Rejas Visibles e Invisibles

Hallazgos fundamentales

La encarcelación por motivos políticos constituye una herramienta clave para controlar la disidencia y va unida a la marcada erosión de la democracia. En estas épocas de tensión política, las sentencias de prisión, las detenciones y los procesos penales contra opositores del gobierno aumentaron repentinamente en seis países que recientemente han sufrido una notable decadencia de la democracia: Nicaragua, Tanzania, Tailandia, Túnez, Turquía y Venezuela. Aquellos que se convierten en objetivos de estas sanciones pueden permanecer tras las rejas durante largos períodos de tiempo, a la espera de que se dicte sentencia firme y les impide participar en oposición política, periodismo y defensa activa de los derechos humanos. Además del desgaste físico que estas medidas suponen, la prisión trae consigo una serie de consecuencias sicológicas y costos económicos que pueden llegar a afectar a todas las familias de los prisioneros.

Por cada preso político que se encuentra tras las rejas, otros opositores del gobierno se ven abocados a sufrir limitaciones más sutiles equivalentes a la “la muerte civil.” Los líderes antidemocráticos apuntan hacia los disidentes y críticos del gobierno, aplicándoles otras formas de represión que no les permiten hacer su trabajo ni participar normalmente dentro de la sociedad—esta condición es la que los expertos llaman “muerte civil.” Dentro de las tácticas de muerte civil se cuentan el control de viajes, el seguimiento físico, la inclusión en listas negras y la incautación de bienes. Las anteriores restricciones se suelen aplicar conjuntamente a actores tanto estatales como no estatales y pueden ocurrir por medios oficiales y no oficiales. Hemos observado una combinación de restricciones equivalentes a muerte civil en cada uno de los seis países estudiados.

El servilismo del poder judicial facilita el encarcelamiento político y la muerte civil a instancias de los regímenes autocráticos. Los líderes que logran el control del poder judicial pueden utilizar a los jueces como una poderosa herramienta de represión. Las personas elegidas como blancos de estas prácticas carecen de acceso a mecanismos cruciales, como presentar recursos o exigir responsabilidad, cuando el poder judicial actúa a favor de los intereses del ejecutivo. Los miembros del poder judicial con ideas independientes también se exponen a convertirse en objetivos de la persecución estatal y podrían ser destituidos de sus cargos y reemplazados por otros jueces leales al estado, lo cual erosiona aún más la institucionalidad.

Es esencial contrarrestar la prisión política y la muerte civil en la lucha por la libertad. La prisión política y la muerte civil empoderan a los líderes antiliberales e intolerantes en su intento por eliminar de la sociedad a sus críticos más vehementes y eficaces. Esta táctica puede ocurrir en países que han presenciado la erosión de la democracia, pero que no han llegado aún al extremo de los regímenes autoritarios. El monitoreo de las tácticas de encarcelamiento político y muerte civil, y el emprendimiento de acciones en su contra cuando exista, son cruciales para luchar contra el autoritarismo, al igual que el apoyo a los agentes del cambio democrático para evitar futuras oleadas de represión.

Introdución

"El estado no carece de imaginación cuando se trata de intimidar a la gente para que guarde silencio."1

–Activista social tanzano

 

Un líder de la oposición está tras las rejas, acusado de un sinnúmero de delitos falsos, supuestamente cometidos antes de las elecciones nacionales. Una adolescente fue acusada de difamación de la monarquía por cuanto abogaba por el cambio democrático en su país; además, se le prohíbe volver a sus estudios después de haber sido liberada de su detención bajo fianza. Un defensor de los derechos humanos, al intentar viajar al extranjero en busca de trabajo, se entera de que está bajo investigación por terrorismo y no se le permite viajar. Después de más de un año, uno de sus colegas sigue languideciendo en detención previa al juicio. Una juez es destituida de su cargo después de que el presidente de su país suspendió el parlamento; la pensión del estado a la que tenía derecho y su seguro de salud fueron congelados.

Estos son apenas unos pocos ejemplos de la forma en que los regímenes antidemocráticos impiden que sus oponentes, tanto reales como imaginarios, lleven una vida normal — los opositores incluyen defensores de derechos humanos, periodistas, activistas políticos, líderes de la oposición, servidores públicos, desertores del gobierno, manifestantes y personas del común. La táctica más visible es la de los presos políticos, posiblemente encarcelados mediante procesos judiciales politizados y sentencias de prisión o medidas preventivas anteriores al juicio, que los mantienen detenidos durante meses o años antes de dictarles sentencia.

No obstante, por cada preso político que se encuentra tras las rejas, son muchos más los opositores y críticos del gobierno que afrontan restricciones más sutiles, es decir lo que algunos expertos llaman la “muerte civil.” Si bien el término tiene diferentes acepciones en los distintos campos de estudio,2 Freedom House se centra en la muerte civil como un estado en el que los oponentes son privados de su capacidad de participar en la sociedad mediante una combinación de métodos represivos, dentro de los que se cuentan el control de viajes, la vigilancia física, la inclusión en listas negras y la incautación de bienes. En la práctica, tales métodos se pueden manifestar en prohibiciones de viajar y confiscación de pasaportes, en policías apostados fuera de sus domicilios con el fin de que los vecinos los vean, en dificultades para encontrar o conservar un empleo debido al estigma social o formar parte de una lista negra, en expulsión de la universidad, en incautación de bienes y en bloqueo de cuentas bancarias. Estos métodos también pueden estar relacionados con condiciones para ser liberados de la detención o encarcelación política, o se pueden imponer solos, a través de órdenes oficiales o mediante presión social. Los objetivos suelen estar expuestos a varios de estos métodos de manera simultánea, lo que produce una acumulación sofocante de efectos que les impide trabajar o llevar una vida normal.

La encarcelación política3 y, hasta cierto punto, las tácticas represivas que producen la muerte civil, reciben mucha atención en regímenes con un largo historial de autoritarismo, como los son China, Irán y Corea del Norte. Sin embargo, el uso de estas estrategias para castigar y silenciar a los opositores y críticos también es pronunciado en entornos que han sufrido una fuerte erosión de la democracia en épocas más recientes. A través de nuestra investigación, buscamos comprender de qué manera los aspirantes a líderes autocráticos, o los más recientes, reprimen a los opositores individuales y cómo tales métodos se manifiestan durante épocas de degradación de la democracia. En el presente informe analizamos estas dinámicas en seis países que sufrieron un marcado deterioro de la democracia en los últimos 20 años: Nicaragua, Tanzania, Tailandia, Túnez, Turquía y Venezuela.

