De las palabras a los hechos en México

Por: Elisa López Alvarado, Asociada de Programas, America Latina y el Caribe

El encuentro a principios de mes entre los mandatarios de México y Estados Unidos se produjo en un contexto muy diferente al de su última visita en 2012. Entonces Peña Nieto visitaba la Casa Blanca con grandes promesas para el desarrollo de México; en cambio, ahora su agenda se ve marcada por los temas de inseguridad y violencia en el país. Era obvio que Obama no podía dejar de mencionar el desgarrador caso del secuestro y presunta matanza de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que ha suscitado una gran atención internacional y que ejemplifica la gran crisis de derechos humanos por la que pasa el país. Sucesos como este, junto con la ejecución extra-judicial de Tlatlaya o el caso de denuncias de corrupción de la Casa Blanca de la primera dama, no hacen más que señalar una realidad que México no puede seguir ocultando. Realidad que refleja graves problemas de la nación, tales como la violencia, corrupción estructural, impunidad, desapariciones forzadas, violación de derechos humanos, falta de información y atención a las víctimas, falta de rendición de cuentas, instituciones débiles, entre otros.

Todos estos factores no solo minan la credibilidad del Gobierno, que enfrenta una terrible crisis de confianza, sino que despiertan a una sociedad civil que ha llegado a su límite y que exige respuestas inmediatas. Las muchas campañas en las redes sociales o las consecutivas protestas de corte transversal con representación de todos los sectores sociales, sin pausa a pesar de las vacaciones navideñas en México, son prueba de ello. El empoderamiento de una sociedad civil altamente informada y fortalecida en las redes sociales empieza a construir una nueva cultura política democrática, que exige participar en la toma de decisiones, en gran medida como consecuencia de la impotencia y el desgaste de vivir en una realidad insostenible. 

Peña Nieto comenzó su mandato enfocando su estrategia en el crecimiento económico, ignorando que no podía dejar para después los problemas de fondo que asedian al país.  El Pacto por México, un positivo intento de modernizar al país, contó con logros importantes proponiendo cambios necesarios en México pero hasta el momento sin resultados visibles para la ciudadanía. Dentro de este contexto, el caso de la desaparición de los normalistas de Iguala, estudiantes organizados y políticamente activos, presenta un gran desafío para un presidente que ya estaba siendo cuestionado por el contraste de ambiciones y resultados. 

Las respuestas que el Gobierno ha dado a Ayotzinapa son insatisfactorias y tardías, confirmando la percepción de muchos ciudadanos de que su enfoque en el tema económico y su imagen internacional han disminuido su atención a la inseguridad y los derechos humanos. Su reacción inicial fue evadir responsabilidades. Después inició investigaciones pero éstas fueron llevadas a cabo con escasa transparencia, falta de información y declaraciones hasta ahora puestas en tela de juicio. El procurador afirmó estar cansado de dar explicaciones a la prensa. Y poco tiempo después el presidente pidió a los ciudadanos lo imposible: superar el problema sin antes haberle dado respuesta. Y a pesar de que el “Decálogo para mejorar la Seguridad y Fortalecer el Estado de Derecho” propuesto por el Gobierno cuenta con algunas medidas que llevadas a la práctica serían indispensables, otras solo son soluciones momentáneas que no sirven de nada si no se atajan los problemas de fondo. Ya que no debemos olvidar que dichos problemas trascienden  Ayotzinapa, acontecimiento detonante que pone en evidencia las fragilidades del estado, en un país donde en los últimos ocho años las cifras extra oficiales reflejan más de 70,000 muertes violentas, por encima de 22,000 desaparecidos y alrededor de 150,000 desplazados.

El reto del Gobierno va más allá de dictar nuevas políticas públicas, puesto que debe mejorar la percepción que los ciudadanos tienen de él y para esto debe enviar un mensaje claro demostrando con hechos la voluntad política que presume tener y que por el momento únicamente se ha quedado en palabras. No basta solo con crear nuevas instituciones u órganos de gobierno si estos son corruptos, ni implementar reformas que en sus leyes secundarias en lugar de promover el cambio necesario privilegien a los mismos de siempre, o aprobar leyes que se queden solo en el papel. En cambio, deberá cristalizar su compromiso con acciones urgentes como, por ejemplo, la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción integral, independiente y funcional, así como una Fiscalía Anticorrupción autónoma, la creación de una Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa, la prometida creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, la garantía de que instituciones gubernamentales provean la información solicitada por el Instituto Federal de Acceso a la Información.

Por su parte la sociedad civil, que ha tomado pasos firmes, tiene el reto de unificar su voz en distintas plataformas y coordinarse mejor para ofrecer al Gobierno una agenda con soluciones concretas presentándolas de manera más efectiva. Dicha estrategia facilitaría que sus exigencias se transformen en acciones que arrojen los resultados esperados.
Por tanto, esta realidad se puede ver también como una ventana de oportunidad perfecta para que el Gobierno junto con la sociedad civil preparen cambios para reconstruir las estructuras de un Gobierno que puede ir a mejor. Veamos si esta vez México es capaz de aprovechar dicha oportunidad.