitrariamente los bienes privados. Los bienes de las personas consideradas “traidores de la patria” fueron incautados por el estado. Lo mismo les ocurrió a los líderes empresariales, a los Jesuitas y a las instituciones de educación superior como la UCA y el INCAE.

Cambio de puntaje: El puntaje bajó de 2 a 1 debido al aumento de la práctica difundida de incautación de bienes por parte del gobierno.

G3. ¿Gozan las personas de libertad social personal, como la elección de pareja y el tamaño de su familia, de protección contra la violencia intrafamiliar y del control de su apariencia? 2 / 4

En los últimos años se ha incrementado la violencia de género y la Red de Mujeres contra la Violencia sostiene que las altas tasas de feminicidio han alcanzado niveles casi epidémicos. Según el Colectivo de Derechos Humanos de Nicaragua Nunca Más, entre 2010 y 2020 se cometieron 716 feminicidios. En noviembre de 2023, el movimiento Católicas por el Derecho a Decidir reportaron 45 feminicidios durante el año a la fecha. 

La Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer aprobada en 2012 y algunas enmiendas posteriores no tuvieron mayor efecto sobre la violencia de género. Esta ley permite la mediación entre el autor y la víctima de violencia sexual, a pesar de la preocupación expresada por grupos defensores de derechos. 

El aborto es ilegal y punible y se castiga con privación de la libertad, inclusive cuando se practica para salvar la vida de la mujer embarazada o en casos de violación o incesto. Tanto los médicos que los practican como las personas que abortan pueden ser castigadas con ocho años de cárcel.

G4. ¿Gozan las personas de igualdad de oportunidades y de protección contra la explotación económica? 2 / 4

Nicaragua es una fuente de mujeres y menores que se ven obligados a prostituirse.  Además, tanto adultos como menores son vulnerables al trabajo forzado. En su edición del 2023, el Informe sobre Trata de Personas (Trafficking in Persons Report), el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que el gobierno hacía muy poco por eliminar el tráfico humano, no reportaba la trata de manera confiable y no ofrecía refugio a los sobrevivientes. Adicionalmente, el departamento anotó que el tráfico laboral no se abordaba de manera contundente.