El informe se basa en entrevistas con 42 expertos de los distintos países y lo complementamos con investigaciones de escritorio o desk research. Entre las personas que entrevistamos se cuentan actores de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, periodistas, investigadores y académicos; varios de ellos han sufrido en carne propia la privación de la libertad por motivos políticos y algunos elementos de muerte civil. Las citas han sido editadas levemente para efectos de claridad.

• 1Interview with a Tanzanian civil society actor who requested anonymity, July 2023.
• 2The term “civil death” has been used in various ways in other fields of study, including in analysis of antiquated and contemporary law, and to characterize discrimination against people with disabilities or who face certain diseases, among others. Gabriel J. Chin, “The New Civil Death: Rethinking Punishment in the Era of Mass Conviction,” University of Pennsylvania Law Review 160, no. 6 (2012): 1789-1833, https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1067&cont…; National Council on Disability, “Beyond Guardianship: Toward Alternatives That Promote Greater Self-Determination,” March 22, 2018, https://ncd.gov/sites/default/files/NCD_Guardianship_Report_Accessible…; Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “UN rights expert urges action to end ‘civil death’ of persons affected by leprosy,” June 19, 2018, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/06/un-rights-expert-urges-….
• 3En este informe, se utiliza el término “Encarcelación política” como una forma corta de referirse a sentencias de prisión por motivos políticos, al igual que detenciones, juicios penales e investigaciones politizadas contra opositores o críticos del gobierno, tanto reales como presuntos. “Opositor del gobierno” incluye críticos y aquellos que expresan su desacuerdo.

La encarcelación política ha contribuido a controlar la disidencia en medio de un ambiente más amplio de erosión de la democracia en cada uno de los seis países bajo estudio. Además, observamos que las tácticas que contribuyen a la muerte civil—control de viajes, vigilancia física, inclusión en listas negras e incautación de activos—también ocurren en la totalidad de los seis países. La encarcelación política y las medidas de muerte civil han acompañado a los golpes contra el poder antidemocrático, las manifestaciones masivas contra el gobierno y las campañas electorales. Además, estas medidas se esgrimen en países que todavía deben ser más resolutivos con los sistemas autoritarios; su uso no comenzó cuando llegaron a lo más profundo del autoritarismo (algunos todavía están por llegar a ese nivel) sino más bien en momentos en que cada país había sido calificado como Parcialmente Libre o Libre en Freedom in the World, el informe anual que publica Freedom House acerca de los derechos políticos y las libertades civiles. Encontramos que el encarcelamiento por motivos políticos y la muerte civil se dan en paralelo con la degradación de la democracia.

El riesgo de que se desplieguen estas tácticas contra los defensores más activos de la democracia, quienes luchan de manera incansable y valiente en muchos países del mundo donde existe erosión de la democracia, es serio y preocupante. Además de eliminar eficazmente a los opositores y disidentes de la sociedad, la prisión política y la muerte civil pueden tener efectos devastadores desde el punto de vista físico, psicológico y económico para las personas señaladas y sus familias. No obstante, la posibilidad de presentar recursos y exigir responsabilidad es limitada, puesto que los sistemas judiciales son flexibles y apoyan el confinamiento injusto y los mismos jueces se pueden convertir en objetivos si no acatan las normas.

“Cualquier tipo de herramienta que puedan utilizar para controlar la sociedad, la utilizan,” según afirmó Christopher Hernandez-Roy, director delegado y miembro y académico senior del Programa para las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, quien ha documentado casos graves de abuso contra los derechos humanos en medio de la represión masiva que existe en Venezuela.1 Aun así, una amplia gama de actores sigue luchando valientemente contra el autoritarismo.

• 1Interview with Christopher Hernandez-Roy, Senior Fellow and Deputy Director, Americas Program, Center for Strategic and International Studies, August 2023.

Rejas visibles: Encarcelación política en medio de una democracia en declive

Capturaron a políticos famosos, líderes de partidos políticos, jueces y abogados. ¿Quién soy yo? Podría desaparecer y nadie oiría siquiera hablar de mí.1

– Actor de la sociedad civil

Aunque las sentencias de prisión, las detenciones y los procesos judiciales ocurren en todo el mundo, su aplicación no se limita a los regímenes más duros y autoritarios. Estas tácticas están documentadas en lugares que viven muchas formas de erosión de la democracia, como se ilustra en cada uno de los seis casos que Freedom House analizó para llevar a cabo este estudio. Encontramos que la encarcelación surge en medio del desmantelamiento súbito o gradual de las instituciones democráticas y tiene un enorme impacto físico, psicológico y económico sobre los detenidos y las personas que los rodean.

Escalamiento de la prisión por motivos políticos

Arrebatar el poder, inclusive mediante golpes de estado, suele ser característico de duras campañas de encarcelamiento político que elevan considerablemente los costos de desafiar los actos antidemocráticos. En Tailandia, un país plagado de golpes de estado,2 cientos de personas, inclusive políticos, periodistas y activistas, fueron detenidas bajo custodia militar después del más reciente levantamiento para tomarse el poder, ocurrido en 2014. Esta táctica normalmente se sostiene durante siete días y se conoce como “ajuste de actitud.”3 En Túnez, después de un considerable avance democrático en la década que siguió al derrocamiento de Zine el-Abidine Ben Ali, en julio de 2021 el presidente Kaïs Saïed suspendió el parlamento y en últimas lo disolvió al año siguiente, desmanteló las instituciones democráticas recientemente establecidas en el país y llevó a cabo un referendo constitucional que fortaleció el poder ejecutivo. Después de la toma del poder por parte de Saïed, al menos ocho líderes de los principales partidos de la oposición se encuentran detenidos a la espera de un juicio por cargos no comprobados de atentar contra la seguridad nacional. Periodistas y defensores de los derechos humanos han permanecido detenidos por infringir la nueva ley represiva de delitos cibernéticos, al igual que empresarios, abogados y otros que han sido acusados de delitos etéreos de “conspiración”.4

Así mismo, los golpes fallidos han fortalecido la erosión de la democracia, además de la prisión política. Después del intento de golpe de estado ocurrido en 2016, el presidente Recep Tayyip Erdoğan impulsó con éxito una reforma constitucional que convirtió a Turquía en un país gobernado por decretos presidenciales. Los nuevos poderes le han permitido a Erdoğan encarcelar y detener prácticamente a cualquiera que represente una amenaza: “Quienquiera que sea eficaz, es necesario perseguirlo,” según afirmó un actor turco de la sociedad civil.5 Dentro de las personas que se han visto sometidas a largos períodos de detención previa al juicio y a duras sentencias de cárcel se cuentan periodistas, miembros de la oposición y académicos.6

Algunos regímenes duraderos que no se han endurecido hasta el punto de convertirse en sistemas autoritarios también emplean la prisión política, aunque el número de detenidos varía con el tiempo. En Tanzania, en el año 2015, la victoria presidencial de John Magufuli, candidato del partido Chama cha Mapinduzi (CCM) que ha dominado la política durante décadas, en una elección inusualmente reñida, condujo a un período de represión sin precedentes, donde los objetivos eran la oposición política, los medios, la sociedad civil y cualquier otro que fuera considerado una amenaza para el régimen. Se utilizaron tanto leyes nuevas como ya existentes para apuntar contra la oposición, inclusive se dictó una nueva ley que regulaba los partidos políticos y prohibía las manifestaciones políticas que se aplicaba de manera selectiva a la oposición y terminaba en capturas.7

La resistencia contra el creciente autoritarismo que actualmente rige en Nicaragua y Venezuela ha suscitado medidas represivas, inclusive detenciones masivas y arbitrarias, que se hicieron posibles después del desmantelamiento sistemático de las instituciones democráticas y la consolidación del poder ejecutivo. En Venezuela, Hugo Chávez sentó las bases para que su sucesor, Nicolás Maduro, pudiera emprender campañas de encarcelación política a gran escala, inclusive mediante el sistema de llenar los tribunales de aliados del gobierno, y por medio de nuevas leyes. Si bien Chávez solía encarcelar a sus opositores,8 Maduro ha escalado significativamente el uso de la detención política y la violencia a gran escala, especialmente en medio de protestas masivas contra el gobierno que ocurrieron en 2014, 2017 y 2019.9 “Con Maduro, lo que vimos fue un retorno a la represión sistemática clásica—capturas arbitrarias, abuso en las calles, ausencia del debido proceso, tortura de los detenidos,” según afirmó a Freedom House Tamara Taraciuk Broner, del Programa para el Estado de Derecho, directora del Diálogo Interamericano.10 De acuerdo con la organización no gubernamental Foro Penal, en Venezuela se capturaron cerca de 16.000 presos políticos entre enero de 2014 y diciembre de 2022. Comparativamente, la organización informó que a la muerte de Chávez en 2013, solamente había 11 presos políticos.11

• 1Interview with Radwan Masmoudi, president of the Center for the Study of Islam and Democracy, August 2023, speaking on behalf of citizens and activists based in Tunisia.
• 2Jonathan M. Powell and Clayton L. Thyne, “Global Instances of Coups from 1950 to 2010: A New Dataset,” Journal of Peace Research 48, no. 2 (2011): 249-259, https://www.uky.edu/~clthyn2/coup_data/home.htm.
• 3Human Rights Watch, “To Speak Out is Dangerous: Criminalization of Peaceful Expression in Thailand,” October 24, 2019, https://www.hrw.org/report/2019/10/25/speak-out-dangerous/criminalizati…. See also interviews with Akarachai Chaimaneekarakate, advocacy lead for Thai Lawyers for Human Rights, August 2023; Tyrell Haberkorn, Director of Graduate Studies, Professor of Southeast Asian Studies, University of Wisconsin-Madison, July 2023; and Bencharat Sae Chua, Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University, Thailand, July 2023.
• 4Amnesty International, “Human rights under assault two years after President Saied’s power grab,” July 24, 2023, https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2023/07/human-rights-under-….
• 5Interview with a Turkish civil society actor, June 2023.
• 6Human Rights Watch, “Turkey: Government Targeting Academics,” May 14, 2018, https://www.hrw.org/news/2018/05/14/turkey-government-targeting-academi…; Human Rights Watch, “Turkey: Release Politicians Wrongfully Detained for 7 Years,” November 3, 2023, https://www.hrw.org/news/2023/11/03/turkey-release-politicians-wrongful…; Media and Law Studies Association (MLSA) Stakeholder report, Universal Periodic Review 35th Session, Turkey.
• 7American Bar Association, Center for Human Rights, “Submission by the American Bar Association, Center for Human Rights (ABA CHR) in respect of the third periodic cycle of the Universal Periodic Review (UPR) of the United Republic of Tanzania, 39th Session of the UPR Working Group (October - November 2021),” June 2021, https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/human_rights…; Freedom House, “Tanzania,” in Freedom in the World 2019, https://freedomhouse.org/country/tanzania/freedom-world/2019.
• 8See, for example, interviews with Christopher Hernandez-Roy, Senior Fellow and Deputy Director, Americas Program, Center for Strategic and International Studies, August 2023; and Tamara Taraciuk Broner, Rule of Law Program Director for Inter-American Dialogue, August 2023.
• 9Interview with a representative from the Center for Defenders and Justice, July 2023.
• 10Interview with Tamara Taraciuk Broner, Rule of Law Program Director for Inter-American Dialogue, August 2023.
• 11Foro Penal, “Reporte sobre la represión en Venezuela. Año 2022 [Report on repression in Venezuela in 2022],” February 12, 2023, https://foropenal.com/reporte-sobre-la-represion-en-venezuela-ano-2022/; Alfredo Romero, “The Repression Clock: A Strategy Behind Autocratic Regimes,” Wilson Center Latin American Program, July 2020, https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/document….

Rejas invisibles: El impacto de la muerte civil

"La muerte civil fue terrible."1

– Defensor nicaragüense de derechos humanos

El confinamiento físico de los opositores y críticos del gobierno detenidos y encarcelados es una estrategia muy notoria encaminada a apartar a las personas de la sociedad. No obstante, más allá de las rejas, existe toda una suerte de tácticas que impiden la vida normal de los defensores de derechos humanos, periodistas, activistas políticos, figuras de la oposición y otros. Más aún, no les permiten buscar trabajo para fomentar la democracia y los derechos humanos. Varios de los entrevistados califican lo anterior como “muerte civil.”2 La muerte civil también ha sido reconocida como una táctica utilizada por los partidarios de los líderes autoritarios. Por ejemplo, en 2016, un periodista partidario del gobierno en Turquía hizo un llamado para someter a los académicos disidentes a la “muerte civil.”3

Como concepto, la muerte civil no es nueva y se ha venido aplicando de formas distintas en una serie de contextos, tanto en la literatura como en otro tipo de informes. Dentro de esta serie de contextos se cuentan las condiciones de los opositores y críticos del gobierno en entornos autoritarios, el análisis de leyes contemporáneas y anticuadas que utilizaban este término y la discriminación contra colectivos con discapacidad o alguna enfermedad.4 Nuestro enfoque va dirigido al primer concepto, es decir, al hecho de usarla para privar a los opositores de la posibilidad de participar en la sociedad mediante alguna combinación de métodos restrictivos. Si bien esta lista no es exhaustiva, de manera amplia la hemos categorizado de la siguiente manera: control de viajes nacionales e internacionales, vigilancia física de las personas objetivo, limitación de oportunidades de empleo, educación y servicios estatales (listas negras), e incautación de propiedades y otros bienes.

Estas medidas pueden estar ligadas a capturas, investigaciones y condiciones para la liberación, o también esgrimirlas separadamente. Se pueden aplicar de manera formal, con o sin notificación previa, o se pueden derivar de la presión social. El recordatorio constante de que la cárcel está a un solo paso en falso de la cárcel está íntimamente ligado a la muerte civil.

Las tácticas que equivalen a la muerte civil son más potentes en combinación con otras. Por ejemplo, el seguimiento cercano de un individuo puede tener implicaciones para su capacidad de viajar tanto a nivel local como internacional. La vigilancia también puede ser muy visible cuando hay policía rondando la vivienda de la persona señalada y se interroga a sus vecinos, con lo cual se ejerce una presión social tal que puede limitar la posibilidad de encontrar trabajo y conducir a integrar una lista negra informal. Esta nebulosa de tácticas, y por consiguiente de resultados, subraya el hecho de que la muerte civil no es resultado de métodos singulares y fáciles de categorizar. Más bien, las tácticas represivas interactúan y se funden entre sí con el propósito de crear obstáculos desde todos los ángulos. En los seis países en estudio, encontramos que se aplicaron algunas de estas combinaciones de tácticas de muerte civil a los opositores del gobierno.

Debido a que las tácticas de muerte civil son más sutiles que la encarcelación directa, los regímenes represivos pueden emplearlas para dirigirlas a un gran número de opositores y críticos del gobierno sin mayor escrutinio por parte de organismos internacionales, gobiernos democráticos y otros actores. Estas medidas también pueden constituir una capa adicional de control después de concluida la sentencia de prisión o el período de detención. En términos generales, las presiones que llevan a la muerte civil contribuyen a disuadir la oposición y las críticas, lo que a largo plazo dificulta adoptar un cambio democrático.

• 1Interview with a Nicaraguan human rights defender, August 2023.
• 2See, for example, interviews with Berna Akkızal, executive director and cofounder of the Civic Spaces Association, August 2023; a Nicaraguan journalist, July 2023; a Turkish academic who requested anonymity, July 2023; and a Nicaraguan human rights defender, August 2023.
• 3Cem Küçük, “‘Medeni Ölüm’ mekanizmaları! [‘Civil death’ mechanisms!],” Star, January 16, 2016, https://www.star.com.tr/yazar/medeni-olum-mekanizmalari-yazi-1082729/.
• 4See, for example, Amnesty International, “No End in Sight: Purged Public Sector Workers Denied a Future in Turkey,” May 22, 2017, https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/6272/2017/en/; Amnesty International, “Silence at any cost: State tactics to deepen the repression in Nicaragua,” February 15, 2021, https://www.amnesty.org/en/documents/amr43/3398/2021/en/; Gabriel J. Chin, “The New Civil Death: Rethinking Punishment in the Era of Mass Conviction,” University of Pennsylvania Law Review 160, no. 6 (2012): 1789-1833, https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1067&cont…; National Council on Disability, “Beyond Guardianship: Toward Alternatives That Promote Greater Self-Determination,” March 22, 2018, https://ncd.gov/sites/default/files/NCD_Guardianship_Report_Accessible…; Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “UN rights expert urges action to end ‘civil death’ of persons affected by leprosy,” June 19, 2018, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/06/un-rights-expert-urges-….

Control de viajes

En los seis países analizados en ese estudio, las restricciones a los viajes internacionales y nacionales están ampliamente difundidas. Dentro de los mecanismos mediante los cuales se reprime el movimiento se cuentan la prohibición de viajar, el control de pasaportes, la exigencia de comparecer ante juzgados o estaciones de policía y demás medidas que trastornan la vida diaria y la participación social.

La prohibición de viajar suele estar relacionada con investigaciones penales o constituir una condición para la liberación. Antes de las elecciones generales del 2021 en Nicaragua, Cristiana Chamorro, una de las candidatas presidenciales que fue objeto de investigación penal antes de las encuestas, estuvo bajo detención domiciliaria después de anunciar su candidatura y se le prohibió formalmente salir de Nicaragua, entre otras medidas.1 A principios de 2023, en Túnez, los críticos del gobierno Chaima Issa y Lazhar Akremi fueron detenidos por cargos no sustanciados de “conspiración contra la seguridad del estado” y detenidos durante cinco meses. Dentro de las condiciones para su liberación se contaban la prohibición de viajar y de “aparecer en espacios públicos,”2 lo cual fue descrito por un activista como “detención domiciliaria sin mencionar el nombre.”3 En Venezuela, después de que las autoridades reprimieron de forma violenta las protestas masivas contra el gobierno que comenzaron en 2014, muchos detenidos políticos también fueron puestos en libertad con la condición de que no podían viajar.4

En algunos casos, las prohibiciones de viajar se expiden sin notificación alguna. Poco después de que Saïed asumió poderes excepcionales en 2021, su gobierno impuso prohibiciones de viaje a cientos de tunecinos, de los cuales muchos solo tuvieron noticia de la prohibición al ir al aeropuerto. Esta falta de notificación o documentación impide a las víctimas presentar recursos y niega la posibilidad de apelar, puesto que no suele estar claro qué entidad impone la prohibición.5

En otros casos, las restricciones significan la prohibición de facto de viajar. En Tailandia, muchos políticos, activistas, académicos y periodistas, enviados a campos militares para “reajustar su actitud” después del golpe de 2014, fueron puestos en libertad con la condición de que firmaran acuerdos en los que prometían obtener permiso antes de viajar al extranjero, entre otras condiciones. El incumplimiento se castigaría con una nueva detención, una sentencia de prisión o el pago de una multa.6 En 2020 y 2021, volvieron a surgir impedimentos similares a los viajes en medio de las protestas en pro de la democracia. Los acusados a los que se les otorgó libertad bajo fianza debían obtener permiso de los tribunales para salir del país. El permiso solía denegarse.7

La vigilancia también puede funcionar como restricción de viaje. Un representante tunecino perteneciente a la Organización contra la Tortura explicó que las visitas regulares de la policía a las viviendas de figuras tunecinas de la oposición de hecho constituían restricciones al movimiento: “Inclusive si no les está prohibido viajar, se encuentran con el acoso permanente de agentes de policía que se presentan en sus domicilios y les ordenan informar a la estación de policía antes de salir [de la región].”8 En Nicaragua, un año antes de las elecciones de 2021, la policía comenzó a vigilar regularmente a los presuntos candidatos presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Después de que en últimas fueron acusados y sentenciados, las fuerzas de seguridad del estado bloquearon a estas dos figuras de la oposición y les impidieron salir de sus residencias; además, les informaron que les estaba prohibido salir de Managua, la capital.9

Los procesos arbitrarios de control de pasaportes e inmigración por parte del estado también restringen la posibilidad de viajar. En Tanzania, los interrogatorios, sin motivo alguno, sobre la ciudadanía del viajero, han llevado a confiscar pasaportes de líderes de la sociedad civil y periodistas. La resolución de estas investigaciones puede tomar años, lo cual no permite a las personas señaladas trabajar ni vivir.10 Desde 2017, las autoridades de inmigración de Venezuela han confiscado o cancelado pasaportes de figuras de la oposición, activistas, periodistas y otros opositores, mientras las autoridades del gobierno se rehúsan a renovar o a expedir estos documentos.11 En Nicaragua, desde la dura opresión del 2018, los funcionarios hacen cada vez más difícil la salida y entrada al país de los defensores de derechos humanos, periodistas, sacerdotes, funcionarios del gobierno y personal judicial y han llegado a confiscar pasaportes abiertamente desde 2022.12 Igualmente, desde el intento de golpe de estado en Turquía en 2016, aquellos que tienen investigaciones abiertas se consideran “no aptos” para conseguir pasaportes, inclusive antes de que se dicte sentencia en su contra.13 Esto ocurre encima de la revocatoria masiva de más de 100.000 pasaportes de personas naturales después del intento de golpe de estado.14

El requisito de comparecer ante un juzgado o estación de policía a intervalos regulares es otro medio de control de viajes y vigilancia de opositores y críticos. Aunque en Nicaragua los detenidos políticos vinculados con manifestaciones contra el gobierno fueron dejados en libertad como parte de un acuerdo de amnistía firmado en 2019, aún hay muchos a quienes se les exige registrarse periódicamente ante estaciones de policía. Más recientemente, la policía nicaragüense actuó de manera coordinada para detener a 57 personas el 3 de mayo de 2023, entre ellas periodistas y defensores de derechos humanos. A pesar de que fueron puestos en libertad rápidamente, los jueces les ordenaron comparecer diariamente ante la estación de policía más cercana,15 mientras muchos perdían sus empleos como resultado de que se veían obligados a cumplir con este estricto requisito.16 Muchos detenidos políticos que fueron dejados en libertad en Venezuela deben comparecer regularmente ante un juzgado.17

El control del movimiento puede tener un efecto deletéreo, no solamente sobre el trabajo de defensoría, sino sobre el empleo y la educación. Un representante del Centro para los Defensores y la Justicia de Venezuela describía la situación de un defensor de derechos humanos y periodista que había sido detenido y explicaba: “Esta víctima por lo general debe viajar a conferencias y trabajos fuera del país. Uno de los castigos que le impusieron fue la prohibición de viajar. De manera que, por más de un año, no podrá viajar.”18 Para los estudiantes, la prohibición de viajar limita la posibilidad de estudiar en universidades extranjeras. Además, el requisito de comparecer regularmente ante un juzgado o estación de policía también dificulta conservar o conseguir empleo y asistir a clases.19

Así mismo, las restricciones de viaje pueden separar familias. Un defensor de derechos humanos explicó que las restricciones a los viajes impuestas por el régimen nicaragüense no solamente impiden que los exiliados vuelvan a casa—estas medidas tampoco permiten que sus familiares los visiten por miedo a que les nieguen la entrada al país: “Ninguno de los dos puede entrar ni salir, por miedo a que les pase lo mismo.”20 La muerte civil no se limita al objetivo principal del gobierno; cualquiera que forme parte de su entorno puede verse atrapado.

• 1Human Rights Watch, “Critics Under Attack: Harassment and Detention of Opponents, Rights Defenders and Journalists Ahead of Elections in Nicaragua,” June 22, 2021, https://www.hrw.org/report/2021/06/22/critics-under-attack/harassment-a….
• 2Amnesty International, “Tunisia: Jailed opposition figures on hunger strike: Jaouhar Ben Mbarek, Khayyam Turki, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhaj and Abdelhamid Jelassi,” October 5, 2023, https://www.amnesty.org/en/documents/mde30/7273/2023/en.
• 3Amnesty International UK, “Tunisia: Jailed Opposition Figures on Hunger Strike,” October 5, 2023, https://www.amnesty.org.uk/urgent-actions/jailed-opposition-figures-hun…. See also interview with an activist focused on Tunisia who requested anonymity, August 2023.
• 4UN Human Rights Council, Detailed findings of the independent international factfinding mission on the Bolivarian Republic of Venezuela, A/HRC/45/CRP.11 (September 15, 2020).
• 5See, for example, interview with Nate Grubman, political scientist researching Tunisian politics, June 2023.
• 6Human Rights Watch, “To Speak Out is Dangerous: Criminalization of Peaceful Expression in Thailand,” October 24, 2019, https://www.hrw.org/report/2019/10/25/speak-out-dangerous/criminalizati….
• 7See, for example, interviews with Pavin Chachavalpongpun, a Thai scholar and activist, July 2023; Akarachai Chaimaneekarakate, advocacy lead for Thai Lawyers for Human Rights, August 2023; Tyrell Haberkorn, Director of Graduate Studies, Professor of Southeast Asian Studies, University of Wisconsin-Madison, July 2023; Kevin Hewison, Emeritus Professor, Department of Asian Studies, The University of North Carolina at Chapel Hill, July 2023; and Bencharat Sae Chua, Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University, Thailand, July 2023.
• 8Interview with a representative from the Organization against Torture in Tunisia, July 2023.
• 9Human Rights Watch, “Critics Under Attack: Harassment and Detention of Opponents, Rights Defenders and Journalists Ahead of Elections in Nicaragua,” June 22, 2021, https://www.hrw.org/report/2021/06/22/critics-under-attack/harassment-a….
• 10Human Rights Watch, “‘As Long as I am Quiet, I am Safe’: Threats to Independent Media and Civil Society in Tanzania,” October 28, 2019, https://www.hrw.org/report/2019/10/28/long-i-am-quiet-i-am-safe/threats….
• 11Alfredo Romero, “The Repression Clock: A Strategy Behind Autocratic Regimes,” Wilson Center Latin American Program, July 2020, https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/document….
• 12“País por cárcel: así secuestra el régimen de Ortega los pasaportes de los nicaragüenses [Country for prison: this is how the Ortega regime seizes the passports of Nicaraguans],” Divergentes, December 6, 2022, https://www.divergentes.com/pais-por-carcel-asi-secuestra-el-regimen-de…. See also interview with Yaritzha Mairena, representative of the National Union of Nicaraguan Political Prisoners, August 2023.
• 13Interview with a civil society actor based in Turkey who requested anonymity, July 2023.
• 14Amnesty International, “No End in Sight: Purged Public Sector Workers Denied a Future in Turkey,” May 22, 2017, https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/6272/2017/en/; Ali Yildiz, “Turkey’s Disregard for the Freedom of Movement,” Verfassungsblog, December 11, 2019, https://verfassungsblog.de/turkeys-disregard-for-the-freedom-of-movemen….
• 15“Encarcelamientos nocturnos y juicios exprés son ‘arbitrarios y anómalos’ [Night arrests and express trials are ‘arbitrary and anomalous’],” Confidencial, May 6, 2023, https://confidencial.digital/nacion/abogada-yonarqui-martinez-anomalo-p…; “Unos 65 opositores a Ortega han sido detenidos en lo que va de mayo, según observatorio [Some 65 opponents of Ortega have been arrested so far in May, according to observations by Blue and White Monitor],” SWI swissinfo.ch, May 20, 2023, https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-crisis_unos-65-opositores-a-orte….
• 16See, for example, interview with a Nicaraguan human rights defender, August 2023.
• 17See, for example, interviews with Tamara Taraciuk Broner, Rule of Law Program Director for Inter-American Dialogue, August 2023; Franz von Bergen, Venezuelan journalist, June 2023; a representative from Center for Defenders and Justice, July 2023; and a Venezuelan civil society leader, August 2023.
• 18Interview with a representative from the Center for Defenders and Justice, July 2023.
• 19See, for example, interviews with Berna Akkızal, executive director and cofounder of the Civic Space Studies Association, August 2023; and a Nicaraguan human rights defender, August 2023.
• 20Interview with a Nicaraguan human rights defender, August 2023.

Ataques contra la independencia judicial y recursos limitados

Uno de los hallazgos fundamentales que surge de los casos de estudio en los seis países, y que tiene consecuencias para las democracias amenazadas en todo el mundo, es el papel crucial que desempeña el poder judicial. Además de facilitar la encarcelación política y la muerte civil, el debilitamiento de la independencia judicial limita drásticamente la posibilidad de que las víctimas tengan oportunidad de presentar recursos y exigir responsabilidad. Simultáneamente, en un régimen tendiente a la autocracia, los miembros del poder judicial también se convierten en presos políticos y víctimas de muerte civil, lo cual se agrava por la decadencia de la independencia judicial.

En varios casos analizados por Freedom House, los aspirantes a autócratas que ganaron las elecciones están empeñados en reformar el poder judicial. Antes de asumir la presidencia de Nicaragua en 2007, Daniel Ortega, mediante una alianza con el entonces presidente Arnoldo Alemán, logró el respaldo de una serie de nominados para magistrados para ampliar la Corte Suprema de Justicia. Además, los tribunales conservaron a algunos jueces aliados de Ortega inclusive antes de formalizar el pacto.1 En el momento en que se levantaron las protestas de 2018, ya estaba en funciones una judicatura complaciente que servía de facilitadora esencial para las detenciones, acusaciones penales y encarcelaciones politizadas.2

La situación de Venezuela es similar. En 1999, después de que Chávez se posesionara como presidente, efectivamente éste logró el poder de destituir jueces y conformar un poder judicial por medio de cuerpos legislativos dominados por chavistas. Posteriormente, éstos se encargaron de crear una comisión de emergencia para destituir o suspender jueces mediante dudosos alegatos de presunta corrupción y luego conformaron una Corte Suprema de Justicia plagada de magistrados nombrados por su lealtad al gobierno. Debido a que la Corte Suprema controla las nominaciones de las cortes más bajas, gradualmente el conjunto del sistema judicial perdió independencia.3 La transformación del poder judicial venezolano que se atribuye a Chávez facilitó la represión masiva que comenzó con la presidencia de Maduro en 2014,4 e igualmente agudizó la falta de recursos judiciales legítimos.

Igualmente, Erdoğan ha venido debilitando la independencia judicial en Turquía. Los defectos de un poder judicial, ya de por sí politizado, se acrecentaron por causa del referéndum constitucional de 2010 que otorgó a Erdoğan el poder de restructurarlo y abrió la puerta a juicios ficticios contra personas o instituciones percibidas como opositoras del partido de gobierno, Partido de Justicia y Desarrollo (AKP).5 En 2018, un referéndum constitucional le otorgó a Erdoğan incluso más poder para nombrar miembros de la judicatura.6 Además, las sentencias de los tribunales a favor de los acusados en la práctica no son efectivas, como el fallo de 2019 que revocaba castigos previos y defendía la libertad de expresión de los Académicos para la Paz. A pesar de este fallo favorable, muchos miembros del grupo fueron víctimas de algunos elementos de muerte civil. Por ejemplo, no podían encontrar trabajo académico por cuanto Erdoğan nombró rectores universitarios partidarios del gobierno que eran reacios a volver a contratar académicos disidentes.7

En Túnez, poco después de la suspensión del parlamento en 2021, el presidente Saïed disolvió el Alto Consejo Judicial y lo sustituyó por un cuerpo temporal cuyos miembros son nombrados por decreto.8 Posteriormente, Saïed expidió un decreto que le permitía destituir a cualquier juez sin el debido proceso y posteriormente despidió a 57 jueces por supuesta corrupción financiera y moral.9 Aunque el Tribunal Administrativo de Túnez suspendió 49 de estos despidos, el Ministerio de Justicia se niega a reincorporar a los jueces.10 “Las instituciones prácticamente ya no existen,” señaló un antiguo preso político tunecino. “Nuestros jueces tienen miedo de dictar sentencias en los procesos…Cuando una sociedad carece de justicia, va muy mal.”

Los tribunales militares y de jurisdicción especial, que limitan aún más el derecho al debido proceso, también se utilizan como arma contra opositores y críticos del gobierno. Por ejemplo, los procesos políticos en Venezuela pueden ser juzgados por tribunales militares o de jurisdicción especial cuando se trata de casos de terrorismo.11 Durante un tiempo, posterior al golpe militar de 2014 en Tailandia, algunos delitos, como los de lesa majestad, sedición y violación de los mandatos y anuncios de la junta militar, están bajo la jurisdicción militar.12

Los mismos jueces corren el riesgo de convertirse en objetivos políticos. Después del intento de golpe en 2016 en Turquía, el gobierno llevó a cabo una purga de más de 4.000 jueces y fiscales,13 y más de 2.000 fueron detenidos por sospecha de participación en la conspiración o por pertenecer a organizaciones terroristas.14 Dos de los 57 magistrados destituidos en Túnez fueron capturados y detenidos sin juicio durante varios meses.15 El rechazo de los ataques contra la independencia judicial también ha sido castigado: cuando un juez tunecino colaboró con la organización de una huelga para protestar contra los despidos arbitrarios, el Alto Consejo Judicial Temporal le negó su inmunidad en calidad de juez y abrió investigación penal en su contra por “incitación.”16

En Venezuela, la juez María Lourdes Afiuni fue privada de su libertad durante años por un proceso que sirvió de advertencia para otros jueces en el sentido de que carecían de protección contra las represalias severas y arbitrarias del estado.17 En 2009, Afiuni ordenó la liberación supervisada de un banquero acusado de delitos financieros, puesto que estuvo detenido sin condena por más tiempo del límite legal; posteriormente, esta persona huyó de país. Poco tiempo después de su decisión, Afiuni fue capturada por delitos de corrupción, detenida en prisión y dos años después se le otorgó detención domiciliaria, antes de ser liberada con la condición de que no saliera de Venezuela, entre otras medidas. In 2019, fue condenada a cinco años de cárcel.18 (La sentencia no ha sido ejecutada aún.)

En un choque de trenes entre las altas cortes de Turquía, el tribunal de apelación más alto del país no solamente inadmitió la decisión dictada en noviembre de 2023 por la Corte Constitucional en el sentido de que Can Atalay, abogado y miembro electo del parlamento, quien ha permanecido detenido desde abril de 2022, debía ser puesto en libertad, sino que presentó denuncia penal contra los miembros de la Corte Constitucional que votaron a favor de su liberación.19 Separadamente, en Venezuela y Tanzania, los jueces que cayeron en desgracia con las autoridades han sido transferidos de manera arbitraria, en ocasiones a zonas apartadas.20

Además, los fallos de la justicia regional, que deberían ser el último recurso, no siempre se sostienen. En 2011, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela dictaminó que la decisión vinculante de la Corte Interamericana, en el sentido de revertir la prohibición de que la figura de la oposición Leopoldo López presentara su candidatura no se podía hacer efectiva, puesto que contradecía la constitución del país y violaba su soberanía.21 Turquía ha ignorado la orden dictada por la Corte Europea de Derechos Humanos en el sentido de poner en libertad al filántropo y líder cívico Osman Kavala y al político de la oposición Selahattin Demirtaş, mientras en 2019 el gobierno tanzano revocaba el derecho ciudadano de presentar demandas directamente ante la Corte Africana para los Derechos Humanos y de los Pueblos. Tanzania ha obtenido la cifra más alta de procesos y juicios entablados en su contra.22

La carencia de independencia judicial a nivel sistémico deja pocos caminos abiertos para la presentación de recursos por parte de opositores y críticos del gobierno que se encuentran privados de la libertad por motivos políticos o sufren muerte civil. Mientras la resiliencia de un puñado de jueces de mentalidad independiente puede ser fuente de esperanza, ellos mismos no están protegidos y actúan por su propia cuenta y riesgo.

• 1Inter-American Commission on Human Rights, “Nicaragua: Concentration of power and the undermining of the Rule of Law,” October 25, 2021, https://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/2021_nicaragua-en.pdf.
• 2Inter-American Commission on Human Rights, “Persons Deprived of Liberty in Nicaragua,” October 5, 2020, http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Nicaragua-PPL-en.pdf.
• 3UN Human Rights Council, Report of the independent international fact-finding mission on the Bolivarian Republic of Venezuela, A/HRC/48/69 (December 28, 2021).
• 4UN Human Rights Council, Report of the independent international fact-finding mission on the Bolivarian Republic of Venezuela, A/HRC/45/33 (September 25, 2020).
• 5Gareth H. Jenkins, “From Politicization to Monopolization? The AKP’s New Judicial Reforms,” Turkey Analyst 4, no. 3 (February 7, 2011), https://www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item….
• 6Freedom House, “Turkey,” in Freedom in the World 2023, https://freedomhouse.org/country/turkey/freedom-world/2023.
• 7Nóemi Lévy-Aksu, “Turkish Constitutional Court rules that the convictions of Academics for Peace violate their rights,” London School of Economics and Political Science Department of Gender Studies, January 2020, https://www.lse.ac.uk/gender/news/2020/Turkish-Constitutional-Court-rul….
• 8Amnesty International, “Tunisia: President’s moves to shut down High Judicial Council pose grave threat to human rights,” February 8, 2022, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/tunisia-presidents-moves….
• 9Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Tunisia: Presidential decrees undermine judicial independence and access to justice, says UN expert,” July 15, 2022, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/tunisia-presidential-de….
• 10Human Rights Watch, “Tunisia: President Intensifies Attacks on Judicial Independence,” February 27, 2023, https://www.hrw.org/news/2023/02/27/tunisia-president-intensifies-attac….
• 11Interview with a representative from the Center for Defenders and Justice, July 2023.
• 12Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Thailand: UN rights expert concerned by the continued use of lèse-majesté prosecutions,” February 6, 2017, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2017/02/thailand-un-rights-expe…; “Compare civilian and military courts when dealing with lese majeste cases,” Prachatai, December 3, 2014, https://prachataienglish.com/node/4554.
• 13İnsan Hakları Ortak Platformu, “21 July 2016-20 March 2018 State of Emergency in Turkey: Updated Situation Report,” April 17, 2018, https://www.ihop.org.tr/en/wp-content/uploads/2018/04/SoE_17042018.pdf.
• 14Turkey Tribunal, “Mass Dismissals of Judges and Prosecutors in Turkey of Post-Coup Period,” April 21, 2022, https://turkeytribunal.org/actuality/mass-dismissals-of-judges-and-pros….
• 15“Tunisia Cuffs Two Former Judges,” Voice of America, February 13, 2023, https://www.voaafrica.com/a/tunisia-cuffs-two-former-judges/6960771.html.
• 16Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Tunisia: Judges’ right to association and protest must be respected, say UN experts,” September 14, 2022, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/tunisia-judges-right-as….
• 17See, for example, interviews with Christopher Hernandez-Roy, Senior Fellow and Deputy Director, Americas Program, Center for Strategic and International Studies, August 2023; Tamara Taraciuk Broner, Rule of Law Program Director for Inter-American Dialogue, August 2023; and Franz von Bergen, Venezuelan journalist, June 2023.
• 18Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Venezuela: UN expert condemns further sentence against Judge Afiuni, says clearly act of reprisal,” March 26, 2019, https://www.ohchr.org/en/news/2019/03/venezuela-un-expert-condemns-furt….
• 19“Clash between Constitutional and appeals courts raises concerns over rule of law in Turkey,” Associated Press, November 9, 2023, https://apnews.com/article/turkey-high-courts-clash-imprisoned-lawmaker…; Media and Law Studies Association (MLSA), “Constitutional crisis - Can Atalay Controversy in the Judiciary,” November 9, 2023, https://www.mlsaturkey.com/en/constitutional-crisis-can-atalay-controve….
• 20UN Human Rights Council, Detailed findings of the independent international factfinding mission on the Bolivarian Republic of Venezuela, A/HRC/48/CRP.5 (September 16, 2021); interview with a Tanzanian civil society actor who requested anonymity, July 2023.
• 21Human Rights Watch, “Venezuela: Implement Inter-American Court Ruling,” September 20, 2011, https://www.hrw.org/news/2011/09/20/venezuela-implement-inter-american-….
• 22Amnesty International, “Tanzania: Withdrawal of individual rights to African Court will deepen repression,” December 2, 2019, https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2019/12/tanzania-withdr….

Avance hacia el futuro

líderes autoritarios y no democráticos en el intento de expulsar de la sociedad a sus críticos más ruidosos. Además, el hecho de utilizar tácticas más sutiles de muerte civil contra sus opositores les permite evadir el escrutinio externo y el clamor que suele suscitar la prisión de carácter político. En cada uno de los seis países en estudio, encontramos que se aplicaron la encarcelación política y las tácticas de muerte civil contra los opositores del gobierno cuando éstos emprendían una serie de actividades encaminadas a apoyar la democracia y los derechos fundamentales. Encontramos además que los intentos de eliminarlos de la sociedad iban acompañados de períodos de fuerte deterioro de la democracia.

A pesar del laberinto de penurias que sufren o pueden llegar a sufrir tanto defensores de derechos humanos, como activistas de la democracia, periodistas, opositores políticos, manifestantes y personas del común en entornos tendientes a la autocracia, el trabajo de personas valientes que luchan por sacar a la luz y contratacar los abusos es razón suficiente para no perder la esperanza. A pesar de correr un gran riesgo, las organizaciones de la sociedad civil documentan la violación de los derechos humanos y ayudan a las víctimas. Los abogados defensores defienden a sus clientes que languidecen en prisión, se enfrentan a procesos penales ridículos o están sujetos a prohibiciones arbitrarias de viaje y las familias denuncian el confinamiento y los malos tratos injustos a los que se somete a sus seres queridos, buscan soluciones y abogan por su liberación. En este proceso, crean conexiones con aquellos que se encuentran en circunstanciadas igualmente aterradoras. En los tribunales todavía quedan jueces y fiscales imparciales que trabajan por el respeto al debido proceso y rechazan las persecuciones—aunque los riesgos que corren al hacerlo subrayan la importancia de evitar, como primera medida, la degradación de la independencia del poder judicial.

La conjugación de estos esfuerzos recuerda a los defensores de la democracia que la lucha por la libertad, incluso en entornos cada vez más amenazantes, no son en vano. Trabajar por garantizar la liberación incondicional de los presos políticos es un paso que deben dar los actores internacionales y los gobiernos democráticos para complementar la defensoría local.

Sin embargo, los desafíos para los presos políticos y sus familias no terminan con su liberación. También es de gran importancia proporcionar recursos a largo plazo para garantizar el tratamiento psicosocial y médico, reconocer las tácticas visibles de muerte civil y traer estas circunstancias a la luz. Esto podría, en primer lugar, elevar el costo de imponer restricciones. Las anteriores son apenas algunas de las medidas que se pueden tomar para contrarrestar el autoritarismo y evitar futuras oleadas de represión.